Un reporte de la Universidad de San Diego revela la fallida estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en el combate del crimen organizado al atacar solo a los capos del narcotráfico. Ante el empoderamiento del CJNG, el resurgimiento de Tijuana como la ciudad con más homicidios en el país y un panorama electoral incierto, expertos emiten sus recomendaciones
El gobierno de México parece tener una única estrategia para combatir al crimen organizado: cortar la cabeza de los principales capos y no solo ha resultado fallida, sino que ha dejado un país de muertos.
Así lo plantea el reporte “La Violencia por Drogas en México”, realizado por Justice in Mexico, que explora las raíces y consecuencias que dejó 2017, el año con mayor número de homicidios dolosos cometidos en México y que situó a Tijuana como la ciudad con mayor número de asesinatos en el país.
Justice in Mexico es un programa de investigación alojado en la Universidad de San Diego, enfocado en diseñar estrategias para mejorar la seguridad ciudadana, fortalecer el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos en México.
En esta entrega, Laura Calderón, Octavio Rodríguez Ferreira y David Shirk exponen cómo el empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fragmentación y el debilitamiento del Cártel de Sinaloa desataron la peor ola de homicidios vista en el país.
También analizan las circunstancias de la violencia focalizada en los corredores del trasiego de droga, el panorama frente a las elecciones presidenciales de 2018 y un posible cambio en la cooperación binacional en materia de seguridad pública entre México y Estados Unidos.
En entrevista con ZETA, David Shirk, director de Justice in Mexico y uno de los autores del reporte, explica: “Si quieren detener o enfrentar el crimen organizado, hay que cortar todo el cuerpo del monstruo, no solo la cabeza”.
64 HOMICIDIOS AL DÍA CON EPN
De entrada, los investigadores abordan cómo en los primeros cinco años de administración de Enrique Peña Nieto (2012-2017) se han registrado un promedio de 23 mil 293 homicidios al año, o bien, 64 asesinatos al día, lo cual representa un incremento del 20 por ciento respecto al sexenio de Felipe Calderón.
En específico, 2017 cerró con 27 mil 734 personas asesinadas, 19% más que en 2016, y el Estado que registró el mayor incremento de homicidios fue Baja California, indica el estudio. Al hablar de municipios, ocurrieron más homicidios en Tijuana que en cualquier otra ciudad de México.
Sin embargo, al estudiar no la cifra por sí sola, sino con relación al porcentaje, el estudio rescata que las entidades con mayor incremento son Nayarit, con 554% más homicidios, y Baja California Sur con 192%.
“El empeoramiento de las condiciones de seguridad en los últimos tres años han sido un revés importante para el Presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió reducir la violencia. Además, los bajos niveles de aprobación de Peña Nieto durante sus primeros cinco años como Presidente se deben, en parte, a la percepción del manejo de casos de crimen, violencia y corrupción”, señala el reporte.
La investigación también compara esta violencia con otros países en Latinoamérica, y si bien hay naciones con mayor número de homicidios, México rebasa la suma total de homicidios en Belice, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Jamaica.
Además, la cifra de homicidios en México supera a la de Estados Unidos, país con casi el triple de población. Las comparaciones son muestra de cómo México concentra gran parte de la violencia, ya que uno de cada ocho homicidios en el hemisferio occidental se cometió en este país.
Registros de Justice in Mexico indican además que, en 2017, el 75% de las víctimas de homicidio son hombres, mientras que la edad promedio de las víctimas es de 33 años.
De acuerdo con el estudio, entre un tercio y la mitad de estos homicidios son atribuidos a los cárteles del narcotráfico y a otros grupos del crimen organizado, ya que cuentan con características como ejecuciones, múltiples víctimas y atacantes, el uso de armas de alto calibre, mensajes dejados por los perpetradores, desmembramiento, decapitaciones, fosas clandestinas, entre otras.
Por otra parte, los investigadores apuntan: “Hay una preocupación que, ante los altos niveles delictivos en México, los candidatos se sentirán presionados a tomar una postura respecto a estos temas y puedan ser blancos de violencia” respecto a las elecciones de este año.
TIJUANA VUELVE A SER LA CIUDAD MÁS VIOLENTA
En el año más violento de México, uno de cada 20 homicidios en México ocurrió en Tijuana, así lo concluye el reporte “El Resurgimiento de la Violencia criminal en Tijuana” de los autores Jaime Arredondo Sánchez Lira, Zulia Orozco, Octavio Rodríguez Ferreira y David Shirk.
Este reporte es retomado en la investigación nacional de violencia para explicar cómo Tijuana regresó a ser la ciudad con mayor número de homicidios en el país, lugar que tenía en 2007.
En 2017, registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que en esta ciudad, mil 780 personas fueron asesinadas, esto es, un incremento del 86% tan solo en un año.
Cuando los investigadores prestaron atención a las zonas geográficas donde se registraron más homicidios, localizaron varios clústeres de violencia: Zona Este (que incluye las delegaciones La Presa, La Presa Este y Otay), así como Sánchez Taboada y Centro.
Tan solo el 20% de los homicidios se concentraron en 850 colonias, siendo las principales Camino Verde con 75, Zona Norte con 49 y Zona Centro con 32.
Según los investigadores, las consecuencias sociales de esta violencia “ha afectado a hombres jóvenes y pobres en zonas de clase media y baja, quienes son los principales perpetradores y blancos de estos asesinatos y quienes muchas veces son el producto de lo que los sociólogos y criminólogos llaman ‘desorganización social’, debido a la presencia de violencia familiar, abuso de sustancias, falta de oportunidades educativas, entre otras”.
Por lo que, como parte de sus recomendaciones, sugieren un programa que aborde la marginalización social y económica a través de programas de desarrollo, implementar políticas comunitarias en las áreas más violentas de la ciudad e incluso otras medidas como mejorar el transporte público y la accesibilidad a las colonias, además de la recuperación y creación de espacios públicos.
PERIODISTAS Y ALCALDES, LOS BLANCOS FAVORITOS DEL NARCO
A nivel nacional, los investigadores identificaron dos blancos principales del narcotráfico: los periodistas, con tres veces más probabilidades de ser asesinados que otras ocupaciones en la sociedad en general, y los alcaldes, con 12 veces más probabilidades de ser víctimas de asesinato.
El estudio detalla que de 2005 a 2017, 152 presidentes municipales, ya sea como candidatos, en funciones o incluso ex alcaldes, han sido asesinados en el país. En términos geográficos, los alcaldes acribillados están en el otro extremo que las ejecuciones por crimen organizado.
Mientras que los homicidios se han concentrado en dos principales corredores del narcotráfico: la frontera norte, compuesta por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como en el Pacífico: Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. El mayor número de políticos asesinados se concentra en estados del sur como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
De los 21 homicidios de alcaldes registrados en 2017 (nueve se encontraban en funciones), ocho pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), veinte fueron asesinados de disparos de arma de fuego y uno degollado.
EL EMPODERAMIENTO DEL CJNG
El estudio también retoma el empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las premisas para explicar el resurgimiento de la violencia en México. Los investigadores ya habían advertido de ello desde 2016 y 2017, cuando se hizo más evidente el fortalecimiento de esta organización liderada por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.
El CJNG “ha tomado ventaja de los vacíos de poder que resultan de la ruptura de estructuras de líderes del crimen organizado”, específicamente de los golpes a La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y al Cártel de Sinaloa, los cuales han creado oportunidades para que el CJNG se expanda y crezca.
Estos planteamientos se retoman de la publicación “La Nueva Generación: La Amenaza del Crimen Organizado Emergente en México”, reporte firmado por Lucy de la Rosa y David Shirk, el cual advierte que el CJNG ha alcanzado un nivel de poderío igual o superior al del Cártel de Sinaloa.
Con presencia en 21 estados del país, incluyendo Ciudad de México, el CJNG se ha sabido afianzar con la captura y reaprehensión del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, una consecuencia directa de la estrategia de detener a capos, “lo que ha contribuido a la fragmentación, transformación y diversificación de los grupos del crimen organizado en México y la entrada a áreas como el tráfico de heroína, metanfetaminas y otras drogas sintéticas”.
De igual manera, los investigadores ponderan estrategias de Jalisco, como las alianzas que forman con grupos locales. Uno de los ejemplos fue su acercamiento con el Cártel Arellano Félix en Tijuana para utilizar este punto de trasiego y combatir a las células de Sinaloa.
CORTAR LA CABEZA DE UN CÁRTEL, CONTRAPRODUCENTE
El estudio insiste en que la estrategia de capturar solo a los capos del narcotráfico resulta contraproducente, no solo porque no desmantela la organización atacada, sino porque permite la proliferación de células que logran separarse del cártel y convertirse en rivales.
Por ello, en lugar de continuar con esta estrategia, los expertos recomiendan reforzar la capacidad de las corporaciones de seguridad pública y justicia para realizar investigaciones a largo plazo y de visión amplia, que permitan procesos penales más efectivos, incluyendo la imputación de políticos corruptos y empresarios ligados al lavado de dinero.
Al mismo tiempo, que el gobierno contribuya con mayores oportunidades educativos y laborales para quienes se encuentran al fondo del espectro económico, lo que muchas veces los lleva a involucrarse en actividades criminales violentas, especialmente en los hombres.
Aunado a esto, los investigadores insisten en que el gobierno desarrolle un mejor monitoreo de la violencia relacionada con el crimen organizado, mejore los procesos judiciales, trabaje en medidas especiales para abordar la violencia política y en revigorizar los esfuerzos anti corrupción, además de abordar el problema de las drogas como un asunto de salud pública, entre otras recomendaciones.
“Hay evidencia de que la crisis de violencia que ha atravesado México ha tenido un costo en el crecimiento, las inversiones, en reducir la viabilidad del mercado y compromete la seguridad e integridad de funcionarios, amenaza el periodismo y la libertad de expresión, mientras reduce la confianza en las instituciones, lo cual resulta y socava la gobernanza democrática en México”, concluye el estudio.
“La estrategia de golpear a los capos tiene efectos muy negativos, no contemplados. Necesitamos detener no solo al capo de una organización, sino tener toda la evidencia e investigación y toda la capacidad necesaria para buscar varios elementos en todos los niveles de la organización, si no, se va el capo y sube el nuevo; o peor, se fragmenta y luchan entre ellos”, advierte en entrevista David Shirk, director de Justice in Mexico.
El experto en seguridad pública apunta que ante el panorama de la elección del 1 de julio, en el que se elegirán más de 3 mil cargos públicos, “si vemos cambios a nivel federal, estatal y local, esos cambios definitivamente van a quebrar algunos lazos y acuerdos establecidos con delincuencia organizada y puede desprender más problemas de violencia”.
Por último, opina respecto a la relación entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado: “Me preocupa que en los próximos años, si siguen las cosas como en el último año, vamos a ver menos coordinación y más dificultad para los dos países que necesitan trabajar juntos”.
