Policías, intento de extorsión y secuestro

Entre el Ejido Durango y el Carranza, después de unas sinuosas curvas y llegando a un pequeño dren se bordea hacia al sur para tomar un camino de tierra por cerca de 5 kilómetros, luego éste se bifurca y se sigue hacia el oriente hasta llegar a un caserío conocido como “Rancho El Caimán”, ahí en pleno Valle de Mexicali. Tras la barda pintada de azul verde y la malla ciclónica se aprecia el porche de la casa, al fondo corrales de donde emanan sonidos de gallos, gallinas, chivos, cerdos, borregos. Hasta ahí llegaron la mañana del domingo 4 de enero cinco patrullas, ahí en el porche de la casa había tres hombres, a los que se les habían sumado otros dos. Jorge Luis Sánchez Pérez, de 19 años narra lo sucedido. “Aquí estaba mi apá (Jorge Sánchez), mi nana (Amelia Rivera), luego llegaron otros jóvenes, Eduardo y Raúl. Llegaron las cinco patrullas de la policía municipal, no traían ni orden de aprehensión ni nada. Eran como unos 10, 12 agentes por ahí. Traían el uniforme ese azul y pasamontañas”. Otro de los testigos refiere que dos de los uniformados no traían pasamontañas, “sí los reconocemos si los vemos. Uno era negrito y la otra era una mujer morena, cara redonda, estatura baja y pelo negro.” “Nos decían que venían, que aquí había algo. Aquí apesta, nos dijeron”, refiere Jorge Sánchez, el padre del joven. “Aquí estuvieron como una hora, no hallaron nada pero de todos modos nos esposaron y nos subieron a las patrullas, a mí, a Raúl y a Jorge. También a Eduardo lo subieron pero a él se lo llevaron aparte… “Nos decían que querían dinero…” — ¿Y dinero por qué?, se les pregunta; a lo que el joven Sánchez responde: “Pues no sé, nos querían secuestrar los batos”. Según el padre del joven, les pedían 35 mil dólares, pero luego bajaron la petición a 30 mil dólares. “Nos hicieron rebaja…”, bromeó Sánchez. “Nos trajeron paseando, nos llevaron a un costado del Ejido Sonora, ahí nos tenían en unos drenes. Estaban hable y hable con el hermano mío para que les diera el rescate”, refiere Sánchez, explicando que a su hermano lo localizaron a través del celular que él portaba. “Él le daba esperanzas, que una hora, que dos horas, así se fueron todo el día”. Según otro de los familiares, los amenazaban con que les iban a sembrar seis libras de la droga conocida como cristal. “Que íbamos a mamar, así nos dijeron, que a todos nos iban a matar, no hallábamos que hacer, nosotros”, refiere otro de la parentela. De acuerdo a la misma versión aportada en platica grupal, cerca de cinco horas después los policías aceptaron que los dos más jóvenes fueran por el dinero –se habían llevado una camioneta Ram del rancho–, la cual abordaron y aprovecharon para escapar. “Cómo no, todavía andamos asustados”, refirió Jorge Sánchez padre, quien mientras los jóvenes huían, se había quedado resguardado, dijo, por uno de los agentes en el estacionamiento del Oxxo y gasolinera, ahí en la colonia La Puerta. A la par los familiares habían realizado una serie de llamadas a las corporaciones policiacas y denunciaron apresuradamente a algunos medios de comunicación. “Los policías ya estaban muy nerviosos, por los medios de comunicación. Ya los andaban buscando, que venía Antisecuestros pa’cá, a ellos les avisaron. Por eso se pusieron nerviosos, –el policía– se fue a asomarse así por una subidita, hablando por el radio y me le escapé, tuve chanza de correr, crucé las tierras y llegué hasta la carretera del Ejido Nayarit”, refirió Sánchez, quien asegura que luego le marcó a uno de sus hermanos y se fueron hasta las oficinas de la Policía Ministerial, ahí en la colonia Carranza, donde lo esperaban los del grupo Antisecuestros. “Esos del gobierno son una mafia, nomás andan robando a la gente”, comenta otro de los hermanos en alusión a los policías municipales. Afirman que por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado no han tenido ningún aviso y que hasta este viernes 9 de enero de 2015, quedaron de darles el dato del NUC, el Número Único de Caso. La familia Sánchez recordó que hace aproximadamente tres meses, los policías municipales llegaron de madrugada e irrumpieron violentamente en el mismo domicilio. Aseguran que también eran policías municipales quienes llegaron por un costado del rancho y tumbaron el cerco de malla. “Se llevaron dos televisiones grandes, de esas planas, teléfonos, como cinco mil pesos, todo lo de valor que había se lo llevaron, tipo rateros de esos de la calle…”. Una de las mujeres presentes recordó que era una madrugada de septiembre, entraron tres encapuchados vestidos de uniforme azul marino, tumbaron la puerta y empezaron a golpear a su esposo. “Decían que querían droga, golpee y golpee a él. Le rajaron toda la cabeza, lo lastimaron todo, traían “chicharras” –pistolas con descarga eléctrica–, a mí me la pusieron, me quitaron la ropa, me dejaron sin nada, me golpearon. Nos dijeron que si hacíamos algo nos iba a ir pior…” Se les pregunta si en esa ocasión interpusieron alguna denuncia, pero dicen que no, “Tuvimos miedo también”, refiere el jefe de familia, quien dice tener 25 años residiendo ahí en ese lugar y dedicado a la cría de borregos, chivos, gallinas. — ¿Ahora qué piensan hacer?, se les inquiere; a lo que el jefe familiar responde: “Pues vender aquí, ¿qué vamos a hacer?, tenemos miedo de estar aquí…”. Municipales extorsionan y privan de libertad Públicamente el subprocurador en Mexicali de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Ramírez Amador fue el primero en confirmar el delito, afirmó que se recibió la denuncia en la unidad de delitos foráneos en el kilómetro 43 en relación a la privación de la libertad de 4 personas. Dijo que a cambio de la libertad les exigían 35 mil dólares, aunque la entrega de dinero no procedió, pero por la categoría de los hechos la investigación corre a cargo de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia organizada de la PGJE. Indicó que no se toleraría la impunidad, y si estuvieran relacionados agentes municipales serán consignados pero no dio más información sobre lo ocurrido, escudándose en la secrecía de la investigación, que le impedía seguir informando. Extraoficialmente, ZETA fue informado que la PGJE investigaba la posibilidad de que policías municipales que laboran en el Valle de Mexicali, estén extorsionado a personas que se dedican actividades delictivas. “Hasta donde sabemos existen versiones de que los agentes han estado privando de la libertad a gente que se dedica a la venta de droga, narcomenudeo, y otros delitos relacionados, para sacarles dinero, con la idea de que por ser delincuentes no los van a denunciar, pero esta vez sí los denunciaron”, comentó un investigador ministerial del estado. Al menos 10 elementos involucrados Para el Director de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal, no se pueden tolerar este tipo de actitudes, en caso de confirmar el secuestro de la familia, por lo que los agentes ya se encuentran en investigación por parte de la PGJE y de la misma DSPM. “Exhortamos a la ciudadanía a que siga denunciando, son situaciones donde no se va a solapar ningún acto de impunidad en contra de agentes de que vayan en contra o al margen de la ley, se está haciendo un investigación tanto interna como externa, se está proporcionando toda la información a la PGJE”, afirmó el director de la corporación. Explicó que el reporte se recibió desde el domingo 4 de enero a la una de la tarde, momento en que se atendió a las víctimas de manera personal por el subdirector operativo Alejandro Galindo así como el comandante de la Valle, René Tanori Hernández “Se les dio toda la atención a las víctimas de que tuvieran la confianza de que van a ser respaldados y protegidos por parte de nosotros, así como proporcionarle toda la documentación que se necesita para fortalecer la carpeta de investigación a la Procuraduría, que en ese sentido ya se le entregó los roles de servicio, se les dio acceso a que tomaran fotografías de las unidades que estuvieron en servicio, las identidades de los agentes que estuvieron trabajando en esos horarios”. Monreal recordó que de igual manera que se llevó a cabo la detención de 2 agentes municipales relacionados con un posible secuestro en contra de 4 jugadores extranjeros del equipo Águilas de Mexicali se llevará está investigación. El antecedente más reciente de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal involucrados con secuestros se presentó el 10 de noviembre de 2014, al término de un juego de béisbol regular de la Liga del Pacífico, cuando cuatro peloteros del equipo Águilas de Mexicali fueron privados de su libertad por dos agentes policiacos. Los beisbolistas extranjeros Daniel Herrera, José Sánchez, Mason Tobin, Matt Gorgen fueron a cenar luego del partido cuando fueron detenidos por los agentes municipales, de aquí se derivan 2 versiones. Los agentes Carlos Roberto “N” y Samuel de Jesús “N” declararon en la audiencia del 28 de noviembre que extorsionaron a los peloteros, pero negaron el secuestro. Señalaron que los peloteros tenían una bolsa de marihuana y para evitar ser detenidos, les ofrecieron 120 dólares y mil 400 pesos en efectivo. Luego de tomar el dinero los dejaron ir con todo y droga, sin embargo a los pocos minutos los volvieron a detener por quemar llanta, al percatarse de que eran los mismos los iban a dejar ir, pero afirman que uno de los peloteros les volvió a ofrecer mil 200 pesos extras a cambio de la confidencialidad. El 29 de diciembre de 2014, dos de los cuatro jugadores se presentaron a declarar en la Audiencia Para Desahogo de Prueba Anticipada, ahí sostuvieron que fueron secuestrados por los agentes municipales y les entregaron a los policías cerca de 20 mil pesos, porque les pidieron el dinero y con el arma oficial en sus cintos, los escoltaron hasta el cajero automático más cercano. Los otros 2 beisbolistas fueron dados de baja una vez terminada la temporada regular, por lo que ya no accedieron a declarar. “Nosotros entregamos información del personal que estuvo trabajando en ese operativo, son alrededor de 10 agentes 4 unidades, las que estuvieron en servicio en esa operación que se realizó ese día, se les da toda la información necesaria documentada, toda la prueba documental que requiere la procuraduría y en caso de que requieran más información de agentes que no estuvieron en esa operación y que también tengan relación con el hecho se les va a proporcionar, por lo pronto nosotros tenemos 10 agentes involucrados y se va a hacer lo propio”, indicó el titular de la DSPM. Como medida cautelar el director de la policía municipal, afirmó que los agentes ya fueron separados de la zona y afirmó que en caso de no realizar los protocolos de Ley se les suspende de sus actividades, además de que hasta el momento ningún agente ha dejado de asistir a trabajar. De acuerdo a la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro –ley federal que se aplica estatalmente en todo el país y aprobada en mayo del 2014–, en el Artículo 9 se incluye que al que prive de la libertad a otro se penaliza de 40 a 80 años de prisión, pero aumenta de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10, de 50 a 100 años de prisión cuando el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o las fuerzas armadas mexicanas o se ostenten como tales sin serlo. El “Caballo” podría salir en libertad Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, presunto ex líder financiero del Cártel Arellano Félix (CAF), podría quedar el libertad. Y es que el capo interpuso diversos juicios de amparo en por lo menos tres estados y el Distrito Federal para detectar si existe alguna orden de aprehensión en su contra, pues está a punto de resolverse la impugnación de un amparo que le fue negado y, de revocarse el fallo, significaría su salida de prisión. Los juicios de garantías fueron interpuestos en juzgados de Baja California, Jalisco y el Estado de México, aunque algunos de los jueces han declinado competencia hacia alguno de los tribunales de la Ciudad de México. El 19 de septiembre de 2014, al “Caballo” le fue negado el amparo 1192/2013, promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito de la especialidad en el Distrito Federal. El bajacaliforniano ya ganó su primera batalla legal, al egresar del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez a finales de noviembre del año anterior, y ser ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la capital del país. Con la protección de la justicia federal denegada, Aguirre Galindo combatía el auto que le mantiene formalmente preso ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud -en su modalidad de introducción de clorhidrato de cocaína al país- y asociación delictuosa. El quejoso interpuso el recurso de revisión 272/2014 en contra de la referida negativa de amparo, impugnación próxima a resolverse en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Preso en Texas y sin fianza, esperará juicio hijo de Osiel Cárdenas Osiel Cárdenas Jr., hijo del capo del narcotráfico y ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, permanecerá detenido en Estados Unidos mientras inicia el juicio en su contra por intentar traficar cientos de cartuchos a México. En audiencia celebrada el 8 de enero de 2015, el juez Ignacio Torteya, de la Corte del Distrito Sur de Texas, dictaminó que “el detenido está en riesgo de huir”, por lo que le negó el derecho a fianza. Aprehendido el 31 de diciembre de 2014, el joven de 23 años conducía una camioneta Escalade 2015 color negro, con dirección a Matamoros, México, en las inmediaciones de la garita de Brownsville, Texas. Cuando oficiales de la Unión Americana lo cuestionaron, Cárdenas Jr., quien es ciudadano estadounidense, negó llevar consigo mercancía de contrabando, pero en el vehículo fueron localizados 480 cartuchos de diversos calibres y dos cargadores para rifles de asalto. Entre las razones que la Corte dio para negar la fianza, están los constantes viajes de Osiel Cárdenas Jr. hacia México, su residencia, así como su empleo y negocios de los que ostenta propiedad en México. Además, el juez consideró que su liberación “pondría en riesgo a la comunidad”, por lo que quedó bajo la custodia de los Marshalls de Estados Unidos. Aún sin fecha definida, al joven se le imputarán los cargos de exportación de artículos de defensa (en este caso, armamento) sin licencia ni registro. En total fueron 290 cartuchos calibre 9 milímetros, 161 cartuchos de .223 milímetros, 29 cartuchos de 7.62 milímetros y dos cargadores para rifle calibre .223 milímetros, ocultos en el tablero de la camioneta Escalade, así como en la guantera y detrás de los botones del estéreo. De acuerdo a documentos presentados en la Corte, Osiel Cárdenas Jr. escondía 14 gramos de marihuana en su ropa interior. Su defensor es el abogado Crispin C.J. Quintanilla III, conocido en Texas por defender a procesados vinculados con el Cártel de Los Zetas, entre ellos el secuestrador Imurias “Comandante Tomate” Machado Treviño, en 2011. El padre del joven detenido, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido en marzo de 2003 en Matamoros, Tamaulipas, acusado de los delitos de delincuencia organizada y daños contra la salud. Permaneció preso en México hasta que en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde purga una condena de 25 años de prisión.