Al señalar lo que Francisco Vega de Lamadrid no está haciendo y debería concretar, activistas y académicos hablaron de la necesidad que existe de que “tome conciencia”, asuma los problemas de seguridad, sea articulador, combata la corrupción, controle el gasto y focalice la inversión en grupos de riesgo. “El problema de capacidad -no es el dinero-, son gobiernos profundamente incompetentes y corruptos”, expuso Ernesto López Portillo
“Si yo fuera Gobernador de Baja (California), hay tantos temas generales que creo que no me equivocaría al decirle: Gobernador, yo le recomendaría que pensara antes de actuar, yo le recomendaría que se entere antes de hacer; pregúnteles a los que ya hicieron, pregúnteles en qué se equivocaron, pregúntele a la gente”, manifestó en su plática Jorge Tello Peón, ex director del Centro Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en el foro “La Seguridad que a México le urge”, realizado el 13 de abril en Tijuana.
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En el encuentro, quince personalidades, entre académicos, activistas funcionarios y exfuncionarios, respondieron -en ausencia del titular del Poder Ejecutivo, Francisco Vega, y sin mencionar su nombre-, la pregunta: “Si fueras Gobernador, ¿qué harías para resolver la actual crisis de inseguridad y violencia en Baja California?”.
Las propuestas hechas para el gobernador-empresario se incluirán en una memoria que será entregada a Vega por los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
“Buena parte de los recursos invertidos de manera general en programas sociales, se desperdicia en términos de seguridad”, aseveró Alejandro Hope, analista en temas de seguridad.
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“El propósito es rehabilitar a las víctimas potenciales, ver quiénes son los siguientes muertos, ésos que están distribuyendo, consumiendo, y trabajar con ellos”, explicó Elías Rafful, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y creador del Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN), así como del Programa Nacional de Prevención del Delito de la presente administración federal.
FOCALIZAR RECURSOS
Elías Rafful, ex titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, habló de la necesidad de perfilar el problema e identificar las causas para combatirlas, lo que no está haciendo el gobierno bajacaliforniano.
“En Baja California hay 46 mil desocupados y la taza aumentó el 0.5 % el año pasado. 73% de los nacimientos ocurren en madres menores de 19 años, porcentaje que el promedio nacional, también por encima del promedio el 20 % de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Más de 100 mil repatriados al año. El 45 % de los que viven en el estado nacieron fuera.
Alejandro Hope
“En el consumo de drogas, los jóvenes, nuevamente Baja California (está) por encima de las medias nacionales: Las drogas ilegales: 6.6 %, encima del 4.8 % nacional; la marihuana: 5.7 por encima del 3.8 % nacional; y anfetaminas: 2.7 %, muy por encima del 0.06 % del promedio nacional”.
Al centro del problema, los homicidios dolosos que se duplicaron de 2016 al 2017, año en el que hubo 2 mil 100 asesinatos de los cuáles mil 760 se cometieron en Tijuana. “¿Se pueden prevenir los homicidios dolosos? Sí se puede”, aseguró Rafful.
Recordó las causas de más del 80 % los homicidios: la distribución y consumo de drogas ilegales, el narcomenudeo y ajustes de cuentas. Y volvió a los datos: la principal droga consumida es el cristal, y víctimas y victimarios son en su mayoría hombres jóvenes entre 12 y 30 años.
Aseveró que con ello queda claro que el combate frontal y todos esos programas de intervenciones culturales, deportivas, patrullas juveniles, recuperación de espacios, etcétera, no tienen que ver con el combate y prevención del homicidio doloso. Rafull relató sus entrevistas con tres adolescentes bajo la “supervisión” de DIF en Tijuana: el hijo de una prostituta, otro de una adicta y un interno del CERESO de “El Hongo”, y otro que intentó quemar su casa viarias veces, con un hermano adicto y vendedor de cocaína.
“Éstos son los chavos del problema, si queremos reducir el homicidio doloso y sabemos cuál es la población afectada, los lugares donde éstos suceden, en los mismos lugares donde se distribuye la droga. El propósito es rehabilitar a las víctimas potenciales, ver quiénes son los siguientes muertos, ésos que están distribuyendo, consumiendo, y trabajar con ellos”.
Habló de la necesidad de establecer programas que propongan proyectos de vida para estos muchachos y darles un seguimiento permanente y personalizado, para evitar que se conviertan en homicidas.
Y para evidenciar lo lejos que está Baja California de esta solución informó que actualmente el DIF Tijuana debe dar seguimiento a mil 500 jóvenes, y para esta tarea el gobierno sólo tiene asignada a una psicóloga.
Esta postura fue respaldada por Eunice Rendón, investigadora en temas de migración y prevención de la violencia y del delito: “Establecer un solo plan -conjuntar los esfuerzos que actualmente están dispersos-, con diferentes ejes… establecer factores de protección, de prevención para estos jóvenes que acumulan todos estos factores de riesgo”.
Al respecto, Juan Salgado, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), enfatizó la importancia de la intervención temprana -menores en riesgo-, y de la proximidad con la sociedad en el diseño conjunto de políticas públicas: “La comunidad tiene que validar lo que nosotros estamos planteando, nuestras hipótesis no tienen que ser reales. El tejido social depende de poder hablar entre nosotros, construir un entendimiento conjunto”. Y subrayó que los gobiernos deben empezar por la justicia cívica, que consiste en que los gobernados sean escuchados.
PROGRAMAS SOCIALES ACTUALES NO COMBATEN DELINCUENCIA
“Una fracción mayúscula de los delitos es cometida por una fracción minúscula de la población. La inmensa mayoría de los jóvenes, de los niños, de los marginados, no cometen delitos; eso implica que buena parte de los recursos invertidos de manera general en programas sociales se desperdicia en términos de seguridad”, aseveró Alejandro Hope Pinzón, Licenciado en Ciencias Políticas, y también funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Jorge Tello León
Tienen efectos positivos contra la pobreza, mejoran condiciones de salud, u otros problemas sociales, pero no combaten la delincuencia propiamente, explicó.
“La mayoría de los beneficiarios de programas sociales no cometería delitos, sin importar si reciben o no algún tipo de apoyo. Por eso lo que se requiere es direccionar los recursos a la población con mayor propensión”, argumentó.
Puso un ejemplo, en el caso de Tijuana: “Los dependientes a la heroína son muy pocos, pero tienden a cometer muchos delitos”; con ellos hay que trabajar para tener impacto en la seguridad y no malgastar, propuso.
CONTROLAR LA CALIDAD DEL GASTO
“El hilo negro que hemos olvidado en materia de seguridad es que si tenemos un crimen organizado extremadamente violento es porque tenemos un estado muy débil, no hay de otra. Es porque tenemos un estado que no hace su tarea, no hemos construido estado en materia de seguridad. Y lo que hay que hacer para debilitar el crimen es fortalecer al estado”, afirmó Guillermo Valdés licenciado en ciencias sociales, especialistas en análisis estratégico y político, es funcionario federal y exdirector del CISEN.
Habló de la necesidad de invertir en el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con la seguridad, policías, ministerios públicos, centros penitenciarios, porque la inversión en estos rubros se estancó desde el año 2012.
Esta versión fue atajada por Ernesto López Portillo Vargas, Director Ejecutivo y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde): “Ni un centavo más, yo no puedo usar un dinero del que no puedo controlar la calidad de los resultados. El problema de capacidad –no es el dinero-, son gobiernos profundamente incompetentes y corruptos”.
De los gobernadores especificó que si al final del día el resumen indica que los resultados no son los que se requieren: “… y tú te vas a la cama creyendo que haces las cosas bien, algo está muy mal”.
Sus propuestas fueron dos: que el gobierno analice con la sociedad cómo generar sistemas de presión para la rendición de cuentas, y la creación de un “Centro Estatal de Certificación Evaluación del Servicio de Seguridad”, que haga imposible que se pueda contratar a una persona, o pueda permanecer una persona, sin que haya sido certificado, por una entidad que no sea dependiente del gobernador”.
LO QUE SE TIENE QUE HACER YA SE HIZO EN 2008, FALTA VOLUNTAD
“Concuerdo en que parece un dejà vu lo que estamos viviendo en Tijuana, algo que ya habíamos superado y que deberíamos haber aprendido de estas malas experiencias, hoy se repite el nada honroso segundo lugar en homicidios, es de verdad muy lamentable”, reflexionó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.
“En este país todo pasa por la voluntad política. Cuando tenemos un gobernante que realmente quiere hacer las cosas, las hace; eso es lo que nos está faltando mucho”.
Su planteamiento fue que ya que el gobierno tiene los datos duros, los horarios en que se cometen los delitos, las zonas, la identidad de los delincuentes, dónde viven, “porque sabemos que los tienen”, deben aplicar esa información para detenerlos. “El colmo es que -con tanta información-, no vamos a interrumpir esos procesos. No podemos entender que el narcotráfico controle este país si no es con la complicidad política y funcional”.
Elias Rafful Vadillo
Ramón Pequeño, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal -removido tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015-, también habló de la necesaria intervención en los territorios conflictivos específicos.
Lo que se tiene que hacer ya se hizo en Tijuana en 2008 y se hizo bien, recordó: “Uno: se despliega policía y en paralelo se despliega inteligencia para identificar células más violentas; dos: se detienen a los líderes, se aseguran dichas células y las redes policiales, pero se desarticulan todos los frentes para no fortalecer a un grupo; y tres: superada la crisis, se debe iniciar a fortalecer las redes sociales. Lo primero que se requiere es la voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de gobernar”.
ARTICULAR ESFUERZOS Y ASUMIR PROBLEMAS DE INSEGURIDAD
“Gobernador: entérese y que le caiga el 20… Yo estoy convencido que los problemas de hoy, empezando por la corrupción, yo estoy convencido que la mayoría de los corruptos no asumen que lo son, creen que no son, creen que así es, y estoy convencido que en el tema de seguridad los gobernadores dicen: estoy haciendo lo que puedo, lo demás no me toca; y además no se puede, a lo mejor sí se puede pero tengo que actuar ilegalmente. Pero yo digo que lo legal y lo efectivo pueden ser posibles simultáneamente.
“Al hablar del gobierno local, hay que recordar y entender que la seguridad se construye de abajo hacia arriba y se dirige de arriba para abajo. La base es el ciudadano, la autoridad relacionada con el ciudadano es el presidente municipal, pero el gobernador es el articulador, es el que puede hacer sumar a los municipios y el que tiene la relación y la capacidad de vincular con el gobierno federal”, expuso Jorge Tello Peón, director de la consultora Madison Inteligencia México, ex director del CISEN y ex consejero de seguridad nacional.
De la propuesta, detalló: “Hagan un plan maestro, aseguren tener equilibrios entre lo urgente y lo trascendente, puede ser algo que rebase el horizonte de planeación de un sexenio. Equilibren la confianza con la experiencia, no puede ser solo gobiernos de cuates…el modelo estatal de seguridad que incluya la oferta política pero que asuman los problemas de los que aquí hemos hablado; y en los gabinetes de seguridad hay que incluir siempre al tesorero, porque cartas a Santa Claus no sirven de nada”.
Finalmente, respecto a la voluntad política de los gobernadores para resolver la inseguridad enfatizó que es más un problema de conciencia y “…me parece que sí tenemos que revisar cuál es la conciencia de los gobernadores para hacerlo”, concluyó Jorge Tello Peón.
