Ciudad sin Ley

En seis días, doce personas fueron asesinadas en Tijuana. Cinco murieron en enfrentamientos por narcomenudeo. Siete fueron víctimas de la impunidad que priva en la entidad y la ausencia del ejercicio de un Estado de Derecho en Baja California. Una persona “linchada” por ciudadanos que le acusan de un delito que no se ha podido probar, un menor de edad que por las redes sociales acepta un “trabajo de sicario” y asesina a un hombre. El dueño de una tienda de abarrotes al que no le fue suficiente la reja que instaló para cuidar su seguridad y terminó asesinado por dos hombres que primero intentaron asaltarlo. Un hombre que para al dueño de la cuartería en la que vivía, solo para no pagarle la renta atrasada que le debía. Un defensor de oficio que por denunciar un robo, fue acribillado. Las historias de horror, donde pocos asesinos están en prisión, concluyen con un extranjero, un filipino que residía en San Diego y acudía a Tijuana para verse con una prostituta a la que asesinó de diez tiros y luego se suicidó. Aquí las historias trágicas de la impunidad en Tijuana y Baja California.   Linchado por 15 personas   Juan Carlos Camacho Tejeda, de 35 años, vivía cerca del fraccionamiento Riberas del Bosque, y el 10 de octubre fue asesinado por residentes de la zona. Según los documentos policíacos, a Camacho lo atacaron  porque según sus vecinos, era violador. Sin embargo, no existe denuncia de un delito similar en la zona, y después de cinco días, los ministeriales no han localizado a la supuesta víctima y ninguno de los entrevistados ha sido capaz de identificarla.  Alrededor de la una de la mañana del sábado, Camacho pasaba a pie por la Privada Abeto, al tiempo que un grupo de residentes de esa calle bebían  alcohol, escuchaban música y departían. Entre los vecinos estaban Heriberto Armenta Ramírez, de oficio calafiero, y  Juan José Ochoa Hernández, técnico en electrónica. Ambos fueron señalados por testigos como quienes iniciaron la persecución del hombre que terminó muerto. “Ahí va el violador”, gritaron. Camacho empezó a correr y los dos hombres fueron tras él, lo alcanzaron, lo tumbaron y se pusieron a patearlo; en segundos más, vecinos salieron y la turba que estaba pateando al hombre tirado, la integraban  unas 15 personas, argumentaron los testigos. Los vigilantes del fraccionamiento, de nombres Javier Pérez, Cirilo Nevárez y Leobardo Castro, quienes habían visto todo, se acercaron y despejaron la escena; de nuevo los vecinos señalaron al hombre de violador, razón por la cual, los vigilantes lo esposaron y llamaron a la Policía. Cuando los uniformados llegaron, lo vieron golpeado, pidieron apoyo a la Cruz Roja y cuando ésta arribó, los paramédicos les informaron que estaba muerto. Una vez revisado por los peritos, se dieron cuenta que pese a que lo habían golpeado severamente, las patadas no habían sido la causa de la muerte. Lo habían apuñalado en el tórax y en el estómago. “Aprovecharon el montón y la confusión para picarlo”, concretó un investigador. Homicidio, suicidio en hotel. En la escena, además del cuerpo encontraron una llave L -herramienta con dos puntas que sirve para cambiar llanta-, pero no tenía rastros de sangre. Aun así, se la llevaron como prueba. Los investigadores del homicidio piensan que las heridas las ocasionó un desarmador, picahielo o artefacto de punta similar. Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, informó que a la fecha no existe denuncia por violación en ese fraccionamiento, además, que pese a que los agentes han tratado de ubicar a la ofendida, buscar a la mujer que señalaron como violada, ninguno de los entrevistados -incluidos los guardias y los dos hombres que iniciaron la persecución de la víctima- ha dado información al respecto, “aunque insisten en que una mujer lo acusó, supuestamente”. El linchamiento, explica Guerrero, existe jurídicamente, a los presuntos responsables se les está investigando por “homicidio en grado de coparticipación”  y a la fecha solo están identificados dos de los atacantes. La familia de Camacho Tejeda estuvo en las oficinas de ZETA para manifestar su dolor, dudas y temores. “Nos parece injusto que -medios y autoridades- estén acusando a mi hermano de un delito que no cometió, y con eso estén afectando a su esposa e hijos. Luego pusieron que acababa de salir de la cárcel y eso no es cierto, tuvo un problema hace 12 años y esa información la dimos de manera reservada”. Del móvil del homicidio detallaron que meses atrás el joven había tenido problemas con unos ladrones que vivían en Riberas del Bosque, que robaron a una vecina y en la casa de Camacho. “Mi hermano fue a la casa del ladrón e hizo que le devolvieran lo robado, por eso se nos hace muy raro que justo por ahí lo hayan atacado”. Concluyeron: “Tenemos dolor porque nos parece injusto como lo han tratado, y vamos a exigir justicia, porque tenemos miedo que los que le hicieron eso a mi hermano puedan dañar a mis sobrinos y mi cuñada”.    Defensor de oficio asesinado   Siguiendo con la impunidad que ha imperado en la ciudad. Dos ladrones se convirtieron en asesinos. Explica un funcionario dela Procuraduría del Estado: Juan Ramón Sánchez Zaizar llevaba muchos años trabajando como defensor de oficio. “Era de los buenos”, aseguraron unos compañeros, “hacía su trabajo y no se metía en problemas”. Sin embargo, alrededor de las cinco de la tarde del sábado 10 de octubre, mientras estaba a la entrada del estacionamiento de su casa en el fraccionamiento Villas del Real en la delegación La Presa, llegaron dos hombres en un auto sedán oscuro. Le dijeron algo y después le dispararon en repetidas ocasiones; Sánchez trató de protegerse con las manos,  pero fue inútil. El funcionario quedó sin vida, bocarriba, mientras sus asesinos huían. En la investigación se ha conocido que Sánchez Zaizar había recibido amenazas: semanas atrás, unos ladrones entraron a su casa y se llevaron cosas de valor. Él denunció y después de darle seguimiento a su caso para evitar que los agentes de robos lo olvidaran, los ladrones se enteraron. Un desconocido lo interceptó y le advirtió que olvidara el asunto. Pero Sánchez no lo hizo. Actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue el móvil del robo como principal causa del asesinato y lo ladrones se convirtieron en sospechosos de homicidio.   Adolescente homicida   Como la deficiente aplicación de la Ley es permanente, a un adolescente le pareció que no era mala idea recibir dinero por matar a un hombre. Pasaban las siete de la noche cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal vieron cómo Ulises Alejandro, de 14 años, disparaba sobre un grupo de personas reunido en la calle Coahuila de la Zona Centro. Al chamaco lo detuvieron en flagrancia. Una vez capturado, fue entrevistado por los municipales, a quienes confesó que un desconocido lo había contratado por Facebook. Que por la misma vía le dieron la instrucción de llegar antes de las siete de la tarde de ese viernes 9 de octubre a la calle Segunda y Madero, donde debía subir a un taxi libre con determinado número. El chofer le daría el arma, le mostraría a la víctima y lo sacaría del lugar al momento de huir. En la primera declaración del adolescente ante sus captores, explicó que el taxista lo llevó hasta la escena del crimen, dio dos vueltas para mostrarle a la víctima, y cuando lo bajó en La Tropa Bar, le indicó que para huir se dirigiera a la Avenida Revolución y él lo sacaría de la zona. Alejandro disparó sobre Guillermo Gastélum Jáquez -quien no tenía antecedentes criminales, informó la PGJE- y fue detenido mientras huía. En un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) también indicó que un desconocido le había ofrecido 31 mil pesos por la muerte; otra versión indica que la oferta fue de 3 mil dólares.  El Poder Judicial recibió la averiguación previa 414/15/201/AP la noche del 12 de octubre, pero calificó de legal su detención y radicó el expediente 349/2015. El joven fue citado ante el juez para su declaración inicial a la una de la tarde del 13 de octubre, a la cual  acudió con abogado  y “se reservó el derecho para declarar”, mientras la defensa obtuvo la ampliación del término constitucional. De igual manera, se ofrecieron dos testimoniales de parte de los representantes legales del inculpado, las cuales se admitieron. El adolescente enfrenta una pena máxima de siete años. Una vez ante el Ministerio Público, el menor de edad dijo que conoció a quien lo contrató como asesino, tiempo atrás por internet y se hicieron amigos. A diferencia de sus primeros dichos, esta vez admitió que conocía personalmente a quien le ordenó la muerte y que él le pidió trabajo porque quería dinero. Lo que le ofreció fue llevar a cabo un asesinato.  De las declaraciones de sus tutores legales, solo explicaron que sin ser una familia pudiente no tenían problemas económicos, y que el joven era estudiante regular en una secundaria donde lo tenían como un alumno promedio. El menor residía en la colonia Emperadores en la delegación Sánchez Taboada.   No entregó dinero en asalto   En un clima de violencia recrudecida, la muerte de gente inocente se acumuló.  Mauro Martínez Velázquez, de 41 años, creyó que estaba seguro. Era dueño de una tienda de abarrotes llamada Princes, en el Cañón de las Rosas de la colonia Manuel Paredes III, y para evitar problemas invirtió en puerta con rejas en el acceso a su establecimiento; así, a altas horas de la noche, atendería a sus clientes por una rejilla. Hombre linchado en Riberas del Bosque.   El lunes 12 de octubre, cuando ya sólo atendía por la rejilla, el dueño vio llegar a “unos clientes” y se acercó. Un hombre le apuntó con el arma y le pidió el dinero. Mauro se negó y en un intento de protegerse corrió hacia el interior de la tienda, pero el ladrón le disparó. Cayó boca abajo, su cabeza quedó sobre un gran charco de sangre. Su hermano, que estaba en la caja registradora, fue testigo de los hechos. La PGJE buscó y no encontró antecedentes delictivos a la víctima. De los asesinos, no hay información. El mismo lunes 12 se registraron dos muertes más, relacionadas con drogas y pugnas internas de los cárteles.   Cruzó arma por garita y asesinó a mujer   A un extranjero le resultó fácil introducir un arma al país, cometer un crimen y después suicidarse. Pasadas las nueve de la noche del lunes 12 de octubre se reportaron dos muertos en el Motel Jabaloyas en la Zona Centro de Tijuana. Testigos informaron que Jun Rivera Cunanan, filipino de 50 años que trabajaba como guardia de seguridad en San Diego, asesinó a Claudia Martínez Bárcenas, de oficio prostituta, y después él se quitó la vida. Un amigo de Rivera que estaba en el lugar explicó que  el guardia y la mujer llevaban “mucho tiempo” con una relación, y que solían ocupar con regularidad la habitación 6 del hotel. El taxista Enrique León detalló que conocía a Claudia desde antes, que se dedicaba a la prostitución y era usual que lo llamara para que la llevara a atender a sus clientes. El lunes pasado le marcó, le pidió que la llevara al hotel. Le comentó que no tenía ganas de ir y que la esperara. Cuando Rivera Cunanan llegó, le dijo que metiera el taxi al estacionamiento y Claudia bajó, empezaron a discutir porque ella no quería quedarse, el hombre le dijo que le tenía un regalo. Pero lo que hizo fue sacar un aparato y darle toques eléctricos a la mujer. Molesta, le dijo que se iba y se subió al taxi, al asiento del copiloto. El extranjero sacó el arma y le propinó 10 tiros. La mujer se desplomó sobre los dos asientos de en frente, mientras el taxista huía de la escena. Cunanan subió al cuarto de hotel y se metió un tiro en el lado derecho de la cabeza. El arma que usó para ambas muertes la pasó como si nada de Estados Unidos a México, dentro de su auto Mercedes Benz S320 oscuro, placas 3TDF782 del Estado de California, informaron en la PGJE.   No quería pagar la renta   La impunidad alcanzó a un hombre de la tercera edad que vivía de la renta de cuartos. A Miguel Ángel Villanueva Roa “El Mike”, lo deportaron hace cinco años. Su familia le enviaba dinero, el cual utilizaba para apostar y comprar droga. Por eso tenía más de tres meses que no pagaba la renta del departamento en que vivía, en  una cuartería propiedad de  Héctor Armando Caraveo López, un hombre de 74 años, quien durante esos 90 días, en repetidas ocasiones le había cobrado la renta sin éxito. A finales de septiembre le advirtió que lo iba a correr. El 6 de octubre, cuando Villanueva vio llegar a Caraveo, no tenía dinero. Decidió que lo asesinaría. No explicó a los agentes si cuando tomó la decisión estaba drogado. Agarró un cuchillo de la concina y cuando dejó entrar a Héctor Armando, se le fue encima y lo apuñaló en el pecho y en el estómago en repetidas ocasiones. Ya muerto, envolvió al anciano en una cobija y dejó el cadáver en un cuarto desocupado, después tomó el pick-up de la víctima y lo estacionó a varias cuadras de la zona de los cuartos para no despertar sospechas. Pero al paso de “tres días más o menos”, declaró, decidió sacar el cuerpo porque olía a putrefacto. Lo arrastró hacia el auto que había acercado. Quería abandonarlo lejos. Fue detenido por policías municipales la madrugada del 9 de octubre, cuando manejaba a exceso de velocidad por la calle Tlatizapan en la colonia Morelos. En la revisión precautoria encontraron el cuerpo. Hasta el jueves 15 de octubre, ese era el trágico saldo de muertos inocentes en Tijuana. La violencia se ha incrementado en los últimos meses ante la incapacidad del Estado y el Municipio para frenar a los asesinos, imponiendo el Estado de Derecho. De las 12 personas asesinadas del 9 al 14 de octubre en Tijuana, cinco fueron relacionadas por las autoridades con narcomenudeo; las otras siete, víctimas inocentes en una ciudad sin Ley.     Muertes por droga   César Adame Flores llegó a cargar combustible a la gasolinera del Bulevar Alberto Limón esquina con Vidal y Planas. Lo acompañaba su mujer, Claudia Michelle Urenda Loaiza, quien cargaba en su bolsa una piedra de 300 gramos de cristal; los acompañaba la madre de Adame y un hijo menor de edad. Cuando el hombre se bajó, pasaban las diez de la mañana del martes 13 de octubre. Su esposa vio cuando “un hombre armado se le dejó ir directamente y empezó a disparar”; Adame intentó esconderse detrás del auto, entonces ella se pasó al lado del conductor y trató de arrollar al atacante. Para entonces el caos era total, gente gritando y corriendo, en cuestión de segundos llegaron los policías, los maleantes les dispararon y éstos respondieron, hiriendo a uno en el brazo. César Adame murió y la mujer explicó que más temprano le habían hablado a su pareja para recoger la droga y, cuando fueron atacados, iban a entregarla. “No dijeron claramente, pero todo indica que la iban a cruzar  Estados Unidos e iban en familia para despistar” comentó un investigador.   De los atacantes detenidos, Mario Efraín Verdugo López, aseguró que Francisco Eduardo Montes Sepúlveda, no tenía que ver, aunque los testigos aseguran que iba con él. También informó que a él le pagaron para matar al hombre y recuperar la droga. Las autoridades están investigando la versión de que César Adame sería una de las personas que escaparon el 21 de agosto, cuando en el interior de una pizzería asesinaron a  Gonzalo Javier Rivera Camarena “El Tragedias”, identificado como jefe de asesinos de los hermanos René y Alfonso Arzate García,  cabecilla del Cártel de Sinaloa en Tijuana. “La hipótesis es que se trata de un pleito interno, y lo mató la misma gente para la que delinquía”, reportaron de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En la semana también fueron levantados los cuerpos de cuatro hombres más, cuyas muertes de entrada la PGJE relaciona presuntamente con narcomenudeo: el 9 de octubre en el Ejido Chilpancingo, balearon a Rafael Ceseña, quien circulaba en bicicleta; el adicto Arturo Raya fue acribillado en Cañadas El Florido el día 12; y en la misma fecha encontraron muerto y encobijado a un hombre en Calle Juan Soldado de la delegación Los Pinos; y el martes 13 de octubre, el cadáver de otro sujeto fue localizado en el interior de una casa de la colonia Nueva Tijuana.     Otra vez capturan a “El Viejón”   El miércoles 14 de octubre, la Policía Estatal Preventiva detuvo a Jesús Manuel Rodelo Lozoya  o Miguel Guadalupe Pacheco “El Viejón”, lo presentaron como miembro del Cártel Arellano. “Daba instrucciones vía celular a integrantes de su célula criminal para identificar objetivos rivales en distintas partes de la ciudad, se presume, con la intención de asesinarlos”, informó la PEP. En abril de 2013 lo detuvieron por una orden de aprehensión pendiente por homicidio en Sinaloa y, de igual manera, hace dos años lo presentaron por posesión de un arma larga y droga. Fue liberado.