En la nueva Ley de Transparencia que estiman sea aprobada en Baja California el 31 de enero, en la cual los foros de consulta los encabezó el diputado Cuauhtémoc Cardona, se establece que todas las entidades que reciben recursos públicos son sujetos obligados a hacer pública la información sobre el manejo de los mismos, sindicatos, partidos, organizaciones sociales y fideicomisos, entre otros. Además, se faculta al ITAIP para sancionar a quienes no entreguen a tiempo la información solicitada. Se saca la mano del gobierno y se ciudadaniza el proceso de selección de consejeros
Después de un proceso de “socialización” que se extendió por cerca de ocho meses y que incluyó la creación de una Secretaría Técnica Tripartita -organismos civiles, Instituto de Trasparencia y autoridades estatales-, y a través de una serie de foros que con la participación de 488 personas derivaron en 167 propuestas, la iniciativa para una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California está lista, y se planeaba aprobarla en la última sesión de este periodo de sesiones, que finaliza el domingo 31 de enero.
En la propuesta se incluye la creación de un Comité Ciudadano dentro del órgano garante, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), “abrir” las reuniones de organismos públicos y otorgar la posibilidad de sancionar cuando los sujetos obligados no cumplan.
También se incluye la ampliación de la figura de sujetos obligados a proporcionar información, a todos los organismos que reciban dinero público, como el caso de partidos políticos y sindicatos, fideicomisos y organismos de la sociedad civil.
Eso implica que todos los partidos -locales y nacionales- deberán haber público en el portal de internet los ingresos y gastos -derivados del financiamiento público-, nómina, montos, justificaciones y hasta el padrón de militancia. Situación similar enfrentarán sindicatos que reciben apoyo oficial, empezando por la burocracia, los magisteriales y hasta los universitarios.
“Se va a abrir la caja de Pandora” sentenció un especialista en transparencia.
La nueva Ley significa el obligado aterrizaje estatal a la reforma nacional implementada desde mayo de 2015 -busca homologar todas las leyes estatales- y, aun cuando la fecha límite para aprobarla es en mayo de año, en el Congreso local planeaban votarla el domingo 31 de enero, en la última sesión del actual periodo.
LEY CIUDADANA
Octavio Sandoval López, consejero ciudadano del ITAIP, explica que desde el 4 de mayo de 2015 se aprobó a nivel nacional la Ley General de Transparencia, la cual obliga a los Estados para que dentro del término de un año homologuen las leyes locales con la nacional, y avanzar en una legislación “mucho más transparente”.
Entre las modificaciones, se contempla derogar la Ley actual y emitir una nueva. A raíz de eso se implementó un proceso de consulta -de un anteproyecto ya elaborado en el Congreso local- para incorporar a la sociedad civil la opinión de los asuntos que deben contemplarse.
Se trata de dos rubros, una reforma constitucional y una nueva Ley de Transparencia.
Sandoval explica que de agosto a diciembre del año pasado se realizaron nueve foros, cinco en los municipios, dos en la academia -uno en la UABC y otro en el COLEF-, otro con periodistas y uno más con organismos de la sociedad civil. “La idea es que fuera una Ley ciudadana, en un ejercicio de gobierno y parlamento abierto”.
En el ejercicio participaron 488 personas que derivaron en 167 propuestas. Entre los puntos principales de la reforma, Sandoval enumera:
* Aumentar las obligaciones de oficio, las cuales deben subir a los portales -en la Ley actual hay 25 de estas obligaciones, pasan a 48-. Aumentar las obligaciones específicas, pasan de 82 en la Ley actual a 122.
* Se incluye a nuevos sujetos obligados -de 64 en la entidad pasan a 239-, entre éstos fideicomisos, partidos políticos, sindicatos y Organismos de la Sociedad Civil que reciban recursos públicos.
* La posibilidad de que el ITAIP imponga sanciones económicas a los sujetos obligados que no entreguen la información requerida.
* Crear un Consejo Ciudadano Consultivo para el ITAIP, con consejeros electos por el Congreso local.
“Hay nuevos actores, los actos más requeridos, más cuestionados respecto a la transparencia”, explicó el consejero ciudadano consultado. En cuanto a las sanciones, refiere que la Ley actual contempla sanciones “pequeñas”, pero no hay un procedimiento para aplicarlas, y en la práctica el ITAIP lo único que ha hecho es dar conocimiento a los órganos de control de los sujetos obligados para que apliquen las sanciones, pero no hay seguimiento.
“La experiencia que hemos tenido es que en la historia del Instituto, de alrededor de 64 casos que se han notificado a órgano de control interno para que abra un procedimiento administrativo, solo en dos casos se ha abierto. Es letra muerta”, sostiene Sandoval, quien considera que con la nueva Ley cambia ese panorama.
En cuanto a los tiempos, explica que se busca reducir los tiempos para que los recursos sean resueltos en un periodo de mes y medio a dos meses.
De los nuevos sujetos obligados, refiere que los partidos nacionales ya están incluidos en la Ley general, pero en el caso de la nueva legislación local se incluyen a todos los partidos estatales y su revisión en cuanto a ingresos, gastos, nómina; pero también militancia, membresía, actividades.
De igual manera, la nueva Ley contempla la entrada en vigencia dentro de180 días posterior a su aprobación -alrededor de seis meses-, con la idea de que estas instancias se preparen para su cumplimiento. “Eso implicaría que a más tardar en septiembre, octubre, ya tendrían la obligación de presentar la información en sus respectivos portales de transparencia, lo mismo partidos que sindicatos”.
En el caso de los sindicatos, en primera fila están los sindicatos de la burocracia, magisteriales, universitarios. “Los sindicatos y partidos políticos deben tener un concepto que se llama transparencia proactiva, que significa que se deba ser transparente por convicción, no por obligación. Que no estén buscando un resquicio de la Ley para evitar ser sujetos obligados”, comentó Octavio Sandoval.
Aparte, en la lista de nuevos sujetos obligados entran organismos de la sociedad o clubes privados que reciban dinero público, entre éstos el club Águilas de Mexicali -beisbol- , los Soles -en basquetbol- o el Museo Sol del Niño, quienes reciben apoyo por el área de desarrollo social del gobierno estatal. “Esos sin lugar a dudas son sujetos de la Ley de Transparencia”, considera el consejero en alusión al seguimiento del uso del dinero público.
“Ya no hay donde se pudieran refugiar entidades o transacciones, porque ya la Ley los abarca en todos los ámbitos”, advierte Sandoval, además de exponer que la información es parte de un proceso que incluye obtenerla, evaluarla y exigir resultados: “Estamos trabajando apenas en el proceso de la obtención, luego sigue hacer juicios en la evaluación y posteriormente llegar a conclusiones y exigir resultados, por el lado de la sociedad…”.
TRANSPARENCIA FOCALIZADA
Por su parte, el diputado panista y presidente de la Comisión de Transparencia, Cuauhtémoc Cardona Benavides, explicó que se buscó privilegiar el principio de máxima publicidad, que lo que es público debe ser del público. Y que el compromiso es que el domingo 31, en la sesión de clausura se aprueben las tres propuestas, entre éstas la Ley de Transparencia, la Adenda y la Reforma al Sistema Anticorrupción.
Octavio Sandoval ITAIP, Cuahutemoc Cardona, Carlos Maya sindicalista, Job Montoya movimineto ciuadano
“Lo que nos interesaba era la socialización del tema de transparencia”, dijo el legislador tijuanense.
Uno de los puntos que llevó más tiempo de debate fue sacar al gobernador de la primera parte del proceso de selección de consejeros de transparencia -actualmente se conformaba una comisión con funcionarios estatales, a los que se sumaba el sector privado y el académico, y el Congreso designaba a partir de una lista que envía el Ejecutivo-; todo será a través de un comité ciudadano con carácter honorifico, que surgirá a propuesta del Consejo Consultivo, también ciudadanizado.
Según Cardona, este nivel de participación ciudadana no existe en ninguna legislación de transparencia en otros Estados.
Otro rubro que se llevó mucha discusión fue el relativo al otorgamiento al ITAIP de capacidad sancionadora, la parte que antes tenían y no ejercían las contralorías internas. También se aprobó que el contralor interno sea designado por el Congreso del Estado.
Cuauhtémoc menciona que entre las reformas se incluye la parte que llaman “tres de tres”, la obligación de hacer pública la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal. Incluye a funcionarios, regidores, alcaldes, diputados y gobernador.
En el caso de los partidos como nuevos sujetos obligados, comentó: “Todo lo que reciben -de dinero público- cómo se lo gastan, quiénes trabajan, cuánto se paga, los gastos, los programas de capacitación. Esto va a generar una gran exigencia”, dice en relación a temas como los sueldos de los dirigentes partidistas, donde en algunos casos nacionales se equiparan a los secretarios de Estado o en los locales, a funcionarios de primer nivel.
El diputado justificó que eso tiene que ver con un concepto de trasparencia focalizada y son los rubros que históricamente han sido recurrentes por parte de la sociedad.
“Siempre es lo mismo, cuánto ganas, de qué dispones, cuánto equipo tienes, cuáles son los gastos, sueldos, plantillas, contratos”. En esa última parte menciona que la nueva Ley incluye un mandato para que los órganos colegiados -en los gobiernos- tengan sesiones públicas.
QUE SE ABRA
“Es muy acertado que se vigilen los recursos que se dan a los sindicatos, estos recursos son públicos y se utilizan para pagarles a los comisionados. Los sindicatos tienen muchos comisionados, exageradamente”, reflexionó el doctor Carlos Maya, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTECALI gremio independiente surgido a principios de la década pasada y que agrupó -como lo recalca el especialista en ortopedia- “a trabajadores de ISSSTECALI, no a derechohabientes”.
Cuestiona esa figura de comisionados, dado que “los sindicatos tiene mucha gente que no hace nada, esta gente debería estar devengando un salario y no gastándose un dinero público”.
Maya, quien además encabeza el Congreso del Trabajo en Mexicali, considera que la mayoría de estos comisionados son “aviadores” y calcula que sindicatos grandes no ocupan más de 30 personas para manejar los asuntos gremiales.
“Esto es una dicotomía entre el gobierno y los sindicatos. El gobierno es el primero que oculta las cifras que le da a los sindicatos y, si se va a trasparentar, que sea ya. Cuánto le da a cada sindicato, cuánto en prerrogativas -como el apoyo el Día del Niño, de las Madres- y necesitamos saber qué hacen los sindicatos con todo este dinero, si realmente se aplica para lo que se entrega”.
Agrega que los sueldos de los dirigentes se han constituido en un verdadero secreto de los sindicatos, “solo ellos saben cuánto ganan” y en algunos casos se da el doble pago, están trabajando y están comisionados, lo que constituye un delito.
“No es válido que haya gente comisionada y que solo los utilicen políticamente para hacer bola, para golpear, o para romper las sesiones”, sentenció el doctor Maya.
MC PROPONE NO HAYA FINANCIAMIENTO A PARTIDOS
El líder estatal de Movimiento Ciudadano dice estar de acuerdo en que la transparencia alcance a los partidos políticos y, desde su partido, han propuesto -en igualdad- que no haya financiamiento público: “Para nosotros no será ningún problema la Ley de Transparencia, lo veo con agrado, creo que debemos de ir a la par todas las instituciones públicas, la transparencia debe darse en todos los entes, y nosotros encantados de que así sea”.
Complementa que por año reciben una participación de 10 millones de pesos, a los que se suman cerca de 800 mil pesos provenientes del MC nacional. Dice no tener “ningún sueldo” como dirigente, aunque nacionalmente recibe 18 mil pesos por mes.
