Pocos son los detenidos por este delito y solo el 15 por ciento recibe sentencia condenatoria. Existe falta de transparencia en el rendimiento de cuentas y efectividad de las autoridades que detectan operaciones ilícitas. El investigador Guillermo Zepeda Lecuona estima que de revelarse los vínculos de gobernantes con redes de blanqueo de capitales, México caería en una profunda crisis
Muchos nombres han engrosado las listas de autoridades hacendarias y de procuración de justicia por posibles operaciones de lavado de dinero, pero muy pocos se encuentran en la cárcel, y todavía menos son los condenados. Esa es la historia del combate a este fenómeno que genera impunidad financiera, delictiva y política, legitimando que exista mayor inequidad y pobreza en el país.
Por presión internacional, en poco más de una década, México ha reforzado sus esquemas para prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Se han creado instituciones que, en apariencia, duplican funciones investigativas, requieren de importantes presupuestos y sus resultados no se advierten debido a la opacidad tanto de la Procuraduría General de la República (PGR), como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para el consultor y académico en temas de Estado de Derecho, seguridad ciudadana y justicia penal, Guillermo Zepeda Lecuona, la delincuencia sustenta su poderío en cuatro pilares o columnas fundamentales. El primero es su cada vez más amplia, diversificada y sofisticada forma de actuar. El segundo es su capacidad de violencia. El tercero, su capacidad financiera con la que corrompen, operan, lavan dinero y adquieren un poder muy grande. Y por último, el contubernio. “Falcone decía que sí no hay un alto nivel de impunidad y contubernio, no sería una industria, como suele ser el crimen organizado en algunos países”.
Cuestionado respecto a la eficacia del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, el también director de la asociación civil Jurimetría aseguró que habría que empezar a sanear las instituciones desde adentro. “Yo sostengo que estas últimas dos columnas o pilares (capacidad financiera y contubernio), están prácticamente intactas. Desde el caso del General Gutiérrez Rebollo no he sabido de alguna figura de alto calado que haya estado en una cárcel por sus vínculos con el crimen organizado”, refiere.
El investigador aún guarda sus reservas respecto a las imputaciones a algunos ex gobernadores, pues los asuntos apenas están en las etapas iniciales de investigación.
Zepeda Lecuona lamenta que en el caso de la inteligencia financiera siempre tenga que ser el gobierno de Estados Unidos el que presente las denuncias, “y pues, bueno, que quede claro que desconfían de las autoridades mexicanas, aunque digan que lo están haciendo en colaboración”, como en el último caso de la designación hecha por el Departamento del Tesoro que recayó sobre el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, señalados junto otras 18 personas y 42 empresas, de tener nexos con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández “El Tío”.
Corrupción e impunidad
Según números de las autoridades mexicanas, la lista de personas bloqueadas, tanto físicas como morales, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2014 a la fecha, rebasa los 4 mil 600 nombres, sin que se conozcan detalles de sus identidades, capitales o patrimonios asegurados y domicilios. La UIF, fue la primera unidad especial creada en mayo de 2004 al interior de la Secretaría de Hacienda para combatir el lavado de dinero.
Por su parte, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), de la Procuraduría General de la República, nació en julio 2013 para convertirse en la única instancia competente para el diseño, ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese mismo año entró en vigor la llamada “Ley Antilavado”.
Curiosamente, antes de la creación de ambas unidades, en Hacienda ya existía la investigación de este tipo de delitos, función que se triangulaba entre tres áreas de la institución fiscalizadora. En la PGR, también, dentro de la estructura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ya existían la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Federales y Financieros (UEIDFF), y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (UEIORPIFAM), que a la fecha subsisten.
Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro.com.- Vicente Carrillo Leyva
Desde 2013, la UEAF realiza investigaciones y colabora en la elaboración de diagnósticos en materia de análisis financiero y contable, que le son solicitados por las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la PGR, como ha sido en los casos de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo en fechas recientes. Sin embargo, poco se conoce de su efectividad en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Son otros los instrumentos que permiten comprobar que la eficacia no es una de las características del sistema empleado por el gobierno para frenar el blanqueo de capitales. En 2016 se realizó la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. El resultado coincide con las investigaciones de Zepeda Lecuona. Corrupción e impunidad mantienen al lavado de dinero gozando de “cabal salud”.
De acuerdo con esta evaluación, la falta de efectividad en los procesos judiciales iniciados a sujetos acusados de realizar operaciones con recursos ilícitos es un factor de alto impacto que vulnera el marco jurídico. Se detalla que del total de sujetos inculpados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los años 2010 y 2014, sólo 15 por ciento recibieron sentencia condenatoria, mientras que otro 4% fue absuelto. “Derivado del bajo número de sentencias condenatorias, se concluye que se tiene una vulnerabilidad alta”, advierte el documento.
Guillermo Zepeda es enfático al asegurar que “falta transparencia en estos temas, así como se realizan ruedas de prensa para dar a conocer detenciones, así debería tratarse la materia financiera, pero no se hace la rendición de cuentas ni se informa de sus resultados. Finalmente no sabemos sí se hicieron o no los cateos que indica la prensa, pues no se da a conocer el seguimiento, sí se consolidan las investigaciones, sí hay acciones de extinción de dominio, para conocer que sucede con estas empresas y personas físicas, que después nos enteramos no son detenidas y sí lo fuesen, salen pronto de la cárcel”.
Burocracia sin resultados
Para 2017, a la Unidad de Inteligencia Financiera le fue asignado un presupuesto de poco más de 198 millones de pesos, 6.5% menos que el año inmediato anterior, para que realice la recepción, análisis y diseminación, a través de diversos medios, de la información incluida en los reportes de operaciones que emiten las entidades financieras y demás sujetos obligados a ello, así como avisos que presenten quienes realicen actividades vulnerables.
Durante los dos últimos años, a través de la UIF, Hacienda recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero, y presentó 113 denuncias ante la PGR, señalando a 551 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según el Cuarto Informe de Gobierno.
En contraparte, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR le fue reducido el presupuesto de 42 millones en 2016, a 37 millones de pesos para el año actual. De acuerdo a los datos del mismo Informe de Gobierno, en dos años, la dependencia logró el aseguramiento de 49. 2 millones de pesos en efectivo, 4.2 millones de dólares americanos y 187.7 millones de pesos en cuentas bancarias congeladas por presunto lavado de dinero.
En ese periodo, la SEIDO reporta el inicio de 184 indagatorias, de las cuales se determinaron 141 averiguaciones previas, siendo consignadas 36, ocho de ellas con detenido y 28 sin detenido. Se ejercitó acción penal en contra de 144 personas, 27 que estaban detenidas y 117 no detenidas contra las que se solicitó orden de aprehensión. En ese lapso, el Ministerio Público de la Federación sólo obtuvo 15 sentencias condenatorias.
Foto: Saúl López/Cuartoscuro.com
De no ser por los escasos datos que aparecen en informes de gobierno o en investigaciones de publicaciones especializadas como El Financiero o El Economista, no se cuenta con información fidedigna para conocer los avances en la materia. Guillermo Zepeda Lecuona estima que la creación de infraestructura para combatir el lavado de dinero es importante, “el problema es que los mexicanos no conocemos los resultados porque no cuentan con un área de comunicación social o con la difusión que permita enterar sus logros. Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en una de sus vicepresidencias tiene por ahí un área de inteligencia para las transacciones de los bancos, y las instituciones bancarias están obligadas a informarle a esa área sobre movimientos o transacciones sospechosas por altos montos”.
La opacidad en el sistema financiero mexicano da cierta estabilidad social, “y si llega a haber consecuencias, más bien por acusaciones de autoridades norteamericanas, quizá no se da a conocer porque está tan entreverado el tema financiero, junto con la clase política, entonces se podrían destapar relaciones económico-políticas y nexos muy graves. Sí, hay todo este aparato, pero no hay evidencia de sus resultados”.
El académico asegura que “esas grandes grúas de construcción que operan en varias ciudades, a todo vapor, no corresponden a la demanda del mercado inmobiliario. Lanzan a gritos que hay un tema que no se puede ocultar y que, sin embargo, tiene toda una red de beneficiarios que es acallada. Sí en México se diera el señalamiento de todo este tipo de redes y relaciones, caeríamos en una profunda crisis, todavía mayor, de legitimidad, de nuestra clase gobernante”.
Modalidades y daño
En una iniciativa para reformar la “Ley Antilavado” (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), el senador David Monreal Ávila plantea en su exposición de motivos que el lavado de dinero ha dejado continuas pérdidas económicas al país a lo largo de poco más de 20 años y compara cómo en 1993 dichas pérdidas eran equiparables al 0.56% del Producto Interno Bruto, entonces, unos 33 mil millones de pesos, pero en 2016 el déficit por este delito es del 2% del PIB, equivalentes a 286 mil millones de pesos, citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las formas de lavar dinero son muy conocidas, señala Guillermo Zepeda Lecuona. Una es a través del sector bancario y otra en el sector inmobiliario, que muestra una pujanza inusual. Sin embargo, hay otras maneras de blanquear capitales con las clásicas inversiones en franquicias extranjeras o gasolineras. “En menor escala, están las personas que manejan mucho el dinero en efectivo y desde luego las personas con altos ingresos económicos a las que miembros del crimen organizado les ofrecen altos rendimientos por manejar su dinero, ‘barajando’ el dinero bueno con el malo para darle una lavada al capital, que podría ser el caso del cantante y el futbolista señalados recientemente, que reportan que sus ingresos provienen de altos salarios, publicidad, de los conciertos, etcétera. Se ‘barajea’ ese dinero bueno con dinero mal habido”, ejemplifica el especialista.
“El de la defraudación fiscal es todo en un tema. De las cancelaciones y de las condonaciones fiscales, por ejemplo, creo que fueron 160 mil millones de pesos los que se condonaron de adeudos fiscales y la mitad de ellos se concentra en 36 empresas, y la otra mitad, en mil ochocientas y tantas. Entonces, ahí está la concentración de esos beneficios y que además, se le tiene como información reservada. Para el tema de desigualdad en México, información que todavía es confidencial en nuestro país, tanto de cuánto pagan, como de quiénes son a los que el SAT les condona el pago de impuestos”, dijo el investigador.
Al no afectarse la estructura económica del crimen organizado se genera impunidad financiera, delictiva y política, pues se legitima que haya mayor inequidad y pobreza. “El sistema se ensaña con el contribuyente común, que ve entorpecidas sus actividades económicas por atender esos esquemas de monitoreo que no se aplican a los que realmente son los que realizan ese tipo de transacciones, que pueden ser parte del lavado de dinero”.
El doctor Zepeda finalizó recordando que la participación de funcionarios públicos de alto rango en la protección de criminales y en la comisión de delitos desincentiva y desmotiva a sus subalternos en los temas de procuración de justicia y seguridad: “Se legitima la impunidad y la corrupción, pues si los superiores tienen acuerdos cupulares con los grandes capos, entonces viene una democratización de la inoperancia y la impunidad. Cada vez hay menos reducción de los delitos y cada vez se resuelven menos las carpetas de investigación. La impunidad promedio en México es de 99.1. Solamente se reportan el casi 8% de los delitos. Sólo se esclarece el 14%.
Investigaciones en curso
De los casos más conocidos porque primero fueron denunciados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, y las autoridades mexicanas actuaron en consecuencia, se encuentran los bloqueos financieros a los hijos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, a los familiares del también capo del Cártel de Sinaloa Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, la organización criminal de Los Cuinis -hermanos González Valencia- y el más reciente escándalo que involucra al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores “El Tío”.
En el caso de los parientes de Caro Quintero, designados en la lista de bloqueos de la OFAC en 2013, el gobierno mexicano aseguró 19 cuentas bancarias de 16 empresas y personas físicas, que entre los años 2012 y 2013 realizaron movimientos bancarios por más de 130 millones de pesos, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. En el asunto no hay personas detenidas y a la fecha, algunas de las compañías investigadas y que sufrieron del congelamiento de sus cuentas de banco, han obtenido algunos fallos favorables en juicios de amparo indirecto (averiguación previa PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/AP/049/2014).
Por lo que ve a las investigaciones contra la descendencia de “El Azul” Esparragoza, a su hija Nadia Esparragoza también le aseguraron sus cuentas bancarias. A ella se le atribuye la “introducción al sistema financiero nacional de recursos de muy alta probabilidad producto de actividades ilícitas” por casi 80 millones de pesos. El dinero era depositado en una cuenta bancaria de la mujer y después se reenviaba a cuentas de personas físicas y empresas, con la intención de ocultar su origen. En la pesquisa trascendió la colaboración de empleados del sector bancario. No hay detenidos y las cuentas siguen congeladas (PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/AP/059/2013).
En el asunto de los hermanos michoacanos González Valencia, operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñados del líder visible de esta organización, Nemesio Oseguera Cervantes, sus bienes consistentes en cuentas bancarias, inmobiliarias, boutiques, plazas comerciales y hoteles, entre ellos el Hotelito Desconocido en la costa de Jalisco, están asegurados. Según las investigaciones, las mujeres del clan criminal son las principales administradoras. Abigael González Valencia permanece en un penal federal mexicano con procedimiento de extradición, mientras que en Uruguay está preso su hermano Gerardo “El Lalo”, al que señalan de lavar dinero por 10 millones de dólares en ese país (PGR/SEIDO/UEIDCS/424/2015).
Por lo que toca a los famosos personajes vinculados al capo Raúl Flores Hernández “El Tío”, sus haberes bancarios y sus negocios están asegurados precautoriamente por parte de la PGR, aunque en su mayoría operan con normalidad, pero en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio se realizaron las anotaciones correspondientes a la medida cautelar decretada por un fiscal, en tanto se aclaran las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Pez chico”, caso de éxito
Uno de los pocos logros visibles de las autoridades mexicanas en el combate del lavado de dinero se materializó el 13 de julio de 2017, cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México le negó el amparo directo a Vicente Carrillo Leyva, hijo del legendario narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, y así, su sentencia condenatoria por operaciones con recursos de procedencia ilícita quedó firme. Siete años y seis meses de prisión, y una multa de mil 500 días, equivalente a 82 mil 200 pesos, fue la sanción.
El hombre al que le llaman “El Ingeniero” tuvo un grado de culpabilidad mínimo en la resolución dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, confirmada el 12 de julio de 2016, debido a que al heredero de “El Señor de los Cielos” no se le señaló como dirigente de algún grupo criminal. Es más, no se cuenta con dato de que haya participado en delito diverso a los de su detención, que incluye la falsificación de una credencial de elector.
A Carrillo Leyva se le consideró responsable en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de “al que por sí, deposite y transfiera recursos, dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con propósito de impedir que se conozca su origen”.
El Ministerio Público federal acreditó que las operaciones bancarias de “El Ingeniero” durante el periodo de 1998 a 2009, a sus cuentas y las de su concubina, se realizaron con recursos que derivaron de la venta de inmuebles que su padre, quien fue líder de una organización criminal, dejó al morir, también de dólares en efectivo que encontró en algunas de las casas de este, así como de ayuda económica algunos miembros de otras organizaciones criminales le prestaron al hijo de Amado.
Durante su defensa, el ahora condenado aseguró que su variación de nombres se dio debido a que su parentesco con Carrillo Fuentes le ocasionó muchos problemas en su vida, entre otros, ser rechazado de escuelas y trabajos, por lo que se cambió de identidad y se fue a vivir con su pareja a la Ciudad de México, donde finalmente fue detenido en 2009.
