El abogado que promovió los últimos juicios de amparo en favor del fallecido recluso Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón” responsabiliza de su muerte a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. En un escrito dirigido al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, el licenciado Carlos Enrique García Limón notificó al titular sobre el deceso de su cliente que tenía juicios de garantías pendientes de resolución en dicho tribunal. El litigante señaló en el documento que “no es cierto que –Nájera Talamantes- haya fallecido por un paro respiratorio o cardiaco, como lo informaron las autoridades responsable a través de los medios de comunicación sino porque no se le brindó una alimentación adecuada”. El ex jefe de células de la organización de los Zetas se había quejado en una de sus demandas de amparo del suministro de alimentos en mal estado. Junto con otros internos como los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales; los hermanos Teodoro “El Teo” y Marco Antonio García Simental “El Cris” y Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”, realizó una protesta que llamaron “charolas sucias” al considerar que las bandejas en las que les llevan su comida son antihigiénicas y la comida estaba descompuesta. Al respecto, el abogado García Limón estima que lo expuesto en ese acto reclamado fue “lo que le provocó padecimientos físicos y psicológicos que causaron su deceso, razones por las cuales considera que se incumplió con dicha medida cautelar, por ende, las –autoridades- responsables incurrieron en actos delictivos”. El juez de amparo aún está a la espera de que los dirigentes del penal de máxima seguridad “Altiplano” informen oficialmente sobre el fallecimiento del quejoso; sin embargo, respecto a las causas de la muerte poco puede hacer por ordenar una investigación. Tras recibir el escrito del defensor, el juez asentó en el expediente de amparo “debe decirse que en el eventual caso de que se justifique el citado fallecimiento, llevaría a decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional”. En cuanto a las pesquisas y reclamos del representante legal del “Canicón”, el juzgador señaló que “tiene expeditos sus derechos para ejercer las acciones legales correspondientes por la probable comisión del delito que considera cometieron las autoridades responsables por las circunstancias que refiere en su escrito de cuenta”. La inconformidad por la muerte de Sigifredo Nájera Talamantes motivó la presentación de por lo menos 26 juicios de amparo más. Presuntamente los narcotraficantes famosos se quejan de las circunstancias de su encierro. Los actos reclamados: incomunicación, tortura y traslado a otras prisiones. Sin embargo, las autoridades judiciales detectaron que las firmas supuestamente plasmadas por los quejosos en sus demandas individuales difieren en sus rasgos de aquellas rúbricas que obran en otros expedientes de los mismos reclusos, por lo que se presume que no son de su autoría. La lista de los quejosos proporcionada a ZETA está conformada por Marco Antonio García Simental, Mario Núñez Meza, Mario Alberto Ramírez Treviño, Miguel Ángel Treviño Morales, José Bernabé Brizuela Meraz, José Tiburcio Hernández Fuentes, Fernando Sánchez Arellano, Miguel Ángel Guzmán Loera y Mario Casarrubias Salgado. También se presentaron escritos a nombre de Jesús Salas Aguayo, Ramón Álvarez Ayala, Salvador Martínez Escobedo, Jaime González Durán, Juan Daniel Velázquez Caballero, Mario Cárdenas Guillén, Arturo Martínez Herrera, Óscar Omar Treviño Morales y Erick Iván Ochoa Flores. Las demandas restantes corresponderían a Édgar Valdés Villarreal, Servando Gómez Martínez, Abigael González Valencia, Rubén Oseguera González, Omar Sepúlveda López, Óscar Osvaldo García Montoya, Diego o Teodoro García Simental y Héctor Manuel Beltrán Leyva. El juez de amparo comisionó al actuario judicial para que se presente en la estancia de cada uno de los supuestos quejosos para que ratifiquen que sí se trata de sus firmas, caso contrario se tendrán por no presentadas las demandas de garantías. Incluso podría darse vista al Ministerio Público de la Federación para que se investigue el fenómeno de promover amparos de reclusos que no están enterados de ello.
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