Si alguien ha politizado el tema del combate a la corrupción en México, ese es el Presidente Enrique Peña Nieto. No sólo ha impedido que el Sistema Nacional Anticorrupción se active al cien por ciento al no ordenar a sus aliados incondicionales en el Poder Legislativo reformar las leyes para la creación de una Fiscalía General de la República que sirva, nombrar al Fiscal Nacional Anticorrupción, así como integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que también, “ejerce” la procuración de justicia en aquellos ex gobernadores que caen en desgracia, no en todos los corruptos.
En efecto, ex Mandatarios como César Duarte han escapado a la justicia mexicana, simplemente porque a la Procuraduría General de la República no le ha dado el tiempo ni el compromiso para perseguir lo que incluso en otros países se investiga, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
Enrique Peña Nieto también obstruyó el ejercicio de la Ley cuando su subordinado, el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, destituyó al Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, cuando asumió que este había revelado información del proceso que en esa instancia –también en la PGR aun cuando sin resultados- se le sigue al íntimo amigo del Presidente, Emilio Lozoya Austin, por aceptar sobornos de la brasileña Odebrecht, desde que el impune fungía como colaborador de la campaña Peña a la Presidencia de la República y hasta ser Director de Petróleos Mexicanos y por el orden de los 10 millones de dólares de acuerdo a declaraciones de directivos de Odebrecht.
Entonces, que Enrique Peña Nieto diga que la denuncia del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sobre las represalias que el Gobierno Federal ha tenido para el Estatal desde la denuncia y aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario general adjunto del PRI por el desvío de 250 millones de pesos del erario chihuahuense, es un acto político, no tiene… sentido. “Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más pareció un acto político y auténticamente cargado de signo partidario, entonces ante quien hace un acto partidario pues el Presidente de la República simplemente se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente a derecho”.
La realidad que lo sucedido el lunes 8 de enero fue todo menos un acto político partidario. No solamente el Gobernador Corral estuvo acompañado por los integrantes ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción (una entidad autónoma y sin partido), encabezados por su presidenta, Jaqueline Peschard, sino que logró reunir a activistas como Denise Dresser y el Grupo Chihuahua, como también a miembros que fueron de la oposición y hoy militan en la intelectual mexicana como fue el caso de Agustín Basave y Jorge Castañeda, sin dejar fuera de la foto a los senadores que le acompañaron.
No, el acto de Javier Corral no fue un acto político, fue un acto de búsqueda de justicia, de combate a la corrupción, de denuncia de la impunidad y de señalamiento del cómplice gobierno que ejerce su poder protector ante quienes le han servido, y –evidentemente- mantenido.
Se trata del caso de la investigación de la Fiscalía de Chihuahua sobre el desvío de recursos que hubo durante la administración anterior, la del priista César Duarte Jáquez, y donde el Ministerio Público documentó cómo se sacaron 250 millones de pesos del presupuesto a través de contratos de servicios a nombre de Alejandro Gutiérrez, los cuales no se prestaron. El mismo hecho ha llevado a Manlio Fabio Beltrones Rivera, dirigente del PRI en la época que Gutiérrez era Secretario general adjunto, a buscar el amparo de la justicia.
Lo dijo bien Corral, descubrieron el modus operandi del PRI y los gobiernos emanados de ese partido para sacar dinero oficial y enviarlo a las campañas priistas.
39 procesos penales iniciados, 30 órdenes de aprehensión giradas por jueces, 10 cumplimentadas, 23 vinculados a proceso por jueces y cinco sentencias condenatorias han salido del proceso que se sigue en la Fiscalía de Chihuahua, afortunadamente no en la PGR, ni en la acéfala FEPADE, y por supuesto que no es de interés del Poder Legislativo cuando las tres entidades deberían estar investigando lo que en la Fiscalía local se está procesando, y además con buenos resultados en el Poder Judicial.
Entonces no se trata de un acto político, se trata de evidenciar la corrupción del PRI y los Gobiernos del PRI, auspiciados por el Gobierno Federal que, a pesar de haber diez órdenes de aprehensión contra César Duarte en el Poder Judicial de Chihuahua, no ha solicitado la PGR la orden de captura en el exterior, y por consecuencia la orden de extradición, como sí se hizo en los casos de Roberto Borge, Javier Duarte o Tomás Yarrington por mencionar algunos que también desde el priísta y arropados en la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, desfalcaron a sus estados, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, respectivamente.
De hecho, Peña Nieto entregó recursos federales por los casi tres mil millones de pesos a César Duarte en los últimos años de su gobierno, y hoy negó a Corral, 700 millones para un rescate financiero necesario ante la catástrofe financiera que dejó el priista. En pláticas oficiales entre funcionarios federales y estatales para analizar la entrega de tal recurso, se dejó entrever que en efecto, era por la investigación contra priistas que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua, la de Alejandro Gutiérrez que liga a Manlio Fabio Beltrones, y a la estructura del PRI en el 2016 para ganar elecciones.
Fue de suma importancia que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, no solo haya acompañado a Javier Corral a la conferencia-denuncia, sino que lo haya respaldado con un comunicado donde rechazan la reducción presupuestal por denunciar los malos manejos de Duarte, apoyan la persecución de funcionarios que desvían recursos públicos con fines electorales y privados, y apoyan a todas las organizaciones de la sociedad civil que buscan poner freno a la corrupción, además firmado no solo por Jaqueline Peschard, también por Marieclaire Acosta, Luis Pérez de Acha, Octavio López Presa y Alfonso Hernández Valdez.
De los desvíos de recursos que hubo en administraciones pasadas, como la de César Duarte, o la de Javier Duarte, o la de Humberto Moreira, o la de Roberto Borge, forzosamente debió enterarse la Secretaría de Hacienda, que ahora aduce esas sospechas para no entregar el recurso, de hecho en la Fiscalía de Chihuahua, uno de los detenidos confesó la línea del desvío, y efectivamente pasaba por la SHCP, aun en tiempos de Luis Videgary, pero no hace mucho en manos y mente de Antonio Meade, el hoy anodino candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Bastaron las denuncias de opositores, analistas y ciudadanos, para que también se investigue al ex de Hacienda, para que este saliera a despotricar, porque no declaró con conciencia, fundamento o documento alguno para deslindarse o deslindar a la SHCP, sino que atacó al Gobernador Corral: “vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta”.
La realidad es que ante una investigación de una Fiscalía Estatal que está funcionando, los señalados, miembros del Partido Revolucionario Institucional y del Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, solo les queda denostar aquello que no pueden probar ni en documentos ni en tribunales. Por eso politizan, por eso se niegan a activar el Sistema Nacional Anticorrupción, por eso huyen a la ciudadanización de las instituciones, por eso se dicen buleados, porque ante la evidencia de corrupción –y ahí están los ex gobernadores detenidos y los ex funcionarios priistas aprehendidos- solo pueden ofender, politizar un proceso judicial, en miras de desviar la atención de una realidad cada vez más evidente: este gobierno, pasará a la historia como el más corrupto.
