Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce. En promedio, los candidatos a las gubernaturas gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.
Esto encontró el estudio ‘Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México’, elaborado en conjunto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) e Integralia Consultores, que aborda, según sus autores, “el principal problema de la democracia electoral mexicana”:
“El exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros, como acceso a contratos de obra pública, permisos especiales, compra de impunidad y acceso a regulación favorable para hacer negocios”.
El estudio asegura demostrar que “el generoso sistema de financiamiento público de partidos y campañas que nació en 1996 ha fracasado en combatir la influencia del dinero ilegal en la vida democrática y que se requiere recomponer el sistema de pies a cabeza”, con una reforma electoral “base cero”.
En ‘Dinero Bajo la Mesa’ también se encontró que: los principales fuentes de financiamiento ilegal en las diversas campañas a gobernador son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
Además de que las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros.
Asimismo, el dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación. Además de que el principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.
‘Dinero bajo la mesa’ es un estudio coordinado por María Amparo Casar Pérez, presidenta de MCCI, y por Luis Carlos Ugalde Ramírez, director General de Integralia Consultores, con el apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
Para realizarlo se llevó a cabo una investigación documental y hemerográfica en la que se entrevistaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
