Tras 20 años en prisión, Alfredo Hodoyán Palacios, del Cártel Arellano Félix, gana un amparo y su libertad. Fue exonerado del cuádruple homicidio de agentes federales y un taxista en la Ciudad de México en 1996. Antes, un juez lo había condenado a 50 años de prisión. Declaran carentes de validez declaraciones de inculpados, entre ellas la de Everardo “Kitty” Páez. “El Lobo” estuvo preso en tres penales federales, el último de ellos el CEFERESO Número 15, en Chiapas
En 2002, un juez le condenó a 50 años de prisión. Estuvo preso durante 20 años entre los penales federales de máxima seguridad del “Altiplano” en el Estado de México, en Tamaulipas y en Chiapas. Hoy mira de nuevo a Tijuana, su ciudad, donde tuvo una estrecha relación con los hermanos Arellano Félix, a quienes conoció en su juventud.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, concedió un amparo directo a Miguel Alfredo Hodoyán Palacios y con ello su libertad. El juicio de garantías dejó sin efecto la sentencia por los homicidios de cuatro personas y asociación delictuosa.
La protección de la justicia federal le llegó al apodado “El Lobo” al advertirse la existencia de pruebas ilícitas dentro de la causa penal que le fue instruida desde 1996. Se le acusó del homicidio calificado del ex subdelegado de la Policía Judicial Federal (PJF) en Tijuana, Ernesto Ibarra Santés, dos de sus colaboradores y un taxista en la Ciudad de México, además de pertenecer al Cártel Arellano Félix (CAF).
De acuerdo con el fallo dictado por los magistrados, por mayoría, no por unanimidad, “aun cuando se acreditaron los delitos (cuatro homicidios), no se demostró la responsabilidad del quejoso en su comisión, pues ésta se sostuvo en diversas declaraciones de coinculpados que fueron recabadas en transgresión del derecho de defensa adecuada”.
Por lo que ve a la asociación delictuosa, dos de los magistrados arribaron a la conclusión de que “no se acreditaron los elementos del delito ni la responsabilidad penal del quejoso, pues lo anterior se sostuvo con las referidas declaraciones de coinculpados y las documentales públicas en las que obran declaraciones de otros coinculpados (entre ellas una practicada en los Estados Unidos de América), cuya eficacia demostrativa se vio afectada porque de ellas no se advierte la asistencia de un defensor”.
La declaración estelar a la que se le negó valor fue la rendida por el sicario de la organización criminal, Everardo Arturo Páez Martínez “El Kitty”, detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) en noviembre de 1997 y extraditado a la Unión Americana a principios de mayo de 2001. “El Kitty” le involucraba en el asesinato de los federales.
En la sentencia dividida del tribunal superior, un magistrado votó en contra de la resolución al no compartir la decisión de la mayoría. El funcionario judicial estima que existe “una colisión de derechos y un posible conflicto diplomático, por lo que considero que lo procedente es solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción”.
Benjamin y Ramon Arellano Felix
Es decir, el juicio no debieron resolverlo en el colegiado. O en su defecto, señala el magistrado disidente, se pudo conceder el amparo para “efectos” y no “liso y llano”, como finalmente ocurrió. Según el magistrado era viable “declarar ilícitas aquellas declaraciones en las que se advierte la transgresión del derecho de defensa adecuada, mas no declarar ilícita la declaración que fue practicada en los Estados Unidos de América, la cual obra en una documental”.
El doctor Santés
Con el amparo directo obtenido, “El Lobo” Hodoyán libra la acusación por el asesinato del doctor Ernesto Ibarra Santés, un hombre etiquetado como incorruptible, comisionado en 1996 por la PGR a la plaza de Tijuana para disminuir la operatividad del CAF. Era “El Yankie”, como le denominaban al comandante en jefe de cada entidad, de la entonces PJF, y que administrativamente se les llamaba subdelegado.
La muerte del médico de profesión, pero policía por vocación, ocurrió el 14 de septiembre de 1996, tan solo dos días después de la detención del hermano de Miguel Alfredo, Alejandro Hodoyán Palacios, a la postre retenido en instalaciones militares y entregado a la DEA en Estados Unidos, para finalmente desaparecer, sin que a la fecha se conozca su paradero.
Ibarra Santés había volado aquella madrugada a la Ciudad de México para acudir a la PGR. En el aeropuerto abordó un taxi acompañado de los agentes federales Israel Moreno Flores y Juan Aarón Rosas Gallegos. Cuando circulaban sobre la Avenida Insurgentes en la esquina con Gómez Farías, fueron atacados a balazos desde diversos ángulos por un comando armado que ya le seguía. Los tres policías murieron junto con el taxista Juan Arturo Hernández Lizarde.
Las investigaciones de las autoridades federales llegaron a la conclusión de que el ataque fue orquestado por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, a quienes disgustó la persecución que se había iniciado en su contra por el doctor Ibarra Santés y sobre todo por su discurso ante los medios de comunicación, al afirmar que acabaría con ellos.
Entre los sospechosos del cuádruple crimen se señaló al ex militar Gerardo Cruz Pacheco “El Capitán”, al pistolero Francisco Cabrera Castro “El Piedra” y a Miguel Alfredo Hodoyán Palacios. Los primeros fueron aprehendidos meses después por la PGR y enviados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano” (en ese entonces “La Palma”). “El Lobo” también fue capturado en los Estados Unidos junto con el tijuanense Emilio Valdez Mainero “El Radioloco”, ambos extraditados a México en enero de 1998 y también remitidos a Almoloya de Juárez.
En septiembre de 2002, el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México (antes Juzgado Primero de Distrito “B” en la misma materia), encontró penalmente responsables de los crímenes referidos a Hodoyán, al “Piedra” y al “Capitán”, condenándoles a la pena máxima establecida en ese entonces de 50 años de prisión. En el concurso de delitos, la suma utópica de más de 176 años de cárcel habría correspondido al “Lobo”. La sentencia incluía una multa de 17 mil 500 pesos y el pago de la reparación del daño en favor de los deudos de federales y conductor.
Emilio Valdez, quien también fue condenado por asociación delictuosa, fue el primero en abandonar la prisión de máxima seguridad del Estado de México hace más de tres años. Acto seguido se dedicó a luchar jurídicamente en Tijuana en contra del aseguramiento de bienes, realizado en su momento por el Ministerio Público Federal.
En Tamaulipas
Debido al frente que se había formado en el penal del “Altiplano” entre los miembros del CAF con la gente de Osiel Cárdenas Guillén, en 2004, Alfredo Hodoyán fue enviado al CEFERSO Número 3 “Santa Adelaida”, en Matamoros, Tamaulipas, donde permaneció por más de una década.
Los amparos de “El Lobo” eran constantes, primero porque quería que lo devolvieran a Almoloya de Juárez, después por sanciones disciplinarias que le eran impuestas y la restricción en la venta de diversos productos en la tienda del penal federal.
Los últimos años de reclusión en Tamaulipas los llevó más tranquilo. Sus reclamos eran más por la exigencia de derechos que por castigos. Así, en octubre de 2009 se inconformó porque le prohibían la entrega de manuscritos relacionados con su defensa a sus abogados, a través de familiares. Después tuvo eternas quejas porque supuestamente no le proporcionaban alimentos “en cantidad suficiente”.
Las autoridades penitenciarias respondían a las demandas argumentando que al interno Hodoyán se le proporcionaba alimento suficiente en cantidad y calidad, además de que dicho suministro cumplía con los estándares de calidad y eran supervisados por el personal de nutriología, antes y después de su preparación.
Desde su llegada al penal de Matamoros, “El Lobo” tuvo dificultades con las autoridades administrativas. Tenía obsesión por ver televisión, se advertía de sus amparos. Desde 2004 le fue autorizado un aparato que le llevaron sus familiares. Con altibajos mantuvo el derecho a la televisión, cambiando en diversas ocasiones de modelo, hasta que en 2011, debido a una sanción disciplinaria, le fue retirado el equipo, consistente en TV, eliminador de corriente, audífonos y antena.
Al reo le habían castigado 10 días “por alterar el orden en el presidio y no acatar indicaciones del personal de seguridad”. No podía salir de su celda en ese lapso de tiempo, ni recibir visita familiar o íntima. El televisor le fue retirado durante seis meses, tiempo en el que se evaluarían los avances de su conducta en la institución. La supuesta infracción de Miguel Alfredo fue estar desnudo frente a otros internos. Ante el Consejo Interdisciplinario se defendió: “No es verdad lo que dice el parte, ya que salí del baño y me dio un ataque de tos, y como no me puse bien la toalla, se me soltó”.
Los meses pasaron sin que a Hodoyán le devolvieran su televisor, el último de ellos adquirido el 6 de julio de 2007, hasta que las autoridades consideraron que recuperó el “estímulo”. Para su desgracia, en sesión del Consejo Técnico celebrada el 9 de enero de 2013, se emitió la circular 01/2013 que ordenaba el retiro de todos los objetos electrónicos a los reclusos. Le fue negado un nuevo amparo.
En Chiapas
Debido al cierre del CEFERESO Número 3 Noreste, con sede en Matamoros, Tamaulipas, con motivo de una remodelación general y abandono total del recinto, Hodoyán fue trasladado en noviembre de 2015 al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 en Villa Comaltitlán, Chiapas. A otros presos los repartieron en el resto de los penales federales del país.
Esta fue su estancia en prisión más tranquila, pero siempre atento a reclamar sus derechos y estímulos. En marzo de 2016 se quejó de que las autoridades de la cárcel no daban respuesta a sus múltiples peticiones, como autorizar en el registro de visitas a sus defensores particulares.
En los Juzgados de Distrito de Tapachula se promovieron más de media docena de amparos en nombre del “Lobo”. En abril próximo pasado reclamó del personal penitenciario el acto de “no proporcionar más comida y líquidos; y no entregar documentación jurídica, así como falta de atención médica”.
En junio promovió cuatro amparos. Insistió en “la falta de atención médica e inadecuada alimentación”, ganando la protección de la justicia para que “se proporcione al quejoso el tratamiento médico dietético que requiere”. Otra demanda fue contra segregación y aislamiento; una más porque no le permitían hacer ejercicio dentro de su estancia; y la habitual: “negativa de autorización a ver televisión”. En esta última petición y en otra, de permiso para hacer ejercicio al aire libre, recibió el amparo de los jueces.
En julio reciente señaló que estaba incomunicado y en noviembre pidió el reconocimiento de sus garantías para no ser trasladado a ningún otro penal. Este juicio de amparo quedó pendiente, pues la audiencia constitucional estaba fechada para el 20 de enero de 2017, siendo que unos días antes del cierre de esta edición, recuperó su libertad.
27 asesinatos en 12 días
De acuerdo a registros de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), durante los primeros 12 días de enero, en Tijuana han sido asesinadas 27 personas, cantidad ya superada por las ejecuciones realizadas en todo el mes pero de 2015, con 26 homicidios. Sin embargo, en 2016, el año más violento en todo el Estado, en 31 días se dio muerte a 74 personas.
Encobijados, calcinados, estrangulados y con disparos de arma de fuego, fueron localizadas 27 víctimas en distintos puntos de Tijuana, en ninguno de los casos se reportan detenidos.
Los últimos hechos violentos datan del miércoles 11 de enero, cuando un hombre fue ejecutado en el interior de su domicilio en la colonia Mariano Matamoros Sur. Los presuntos atacantes llegaron a la vivienda localizada en la calle Mayos, donde ultimaron a balazos a quien en vida llevaba por nombre Hugo Alejandro Rodríguez Hernández, de 42 años de edad.
Reporta la central cuerpo sin vida en Blvd. Díaz Ordaz, frente, Col.Gaz y Anexas, a un costado de Calimax.
En la misma fecha se reportó la muerte por lesiones de arma de fuego en tórax, de José López Melchor, de 20 años. El hecho tuvo lugar en Calle Durango esquina Vía Rápida Oriente de la colonia Chamizal, Delegación Mesa de Otay.
El martes 10, el cuerpo calcinado de una persona fue encontrado a un costado de las vías del tren, sobre el Callejón Esperanza de la colonia García. También ese día a la central de emergencias se informó que una persona del sexo masculino fue ultimada de un tiro en la cabeza cuando se encontraba en la calle Tránsito de la colonia División del Norte.
El lunes 9, en hechos distintos, dos personas fueron ejecutadas. En el primer caso se informó que un hombre, de entre 35 y 40 años, resultó herido de bala en cuello y cara en la Avenida Lázaro Cárdenas de Otay Constituyentes, Delegación Centenario.
Posteriormente se reportó que un cuerpo sin vida se localizaba sobre la calle Río Jordán en Infonavit Capistrano. El occiso fue identificado como Julio Adrián Sánchez García, de 20 años. Tenía una lesión por arma de fuego en la cabeza.
El domingo 8, con visibles muestras de violencia en el cuello -al parecer producidas por estrangulamiento- y envuelto en una cobija, se encontró el cuerpo de un hombre sobre la Avenida Servicio, entre calles López Portillo Poniente y Oriente de la colonia Nueva Tijuana, Delegación Otay. La víctima, que tenía entre 40 y 45 años de edad, no ha sido identificada hasta el momento.
El viernes 6 de enero, cuando esperaba la luz verde en un semáforo sobre el Bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Gas y Anexa, un hombre fue atacado a balazos y perdió el control de su vehículo para luego impactarse en una gasolinera, lesionando a dos empleados. Se le identificó como Hugo Alejandro Cázares López.
