El destino de los líderes de los dos grupos de ex autodefensas michoacanos y de 35 de sus seguidores, quienes hace un par de semanas se enfrentaron a balazos en La Ruana, Michoacán, con saldo de 11 personas muertas, se encuentra en manos de la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia. Luego de la entrega voluntaria de Luis Antonio Torres “El Americano”, el martes 30 de diciembre y de Hipólito Mora Chávez, el sábado 27, así como de algunos de los integrantes de ambos grupos, la juez María Consuelo López Ramírez será la encargada de resolver la situación jurídica de todos los implicados en el delito de homicidio. Por razones de seguridad y debido a que los indiciados fueron internados en el penal estatal “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres”, el Juez Segundo Penal de Apatzingán, quien libró las órdenes de aprehensión, solicitó que un tribunal de la capital michoacana se encargara de conocer del asunto. Sus deseos fueron escuchados y se le relevó del conocimiento de la causa penal. Tanto Mora Chávez como “El Americano” habían anunciado que solo se entregarían para ser enjuiciados en caso de que existieran garantías de que “no iba a pasar nada”, y al parecer, así se los garantizó en sus comunicaciones el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sin que se revelaran datos sobre la presunta entrega pactada. A la devaluada actuación que ha tenido Castillo desde que fue designado por el Ejecutivo federal y a las críticas de los habitantes de la entidad purépecha que no han encontrado paz en sus comunidades, se unen las voces de políticos de distintos partidos que ponen bajo la lupa al comisionado, ante la escalada de hechos violentos que siguen ocurriendo. En la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, planteó la posibilidad de que el funcionario de origen mexiquense sea llamado a comparecer, para que explique el grado de descomposición social generado en Michoacán durante los meses recientes. La detención de ambos personajes ha despertado polémica entre los pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán y de Tierra Caliente. Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas en la región, es quien ha generado las mayores simpatías, al ser considerado un líder de la comunidad, mientras que Luis Antonio Torres “El Americano”, también es apoyado por algún sector, aunque es un secreto a voces que se le identifica por presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe”, jefe del cártel del narcotráfico Los Caballeros Templarios. El sacerdote de la Diócesis de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo, calificó como “un error” encarcelar a Hipólito por el enfrentamiento a tiros del 16 de diciembre en La Ruana, y vaticinó que una decisión de esa naturaleza se traducirá en una paralización de actividades en esa región limonera, y probablemente, en otras regiones de la entidad donde apoyan a las guardias comunitarias. Hipólito y sus aspiraciones políticas Tan pronto concluyó el novenario de su hijo Manuel Mora, abatido en la balacera por la que ahora podría ser enjuiciado, Hipólito Mora se reunió con sus correligionarios en contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión y se pusieron de acuerdo en la forma en que se entregarían ante las autoridades federales. El sábado 27 de diciembre se materializó la entrega pactada con el comisionado Castillo. Mora y otras 26 personas ingresaron al reclusorio de “Mil Cumbres”. A ellos se les imputan diez de las once muertes del enfrentamiento en La Ruana. Solo el homicidio de Manuel, hijo de Hipólito, no les es reclamado en la causa penal 222/2014. Su situación jurídica sería resuelta el miércoles 31 de diciembre, o, en su defecto, de ampliar el plazo constitucional a 144 horas como es su derecho para aportar y desahogar pruebas, el sábado 3 de enero. Según Eduardo Quintero, abogado del fundador de los grupos de autodefensa, su cliente podría quedar libre por falta de elementos para procesar, al concluir el término constitucional, pues estima que Hipólito Mora y su gente fueron los agredidos, al solo defenderse de “El Americano” y sus acompañantes. Quintero confía en que a más tardar en seis días, la juez resuelva conforme a derecho y que sea con un auto de libertad. Más allá de los aspectos formales de la imputación contra Mora Chávez, su defensor levantó ámpula al comentar que su cliente pretendía buscar una candidatura a diputado federal. Señaló que es mucha coincidencia que el enfrentamiento se haya registrado en una fecha tan cercana al registro de candidaturas independientes, por lo que no descarta que lo acontecido en La Ruana, haya sido planeado para afectar los planes políticos de Hipólito. Eduardo Quintero aseguró que cuando el personaje recupere su libertad podría registrarse como candidato independiente, o buscaría alguna candidatura por un partido político, “si es que éste se compromete a dejarlo actuar de manera autónoma”. Por su parte, cuestionado al respecto por medios de comunicación en Michoacán, Édgar Eduardo Pasallo Cachú, vocal secretario del consejo distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) con cabecera en Apatzingán, , dijo que el líder de los ex autodefensas no podría ser candidato a ningún cargo de elección popular en los comicios de 2015, puesto que el plazo de aviso de intención ha finalizado, y Mora no formalizó su interés ante esa institución. Un “Americano” impredecible De Luis Antonio Torres “El Americano” no se conoce mucho, pero resalta la sospecha popular de antiguos vínculos con personas ligadas al Cártel de Los Caballeros Templarios. La imagen que de él se tiene en Tierra Caliente, es la de un hombre de carácter fuerte que también ha arrastrado a cientos de personas para formar grupos de autodefensa. Todo parecía indicar que la detención de Torres no sería tarea sencilla para las autoridades, pues desde que terminó el plazo o gracia concedida por el comisionado Castillo para que los participantes en la balacera se entregaran voluntariamente, tras velar a sus muertos, se conocieron algunas acciones de resistencia por parte del llamado grupo “H3”. Finalmente, “El Americano” se entregó con nueve de sus incondicionales. Mientras Hipólito Mora se puso a disposición de las autoridades el sábado 27, ese mismo día, desde la madrugada, los huestes de “El Americano” bloquearon la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán y otras vialidades de Buenavista Tomatlán, presuntamente para evitar que el Ejército o la Policía Ministerial de Michoacán detuvieran a su líder. Tras algunas horas de bloqueos, finalmente hubo apertura a la circulación. Al enterarse de la supuesta actitud de Luis Antonio Torres y su gente, el lunes 29 de diciembre, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán informó que tenían la ubicación del mencionado, por lo que de un momento a otro podrían ir por él y cumplimentar la orden de aprehensión dictada en su contra, así como de 25 de sus hombres. No fue necesario ir por él, ya que la mañana del martes 30 de diciembre, “El Americano” y nueve personas más se entregaron ante las autoridades michoacanas para deslindar su responsabilidad en los hechos imputados. Torres se presentó en unas canchas deportivas en Buenavista Tomatlán, donde ya lo esperaban el procurador de justicia local, Martín Godoy Castro, y otros funcionarios. Luis Antonio y sus acompañantes fueron subidos a un helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México y fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Morelia, para después ser internados en el penal de “Mil Cumbres”. Los nueve detenidos junto con “El Americano” son: José Alberto Ayala Chávez, Ruperto Anaya Díaz, Gustavo González Sánchez, Adrián Eduardo Zamora Cortés, Jorge Negrete Vargas, René Salvador Esquivel Núñez, Eladio Cisneros Flores y José Pablo Ochoa Gutiérrez. El abogado de los miembros del grupo “H3”, Óscar Salazar Esquivel, aseguró que durante el plazo de pruebas ofrecerá diversos videos de la balacera del 16 de diciembre, en los que se aprecia que “El Americano” y sus seguidores se replegaron durante los hechos y, a pesar de que su cliente iba con mujeres y niños, fue la gente de Hipólito Mora la que disparó indiscriminadamente. El litigante agregó que las otras 15 personas requeridas por mandamiento judicial se irán entregando en grupos de cinco. El silencio de “La Tuta” El líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe” salió de escena. Hace unas semanas, en el último de sus videos difundidos por redes sociales, anunció su retiro. Reiteraba lo mismo que dijo en la primera entrevista concedida a CB Televisión en julio de 2009, cuando asumió el control operativo del entonces llamado cártel de La Familia Michoacana: “No me van a detener con vida”. A más de cinco años de que la Procuraduría General de la República ofreciera una recompensa de 30 millones de pesos a quien informara del paradero o brindara datos que ayuden a la detención de “La Tuta”, el narcotraficante no ha sido localizado y, además de que dejó de aparecer públicamente y en las videograbaciones, las autoridades tampoco hablan de él. Hace más de 12 años, autoridades federales tuvieron las primeras noticias sobre Servando Gómez Martínez, un profesor de primaria que se involucró en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Investigaciones de ZETA ubican la primera demanda de amparo promovida por “La Tuta” el 19 de diciembre de 2002, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Michoacán (635/2002). Por una posible orden de aprehensión en contra de Servando, el juicio de garantías en contra del agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Lázaro Cárdenas, la delegada estatal de la PGR en Michoacán y otras autoridades, causó sobreseimiento el 7 de enero de 2003, al no existir el acto reclamado. Una semana después, Gómez Martínez interpuso una nueva demanda de amparo ante el mismo juzgador y en contra de las mismas autoridades (17/2003). Su familiar y autorizado legal, Viviano Gómez Armenta, reclamaban una orden de captura que no existía y el asunto terminó archivado el 19 de marzo siguiente. El 28 de abril de ese año, en el juicio constitucional 272/2003, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán, “La Tuta” pudo enterarse de que existía la averiguación previa 56/2003-LC en la Agencia del Ministerio Público con residencia en Lázaro Cárdenas, mas no había aún orden de aprehensión en su contra. También se sobreseyó el asunto, el 29 de mayo de 2003. Fue hasta el cuarto amparo promovido por el entonces “humilde maestro rural”, el 23 de junio de 2003, que se conoció de un mandamiento de detención en su contra. El Juez Octavo de Distrito con residencia en la ciudad de Uruapan, reconoció ante el Juez Sexto de Distrito de Michoacán (372/2003) que “La Tuta” era buscado por delitos contra la salud. El 26 de agosto siguiente, el juez de amparo concedió la protección de la justicia federal a Servando Gómez Martínez en contra de la orden de captura por posesión de marihuana, y negó ampararle por la modalidad de cosecha del mismo estupefaciente. El 10 de octubre de esa anualidad, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de revisión, pero el 19 de febrero de 2004, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida. Sus abogados fueron nuevamente Viviano Gómez Armenta y Édgar Julián Cabrera Estrada. En dicho juicio quedó en claro que antes de esa fecha no existían antecedentes penales del quejoso. Siguieron dos juicios de amparo más. Uno ante el Juzgado Octavo de Distrito (385/2003) y otro ante el Sexto de Distrito (539/2004), ambos en Michoacán. “La Tuta” reclamaba órdenes de aprehensión que no existían, por lo que los asuntos se archivaron sin mayor problema. Se desconoce si su abogado Viviano Gómez Armenta, titulado en 2003 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (cédula profesional 3867964), es el mismo sujeto al que Servando Gómez se refiere como “Vivi” en alguno de los videos que circulan a través de las redes sociales, y en los que en ocasiones llamaba a sus subalternos para que le proporcionaran objetos o servicios. El tiempo sigue su marcha y el presunto narcotraficante no es detenido. A la fecha la recompensa anunciada por la PGR desde el 23 de marzo de 2009 sigue en los archivos de internet de la dependencia, cuando se dijo que la “Tuta” era uno de los líderes de La Familia Michoacana, al lado del finado Nazario Moreno González “El Chayo”, J. Jesús “El Chango” Méndez Vargas y Dionisio Loya Plancarte “El Tío”. Investigan a militares en Guerrero En Guerrero y en el país surgió una chispa de esperanza de que se haga justicia en el caso de los homicidios y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitara a la Secretaría de la Defensa Nacional, un informe sobre los hechos de violencia registrados en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre pasados. A diferencia de lo realizado por su antecesor, Raúl Plascencia Villanueva, el nuevo presidente del organismo, Luis Raúl González, expresó que se investigará todo lo relacionado a la violación de los derechos humanos que exista sobre el asunto, por lo cual ya se integra una recomendación al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En pocas palabras, se indaga una posible violación a los derechos humanos por parte de elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. El asesinato del Padre “Goyito” En Guerrero, las noticias sobre violencia e injusticias no terminan. Los crímenes en Acapulco no descansaron ni con las vacaciones, mientras que en Ciudad Altamirano fue privado de su libertad la semana pasada y posteriormente asesinado por asfixia, el sacerdote Gregorio López Gorostieta, dedicado al seminario de la localidad y que en su homilía del domingo anterior a los hechos, pidió justicia por el caso Iguala. El crimen del Padre “Goyito”, como le conocía en el poblado, motivó la salida de clérigos y fieles a las calles para manifestarse en contra de la inseguridad. En lo que va del año es el tercer sacerdote asesinado en Guerrero, pero otros han sido extorsionados, amenazados o asaltados. El Papa Francisco envió una carta al Obispo de Altamirano, Maximino Martínez, en la que expresa su más sentido pésame por el asesinato del sacerdote y ofrece sufragios por su eterno descanso. Las autoridades no han dado luz sobre las investigaciones. El fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, ya se reunió con familiares del párroco que fue sustraído el lunes por la noche del seminario donde daba clases. La única línea de indagación que se tiene por versiones de personal del Seminario y de fieles, es un posible robo, ya que el Padre “Goyito” tenía consigo el dinero de la colecta anual de la institución. Nuevas protestas por Ayotzinapa Los padres de los 42 normalistas desaparecidos en Iguala y organizaciones sociales anunciaron que la noche de fin de año realizarán una marcha hacia la Residencia Oficial de Los Pinos, tal como lo hicieron el miércoles 24 de diciembre para protestar y exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes. Integrantes del Frente Oriente que se encuentran en plantón junto a las instalaciones de la PGR, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, señalaron que a las 7:00 pm del miércoles 31, los manifestantes se reunirán en el plantón y de ahí marcharán hacia Los Pinos. Anunciaron para el primero de enero una huelga de hambre en solidaridad con los normalistas desaparecidos, y el día 3, en la Escuela Normal de Ayotzinapa, organizaciones sociales y normalistas definirán el plan de acción a seguir en 2015, donde están llamando a boicotear las elecciones. En redes sociales ya circula un nuevo video en el que ciudadanos de por lo menos doce países exigen justicia por la desaparición forzada de los estudiantes guerrerenses. Las imágenes muestran el apoyo internacional a las víctimas de la desaparición de los normalistas, por la muerte confirmada de Alexander Mora, y el asesinato de cuatro estudiantes más en Iguala, tras el ataque de policías municipales el 26 de septiembre. Alcalde de Cocula seguirá trabajando Luego de que un juez federal de Tamaulipas negara una orden de aprehensión en su contra por los hechos de la desaparición de los normalistas, el alcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza Santana, anunció que seguirá en sus labores, pues “está limpio” y por ello la PGR no pudo acreditar sus supuestos nexos con la delincuencia organizada y los abominables hechos que han despertado el reclamo social. Centenares de familiares de Peñaloza y habitantes de Cocula acompañaron en procesión al edil para agradecer a la Virgen de Guadalupe por su liberación, tras permanecer una semana completa en calidad de presentado ante el Ministerio Público de la Federación, declarando sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, e incluso, asegura el funcionario, preso dos días en el CEFERESO Número 4, en Nayarit. Cuestionado sobre la actuación de la Policía Municipal de Cocula en los hechos del 26 y 27 de septiembre, César Peñaloza dijo que fue un hecho en el que los mandos actuaron por iniciativa propia, y reconoció que la militarización de la dirección no fue lo más positivo. El presidente municipal agregó que la Policía coculense estuvo dirigida entre 2011 y 2014 por dos ex militares en retiro. Uno de ellos, el Teniente Tomás Biviano, asesinado a balazos por delincuentes en 2012; el otro, el Mayor Salvador Bravo, actualmente preso por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. (Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)