Ensenada, B.C., Tiene 27 años y desde hace 15 defiende una identidad que aunque siente suya, no goza del reconocimiento y garantía del Estado; ésta tomó otro rumbo, a pesar de que se registró como mujer. Por eso, María ahora es Armando.
En noviembre del año 2015, Armando hizo la petición de manera formal al presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, a través del Registro Civil, donde reclama la expedición de una nueva acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexo-genérica. Es decir, pide cambio de nombre y sexo.
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Pero la solicitud de quien en los ámbitos familiar, laboral y social se desenvuelve como hombre fue rechazada, por lo que procedió a demandar al XXI Ayuntamiento de Ensenada.
Con apoyo de su tutor y asesor legal, el estudiante de Derecho, Julio César García Ortiz, promovió un juicio de amparo recibido en el juzgado Octavo de Distrito el 24 de noviembre, admitido al día siguiente con el número de expediente 565/2015.
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Armando considera que la respuesta en sentido negativo del Ayuntamiento de Ensenada vulnera y restringe sus derechos humanos reconocidos, así como las garantías consagradas en la Constitución Mexicana, y otros tratados internacionales.
Discriminación que se suma a las agresiones verbales recibidas en su intento por desarrollarse socialmente, y en sus tratos con instituciones privadas como las telefónicas y bancarias. Es inútil cuando trata de explicar que es un transexual.
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La respuesta del registro civil
En la negativa de Gilberto Hirata Chico, se refiere que la petición no se encuentra dentro de los supuestos contenidos en el artículo 132 del Código Civil del Estado, donde se establece los términos en los que ha de solicitarse la rectificación de actas del registro civil.
Se agrega que a la fecha no existe en la Ley Orgánica del Registro Civil el procedimiento solicitado, ni ante la dirección del Registro Civil del Estado de Baja California, por lo que se invita haga valer sus derechos por la vía y forma que corresponda.
Por eso, la titular del Registro Civil, Rocío López Gorosave, indicó que los casos de solicitudes, no documentadas, o que no están en el reglamento, se giran al área jurídica de la misma dependencia municipal.
También argumentó que todos los trámites se realizan con base al reglamento y, de momento, evitó emitir su opinión personal.
Que el Estado garantice los derechos de la comunidad LGTB
“Me reservo mis comentarios, uno tiene que actuar como funcionaria, acatar lo que está escrito, independientemente de lo que yo piense o lo que yo opine, me tengo que basar a lo que está en la ley”, sostuvo desde su escritorio.
La oficial declaró que es un caso inédito en Ensenada, y dijo que en caso de que el juez lo ordene, acatará la resolución como sucedió con el matrimonio de una pareja de mujeres gay que contrajo nupcias el año pasado.
“De hacerse –el cambio–, tendría que ser por parte del juez, a cancelar esa acta y expedir una nueva”. Sobre el tema finalizó diciendo que en la oficialía de Ensenada, “se está haciendo historia”.
Una vida de discriminación
Armando es el menor de dos hijos de un matrimonio conservador y en su casa nunca aceptaron su condición. Ahora tiene músculos pronunciados, voz grave, barba abundante y sus senos están disimulados.
Se define como un deportista al que la sociedad, lamenta, le ha negado su derecho a la educación superior, a una vivienda digna y a la salud.
Aunque no suele tener contacto con la comunidad transexual en el puerto, dijo conocer a otros que viven en el anonimato, pero que sufren por estar encerrados en un cuerpo que, ellos sienten, no les corresponde.
Asevera que al principio no podía vestirse o expresarse como hombre, pero con los años esto cambió. Fue a partir de los 5 o 6 años de edad que su vida se orientó totalmente a la masculinidad. Hace constar que desde secundaria inició el proceso de reasignación de género, a través de orientación psicológica.
“Desde los 15 años me he sometido a diversos tratamientos médicos y farmacológicos, para corregir la falta de correspondencia entre mi identidad biológica externa y mi identidad real”. Dice en un testimonio escrito adjunto al juicio de amparo promovido.
Los tratamientos inyectados tienen un costo de 800 pesos que funcionan por casi un mes y se usan de por vida. Algunas de las reacciones secundarias son deficiencia renal, osteoporosis, acné y daños digestivos. En un futuro se hará la cirugía en Tijuana para extirparse ambos senos, así como extender el pene. Cada intervención cuesta entre 60 y 70 mil pesos.
— ¿Por qué crees que la autoridad violenta tus derechos?
“Hace algunos años fui a pedir informes para sacar una casa a través del Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) y cuando me pidieron mis papeles me los devolvieron porque dijeron que mi nombre no coincide con mi físico, no puedo tener una casa. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) me entregaron una cartilla rota, al momento de dar la fotografía me dijeron en recepción que no entendían por qué el nombre estaba así, y a la hora de la consulta me negaron la entrada que porque mis documentos eran falsos”.
— ¿Cómo te afecta esta situación y… has pensado en mudarte a otro lugar donde haya derechos para los transexuales?
“Por años estuve harto de buscar trabajo, me decían que no en todos los lugares hasta que encontré uno. Ahora, si las cosas no se resuelven he pensado en mudarme a otra ciudad como el Distrito Federal o Argentina, porque quiero seguir estudiando y quiero abrir mi negocio”.
Ley contra naturaleza
El subprocurador de justicia, Marco Chavarría, habló sobre la problemática que generaría el autorizar el cambio de género de acuerdo a las leyes.
“Puedes cambiar físicamente pero jurídicamente…todavía no, creo que la ley debe prever en ese sentido, porque la ley debería modificar toda la esencia jurídica, del femenino al masculino y viceversa”.
Declaró que no existe una conducta delictiva en la forma de actuar de la persona transgénero. Dijo que el problema es que en caso de un involucramiento en un ilícito (como víctima o agresor), un caso podría complicarse si hay identidades que no coinciden.
Políticas públicas para la diversidad sexual
Jaime Marín, quien preside la Comisión de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Baja California, encabeza un movimiento “trans” para que se respeten los derechos de esta comunidad a través de la Ley de Identidad de Género y Cambio de Nombre en Baja California.
Mencionó que en el 2014 unas 14 personas de los cinco municipios del estado viajaron hacia la Ciudad de México para llevar a cabo un cambio de identidad, nombre y sexo. Estas personas ahora tienen nueva credencial de elector, licencia e incluso pasaporte mexicano. La demanda por cambiar identidad es tanta que en unos meses regresarán con otro grupo más grande.
En Tijuana presentaron ante el cabildo una propuesta de reglamento municipal, que se encuentra en comisiones para que quienes conforman la administración pública, para que en sus respectivas competencias hagan su trabajo respetando a este sector de la sociedad.
De entrada, dijo, les niegan el derecho de matrimonio igualitario, de adopción, cambios de nombre y género. Hacen redadas en contra de la comunidad y lo que está sucediendo es que hay abuso por parte de los elementos de seguridad pública –hombres y mujeres–, quienes han golpeado, exhibido y por ende discriminado a estos ciudadanos.
“Es una cosa que tenemos que ir trabajando, y el objetivo es promover equidad, respecto, conforme el artículo primero de la constitución para prevenir y eliminar la discriminación”, agregó.
Por otro lado, Alfonso Aguilar, representante de la comunidad LGBT (lésbico, gay, bisexual y transgénero) de Ensenada, comentó que buscarán dar el apoyo necesario. “Tenemos contacto con quien ya ha trabajado en el cambio de identidad de las personas que lo han solicitado”, aseguró.
Agregó que la convivencia que se da entre personas homosexuales y transgénero es buena, principalmente entre jóvenes. Se busca la sana convivencia entre personas LGBT y personas heterosexuales y reforzar valores.
Diferencias de términos
Lucía Martín, periodista parisina especializada en la redacción de artículos sobre salud y sexualidad, en uno de sus textos ilustra las diferencias entre transexual, transgénero y travesti. Además documenta distintas opiniones sobre el tema.
Se define la transexualidad como la convicción y sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. La persona no se identifica con su cuerpo y desea cambiar su identidad, mientras que el transgénero se identifica y desea pertenecer al género opuesto pero no se han sometido a un proceso de reasignación de sexo. Por último habla del travestismo como la persona que expresa a través de su modo de vestir, que difiere del rol social asignado al del sexo opuesto.
El amparo
El artículo 149 Ter. del Código Penal Federal, dice que se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.
La justificación del amparo se sostiene sobre el primer párrafo del artículo 1 Constitucional, que proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que la Constitución otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse.
En el documento se señala a las autoridades, la oficial del Registro Civil, la dirección del registro civil del estado, al congreso local, y al gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid por la supuesta violación de los derechos humanos y las garantías individuales.
