Ya no hay sobrepoblación generalizada en las cárceles. Existen 212 mil 99 espacios contra 206 mil 273 internos en el Sistema Penitenciario Nacional. Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en un año y medio la población carcelaria descendió en más de 30 mil presos. Baja California tiene ahora poco más de 11 mil reos y Baja California Sur rebasa apenas los mil 300, pero siguen los motines e intentos de fuga
De junio de 2016, fecha en que se implementó en su totalidad el Sistema Penal Acusatorio Adversarial en el país, al último de noviembre de 2017, la población penitenciaria en el país se redujo en 30 mil 613 internos. Sin embargo, las incidencias negativas como motines, riñas, homicidios y fugas, parecen no tener fin en las cárceles mexicanas.
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En las prisiones de las Baja Californias también hubo un decremento en el número de personas privadas de libertad, pero los problemas prevalecen. En los penales fronterizos con Estados Unidos no hay fugas ni motines, pero sí se reportan huelgas de hambre y quejas de malos tratos y tortura. Mientras que en los de la Baja Sur, hay riñas, negocios sucios y asesinato de funcionarios.
Foto: Cortesía.- Penitenciaría EL Hongo
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El año recién concluido dejó una percepción de gran inseguridad para el ciudadano común en los temas de seguridad y justicia, pues además de que el nuevo sistema impide que muchos delincuentes lleguen a prisión, otros tantos recuperan su libertad para estar en igualdad de circunstancias y enfrentar sus procesos desde afuera. Además de ello, en los penales se tiene la certeza de que los esquemas de reinserción social no funcionan como se esperaba.
Precedido de una fiesta de despedida, el 17 de marzo de 2017, se fugó del penal de Aguaruto, en Culiacán, Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, hijo del narcotraficante del mismo nombre apodado “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Presuntamente orquestó una riña simulada entre reclusos y aprovechó para escapar por la puerta principal con el contubernio de las autoridades carcelarias. Se dijo que se investigaba al jefe de seguridad y un custodio, quienes tenían el control de los accesos al centro, pero nada ha sucedido hasta hoy.
A partir de ese hecho, una seguidilla de sucesos infortunados dejó su huella durante el año en el vetusto sistema penitenciario nacional. Cuatro días después, por la noche se gestó una fuga masiva a través de un túnel en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Un total de 29 internos escaparon. Ahí, la supuesta pesquisa abarcó a 38 elementos operativos, el jefe de vigilancia y al director del establecimiento. El pasadizo fue elaborado en una zona en que los reos edificaron construcciones irregulares desde años atrás con la complacencia de directivos.
En Quintana Roo, 22 presos resultaron heridos tras un motín al interior del penal de Playa del Carmen el 27 de abril siguiente. La versión infalible para estos casos salió del vocero oficial: dos grupos antagonistas se enfrentaron por el control de la cárcel. Uno, el bando de Ángel Peniche Tello “El Pilo”, contra el otro, encabezado por Oswaldo Trejo. La reyerta fue en el campo de futbol. Nueve de los lesionados presentaban heridas de arma de fuego. Personal de seguridad recuperó dos pistolas dentro del penal.
Foto: Tomada de Internet- José Moreno Monzón, “El Negro”, hijo de Juan José Esparragoza moreno “El Azul”
La violencia regresó al penal estatal de Ciudad Victoria el 6 de junio y continuó al día siguiente. Siete muertos, entre ellos dos policías, y varios heridos, fue el saldo del enfrentamiento entre reclusos; 150 prisioneros hubieron de ser trasladados a otras cárceles fronterizas. En tanto, el 20 junio, un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, dejó varios reos lesionados a golpes y uno por quemaduras.
La tragedia llegó al Cereso de Las Cruces, en Acapulco, el 6 de julio, cuando una riña en la que participaron grupos que disputan el control de la venta de droga al interior, ocasionó la muerte de 28 internos y lesiones a otros tres. La supuesta disputa, que otros califican de matanza por haberse cargado a uno solo de los bandos, inició a las cuatro de la madrugada. Los cadáveres fueron recuperados dentro de la cocina y en los alrededores del bloque uno, en el patio del módulo tres y en el área de visita íntima.
El 10 de octubre volvió la inseguridad a las cárceles de Nuevo León, como en 2016 con terribles episodios en las cárceles de Topo Chico y Apodaca. Ahora fue en el penal de Cadereyta, donde un motín dejó un saldo de 18 reos sin vida y al menos 30 más con lesiones de regulares a graves. Veinte días después, en el Cereso de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, ocurrió otro sainete que causó varios heridos al desactivarse el coto de poder que ostentaba el preso apodado “El Tatos”.
MENOS REOS
Septiembre de 2014 fue la fecha en que el colapso del Sistema Penitenciario Nacional llegó a sus peores cifras en cuanto a personas privadas de libertad. En ese entonces, con 386 establecimientos carcelarios se albergó a 258 mil 563 internos. La capacidad instalada era para tan solo 201 mil 70 presos. Era aterrador e inhumano el hacinamiento. Sobraban 57 mil 493 seres humanos que cohabitaban peor que animales en aquellos reducidos espacios de las celdas. En 220 penales había sobrepoblación.
En algunos estados se empezó a implementar paulatinamente la reforma penal de 2008 a la Constitución y, para junio de 2016, ya se había conseguido una importante reducción en el número de presos del sistema. Ese mes terminó con 236 mil 886 reclusos en 379 penales del país, incluidos municipales, estatales y los federales. La capacidad había aumentado para resguardar a 209 mil 232, por lo que la sobrepoblación aún era de 27 mil 654 personas sin cama propia.
Ese mes significó el parteaguas, al ser obligatoria la entrada en vigor del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial en su totalidad en México. A partir de entonces, ha habido otra notable baja de ingresos y un alta en los egresos de los 360 centros penitenciarios que a finales de 2017 había en el país. A noviembre último, la población carcelaria reportada es de 206 mil 273 internos, aumentando la capacidad instalada a 212 mil 99 espacios. Es decir, ahora hay 5 mil 826 presos menos y se abatió la sobrepoblación global.
El presunto abatimiento de la sobrepoblación penitenciaria es engañoso si nos vamos con los indicadores globales; sin embargo, aún existe este fenómeno en por lo menos 14 estados y en 117 de los 360 penales de la República Mexicana. En 28 de estas cárceles hay solo internos procesados o sentenciados en el fuero común; mientras que en 89 establecimientos existen reos con delitos combinados de los fueros común y federal.
Las entidades federativas que aún registran sobrepoblación, unos más, otros menos, son: Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tabasco. Destaca el Estado de México, que incrementó su número de espacios, pero no baja ostensiblemente su número de reclusos, rebasando por mucho a otros estados en su porcentaje de reos excedentes. La Ciudad de México tuvo un impresionante descenso y quedó en solo 17 por ciento de sobrepoblación, mientras que Nuevo León estuvo a 24 reos de quedar en cero.
BAJA CALIFORNIA
Los penales de Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali, de los mejores calificados en el país por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales, también tuvieron más egresos y menos ingresos, pero los problemas no dejan de presentarse por el tipo de instituciones de que se trata.
Aunque en algunos lugares de Baja California ya se actuaba bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, antes y después de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la población carcelaria iba en descenso, fue a partir de junio de 2016 que la disminución de personas privadas de libertad fue más notoria.
En los últimos 17 meses se redujo el número de presos en 3 mil 529 internos, pues a mediados del año próximo pasado se contaba con 15 mil 006 internos en las cinco prisiones estatales contra los 11 mil 477 reportados al último de noviembre al Sistema Penitenciario Nacional, que rinde cuentas al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
A pesar de que se anunció que el Centro de Reinserción Social “El Hongo III” funciona como una prisión de máxima seguridad desde la noche del miércoles 24 de mayo y fueron ingresados 705 reclusos considerados de alta peligrosidad criminológica, dicho penal no aparece registrado ante el OADPRS ni en sus cuadernos estadísticos. Al parecer es considerado solo un anexo del penal “El Hongo” en Tecate. Lo mejor es que después de mucho tiempo fue puesto en operación y dejó de ser un “elefante blanco”.
Aunque recientemente, el 3 de diciembre, la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, que encabeza David Limón Grijalva, anunció que 300 reos considerados de máxima seguridad fueron trasladados del Cereso de Tijuana al Complejo Carcelario del “Hongo”, el dato todavía no se refleja en los indicadores que son hasta el mes de noviembre; sin embargo el penal tijuanense se ha visto muy favorecido por las políticas públicas en el último año y medio.
En octubre de 2014, el “Jorge A. Duarte” era uno de los centros de reinserción social más sobrepoblados del país con 6 mil 851 presos, cuando su capacidad era para 2 mil 556. Tenía 168.04% más reos y era de los peor calificados en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, que año tras año, emite la CNDH. En el último recuento aún mantenía sobrepoblación. Precisamente esos 300 que ahora se anuncia fueron remitidos a Tecate.
Las condiciones de las cárceles bajacalifornianas todavía enfrentan grandes desafíos como mejorar la calidad y cantidad de alimentos de que tanto se quejan reos y custodios, y en el mes de mayo de 2017 motivó una huelga de hambre y la constante reclamación, hasta la fecha. De igual forma, la atención médica considerada tan deficiente como la entrega de medicamentos por los reclusos y familiares.
También destacan los lamentos de los privados de libertad en el edificio H-5 en el Cereso “El Hongo I”, quienes a través de juicios de amparo y una carta enviada a ZETA, han denunciado represión y tortura de que son objeto por parte de funcionarios del penal, precisamente por reclamar condiciones dignas durante su encierro.
BAJA CALIFORNIA SUR
En la península sudcaliforniana, pese a contar con una baja población de personas en reclusión, los males intestinos en sus prisiones son el gran lastre. Motines, venta de droga, corrupción de servidores públicos, autogobierno, planeación de crímenes desde las cárceles y hasta fugas, es lo que ha marcado el último año y medio, a la par de la baja en el número de presos.
Para empezar, la única buena nueva es que no hay sobrepoblación global a nivel estatal, pues existe capacidad para mil 714 privados de libertad y a noviembre los reos eran mil 302. Es decir, 24.04% menos. Pero en cuanto a sobrepoblación por centro penitenciario, solo San José del Cabo (SJC) tiene celdas vacantes, porque La Paz y sobre todo Santa Rosalía, sí tienen reos de más. Ciudad Constitución está al ras, ni más, ni menos. Y el penal de Loreto cerró definitivamente sus puertas en mayo último para trasladar a sus internos a las otras cárceles ya mencionadas.
El lastre de las prisiones de BCS ha sido reiteradamente señalado por los reos, familiares, autoridades y este semanario. Al interior del penal de La Paz hay grupos que se disputan el autogobierno. El traslado efectuado en septiembre de Simón Guillermo Hernández Peña “El Sepulturero” y su comitiva al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 9 “Norte”, en Ciudad Juárez, no terminó con la disputa por el poder.
Tampoco desapareció el control de los reclusos con el envío en marzo de 2017 de Jesús Ernesto López Zataráin, alias “Rafael Zataráin Aguilar”, al mismo penal juarense. “El Zata” encabezó -el 24 de febrero previo- a un grupo que salió del área de indiciados para atacar a un grupo antagonista que estaba en “máxima seguridad”, dejando severamente golpeado al interno Héctor Gerardo Valdez Eráldez, entre otros.
Fotos Archivo- Motín en la penintenciaría Los Cabos, La Paz
Los asesinatos y corrupción de funcionarios también estuvieron a la orden de día, pues mientras un comandante general fue detenido para ser indagado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el custodio José Zavala fue ejecutado el 3 de diciembre de 2016 y el jefe de grupo, comandante de custodios del Cereso La Paz, Jesús Rosario Cadena Cota, fue victimado el 15 de enero de 2017 cuando iba hacia su casa.
El 5 junio último, el subdirector del Cereso Los Cabos, Carlos Paúl Hernández Cota, de 37 años, fue atacado a tiros en los momentos que circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger color blanco, sobre la calle Costa Dorada entre Playa Atata y Avándaro de la colonia Costa Dorada, en San José del Cabo. Murió cuando era atendido en la Clínica 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un balazo en el cuello y otro en el hombro le mataron.
Por si fuera poco, la tarde del 19 de septiembre ocurrió la fuga de dos reclusos del Centro de Reinserción Social de SJC. Jesús Rafael Villa Coronel “El Chuy”, de 40 años, que se cambia el nombre por el de Alejandro Montaño Ceseña, y Henry Froilán Rojas Ramírez “El Zopilote”, de 31 años, quienes contaron con la ayuda del personal del presidio para salir por la puerta principal, después de recibir su visita y una pistola.
Foto: Tomada de Internet- Motín en el Cereso de las Cruces
Así las cosas en las prisiones de México y las Baja Californias, donde la tendencia será continuar con una disminución en el número de personas que ingresan bajo el esquema de prisión preventiva y también un descenso en la población que tiene esa medida cautelar y busca canjearla por otra diversa a través de la solicitud correspondiente ante el juez de la causa o bien de un juicio de amparo.
Quienes quedan dentro de las cárceles seguirán padeciendo los abusos del personal y de los reos encaramados en el poder fáctico en muchos de los centros penitenciarios.
