El diario estadounidense The New York Times publicó este martes, en uno de sus editoriales, que solicita que el Presidente Enrique Peña Nieto “sea sincero” cuando dice que aceptará ayuda extranjera para indagar el hecho. Además, el rotativo indicó que el “obvio abuso” del spyware israelí Pegasus, amerita otra investigación internacional, debido que la imagen del País sólo se ha visto empeorada.
A finales de junio, Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que el Gobierno Federal mexicano aún no envía la solicitud formal al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), y que él mismo sólo realizó una llamada informal con dicha dependencia estadounidense.
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Un día antes que el subprocurador, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) aseguró que el FBI supuestamente colaborará en el plan de investigación ministerial en el caso del presunto espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, mismo que reveló el NYT en un reportaje.
Este martes, el diario recordó lo publicado por el jefe de los corresponsales del rotativo en México, Azam Ahmed, quien reveló que activistas, periodistas y otros críticos del Gobierno fueron objeto de vigilancia con un sofisticado software espía vendido al Gobierno mexicano, sólo para combatir el crimen y el terrorismo.
Después, según el diario, vino la “sorprendente” adición de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, también estaba siendo vigilado con el software espía conocido como Pegasus, que secretamente monitorea los teléfonos celulares.
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El editorial agrega que las alarmantes revelaciones plantean dos cuestiones relacionadas. Una es el abuso por el Gobierno la tecnología de ciberguerra “altamente sofisticada y costosa”. Y es que dijo, aunque la administración encabezada por Peña Nieto ha negado la responsabilidad por el espionaje, adquirió el armamento, y el haberlo usado contra los ciudadanos “plantea profundas cuestiones legales y éticas, especialmente para un Gobierno que ya se enfrenta a severas críticas sobre los derechos humanos”.
La otra cuestión, según el NYT, es si los vendedores comerciales de herramientas de vigilancia masiva, por bien intencionados que sean, pueden realmente controlar cómo se utilizan. En este caso, el Grupo NSO, una firma israelí, dijo que vendió Pegasus a los gobiernos, sólo después de comprobar sus prácticas de derechos humanos y sólo con la condición de que se utilizara únicamente para el seguimiento de criminales y los terroristas.
Sin embargo, NSO admitió que después de venderlo, no tenía control sobre cómo se utilizó el spyware; y una vez descubierto en un teléfono, no es posible determinar quién lo plantó.
Ayer lunes, en una nueva nota publicada en primera plana por el diario estadounidense, se asegura que según un análisis independiente, el secretario ejecutivo del GIEI, recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía llamado Pegasus.
La nueva nota, otra vez firmada por Azam Ahmed, da cuenta del último informe del Citizen Lab publicado en su página web, que confirma que los teléfonos móviles pertenecientes al grupo internacional de expertos de varios países, reunidos por la CIDH, fue blanco de intentos de infección con el spyware desarrollado por el grupo israelí NSO.
Según la evidencia forense, el GIEI también fue blanco de la tecnología de espionaje comprado por el Gobierno de México en por lo menos 80 de millones de dólares, por lo que los investigadores califican como “una campaña de acoso e interferencia” que dicen, “obstaculizó sus indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
“Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.”, señaló este día el NYT.
El rotativo estadounidense hizo énfasis en que la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje del Gobierno mexicano “fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.”
El GIEI pasaba por una crisis cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía, señaló el NYT. “La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o ‘verdad histórica’ del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.”
