Karla Garrufe Martínez, chofer de Uber en Tijuana, fue asesinada por una disputa vial luego de que el vehículo que conducía se impactara contra un automóvil, cuyo conductor le disparó en la cara después de discutir, según información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Su cuerpo fue localizado frente al vehículo sobre la calle Adolfo Ruiz Cortines de la colonia Leandro Valle, alrededor de las 9:00 de la noche del miércoles 24 de enero. Policías municipales que atendieron el reporte localizaron a la mujer, vestida con una sudadera gris y pantalón de mezclilla, sobre la calle, frente al vehículo Volkswagen Vento y su teléfono celular a un costado, mientras que la documentación del vehículo estaba colocada encima del cofre.
De acuerdo con Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE en Tijuana, el vehículo tipo sedan registra daños en la parrilla delantera, lo cual coincide con la versión de que se registró un choque por alcance.
A decir de testimonios, tanto Karla como su asesino iniciaron dialogando después del impacto, pero la conversación escaló hasta llegar a los gritos. Fue entonces que el hombre sacó un arma y realizó el disparo que se alojó en la cabeza de la conductora de Uber. En el lugar, fue localizado un casquillo nueve milímetros.
Según las indagatorias de la Procuraduría, la víctima había comenzado a conducir el vehículo Uber el lunes 21 de enero, según declaró el propietario del automóvil, quien añadió que Karla acreditó 10 meses de experiencia como chofer de Uber, por lo que la contrató para dar el servicio.
Miguel Ángel Guerrero explicó que por el momento se sigue la investigación como si se tratara de un homicidio circunstancial, a raíz del percance vial, pero se busca información adicional sobre los últimos servicios que realizó.
De hecho, añadió que el miércoles 24 de enero, funcionarios de la PGJE en Tijuana sostuvieron una reunión con representantes de la plataforma Uber para establecer un convenio de colaboración que permita formalizar la entrega de información requerida en investigaciones penales.
