Para organizaciones civiles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la normalización e invisibilización de la prostitución en la ciudad y la falta de voluntad política, han generado que Tijuana se haya convertido en un eterno foco rojo para la trata de las personas, aun cuando se cuenta con todas las herramientas legales para contrarrestarla. Un estudio realizado en 2016 por la Universidad de San Diego y la Universidad Xochicalco arrojó que el 83 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución en la Zona Norte son víctimas de trata. Autoridades solo señalan que es un tema muy complejo y difícil, en el que se trabaja cada día para rescatar a las víctimas
“Karla”, como se hace llamar en un bar de la Zona Norte, tenía 17 años recién cumplidos cuando llegó a Tijuana, traída por un vecino 10 años mayor que ella, quien la convenció de salir de su natal Pachuca, Hidalgo, con la promesa de que aquí ganaría mucho dinero nada más por presentarse como edecán y modelo en eventos con empresarios “que tenían mucho dinero”.
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Sin embargo, la sonrisa y el entusiasmo que le habían generado esta promesa se diluyó rotundamente cuando se dio cuenta que ese dinero prometido no lo ganaría de tal manera, sino prostituyendo su cuerpo -contra su voluntad- al mejor postor, bajo amenazas que le hiciera su vecino de matarla a ella y a toda su familia si se negaba a realizar lo que le pidieran hacer.
Golpizas, abusos sexuales de hasta 15 hombres diariamente, días sin dormir, sin comer, y otros tantos trabajando drogada o muy ebria, fue parte de lo que le tocó soportar durante casi seis años, hasta que un día su “padrote” no volvió a aparecer en la casa donde la mantenía cautiva. Al no tener mayor información de su paradero, Karla decidió escapar.
Con tres hijos bajo su responsabilidad -de cinco, tres y un año y medio de edad-, no supo qué hacer. Tuvo vergüenza de regresar a su pueblo y no vio otra opción más que quedarse y trabajar en un bar donde dice sentirse “arropada” y sin obligación de prostituirse, porque solamente funge ahora como “compañía” de los clientes que van al bar “solamente a beber y tener alguien con quien embriagarse”,
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Un estudio realizado en 2016 por la Universidad de San Diego y la Universidad Xochicalco, compartido por la Comisión Unidos contra la Trata, arrojó que el 83 por ciento de las mujeres que trabajan en la prostitución en Tijuana son víctimas de trata, debido a que fueron iniciadas antes de los 18 años y en los protocolos internacionales en esta materia se establece que toda persona que haya sido explotada siendo menor de edad es una víctima, aun cuando hayan pasado varios años.
De acuerdo con información obtenida a través de Transparencia y en la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), la Unidad Estatal de Trata de Personas ha registrado en Baja California, 272 casos de víctimas desde 2011 a la fecha -165 en Tijuana-, de los cuales 131 han sido menores de edad, es decir, casi el 50 por ciento; casos de los cuales se han realizado 184 averiguaciones previas y se consignó a 118 personas.
La mayoría de las víctimas son originarias de Tijuana, otro porcentaje de Mexicali y el resto de estados como Michoacán, Veracruz, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Coahuila y San Luis Potosí; incluso en la información se muestra que tres de las víctimas son originarias de otros países: una de Honduras, otra de Nicaragua y una más de Estados Unidos.
LA TRATA, UN NEGOCIO DELICTIVO COMO EL NARCOTRÁFICO
Rita María Mellado Hernández, directora ejecutiva de la Comisión Unidos contra la Trata y vicedirectora de la Coalición por la Abolición de la Prostitución Internacional, refirió en entrevista con ZETA que para entender este tema es necesario tener claro que es un negocio delictivo igual que el tráfico de drogas, de armas y cualquier otra situación que genera una ganancia; se estima que al año se generan cerca de 150 millones de dólares en el mundo por la trata de personas.
Después, dice, se debe entender y asumir que Tijuana siempre ha sido un foco “muy rojo” en este tema, como también lo manifestó en entrevista Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), debido a que hay muy poca visibilidad de los vínculos tan cercanos entre la prostitución y la trata, sobre todo porque en esta ciudad existe una zona de tolerancia como la Zona Norte, una de las más grandes de toda Latinoamérica.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón
Esto conlleva a una normalización de la prostitución, en la que la comunidad asume que “ahí no pasa nada”, aunque también se suele pensar que existe porque “las mujeres ahí quieren estar, es la manera en que le dan de comer a sus familias, es su decisión o incluso hay quienes piensan que es su derecho si quieren prostituirse, argumentos que solamente sirven para justificar la tolerancia que tenemos como sociedad”, refirió Olvera.
CONDICIÓN FRONTERIZA, UNO DE LOS PROBLEMAS
El hecho que Estados Unidos mantenga un modelo prohibicionista en cuestión de la prostitución, genera que Tijuana sea un eterno atractivo para que los residentes del país vecino, quienes buscan este tipo de “servicios” los encuentren de este lado de la frontera, debido a que en México la prostitución está tolerada, no está reglamentada, y no está prohibida.
“Karla” confirma esta situación, en su testimonio compartió que en un principio los “clientes” que tenía que atender con mayor frecuencia eran “del otro lado”, aunque en varias ocasiones también le tocó atender a personas que hablaban otros idiomas. “Eran servicios especiales, en hoteles de lujo o condominios bien arreglados”, dijo.
Hace apenas dos años se vivió en la ciudad la controversial situación de la “Tijuana Coqueta”, proyecto que Mellado Hernández consideró se estaba impulsando desde el mismo gobierno para lanzar la Zona Norte como una zona de desarrollo económico, lo cual se pretendía utilizar claramente como un negocio, y el problema era que precisamente así se aplica la trata de personas.
HACE FALTA CAPACITACIÓN Y VOLUNTAD POLÍTICA
Desde la trinchera del activismo están convencidos que para combatir la trata en Tijuana, y en general en Baja California, se requiere de mucha voluntad política, porque las herramientas legales ya se tienen, ya que el país cuenta con una Ley “fuerte y firme”, además, el Estado tiene su Ley General de Trata armonizada y el Código Penal ha sido también armonizado, por ende coinciden con la propia CEDHBC de que en Baja California “no hay excusa” para erradicarla.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Héctor Alejandro Orozco Alvarado, titular de la Unidad Estatal de Trata de Personas de la PGJE,
Aunado a ello, consideran que se necesita una mayor capacitación a los elementos de la Policía Municipal para que sepan detectar casos de posibles víctimas, lo cual respaldó Héctor Alejandro Orozco Alvarado, titular de la Unidad Estatal de Trata de Personas de la PGJE, sobre todo los que están asignados a la Zona Norte porque no saben identificar a una víctima de trata, por lo tanto, hay que enseñarles cómo.
En este campo radica también la importancia de la participación de la CEDHBC, donde cuentan con un área que realiza trabajo continuo para la erradicación y prevención de la trata, a partir de acciones de educación, capacitación y conciencia que se hace en la sociedad y los servidores públicos, aunado al acompañamiento que hacen a las víctimas para respaldar sus denuncias.
La otra cuestión que consideran necesaria para la erradicación, es la aplicación de la Ley, además de modificarla porque el Código Municipal en cuestiones de prostitución no se ha modificado desde los años setenta y se requiere analizar qué está bien y qué está mal en ese sentido; para ello la asociación está impulsando un modelo nórdico legal que implica el no criminalizar a la mujer, pero sí al tratante y a toda la red de explotación en torno a la mujer y los niños.
TIJUANA, LUGAR DE DESTINO, TRÁNSITO Y ORIGEN PARA LA TRATA
El titular de la Unidad Estatal de Trata confirmó que efectivamente se trata de un tema “muy complejo” porque muchas de las víctimas no saben que están siendo explotadas, y eso complica el delito.
Aunque existen diversos tipos de explotación, como el laboral, el sexual es el que más se presenta en Baja California hasta en un 90%. Por lo tanto, esto convierte al Estado, y particularmente a Tijuana, en un lugar de destino, porque se traen las víctimas para ser explotadas por el polo que representa en todos sentidos para Estados Unidos: lugar de tránsito -por aquí pasan víctimas hacia el país vecino-, y lugar de origen, al tener a víctimas originarias de la región.
Sobre la consideración que se tiene de Tijuana como un “foco rojo” para la trata, el funcionario de la PGJE refirió que su sustento y soporte son el número de víctimas que han denunciado, y como se puede apreciar en la estadística, cada año han ido disminuyendo (21 en 2017, 23 en 2016 y 29 en 2015), por lo tanto, les es muy difícil decir si es o no un foco rojo, porque se basan específicamente en lo que logran obtener con base al trabajo que se realiza.
Héctor Alejandro Orozco destacó que muchas veces la gente confunde la prostitución con la trata de personas, y piensan que las muchachas que están en la Zona Norte son víctimas de explotación solamente por estar ahí, pero no es así, aunque evidentemente en ese punto han localizado más víctimas.
“Lo que sí es una realidad, es que el hecho que la prostitución no está prohibida, complica de cierta manera el poder identificar a las víctimas”, aunque compartió, se busca la fórmula para poder llegar a las víctimas, y una de las acciones es mediante Control Sanitario, donde les ofrecen pláticas con la idea de que puedan reconocerse como víctimas o identificar a alguna de sus compañeras y se generen mayores denuncias.
Por la complejidad del tema, el titular de la Unidad refirió que se trabaja mucho con denuncias anónimas, con convenios con asociaciones civiles y comunidades religiosas para dar pláticas sobre prevención, además de rescatar a quienes ya están siendo explotadas y que son originarias de otros estados.
Otra situación que complica la estadística, es que es muy difícil tener pruebas de trata, pues la actividad se hace de forma clandestina donde no se deja rastro, a menos que existan testigos muy concretos que confirmen las versiones, y estas se ratifiquen pericialmente.
Otro obstáculo es que no se cuenta con jueces especialistas en trata de personas en la entidad, por ello la labor es mucho mayor, al tener que explicar y capacitar a detalle a gran cantidad de personas.
