A seis meses de las pesquisas por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia continúan aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR) y se mantiene la parálisis gubernamental y de desarrollo económico del municipio guerrerense. Este fin de semana, el síndico procurador y representante legal del Ayuntamiento de Iguala, Mario Castrejón Mota, fracasó en su intento por combatir la orden de inmovilización que pesa sobre al menos 26 cuentas bancarias y su ejecución por parte del Ministerio Público de la Federación, al sobreseerse el juicio de amparo promovido para tal fin, informaron fuentes judiciales a ZETA. La Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Luz María Ortega Tlapa, indicó en su resolución que el quejoso no señaló como autoridad responsable al Titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), de PGR, autoridad ordenadora, “a pesar de que se le dio vista con su intervención”. Por ello, a pesar de que el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades de la propia CNBV y el representante legal de la institución financiera donde se abrieron las cuentas, señalaron que la orden de inmovilización de recursos económicos provino de la UEIDMS, ésta no fue llamada al juicio de garantías en su carácter de autoridad responsable por omisión de la parte quejosa. De esa manera, el aseguramiento de todos los recursos económicos de la comuna igualteca persiste en detrimento de la realización de obras y proyectos que quedaron truncos a partir de la caída del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, encarcelados por presuntos nexos con el narcotráfico y quienes han sido señalados de ordenar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se desconoce el monto de las cuentas bancarias inmovilizadas, pues ninguna autoridad ha transparentado la información. Desde el 26 de septiembre de 2014, cuando la policía municipal de Iguala disparó en contra de los estudiantes, asesinando a seis personas y entregando a 43 normalistas al grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, las instalaciones del Ayuntamiento han sido incendiadas varias veces.
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