El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que señalan que ante la necesidad evitar que las pugnas en el Congreso se hagan más grande es necesario “nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General”.
En el documento en el que se plantean soluciones para superar la crisis institucional originada por la designación del Fiscal General de la República, fue firmado por los cinco comisionados del CPC: Jaqueline Peschard Mariscal, Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa y Luis Manuel Pérez de Acha.
El CPC solicitó al mandatario nacional que “en el período de transición que al efecto se establezca, redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales”.
La misiva dirigida también al presidente de la Mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, señala que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el estado de Derecho y protejan las instituciones públicas.
“Es un hecho público que la idoneidad del actual Procurador General de la República [Raúl Cervantes Andrade] para ocupar el cargo de Fiscal General de la República, ha sido duramente cuestionada por múltiples actores y grupos sociales, y ha provocado el encono entre diputados y senadores de diversos partidos políticos”, señalaron los integrantes del CPC.
Dicha situación se ha agravado con la situación que prevalece en el Congreso de la Unión, lo cual ha desatado “una crisis indeseable en México”, que requiere pugnar por acuerdos estructurales que “aseguren la civilidad política” en el proceso electoral que inicia el próximo viernes 8 de agosto.
“Los ciudadanos debemos contar con la seguridad de que el poder público satisfaga los estándares constitucionales para la persecución de delitos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción asume la responsabilidad de que ello se logre”.
Este mismo miércoles, tanto el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, como el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Perez, coincidieron de que se debe legislar para crear una fiscalía autónoma e independiente.
El representante del Alto Comisionado de la ONU pidió al Senado que antes de designar al Fiscal General de la República, se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia a ese organismo, que habrá de sustituir a la PGR.
“Primero tienen que ver los cómos, antes de ver quién va hacer el fiscal, dijo Jarab, quien insistió en la necesidad de una reforma para ajustarla a la demanda de la sociedad de que sea un fiscal autónomo e independiente.
Por su parte, el presidente de la CNDH dijo que atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia que vive el país no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas, ya que esto requiere visión integral.
