Números oficiales no son confiables: activistas

En vísperas del II Informe de Gobierno, en conferencia de prensa realizada el 14 de agosto de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presumió una baja del 26.7 por ciento en el tema de homicidios dolosos en el primer semestre de 2014, en comparación con el mismo periodo de 2013. Las cifras oficiales de su gobierno marcan un menos 16 por ciento. Pero en el recuento realizado por ZETA, donde en un total de 20 meses han resultado 36 mil 718 muertos en enfrentamientos, vendettas y ejecuciones del crimen organizado y el narcotráfico, la diferencia es mínima. En el primer semestre de 2013, se contabilizaron 9 mil 603 muertos, en el mismo periodo, pero de 2014, 9 mil 243, lo que significa una pírrica diferencia de 3.75%. Solo esta semana asesinaron a la reportera Marlene Valdés en Cadereyta, Nuevo León, también a un dirigente priista en Guanajuato, cinco 5 internos escaparon de una cárcel en Delicias, Chihuahua. Además, desde el 15 de agosto, Estados Unidos emitió una alerta de viaje en la que consideró al 60% del país- 16 de los 32 estados-  un “foco rojo” de inseguridad. Las declaraciones del Presidente Peña se fundamentan en las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estadísticas descalificadas por organismos no gubernamentales que participan con la Presidencia en los consejos o cumbres de seguridad, y definición de política nacional de prevención de la violencia. Asociaciones como Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Semáforo Delictivo, RRR y Asociados SC, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), rechazan el triunfalismo del Gobierno de la República, y evidencian que la base de datos oficiales no es confiable. Consejo Ciudadano: “No está cumpliendo Peña Nieto su promesa” A pregunta expresa, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, respondió: “(Peña Nieto) No está cumpliendo en reducir la incidencia especialmente en homicidio, secuestro y extorsión que ofreció, durante su campaña y los primeros años de gobierno. “Está pretendiendo engañarnos, simulando, alterando las cifras de incidencia delictiva para aparentar una situación mejor de la que realmente tenemos” agregó. De la diferencia entre el número de homicidios violentos expuestos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – cuenta víctimas- y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -contabiliza expedientes-, el consejero presidente expuso: “Yo le tengo mayor confianza  a los datos del INEGI, porque en los datos de las fiscalías he encontrado en algunos datos distorsión”. Ejemplificó el caso de Tamaulipas, que en el presente mes, encontraron los primeros 72 cuerpos en San Fernando y el Estado reportó solo 60 homicidios. “Situaciones similares las hemos encontrado en Chihuahua, en Coahuila, evidentemente en el Estado de México cuando gobernaba Enrique Peña Nieto; también encontré de repente un desplome en las cifras de homicidio de un 50 por ciento de un año para otro, sin ninguna explicación. Entonces hay una evidente manipulación”, refirió Ortega. El secuestro es otro delito que exhibe la falta de mejoría para los consejeros ciudadanos. El año pasado, el Secretariado  registró mil 702 (número de las fiscalías estatales), y el Consejo documentó 3 mil 655, que fue la suma de los números de procuradurías estatales y federal, Ejército y Marina. Otro ejemplo en Tamaulipas: en 2013 el Secretariado registró ocho secuestros, el Consejo documentó 195, con nombre, duración, monto y modus operandi. Y otros 165 en el periodo del  1 de enero al 30 de abril de 2014. “Para tener las cifras reales debemos tener todas las fuentes, y se lo hemos dicho al coordinado nacional antisecuestros, Renato Sales, y al secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong. Hay una manipulación expresa de la autoridad para ocultar la información, para que nosotros pensemos que estamos mejorando y está bajando la violencia, y no es cierto. Por lo menos no es cierto en los casos de Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Veracruz”, expuso José Antonio Ortega Sánchez. El titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, reiteró que aún no hay aún casos de éxito, porque incluso Baja California, donde se pretendió atribuir la reducción de homicidios a la afectividad de las políticas públicas, las autoridades evaden hablar del problema de fondo, y en la reducción de las incidencias, se impone la lucha de los cárteles de la droga por las plazas. “De cuando ‘El Chapo’ (Guzmán) le quitó la plaza a los Arellano Félix, y cuando acabó con sus sicarios, cuando ‘El Chapo’ se apodera de la plaza, es cuando bajan los homicidios; y en Juárez pasó lo mismo cuando ‘El Chapo’ le quita la plaza a la ‘Línea’, al Cártel de Juárez de los Carrillo Fuentes. Es cuando la violencia se desploma, después de años de violencia. Ortega Sánchez remató: “La detención de ‘El Chapo’ no ha cambiado absolutamente en nada, hay un control del grupo Sinaloa, los arreglos que tiene con grupos de gobierno siguen vigentes, porque sigue el dominio de Sinaloa, y con la idea de que sea un cártel el que domine todo el país para que pueda reducir la violencia”. Observatorio Nacional Ciudadano: “Sin información confiable” Francisco Rivas Rodríguez, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, se refirió a las declaraciones del Presidente de la República y los números del Secretariado: “Para poder decir si estamos o no mejorando, requerimos contar con información de calidad, que no tenemos”. El representante ciudadano agregó que no pueden afirmar con contundencia la mejoría que las autoridades están presentando en dichos, ya que la información con que cuentan -del Secretariado Ejecutivo-, se mueve con demasiada frecuencia y con demasiada fuerza. Ejemplificó: hace dos meses en Veracruz, hizo un cambio a la información relativa a 2013, y agregó 300 homicidios dolosos, 189 culposos, y más de 2 mil robos con violencia. “Entonces si consideras cómo están los movimientos y haces un análisis de los  resultados en las entidades, de muchas no puedes asegurar que lo que ves en el Secretariado hoy, y se considera oficial, realmente va a permanecer y corresponde a la realidad. “Además, ni siquiera explican si es un problema de impericia, un problema técnico, del movimiento natural de una procuraduría, pero ¿cómo es posible que no tuvieran detectados 300 homicidios dolosos? Y no es que los recategorizaron”, sentenció. En cuanto a la recategorización de homicidios dolosos y la distorsión de las estadísticas, el doctor Rivas detalló: “Por mucho que se reclasifiquen las averiguaciones previas, no puedes tener situaciones como las de Puebla, donde el Secretariado Ejecutivo te  presenta una disminución del 17 por ciento, y el INEGI un aumento del 26 por ciento. Hay 43 puntos de diferencia que no se explican, estamos hablando de graves problemas y de la obligación de la autoridad a explicarnos. ¿Qué está pasando”, cuestionó el investigador, para concluir sobre la no confiablidad:  “A partir de que disminuyen los homicidios dolosos, aumentan los culposos, y los encontramos particularmente en entidades donde la violencia está álgida, como Guerrero y Michoacán, donde tienen niveles de homicidios culposos que no se explican. Y resulta que ahora el veinte por ciento de los accidentes mortales suceden Michoacán y Guerrero, lo que es imposible; sin embargo, así se registran, y pareciera como si estuvieran catalogando mal el homicidio”. Percepción ciudadana: la inseguridad está empeorando Entrevistado en cuanto a la percepción ciudadana en materia de seguridad, Santiago Roel-Rodríguez, titular de Semáforo Delictivo, además de directivo de RRR y Asociados, SC, expuso: “Las encuestas que hacemos, en unas 4 mil 500 respuestas, la mayor parte dela gente opina negativamente  tanto a nivel municipal, estatal como federal. Dicen que la seguridad ha empeorado, que no hay buen compromiso de las autoridades para resolver el problema, e identifican gran parte del problema en la corrupción. No veo en el público la percepción de que está mejorando”. Y subrayó: “La gente está desilusionada, y no nada más con Peña Nieto”. En cuanto al seguimiento que realiza el proyecto social ciudadano respecto al trabajo de las autoridades, Roel-Rodríguez indicó que se ve mejora en las estadísticas pero a un muy  alto costo, además, la leve mejoría no es en todo el país. “Tenemos estados donde la percepción ciudadana no coincide para nada con las cifras, uno de ellos es Veracruz, y en la base de datos lleva años que no reporta bien. La cifra  de Michoacán no está completa, Tamaulipas, tampoco el Estado de México, no sabemos si con dolo o por ineficientes, pero todavía nos falta mucho en la cultura de la información. Hay estados que sí reportan bien”, indicó. Como caso positivo habló de Nuevo León: “Sí ha habido efecto a la baja, pero a qué costo, con una gran presencia del Ejército, Marina y fuerzas federales, y acciones muy dramáticas, porque  a los narcomenudistas los mataban”, como ha sucedido en el Estado de México, y complementó: “Los asesinatos o ejecuciones, no sé cómo mencionarlos, cometidos por la autoridad, no se contabilizan como homicidios dolosos, porque técnicamente no hay dolo”. El investigador manifestó que no se pueden esperar resultados diferentes si la autoridad no hace algo distinto, de ahí la necesidad de someter a discusión la legalización de las drogas. “Prohibir no quiere decir que estemos haciendo algo, los consumos han subido, el precio de la droga ha bajado, cada vez es más accesible, el 72 por ciento de los homicidios a nivel país, son por la violencia del mercado negro. Es una política totalmente irracional del Estado mexicano, y es un tema que no se quiere tocar, nos da miedo, la sociedad no lo acaba de entender y no tenemos políticos valientes”, resumió. Para concluir, el presidente de Semáforo Delictivo recordó que, pese a que las capturas siguen fuertes en todo el país, la violencia y pugnas sangrientas por la venta de droga al menudeo, persisten por las células de distintos cárteles: de Sinaloa, Los Zetas, del Golfo, los remanentes de los Beltrán Leyva,  Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. IMCO: México, cuarto país con más homicidios Para Alejandro Hope, director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad, sí existe una disminución en las estadísticas oficiales de los homicidios dolosos, pero ésta ha sido constante desde 2011, no empezó con Enrique Peña Nieto. Y aun con la reducción: * México es el cuarto país con más homicidios en el mundo; 19 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, es una cifra tres veces superior a la media mundial, de 6.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. * El total anual de homicidios en México equivale a los cometidos en los 43 países del continente europeo. * Entre 2010 y 2012, el número de homicidios bajó en localidades como Monterrey o Ciudad Juárez, pero la mejoría se estancó. Además, existen problemas en la calidad de información. Felipe Calderón dejó el Gobierno Federal en noviembre de 2012, con 56 averiguaciones previas al día. En noviembre de 2013 se contabilizaban 47 averiguaciones previas diarias, y en febrero de 2014, se contabilizó un promedio diario de 45 averiguaciones. “Estamos hablando de un descenso de 20 por ciento, lo extraño es la composición de la caída, tanto en términos temporales, como del tipo de homicidio. Primero la reducción en averiguaciones previas no es gradual, sino en escalones, y abrupta. Lo que explica toda la caída entre los primeros meses de 2014 y 2013 es lo que ocurre, que disminuyen los  homicidios por arma de fuego, y crecen los clasificados como otros y sin datos”, concluyó. Ministeriales: no siguieron el protocolo En el fallido operativo realizado el martes 19 de agosto de 2014 en Tijuana, donde el policía ministerial José Guadalupe Aguilar resultó muerto, y su compañero José Saúl Ojeda Pérez herido, los agentes no reportaron que iban a intervenir un vehículo sospechoso; tampoco  informaron ni pidieron apoyo cuando iniciaron la persecución, así lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La primera información que tuvieron las autoridades coordinadas respecto a los hechos de este expediente, se dieron aproximadamente a las 12:15 pm del martes, cuando el ministerial Ojeda Pérez informó por radio que su compañero y él estaban heridos de bala, y que en ese momento intentaba trasladarse al hospital  más cercano, la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los habían herido mientras circulaban sobre el Bulevar 2000, en las inmediaciones del Rancho Casián. Otros ministeriales se acercaban a la zona cuando Ojeda volvió a usar el radio, para decir que estaba perdiendo mucha sangre y sentía que ya no podía. En un punto de la carretera, otra pareja de oficiales de la PGJE  los abordó, subieron al herido al auto patrulla recién llegado y uno de los agentes sanos manejó el pick-up baleado para trasladar a Guadalupe Aguilar sin moverlo. Llegaron a la clínica en ambos vehículos. Aunque el fallecimiento de Aguilar se dictaminó cerca de las tres de la tarde, desde la una de la tarde sus jefes fueron notificados de que la herida era mortal. Entrevistado el oficial sobreviviente en medio de la confusión, ofreció dos versiones similares: * Primero dijo que en el Rancho Natura buscaron a un hombre para ejecutarle una orden de aprehensión, no lo encontraron y circulaban por la zona para encontrarlo, cuando vieron una camioneta Voyager color blanco pasar a toda velocidad. Ellos iban en un auto oficial y le marcaron el alto, pero la sospechosa unidad aceleró y la persiguieron. * En una segunda versión, el policía declaró que el vehículo y una de las personas,  correspondían  a las características del indicado que buscaban. De manera que aún no queda clara la razón por la que persiguieron el auto desde donde les dispararon.  En las declaratorias iniciales, el oficial se negó a decir contra quién ejecutarían la orden de aprehensión el día que fueron atacados, alegando al secrecía del trabajo. Sin embargo, extraoficialmente sus jefes informaron a la Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada que se trataba de una orden por obligaciones alimentarias no cumplidas -un padre desobligado-, por lo que resulta extraña la negativa original del agente. Respecto a la persecución, Ojeda, quien manejaba la unidad oficial, detalló que en un momento del trayecto, la Voyager -sin placas y con vidrios polarizados-  donde iban un hombre y una mujer, bajó repentinamente la velocidad y fue cuando escuchó los disparos. De acuerdo al análisis pericial, las balas entraron del lado del copiloto, uno impactó la cabeza de  Aguilar y otro el brazo de Ojeda, quien había levantado  su extremidad con el arma, intentando defenderse. En la calle donde les dispararon fueron localizados cinco casquillos 9 milímetros. Posteriormente, la camioneta sospechosa fue localizada por la Policía Municipal frente a un domicilio en el fraccionamiento Ke Casas, el cual se localiza en la Zona Este. Interrogados, los vecinos solo informaron que no hablarían porque tenían miedo, debido a que el lugar es ocupado por unos cholos  tatuados “con apariencia de deportados”,  muy problemáticos, que ya habían protagonizado pleitos en la zona, a pesar de que tienen poco de haber llegado, pero no hubo reportes de que reconocieran el auto. El área de inteligencia de la Municipal facilitó a la PGJE las imágenes de algunos delincuentes de la zona, sin embargo, José María González Martínez, subprocurador de Delincuencia Organizada, refirió que ninguno ha sido identificado por el ministerial herido. El mismo día de la agresión, la fiscalía bajacaliforniana emitió un boletín para manifestar que “… la Procuraduría General de Justicia del Estado y su titular, Perla del Socorro Ibarra Leyva, condenan la agresión cometida en contra de los agentes, y expresa su más sentido pésame a la familia del agente acaecido, y a la propia corporación, asimismo manifiesta que se trabaja en estrecha coordinación con las diferentes autoridades”. Las honras fúnebres de Guadalupe Aguilar se llevaron a cabo el jueves 21 de agosto a las once de la mañana, en la explanada de la Agencia del Ministerio Público de La Mesa, y aseguraron, “era un elemento limpio”.