La estafa en el contrato para la modernización del alumbrado público de Tijuana va más allá del incumplimiento en la sustitución de 10 mil luminarias por parte de la empresa Industrias Sola Basic, S. A. de C.V., al darse una triangulación en el pago con un tercero, para convertirlo en un convenio irregular. Este fraude implica directamente al ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo y a los funcionarios de primer nivel de su administración que avalaron el acuerdo: Alcide Roberto Beltrones Rivera, secretario de Gobierno municipal; Yolanda Enríquez de la Fuente, síndico procuradora; Oscar Lino Sarabia, oficial mayor; el extinto David Navarro Herrera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; y a Rufo Ibarra Batista, secretario de Administración y Finanzas. El convenio que firmó el XX Ayuntamiento de la ciudad se concibió con engaños y bajo las condiciones impuestas por la licitante, muestra de ello es que más de la mitad de las cláusulas benefician al arrendador y no al arrendatario. Primero, el gobierno bustamantista signó un contrato de arrendamiento puro, que convirtió -y mantiene- al Municipio de Tijuana en un arrendatario al que solo se le permite el uso y goce temporal de las 63 mil 400 luminarias del proyecto, hasta en tanto no liquide el total del importe del convenio que le permita obtener el derecho de compra, algo poco común y hasta considerado irreal, opinan fiscalistas. Segundo, pagó en una sola emisión casi el costo total del contrato -140 millones de pesos-, cuando el compromiso con el arrendador Sola Eléctrica de México, S.A. fue cubrir el importe de los 144 millones 430 mil 517 de pesos con 13 centavos por concepto de renta, en 26 amortizaciones mensuales de 3.2 millones cada una, estableciéndose la primera para octubre de 2011. El pronto pago no significó ningún beneficio para el Municipio, ni siquiera el de ser propietario de las luminarias, toda vez que no se liquidó el monto total de lo establecido en el convenio. Tercero, la administración de Bustamante entregó los 141 millones de pesos a un tercero y no directamente a Industrias Sola Basic, S.A. de C.V., con quien estableció el contrato, lo que hace que el acuerdo sea irregular y/o que la firma es solo un testaferro. La triangulación en la facturación y pago derivados del contrato y de la adenda se dio a través de Corporativo Inter & Rama, S.A. de C.V., empresa que lo mismo subcontrata todo tipo de personal, que compra y vende programas para computadoras. De acuerdo al abogado fiscalista Adolfo Solís, el ceder derechos a terceros e incluso pagos, “son poco comunes en este tipo de contratos, y hasta podría denominarle irregulares”. Cuarto, solo 2 mil de las lámparas a sustituir serían de tecnología LED -de bajo consumo de energía-, el resto, 97 por ciento, la empresa se comprometió a sustituirlas por foco aditivo metálico y foco de inducción magnética, cuyo costo es de un 95.6 hasta un 98.4 por ciento menos que el importe de una lámpara LED, que tiene un precio unitario en el mercado de 6 mil 500 pesos. Ninguno de estos aspectos el XX Ayuntamiento los informó a la opinión pública. Ante ello, el doctor Solís Farías recomendó verificar si no hay responsabilidad que deslindar, “la licitación se debe ajustar a la conveniencia de la población, no del beneficiario de la licitación, o en su caso, a conveniencia de un tercero que utilizó como prestanombres a una entidad de esta naturaleza”. Sin embargo, a dos años y medio de haberse asignado el contrato a Sola Basic, la empresa continúa sin cumplir el ventajoso contrato que le fue conferido y, pese a evidencia de sus múltiples irregularidades, ni el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ni la Sindicatura Procuradora de Tijuana, han actuado en consecuencia, a pesar de la auditoría de gestión y observaciones que les han sido planteadas. En tanto, la Consejería Jurídica del XXI Ayuntamiento, a cargo de Gerardo Herrera Zavala, inició a mediados de febrero un procedimiento administrativo para hacer efectiva la fianza por incumplimiento de contrato, misma que cubre los 144 millones de pesos. Y, pese a que existen elementos legales para proceder en contra de quienes avalaron y llevaron a cabo el mañoso contrato, “no podemos actuar en consecuencia hasta que Sindicatura Procuradora nos lo requiera, algo que hasta la fecha no ha hecho”, advirtió el abogado del Municipio. Con su característico mutis, el síndico procurador, Arturo Ledesma Romo, evade responder sobre su actuar en este tema. Enmarañada triangulación <p>Mediante una adenda al contrato de arrendamiento puro de los bienes para el proyecto de modernización del alumbrado público, la administración de Carlos Bustamante pagó a Corporativo Inter & Rama, S.A. de C.V. los 141 millones de pesos. La retribución a un tercero se realizó a pesar que ello va contra el principio que rige este tipo de adjudicaciones, el cual marca que el proceso debe realizarse solo con quien ganó la licitación y no con un tercero. Para el doctor Adolfo Solís Farías, autoridad en materia fiscal, el permitir que terceros intervengan significa dos cosas: 1. Que el contrato es irregular y permitió, por falta de técnica jurídica de los abogados que lo elaboraron, cometer esos errores en beneficio de la empresa. 2. Se usó a Industrias Sola Basic, S.A. de C.V. como prestanombres por su antigüedad, cuando el beneficiario era otro. Con la firma de la adenda, el gobierno de Carlos Bustamante aprobó que Sola Basic designara para efectos de la facturación y pagos derivados del contrato y de la adenda a la comercializadora de sus productos, bienes y servicios, Corporativo Inter & Rama, S.A. de C.V. El pago se efectuó a la cuenta número 0167269013, con clave interbancaria 012180001672690137, sucursal 3720, de BBVA Bancomer Institución Financiera. El corporativo referido, a través de su poderdante Leticia Rodríguez Sánchez, designó a Martiniano Rodríguez Sánchez como su representante en este proceso de triangulación. Corporativo Inter & Rama ubica su matriz en la Ciudad de México, pero dice contar con una sucursal en Tijuana, la cual se encuentra en el número 10488 del Bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, en la Zona Urbana Río. Sola Basic, por su parte, nombró a José Alfonso Huerta Montiel como uno de sus representantes autorizados de las obligaciones adquiridas con motivo del contrato adquirido con el Municipio de Tijuana, con domicilio en la colonia Burócratas Hipódromo, pero cuando fue requerido con motivo del incumplimiento del convenio, no se le localizó. Cláusulas quebrantadas El 1 de septiembre de 2011, la administración del XX Ayuntamiento falló en favor de Industrias Sola Basic, S.A. de C.V., la licitación pública nacional lanzada dos meses antes, signando el 20 del mismo mes, un contrato de modernización del alumbrado público de la ciudad de Tijuana. La empresa, propiedad de Emilio Catán Giovanelli, fue representada en ese momento por su entonces representante legal, Enrique Álvarez Hernández, condicionó el acuerdo a un contrato de arrendamiento en el que se obligaba solo a proporcionar el uso temporal de las luminarias y del equipamiento a sustituir, el cual consistía en balastro electromagnético y foto celda para los diferentes tipos de focos a instalar. El convenio estipuló la instalación de tres tipos de lámparas a sustituir: unidad LED, foco aditivo metálico y foco de inducción magnética, mismas que serían instaladas en el término de un año. No cumplió. El arrendador se comprometió a instalar equipo que cumpliera con las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación pública, “…liberando en consecuencia y desde este momento a El Ayuntamiento de cualquier responsabilidad derivada de lo anterior…”. Además, se obligó a realizar un censo digitalizado que le permitiera determinar la capacidad viable de las luminarias a reemplazar, así como a capacitar al personal de Servicios Públicos Municipales para la operación de la base de datos que entregaría al Municipio. También acordó gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reducción de la carga instalada, la disminución de la facturación correspondiente al nuevo consumo de energía eléctrica, en reconocimiento al ahorro en el consumo que se supone, se lograría con el proyecto. Ninguno de estos puntos pactados en el contrato adjudicado a Sola Basic por 130 millones 117 mil 583 pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un total de 144 millones 430 mil 517 pesos, fue cumplido. Los perjuicios La sustitución de luminarias consideraba “generar un ahorro de 17 millones 900 kilowatts hora al año, lo que representaría la cantidad de 40 millones de pesos (en el mismo lapso)”, de acuerdo al compromiso legal de la empresa. Pero el incumplimiento de Sola Basic con el proyecto de alumbrado público de la ciudad impidió al Municipio de Tijuana lograr ese ahorro. El no considerar la capacidad de las instalaciones para el reemplazo de las lámparas provocó el fracaso del programa en gran parte donde sí se llevó a cabo. El resultado: una ciudad prácticamente a oscuras, con los problemas de inseguridad que ello conlleva, expuso el actual alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí. Sin el 36.06 del ahorro en el consumo de energía previsto, no había nada que notificar a CFE, por lo que los consumos de ese servicio, lejos de disminuir, se vieron incrementados hasta en un 30% en 2013. Y aunque el XX Ayuntamiento interpuso una demanda por la vía sumaria civil en contra de Industrias Sola Basic, S.A. de C.V., lo hizo hasta el final de su gestión, el 10 de octubre de 2013, alegando incumplimiento de contrato y sin darle seguimiento. Lejos de ello, se dedicó a reparar por cuenta propia, con recursos humanos y económicos del Municipio, las bombillas inservibles. Pretende compañía evadir fianza Entre las irregularidades del convenio por 144 millones de pesos firmado por Sola Basic y el gobierno de Tijuana, la estipulación de una fianza que cubre la totalidad del monto del contrato, es la única ventaja que permite al Municipio obligar a la empresa a cumplir con el contrato. En caso contrario, la firma se obliga a reembolsar lo que ya le recibió en pago, más una penalización equivalente al 10% del monto total del acuerdo. Retirada la demanda por incumplimiento de contrato, la administración de Jorge Astiazarán ahora se aboca a hacer válida tal garantía, situación que ya motivó la preocupación de la incumplida empresa que pretendió una nueva negociación, en clara desventaja para el Municipio. La propuesta de Sola Basic planteada hace un par de semanas, luego de serle requerida la fianza mediante procedimiento administrativo, fue cancelar parcialmente la póliza adquirida con afianzadora ASERTA, que la obligaba a someterse al procedimiento de ejecución establecido en el convenio. Pidió, y le fue negado por lógica jurídica, que el ayuntamiento de Tijuana aceptara la entrega formal de 55 mil 400 lámparas ya reemplazadas para entablar un nuevo acuerdo por las 8 mil luminarias pendientes. Ante ello, esta semana iniciaron un nuevo acercamiento, con la supuesta intención, por enésima vez, de ahora sí cumplir con lo convenido en el contrato. Al respecto, el secretario de Administración Urbana y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, advirtió que se les permitirá cumplir con su compromiso de modernizar las 63 mil 400 luminarias, pero sin abandonar el procedimiento administrativo que permita al Municipio hacer valer la fianza. “Seguimos avanzando (en la cuestión legal), si hay voluntad y buena fe de la empresa, está en sus manos el cumplir; si entregan conforme a lo estipulado en el contrato el asunto se acabó, no antes”, sentenció el asesor jurídico de Tijuana, Gerardo Herrera.
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