Tras la caída de Mariano Maldonado Mejía “El M1” y de sus principales operadores a finales de 2015 y 2016, el secuestro de migrantes se redujo sustancialmente en Mexicali. Sin embargo, la incidencia se recrudeció a mediados de 2017, cuando la banda resurgió, dirigida por su hermana Sara
Desde que el Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) capturó a Mariano Maldonado Mejía, conocido como “El M1”, y a sus principales operadores, entre ellos su hermano Lucio “El Jabalí”, a finales de 2015 y principios de 2016, la organización criminal apodada como “Los Emes”-que monopolizaba el secuestro de migrantes en Mexicali-, sufrió una fractura que suspendió sus actividades ilícitas por completo. Pero en 2017 pudieron detectarse nuevos casos.
Esto desconcertó al Grupo Coordinación, cuyas áreas de inteligencia ubicaron una nueva célula delictiva, dirigida por Sara Maldonado Mejía -hermana del “M1”-, quien con sus hijos y ex integrantes de “Los Emes”, reestructuró las operaciones del secuestro de migrantes y modernizó su modo de operación, a través de un sistema definido y exprés, disfrazado de inmobiliarias y documentos falsos para limpiar su rastro.
“Existen más células dedicadas al secuestro de migrantes, pero la de los Maldonado es prioritaria por su alto nivel de actividad”, afirmó un investigador integrado al Grupo Coordinación.
En Mexicali, las autoridades detectaron alrededor de siete secuestros de migrantes el año pasado y cuatro en lo que va de 2018. Sin embargo, presumen que un gran porcentaje no son denunciados.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE) y el activista Sergio Tamai, acusan la falta de registros fidedignos debido a las víctimas. Pese a esto, consideran urgente definir políticas públicas entre Estado y Federación para combatir este crimen que deja una ganancia de millones de dólares.
“LOS EMES”
Originarios de Pachuca, Hidalgo, Mariano y su hermano Lucio -quien purgaba una condena de secuestro en Pachuca, pero en 2012 fue liberado por un comando armado que interceptó un vehículo de Policía que lo trasladaba a realizarse exámenes médicos- utilizaron sus redes delictivas en el centro del país y llegaron a Baja California para formar la agrupación que corporaciones identificaron como “Los Emes”, con operatividad en esta frontera y en el Estado de México, Puebla y Ciudad de México.
Respaldados presuntamente por sus hermanos José Artemio “El Trabado” o “El Michoacano”; Gerardo, conocido como “El Shrek”, además de Reyna y Sara, los Maldonado Mejía diseñaron una estructura criminal que operaba desde su entidad de origen.
Foto: Cortesía.- Nuevo organigrama de “Los Emes”
Según datos recabados por el Grupo Coordinación, desde el vecino país del norte contactaban a personas interesadas en cruzar familiares por la frontera de manera ilegal. Al cerrar el trato eran “enganchados” con sus cómplices en entidades del centro del país para trasladarlos a Tijuana y posteriormente a Mexicali, donde sería más fácil cruzarlos ante medidas de seguridad más holgadas.
En la Capital bajacaliforniana, los secuestraban y resguardaban en alguna casa rentada, donde golpeaban a las víctimas y violaban a las mujeres, para luego pedir fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.
La agrupación operó a la sombra de la sociedad hasta abril de 2015, cuando un grupo de migrantes logró someter a sus captores y escapar de una residencia localizada en Los Pinos, lo que generó un enfrentamiento a balazos entre secuestradores y víctimas que culminó en la intervención policíaca donde se detuvo a tres integrantes de la agrupación, de los cuales uno era menor de edad y recobró su libertad en cuestión de días.
José María González, subprocurador de Investigaciones Especiales, estableció que el crimen fue perpetrado por una banda que ya estaba involucrada en por lo menos 17 plagios, algunos con órdenes de aprehensión vigentes.
En octubre de 2015 capturaron a “El Jabalí”, y, en enero de 2016, al “M1”, este último recluido en el penal de Tijuana, acusado de secuestro agravado.
SE REESTRUCTURAN CON FAMILIA Y EX “EMES”
De acuerdo a los avances en investigaciones en proceso, en 2017 detectaron que Sara Maldonado Mejía, había reiniciado los secuestros de migrantes, actividad delictiva que realiza en complicidad con sus hijos Salvador Alcázar Maldonado “El Chava” o “Gordo”, entre otros ubicados por apodos como “Saúl” o “El Borrego”, “El Chamek” y “El Cochi”, comenzando a apalabrar víctimas.
Alcázar, quien no supera los 25 años de edad, se encuentra prófugo de la justicia al ser identificado como uno de los involucrados en una balacera suscitada en la colonia Los Pinos en abril de 2015, donde tres personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, luego que lograran desatarse y someter a sus captores, para después huir.
Las indagatorias y declaraciones refieren como parte de la agrupación a Jazmín Morales Cruz, Aracely Hernández Juárez, Roberto Carlos y Fidel Antonio González Magaña, quienes apoyan a la agrupación delictiva en labores de logística.
SECUESTRADORES SE MODERNIZAN
El seguimiento ministerial de los casos evidencia que dos o tres días bastan para que secuestradores de migrantes obtengan 20 mil dólares de dos víctimas en una sola operación. Tal cantidad fue la que pidieron a familiares de una víctima originaria de Puebla y Oaxaca, quienes accedieron a pagar, pero no alcanzaron a realizar el depósito por la intervención de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Mediante un comunicado de prensa, el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali, David Lozano Blancas, dio a conocer que el 5 de julio se logró la liberación de dos personas cautivas en una vivienda localizada en la colonia 27 de Septiembre, a unas calles de las instalaciones de la II Región Militar, donde existen varias viviendas abandonadas o en renta.
El inmueble de color amarillo marcado con el número 1537 de Avenida Planta Tijuana, fue “reventado” por policías ministeriales que tras labores de investigación pudieron establecer este punto como una casa de seguridad en la que rescataron a dos personas y detuvieron a tres integrantes de una célula delictiva.
En el operativo fueron detenidos Mario Pérez “El Concho”, Sergio Alexis “El Sensual” y Francisco Sánchez “El Gordo”, todos originarios del Estado de México, uno de ellos negociador, los otros dos cuidadores, pero ninguno lideraba la célula.
Vecinos habían reportado actividades extrañas en dicho inmueble, movimiento de muchas personas durante la madrugada, algunos gritos; uno de ellos afirmó que en una ocasión los presuntos criminales llegaron a bordo de una camioneta Ford Expedition con los cuatro neumáticos destrozados.
El activista Sergio Tamai
De acuerdo al informe, el día de la intervención, los tres hombres salían de la casa cuando se vieron rodeados por cuatro unidades de la Policía Ministerial; intentaron regresar a la vivienda, pero fueron capturados. Al interior se encontraban las víctimas, el negociador y un arma AR-15.
En una charla con elementos de Antisecuestros, dijeron trabajar de manera independiente, pero reconocieron haber pertenecido a la organización “Los Emes” y conocer a Sara y a su familia.
Reportes de la PGJE en Mexicali, registran cuatro denuncias en 2018 por secuestro de migrantes, dos están en proceso de integración. Sin embargo, las víctimas ya regresaron a sus estados o países de origen, por lo que será complicado integrar las carpetas.
SECUESTROS DE DOS O TRES DÍAS
Las declaraciones de las víctimas y cómplices detenidos, sirvieron a la PGJE para definir el modus operandi de las nuevas células delictivas. De entrada, ya no golpean ni torturan a los secuestrados, ahora el periodo del secuestro es más corto, de dos o tres días, y en consecuencia solicitan cantidades inferiores de dinero.
Algunos llegan a Mexicali “apalabrados”, otros son “enganchados” en los alrededores de las garitas. Les piden hospedarse en hoteles de la Zona Centro de Mexicali, donde son recogidos y trasladados a una vivienda rentada.
Estas nuevas células delictivas independientes utilizan a empresas inmobiliarias para rentar casas en colonias como Los Pinos, 27 de Septiembre, Villafontana, Jardines del Lago; comunidades tranquilas con viviendas de gran tamaño, con puerta eléctrica y reducida visibilidad desde el exterior.
Dichas empresas aceptan el arrendamiento por uno o dos meses y reciben documentación apócrifa para realizar el registro, el propietario nunca tiene contacto con el inquilino. De hecho, la dueña del inmueble donde se rescató a los migrantes el 5 de julio en la colonia 27 de Septiembre, resultó ser agente del Ministerio Público federal, actualmente adscrita a Ensenada.
“Procuran usar la vivienda la mayor cantidad de veces en un lapso de 30 a 60 días, como máximo, para luego entregarla a la empresa inmobiliaria y posteriormente rentar otra”, comentó un investigador.
UN TEMA INVISIBLE
Por deficiencias en el marco jurídico y la nula intervención de la Procuraduría General de la República, procesar a los secuestradores de migrantes es sumamente complicado, ya que con frecuencia las víctimas se desentienden de los casos por miedo a ser deportados, o bien, logran su objetivo de cruzar a Estados Unidos, donde se vuelven ilocalizables.
El presidente del CCSPE, Juan Manuel Hernández Niebla, así como el activista Sergio Tamai Quintero, coincidieron en que es urgente definir políticas públicas para poder combatir este tema, además de un reforzamiento en el marco legal.
“Es un tema diluido, es terreno de nadie”, y según Hernández, incluso podría considerado un tema más grave que los secuestros naturales, pero como sus orígenes son distintos, sus estrategias de combate también deben serlo, por lo que no deben mezclarse.
Mientras que Tamai, quien dirige el Hotel Migrante, dijo que a sus instalaciones llegan hasta diez personas por semana, que han sido víctimas de secuestro, quienes no se atreven a denunciar porque desean irse lo más pronto posible.
Agregó que desde que el Gobierno Federal emprendió acciones para endurecer el tráfico de personas, proliferaron estas agrupaciones dedicadas al secuestro, por lo que la única solución real para combatirlo es permitir que tanto connacionales como centroamericanos puedan cruzar libremente por México sin ser molestados por autoridades.
