Marisol Barajas Cruz, Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz -quien en abril de 2017 reemplazó al juez Anuar González Hemadi tras ser suspendido-, resolvió que hay pruebas suficientes para mantener bajo proceso a Enrique Capitaine Marín, uno de los jóvenes acusados de pederastia en el caso de los llamados “Porkys”.
La impartidora de justicia negó a Capitaine Marín un amparo contra el auto de formal prisión en su contra y sostuvo que hay indicios de que “agredió sexualmente” a la menor Daphne Fernández, quien en el año 2015 tenía 17 años de edad.
Según el diario Reforma, la negativa de amparo fue notificada el 26 de octubre, y está a revisión ante un tribunal colegiado de Boca del Río desde el pasado 6 de diciembre. El rotativo indicó que el fallo judicial no implica que Capitaine es culpable, pero sí legitima su permanencia en prisión mientras la juez desahoga el proceso por pederastia.
“Se desprenden indicios aptos y suficientes que hacen posible su probable responsabilidad penal en la comisión del hecho que se le imputa, operando en ese sentido la prueba circunstancial, en razón de que probablemente el amparista [Capitaine], como autor material, al ser él quien probablemente entre las 2 y 3 de la mañana del 3 de enero del año 2015, agredió sexualmente a la pasiva de identidad reservada, cuando le impuso la cópula sin consentimiento”, afirmó la juez.
Barajas Cruz también negó valor probatorio a un dictamen psicológico de julio de 2015, practicado a petición del padre de Capitaine Marín, que destaca la “calidad humana y excelentes relaciones familiares y educativas”, del joven acusado, quien sostiene que la violación es “un invento” de Fernández.
“Tal dictamen no versa sobre las circunstancias, lugar y época en que sucedieron los hechos que motivaron la causa penal de origen, pues no hay dato alguno que produzca convicción en el sentido de que los hechos sucedieron en una forma distinta a la narrada por la agraviada”, replicó Barajas Cruz.
Capitaine Marín había ganado un amparo que ordenó corregir defectos formales en el auto de prisión original, sin embargo, no fue suficiente para liberarlo de la acusación. Fue detenido el 11 de mayo en una cafetería de Torreón, Coahuila, donde se ocultaba para no ser localizado. El Juez Tercero de Primera Instancia resolvió el 18 de mayo iniciar la etapa de instrucción en la causa que se le sigue por abuso sexual.
El joven procesado es acusado del delito de pederastia simple y podría purgar una pena de hasta 20 años de prisión. La detención ocurrió casi un mes después de que la Procuraduría General de Justicia (PGR) solicitara el apoyo de Interpol para emitir una ficha roja en 190 países, en contra de Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Gabriel Cruz Alonso quienes habían salido del país.
Ayer miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por mayoría atraer la revisión del amparo otorgado por el Juez González Hemadi en favor de iego Gabriel Cruz Alonso, otro de los acusados en este caso denominado de “Los Porkys”.
El amparo, que establece que no hay pruebas de que Cruz Alonso tocó a la menor “con intenciones lascivas”, ni alguna otra evidencia de que cometió delito, será resuelto en definitiva por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en Boca del Río.
El presunto abuso sexual sucedió el día 3 de enero de 2015, en Costa de Oro, ubicado en el municipio de Boca del Río, y según acusan Daphne Fernández y su padre, fue cometido por cuatro adultos mayores de edad: Capitaine Marín, Cotaita Cabrales -quien se encuentra prófugo de la justicia, a pesar de que cuenta con una orden de aprehensión en su contra-, y Gerardo Rodríguez Acosta.
El padre de la menor, Javier Arturo Fernández Torres, aseguró en mayo del 2016, que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad: “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.
Sin embargo, los implicados en la presunta violación, rechazan haber lastimado a la joven, y al contrario, acusan al padre de ella, de haber tergiversando la información “para sus intereses personales y ahora políticos”.
Los denominados “Porkys” acusaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acusaron a Fernández de intentar extorsionarlos a cambio del pago de 4 millones de pesos, y de que les obligó a grabar un video disculpándose por la presunta violación.
