En el Movimiento Regeneración Nacional ya iniciaron la organización interna para definir consejeros distritales. Ocho distritos en Baja California, en cada uno de ellos elegirán diez consejeros, los cuales designarán, en un futuro próximo, por ahí de la primera semana de octubre de 2015, al dirigente de MORENA en Baja California. Dicen que la persona más apropiada para ocupar tal posición, es el ingeniero Jaime Bonilla. Ex diputado federal, además de empresario de la comunicación al poseer estaciones de radio en ambos lados de la frontera y un canal de televisión, es una de las personas más cercanas al fundador de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, a quien no solo ha contribuido con ideas y recurso económico, sino con afectos amistosos. Aunque también en el centro del país, creen que Bonilla podría ser mejor candidato del Movimiento a la alcaldía de Tijuana. La desventaja es que, más por decisión propia que por política, el magnate de los medios locales no es harto conocido ni en la ciudad, ni en el Estado. Fue en época reciente que invirtió en un aparato de comunicación para propagar la labor legislativa que encabezó como diputado federal, pero no le ha alcanzado para ser plenamente identificado por el electorado tijuanense. De ahí que sus números en una evaluación cuantitativa en la zona, no sean garantía de triunfo. La idea de ubicar a Bonilla en la dirigencia estatal de MORENA y acaso en una diputación local de lista, es más llamativa incluso para su equipo. Eso le permitiría encabezar un proyecto político al que le falta estructura y organización. Ciertamente el Movimiento Regeneración Nacional ha subsistido de la pura imagen de Andrés Manuel, no hay consejeros distritales, no hay dirigencias municipales, mucho menos la estatal; por tanto, no existen tareas específicas y asignadas para su accionar como las hay en el resto de los partidos políticos. La histórica votación que lograron los candidatos de MORENA en Baja California, desconocidos y prácticamente sin hacer campaña, es reflejo del apoyo que los electores dan a López Obrador. En la elección federal de junio de 2015, aun cuando no ganó ninguna diputación federal, MORENA se posicionó en el tercer lugar dentro de la preferencia del electorado. Solo detrás del PAN y del PRI (primero y segundo lugar, respectivamente), dejando lejos al PRD, que de hecho con su 3.78 por ciento de votos, se fue a la séptima posición. El partido de López Obrador logró el 12.86%, muy cercano al 17.71% logrado por el PRI, pero lejos del 28.78% del PAN, con lo que sus candidatos se convirtieron en diputados federales. Esos números, pues, se lograron sin estructura de partido. Sin comisiones ni direcciones, sin equipos de movilización y estrategia de campaña, sin una campaña de filiación ni un llamado electoral abierto a votar por ellos, sin encabezar las causas ciudadanas. Por eso quienes apuestan a la estructuración real de MORENA y a la organización política, social y electoral, ven con buenos ojos que Bonilla sea el dirigente estatal. Para que ello suceda, debe ocurrir primero la selección de los delegados distritales del Movimiento en Baja California, una vez electos los diez delegados en cada uno de los ocho distritos, serán ellos los encargados de votar para elegir al dirigente estatal, lo cual se insiste, será en los primeros días de octubre de este año. De tal manera que para diciembre de 2015 o entrando enero de 2016, los delegados de todos los Estados de la República que alcancen la categoría de nacionales, concurrirán a la elección del dirigente nacional de MORENA, hoy presidido por Martí Batres, uno de los más leales colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Por la dinámica del ejercicio de la política nacional actual, donde en el PRI, Manlio Fabio Beltrones fue ungido como dirigente nacional, en el PAN se nombró a Ricardo Anaya y el PRD pasa por un proceso de cambio en la dirigencia nacional tras el sacrificio de Carlos Navarrete ante los magros y pobres resultados del Sol Azteca en la elección de junio de 2015, MORENA entrará en esa corriente de transición. Lo más seguro, analizan, es que Andrés Manuel López Obrador se postule y logre la dirigencia nacional de su Movimiento Regeneración Nacional, para hacer frente a los otros liderazgos políticos nacionales, especialmente a Manlio Beltrones, el reciente ungido leal soldado del Presidente Enrique Peña Nieto, y a Ricardo Anaya, quien parece haber decidido -también ante las derrotas de 2015- encabezar desde el PAN una oposición real al gobierno priista y no una actitud comparsa de los ventajosos pactos políticos para Peña. Desde la dirigencia nacional de MORENA, Andrés Manuel podrá darle también a su partido estructura y organización, además de tener el pretexto político para continuar con su discurso de proyecto de nación, estar en facultad de realizar giras por toda la República, y enfrentarse a sus detractores políticos en cualquier foro de dirigentes; así como encabezar un crítica al gobierno de Peña Nieto desde la cúpula de un partido político. Estar, pues, en los reflectores nacionales con justificación, luego de que -ya lo ha aceptado- contenderá por tercera ocasión a la Presidencia de la República en 2018. En efecto, en los siguientes meses se definirá el futuro de MORENA y de sus dirigentes. ¿Cómo la ve?
Al tercer año: los cambios para seguir igual
A partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República tanto el priismo como él prometieron un cambio. En la retórica presidencial eso fue el “Mover a México”, la alusión es clara en términos políticos: antes México estuvo estancado, por tanto la manera de cambiar, es moviéndole hacia adelante, avanzando, porque resulta difícil creer que se nos estaba advirtiendo desde entonces, que habría un retroceso. Pero los cambios que han sufrido el País, el propio Presidente, su equipo y su partido, no han sido precisamente para beneficio de los mexicanos todos. Las necesidades son las mismas pero el nivel de urgencia se ha recrudecido. La economía no atraviesa su mejor momento y las predicciones de crecimiento van a la baja para lo que resta del año. En materia política si bien es cierto que la composición de los triunfos electores varió un poco, la crisis de credibilidad en partidos, instituciones y gobierno, también se ha agudizado. Hay también, un mayor nivel de percepción de corrupción, de impunidad, por parte de la sociedad. No es de gratis. El cambio se da a partir del descubrimiento del equipo de reporteros de Carmen Aristegui sobre la adquisición de la “Casa Blanca” por parte de la esposa del Presidente a una filial de la constructora Grupo Higa, favorecida en el pasado y en el presente, con contratos de construcción por parte de los Gobiernos que ha encabezado Peña Nieto. Y por supuesto la sospecha permanece luego que un colaborador del propio Enrique Peña determinó que ni él, ni su esposa, ni el Secretario de Hacienda –también compró su casa al mismo constructor- cometieron delito alguno o cayeron en tráfico de influencias. Otro cambio: Los pobres han aumentado. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política en Desarrollo Social, hay dos millones más de mexicanos que han pasado a esa categoría en los últimos tres años. La devaluación del peso desde el 3 de diciembre de 2012 a finales de agosto de 2015, fue de 25 por ciento. El peso a más de 17 por un dólar habla de una política económica débil, basada en un producto que cada vez tiene menor demanda en el mundo: el petróleo, cuyos costos en lo que va del año han llegado a los 33 dólares por barril, pero el Gobierno basa su presupuesto en 50 dólares por barril (adquieren un seguro para llegar a esa cantidad irreal). Y a la falta de inversión en el País. Aparte de las rigurosas leyes fiscales, los muchos impuestos y el incremento en normas internacionales y aranceles de importación y exportación, el clima de la inseguridad en México, provocado por docenas de organizaciones criminales que no han sido ni erradicadas ni controladas, es un factor que inhibe la inversión. Tanto la extranjera como la local. La impunidad y la corrupción en corporaciones policíacas e instituciones de Gobierno, tuvieron su momento de éxtasis cuando Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, se fugó de LA prisión de máxima seguridad en México, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México. De la investigación para deslindar responsabilidades el Gobierno de la República no ha informado plenamente a los mexicanos, y ha sacrificado a funcionarios de cuarto y quinto nivel, a quienes intentan procesar con poco resultado. El más alto funcionario en salir del Gobierno –sin ser investigado- fue Monte Alejandro Rubido. Su posición como Comisionado Nacional de Seguridad fue el hilo más delgado para romper y pretender enviar una señal de rigor que no ha alcanzado al director de la prisión, al director del Cisen, ni al Secretario de Gobernación ante la imperdonable fuga del capo que encabeza el cártel de Sinaloa. La política contra la inseguridad y el combate al narcotráfico de Enrique Peña Nieto tampoco cambiaron para bien. En los primeros 32 meses de gobierno del priísta, los ejecutados producto de venganzas, enfrentamientos, ajusticiamientos y guerras entre cárteles, alcanzaron la cifra record de 57 mil 410, de acuerdo a la estadística publicada en el semanario ZETA, y que es obtenida en una investigación que incluye los números de Procuradurías de los Estados, medios de comunicación y entidades de seguridad en Municipios y otras instancias nacionales. El cambio principal que ofreció y cumplió Enrique Peña Nieto fue la aprobación de sus reformas estructurales, pero los beneficios que prometió no se han visto reflejados en un mejor nivel de la vida para los mexicanos, ni en una mayor credibilidad en el mercado internacional, ni en un México en paz, próspero, tranquilo, en desarrollo y a la vanguardia. Al análisis de su tercer informe, el Presidente realizó enroques políticos en su gabinete, pues fueron pocos los que quedaron fuera del sistema de gobierno y más los que fueron reacomodados en áreas donde, es evidente, carecen de experiencia o preparación. En la generación de todólogos que está formando Peña llaman la atención dos casos. Claudia Ruiz Massieu. Egresada de ciencia política y con algún postgrado en derecho aún pendiente, es sobrina del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Sorprendió cuando fue nombrada Secretaria de Turismo luego de haber perdido la elección de 2012 al Senado de la República en Guerrero, uno de los principales estados –al menos lo fue en el pasado antes de la inseguridad- en materia turística del País. Pero más sorprendió cuando hace unos días fue nombrada –por su buen desempeño en el sector turístico- Secretaria de Relaciones Exteriores. Tal parece que el nombramiento de Claudia Ruiz le da a la diplomacia un nivel turistero. La sobrina de Salinas es el cuarto titular al hilo, de Relaciones Exteriores, que no cuenta ni con experiencia, ni con educación en la materia, y por supuesto sin carrera en el servicio exterior. El otro cambio llamativo fue el de Aurelio Nuño Mayer, cuya carrera política o en el servicio público tiene apenas 15 años, siempre con cargos alternos, sea como coordinador de algo en la Cámara de Diputados con Luis Videgaray, o de asesor de algo con Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, o coordinador de algo con Eruviel Ávila también en el Estado de México, hasta llegar a la jefatura de la Oficina de la Presidencia con Enrique Peña Nieto. Es decir los cuatro trabajos que ha tenido Nuño Mayer de 2000 a 2015, se los han dado Videgaray, Ávila y Peña. No más. Ni preparación ni experiencia en gobiernos municipales, estatales o de subsecretario, pero ya es Secretario de Educación. La posición más importante y más sensible de la administración pública, como lo es la encargada de la educación, se la dio el Presidente a un novato de la política y el servicio público. Los cambios pues, en los últimos tres años a propósito del tercer informe no han beneficiado a los mexicanos para tener una mejor calidad de vida. Han beneficiado, eso sí, a la clase política en detrimento de la sociedad mexicana que tan mal gobierna. Es cierto, el país se ha movido, pero hacia los lados, sin rumbo, cada vez más lejos del progreso que desde Los Pinos siempre se promete y nunca termina de cumplirse.
Tres años
En vísperas del tercer informe de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de todos los mexicanos, los diferentes medios de comunicación empezaron a hacer públicos los promocionales con números relacionados con las acciones de su gobierno. Una suerte de resultados de las políticas peñistas implementadas, en ese esquema hemos visto propaganda con datos duros, dos ejemplos: Uno habla de 17 mil kilómetros de carreteras construidas, más de mil kilómetros de nuevas autopistas, y nueva terminal ferroviaria en Durango. Otro menciona casi un millón de maestros y alumnos de 5º año que ahora tienen Tablet o laptop, de la entrega de 7.8 millones de becas a alumnos de escuelas públicas, el funcionamiento de 23 mil escuelas de tiempo completo y 20 mil planteles mejorados. Son buenos diseños, fotos o imágenes coloridas, con dos personajes principales, la amigable imagen del Presidente Peña y las obras en toma amplia o aérea. Y muy importante: Poco texto, por lo tanto el anuncio es más fácil de digerir y hay poco para analizar o cuestionar. El eslogan que seguramente ya escucharon es “3 años moviendo a México” y cuando hay imagen al final se autocalifican con una palomita, de esas que ponen los maestros en la tarea cuando la respuesta es correcta. Evidentemente la sociedad tiene poco acceso al detalle de cómo se llegó a esos números que están dando, los anuncios tampoco enfatizan en qué medida han mejorado la vida de los mexicanos estas acciones, y la mayoría de los ciudadanos tampoco tienen el tiempo y el humor para investigarlos, así que podrá el Presidente, sin problema alguno llenarnos de números en su próximo informe de gobierno que marcará la mitad de su mandato. Sin embargo resulta muy difícil creer que las políticas y acciones implementadas son las correctas cuando el informe 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que en los últimos tres años el número de pobres en México ha crecido de 53.5 a 55.5 millones. El dato de que la pobreza extrema (alimentaria) se redujo mínimamente de 11.5 millones a 11.4 millones tampoco resulta alentador, pareciera que en la mentada redistribución de la riqueza que hacen los peñistas, lo único que se está haciendo es quitándole mucho a los pobres para darles poquito a los paupérrimos. Luego la devaluación del peso frente al dólar en un 30.55 por ciento, y la pérdida del poder adquisitivo. La reducción de las expectativas de crecimiento de 3.8 por ciento a 2.2 por ciento. Situaciones que si bien son impactadas por la macroeconomía, también son afectadas por las decisiones internas. Es imposible olvidar los miles de alumnos sin clases por varios meses en diferentes estados el pasado período escolar. La pugna con un sector de los maestros que no terminan de controlar. Qué tal el circo de la “casa blanca” donde el hombrecillo impuesto por el Presidente en la resucitada Secretaría de la Función Pública para exonerarlo junto a su mujer y su secretario de hacienda, por tener una costosa casa “vendida” por uno de los constructores favorecido por sus gobiernos. Para que igual, al final, el Presidente Peña terminara ofreciendo disculpas por la indignación causada, “disculpa no pedida, culpabilidad manifiesta”. En seguridad, una supuesta “disminución” en el tema de homicidios, aderezada con un sub registro del delito, pero que sigue sembrando de muerte todo el país. Encuestas que evidencian la ausencia de credibilidad de la ciudadanía en las autoridades y que manifiestan sentirse cada vez más inseguros. Las deficientes realidades históricas, o falta de resultados en las desapariciones y/o ejecuciones en Ayotzinapa, Tlatlaya, las mujeres de la Narvarte y el periodista Rubén Espinoza, el ataque militar en Ostula. Todo esto aderezado con la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en julio de 2015, casos que dejaron a México y los mexicanos en el ridículo internacional y de nuevo destilando corrupción. Por lo pronto, lo único seguro en el discurso del tercer año de gobierno de Peña Nieto, será la reiterada mención de las reformas estructurales, personajes principales de todas, pero todas los arengas presidenciales, lo que los mexicanos seguimos sin ver, y menos traducidos en las mesas y bolsillos, son los anunciados resultados positivos. ¿Qué tanto vaya a decir o aclarar el Presidente Peña de los temas realmente importantes en su próximo Informe? Los desconocemos. Pese a que recientemente tuvimos un lamentable ejemplo de cuáles son sus prioridades informativas, cuando en cuestión de horas decidió aclarar que no traía las calcetas al revés, en la Quinta carrera Molino del Rey del Estado Mayor el 15 de agosto, los mexicanos le daremos el beneficio de la duda.
Verde que te quiero verde
A Rodrigo Bustamante, deseándole muy buenos deseos Un parque lleno de árboles. Con atención a Tláloc, dios del agua, para que nos mande lluvia; desde el Parque Nacional Constitución de 1857, pasando a desnivel por el Arroyo de las Calabazas, continuando su paso por el Valle de las Palmas, llenando el Carrizo y la Presa Gral. Abelardo L. Rodríguez como la Perla del Pacífico de nuestra querida Ensenada. Seguramente la buena figura de Rodrigo Bustamante, director del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, no solo será resultado de la petición a Apolo; será también por el buen uso de la pala y el azadón. Muchachos de Comunicación Social y de Prensa, preparen cámaras, para documentar, sacar muy buenas fotos del gran Rodrigo fuera de la oficina, “trabajo de campo Rodrigo, con tu ejemplo tenlo por seguro que la sociedad se motivará”. Pensar en una coordinación entre estado y municipio sería entrar en el terreno del idealismo, pues la sociedad todavía no se entera del apellido del Secretario de Medio Ambiente del Estado de Baja California, que carga unas credenciales de gran valor teórico tamaño demonio, con un currículo que no cabe ni en el COLEF. Baja California y en especial Tijuana, está aún a la espera del despertar de la conciencia de tamaños funcionarios, de los que nos hemos ocupado respetuosamente. El tema ambiental es un problema que tanto el Presidente Obama, como el Santo Padre Francisco lo han puesto sobre la mesa de los debates, y en Tijuana ¿para cuándo? Con dedicatoria especial a Rodrigo Bustamante de nuestro máximo bardo Octavio Paz: Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro. Sus raíces son venas, Nervios sus ramas, Sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece En la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla… Nota: Aguas no es solo la foto, estaremos pendientes para echarte porras. Armando Fidel Ramos Hernández pertenece al Consejo de Patrimonio Cultural del Estado de Baja California. Se desempeña en la construcción de sistemas de irrigación, cascadas y lagos.
¿Y el gobernador qué espera?
Francisco Vega de Lamadrid se ha visto tibio. Casi, casi, conformista y muy crédulo de lo que le dicen los miembros de su gabinete. Por lo menos de fuera y ante las acciones -o la ausencia de las mismas- así se ve. No solo porque son muy pocas las pruebas de que encabeza el Gobierno del Estado que ganó en la elección constitucional, sino porque ante los múltiples señalamientos de irregularidades en dependencias y titulares de su administración, Vega no reacciona. Cree en la palabra de Bladimiro Hernández, el contralor del Estado, amigo y compañero de los sujetos a los que investiga. Del trabajo pocos saben qué hace. Si nos remitimos a la agenda “pública” cuando es el caso que se encuentra en Baja California, suele tener solamente un acto. Generalmente a las diez de la mañana, un corte de listón, la firma de un convenio, la clausura de algo o encabezando un acto populista. No más. Después de las diez de la mañana, Francisco Vega no hace nada públicamente. Y de lo que en privado acciona, nada se sabe. A diferencia, por ejemplo, del anterior gobernador, que iniciaba agenda a las siete de la mañana y la concluía entrada la noche, hoy día el titular de la administración pública estatal solo dedica una o dos horas para presentarse ante los bajacalifornianos, por día. En su lugar parecen gobernar los suyos colaboradores. No con muy buenos resultados, por cierto, pues la obra es más municipal y federal que de coordinación estatal; el reparto del presupuesto normalmente se atrasa, las negociaciones con los grupos activos las hacen terceros, el cabildeo federal se lo entregó a la Secretaría de Finanzas, sus medios los controla uno de segundo nivel. Lo que sí encabeza, son los viajes. Eso sí, adonde sea y por el motivo que sea. A Europa, a Asia, viajes domésticos. Aquí a Estados Unidos, aquí a Baja California Sur o Sonora, para donde sea, Kiko agarra vuelo, sea público, comercial o privado. A punto de llegar a su segundo año de gobierno, Francisco Vega sigue confiando en las personas que no han contribuido a la solución de los problemas del Estado, las mismas que como en los específicos casos de Antonio Valladolid, Ricardo Magaña y Carlo Bonfante, han sido señalados de irregularidades en indistintas ocasiones, que él ha ordenado investigaciones y que, vaya cosa, todos terminan exonerados por el gobierno que les da chamba, presupuesto y los investiga. Tan no parece tener el control de su gobierno Francisco Vega, que no ha realizado cambios en su gabinete. Está esperando, tal parece, que sean sus colaboradores los que le renuncien para ir en busca de alguna candidatura, para entonces sí, al accionar de ellos, buscar otros colaboradores que les sustituyan. Esta situación pocas veces se había dado en Baja California. Siempre el que manda y el que determina hasta cuando un funcionario lo es, es el gobernador. No se espera, pues, a tener la estructura desmantelada para intentar recomponerla al gusto de los que se van. Por lo menos Valladolid, Magaña y Rueda, dicen sus cercanos y equipos de colaboradores políticos, tienen intenciones de ser candidatos a algo en la elección de 2016. El secretario de Finanzas, de hecho, acompaña a los de comunicación que se reúnen con los directores de medios para “arreglar” convenios de publicidad, cuando ese no es su trabajo ni está en su interés. Pero es obvio que la mira no la trae en el gobierno, sino en una próxima campaña. Igual Ricardo Magaña aprovechó la elección interna del PAN para mostrar “el músculo electoral” que tiene al interior de su partido cuando participó activa y públicamente en el acarreo, incluso adelantando que va por 2016. De Rueda, bueno, lo suyo siempre ha sido ganar Mexicali, y como secretario de Gobierno no ha tenido ni la personalidad, ni la prestancia política para ejercer el liderazgo político interno que el gobierno requiere. Aparte del gabinete de Vega se irán otros que querrán ser candidatos a alcaldes por alguno de los cinco ayuntamientos bajacalifornianos, también aquellos que aspiren a una diputación local -habrá 25 en disputa- y unos más que se integrarán a las planillas de regidores. Si bien es cierto, los enroques y las salidas del gabinete que el jueves 27 de agosto encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto, no dejan ver un mejor futuro para el ciudadano común mexicano en las siguientes semanas; por lo menos Peña demostró quién tiene la batuta en su gobierno. Él los cambió o los sacó. No le renunciaron ni le pidieron licencia. Quizá sería hora, antes del II Informe de Gobierno (o de la II Volanteada de Gobierno), de que Francisco Vega de Lamadrid tomara las riendas de la administración en sus manos. Ya va siendo hora. La inseguridad, la desestabilidad social y la política electorera, así lo exigen. Claro, para eso, el gobernador tendría que trabajar.
Manlio, ¿presidente? (Segunda y última parte)
El PRI de Camacho perdió voz propia, vinculación con las aspiraciones populares. Fue antidemocrático en la designación de candidatos a puestos de elecciones. Mantuvo uno de sus principales defectos de siempre, la simulación, si no lo creen, ahí está el procedimiento de candidatura única para dirigirlo. La elección federal reciente no fue caótica porque el voto duro le respondió, aunque perdió 3% de lo calculado, pero la realidad es que el PRI, como todos los partidos tradicionales no se encuentran en su mejor momento, de ahí que Beltrones, con esa declaración, intente darle confianza al Presidente y a su entorno, de que él será leal e institucional. Su siguiente declaración también es retórica y tiene el mismo propósito, “cuando Zedillo estableció la sana distancia del PRI, perdimos la elección”, dijo en su discurso. No, no es así y lo sabe Manlio. En la campaña de Labastida me lo encontré a él y a Yunes en un restaurante de Polanco, se quejaron de inmediato de Labastida y su equipo, que no los habían invitado a participar, que no estaba siendo incluyente, que había muchos priistas que no estaban siendo invitados a participar, ellos eran ejemplo de ello. Así se va a perder, me concluyeron tajantemente. Me acompañaba Marcos Bernal, entonces muy amigo mío y ahora del grupo cercanísimo a Manlio. La elección del 2006 se perdió por múltiples razones, cuyo análisis rebasa los propósitos de este artículo; tan solo enumeraré algunos: desunión en el PRI, regular candidato, mal equipo de trabajo, mal debate, mala organización electoral, etcétera, pero lo que sí les puedo comentar de pleno conocimiento, es que Labastida contó con todo el apoyo político y demás del Presidente Zedillo. Así que nuevamente entiendo esta declaración con el propósito de congraciarse con el Presidente Peña y su equipo cercano. Manlio, lo volveré a repetir, es un extraordinario político, es negociador, trabajador, tolerante, generoso con su gente, lucha por ella, les consigue posiciones, pero no es un ideólogo y el PRI, en estos momentos, además de operación política necesita urgentemente un reposicionamiento ideológico. Nadie conoce ya su ideario político, ¿por qué lucha? ¿Cuáles son sus causas? Un ejemplo de esta debilidad es la afirmación que hace de que el Gobierno de México es el Presidente. Ésta es una exageración, el Presidente es tan solo el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero el gobierno mexicano es más amplio, es el legislativo, el judicial, los órganos autónomos. Otro ejemplo de esta debilidad, es comprometerse a consultar al Presidente en su actuación de partido. Es al revés, el Presidente tiene que consultar al Partido, el Presidente solo dura seis años, el partido es permanente. Otra presunta debilidad de Manlio son los ataques de algunos periódicos americanos, que presuntamente lo vinculan con el narco. A finales de los 90, siendo yo senador por Baja California, coordinaba los trabajos de los senadores del PRI del senado en la Comisión Permanente, en la reunión previa que manteníamos antes de iniciar la sesión, el Dip. Juan José Osorio, me comentó, ya que él era el Presidente de la Comisión y coordinaba a los diputados federales del PRI, que el Presidente Zedillo le había pedido que me subiera a la tribuna a criticar, la entonces certificación que hacía el gobierno de los Estados Unidos de América, a los trabajos de los gobiernos, respecto a lo que hacían o dejaban de hacer en materia de combate al tráfico de drogas, pero que no defendiera ni a Beltrones ni a Jorge Carrillo Olea, gobernadores de Sonora y Morelos respectivamente, por la acusación que hacían de supuesta protección a los cárteles de la droga, según nota del periódico La Jornada del 23 de febrero de 1997. De inmediato me negué. Le dije que yo podía hacer dos cosas solamente, si teníamos pruebas de que estos gobernadores de verdad estaban involucrados, yo me subiría a la tribuna a solicitar su arresto, pero que si solo eran ataques políticos de alguien y no había pruebas de nada, yo me iba a subir a defenderlos, aunque la instrucción fuera otra. Como no había prueba alguna, eso hice y nadie me reclamó, ni el Presidente Zedillo, ni el Secretario de Gobernación, ni el Presidente del PRI, ni mi líder senatorial. Al contrario, en la noche recibí una llamada de Manlio, para agradecerme y me dijo, no sé cuándo pero algún día te agradeceré tu defensa y tu valor. Carrillo Olea, a pesar de ser mi amigo y de que yo le organicé y gané su elección, nunca me llamó para nada. Éste es, volviendo al tema, entonces otro flanco débil de Manlio, cada vez que pueden, alguien le saca estas referencias. Aunque Manlio ha sido casi todo, diputado federal, senador, gobernador, subsecretario de gobernación, miembro del CEN del PRI, líder de las dos cámaras del Congreso de la Unión no dejan de sacarle reiteradamente este tema, el cual yo entiendo como un ataque político sin fundamento, pero con mucho pegue mediático. Además de esto, el reto de Beltrones será formidable. Sin tener todo el poder ni toda la confianza presidencial, con fuego amigo permanente, deberá intentar devolverle prestigio al PRI, trabajo verdaderamente difícil, si no imposible, porque para hacerlo deberá dotarlo nuevamente de voz propia, para lo cual tendrá que ser divergente en muchos casos de la política presidencial. No tengo duda del talento político de Manlio, pero creo que lo van a tratar de tener muy controlado. Fiel a su política presidencial toluqueña, van a poner en el comité a puros incondicionales, aunque ineficientes. Manlio tendrá que utilizar a los secretarios adjuntos, para allegarse de los mejores operadores. Adicionalmente le tocará enfrentar la fiebre de los “independientes”, personajes que creen no tendrían posibilidad de ganar con sus partidos, pero creen que si se declaran independientes, sin serlo, la gente va a votar por ellos. En fin, menudo reto tendrá Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI, si lo supera y tiene con qué, el premio que siempre ha soñado estará a su alcance, ser candidato a la Presidencia de México, ganar será otro cuento, que después les platicaré. Agradezco a Adela Navarro y a El Z, la oportunidad de escribir nuevamente en sus páginas. Amador Rodríguez Lozano, potosino radicado en Baja California. Fue Senador, Diputado Federal y Ministro de Justicia del Estado de Chiapas.
Visitas frívolas
Esta semana, cinco secretarios de Estado visitaron Baja California. Al menos ese número de manera pública y oficial. Con agenda del Gobierno de la República, en representación del Presidente Enrique Peña Nieto, y con viaje pagado con recursos del Estado. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Meade; el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el secretario general de la Defensa, Salvador Cienfuegos; y la procuradora general de la República, Arely Gómez. Todos, estuvieron por lo menos en Tijuana, en menos de dos días. Ninguno de ellos trajo buena noticias. Lo suyo fue venir a actos de lucimiento y nada más. La procuradora y el General de la Defensa, a detonar explosivos para iniciar la quema de droga y celebrar los decomisos que las Fuerzas Armadas de México han realizado este año. El de Hacienda y el de Relaciones Exteriores, vinieron a cortar el listón que dio el arranque a la utilización de la puerta peatonal para entrar a México desde los Estados Unidos. La que conecta por la garita, las ciudades de San Ysidro y Tijuana. Por último, el de Hacienda y el de Energía, fueron a inaugurar una planta eólica, que con recursos de Nacional Financiera, proveerá de energía -vendida, por supuesto- al Estado de California en los Estados Unidos. Eso fue todo. No hubo, como solía suceder en el pasado, anuncios espectaculares de inversiones para la región por parte de los secretarios de Estado. Vaya, estuvieron en esta ciudad por algunas horas y rápidamente se fueron. No se quedaron a dormir, no recorrieron las calles, ni convivieron con los bajacalifornianos comunes y corrientes. No concedieron entrevistas, ni encabezaron ruedas de prensa. No dieron a nombre de su jefe y Ejecutivo de la nación, Enrique Peña Nieto, buenas noticias a los bajacalifornianos. Lo de la quema de drogas fue un acto nacional que se celebró en cada una de las sedes militares que más estupefacientes han decomisado. Si la procuradora vino a Tijuana fue porque en esta entidad se ha dado la mayor cantidad de aseguramientos. Y los otros actos pues no pasaron del corte de listón. En sexenios anteriores, presidentes y secretarios dormían en Tijuana o Mexicali, mínimo giras de dos días para hacer recorridos por colonias, centros y oficinas gubernamentales. Giras de reconocimiento de necesidades, visitas públicas donde los ciudadanos podían acercarse y entregarles peticiones, que a su vez, los poderosos políticos encargaban a sus asistentes para ser atendidas. Comían en alguna casa del pueblo, o en restaurante de la ciudad. Daban conferencias de prensa y acudían a medios específicos para entrevistas exclusivas. Estaban más atentos a los gobernados que ahora. La tónica de Enrique Peña Nieto es seguida por sus colaboradores. Ignoran las manifestaciones de los sectores de la población, se niegan a hablar frente a la grabadora o las cámaras. Le huyen a la entrevista. Se mueven en la burbuja blindada por el Estado Mayor. Convoyes de vehículos, camionetas blindadas que los alejan de ciudadanos. Hacía mucho tiempo que a Baja California no la visitaban cinco secretarios de Estado, pero es la primera vez que la visita no deja nada más allá de caos vial, movimiento de elementos del Ejército y las fuerzas de seguridad que cuidan, nadie se acerque a los servidores públicos. Las giras son para la foto y las imágenes en video. Para ser parte de una presentación en el informe, o texto en un documento de conclusión de año fiscal. Giras de secretarios así, rápidas, de ornato, con harta seguridad y lejanas a la ciudadanía, no aportan más que al pensamiento colectivo de un gobierno distante de la sociedad. Centralista. Que gobierna desde la Ciudad de México y solo acude a frívolos actos de inauguración o cenas privadas con unos cuantos privilegiados. Un gobierno ajeno a su sociedad, es un gobierno insensible a las necesidades de los mexicanos. Los bajacalifornianos se quedaron con las ganas de ser escuchados, o de ver de cerca a quienes les pagan para llevar las riendas de esta nación. Los temas que interesan en la frontera, los fiscales, las medidas que impiden el crecimiento económico de la región, limitan la inversión y disminuyen la competitividad, no pudieron ser expuestos a los secretarios de Estado. Como también los ciudadanos se quedaron sin respuestas sobre el clima de inseguridad que priva en la frontera. Los encargados de las Fuerzas Armadas y la procuración de justicia, se negaron a responder. Ahora sí que los políticos y funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto, no se dan su baño de pueblo. Se quedan solos en su círculo de seguridad. Llegan, cortan listón y se van. Cero comunicación, cero entendimiento con el pueblo y las ciudades que, desde el centro del país, gobiernan. Tache.
La gira de inauguraciones de Videgaray
Después de haberles pospuesto la visita durante los últimos seis meses, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, únicamente departió con un selecto grupo de empresarios, y fue escueto con los periodistas que se acercaron a preguntarle de las múltiples inconformidades del empresariado fronterizo con la política económica y financiera del Gobierno Federal. Efectivamente, luego que arribó tarde al acto inaugural de su gira por Baja California, cuando concluyó la presentación de la puerta de acceso peatonal de San Ysidro a Tijuana, Videgaray se limitó a responder que ellos no promoverán la disminución del Impuesto al Valor Agregado en la frontera, y a evadir el tema de la importación de autos usados, ponderando el crecimiento de la industria automotriz nacional. Después, el titular de Hacienda viajaría a La Rumorosa para otra inauguración, en este caso, del parque eólico. Y por la tarde, con retraso, a la casa de Gustavo Camarena en el fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, convocado por consejeros de Grupo Nacional Financiera, quienes a su vez invitaron a empresarios a departir con Luis Videgaray. Fueron 26 personas, de las cuales seis eran funcionarios de gobierno, entre ellos el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid; el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante; el de Finanzas, Antonio Valladolid, entre otros. 
Por los empresarios, destacaron Salomón Cohen, Jorge Kuri y José Galicot, así como los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Mexicali y Ensenada. La conclusión de la reunión, dicen los empresarios, fue “positiva, un efecto de inicio de diálogo”. Por supuesto Humberto Jaramillo, quien desde el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, se ha destacado por el dócil trato hacia los gobiernos, y por dejar las denuncias y el acompañamiento de las causas de los empresarios a otros líderes de organismos. En contraparte, Gilberto Leyva, de la Cámara Nacional de Comercio, no fue invitado a la comilona con Videgaray. El de la CANACO ha resaltado por exigir al Gobierno Federal medidas para la reactivación de la economía fronteriza, precisamente en los temas que al de Hacienda le son incómodos: vuelta atrás a la homologación del IVA, flexibilidad en el control de dólares, importación de vehículos y el establecimiento de una Zona Económica Estratégica en la frontera. Lo que Videgaray no escuchó de viva voz, el empresario se lo dejó por escrito. El resto de la gira fueron inauguraciones, nada de anuncios para el desarrollo de la economía fronteriza. La primera inauguración fue la de Puerta Este Tijuana-San Ysidro. El paso peatonal de San Ysidro a Tijuana que diariamente recibe a 22 mil personas que ahora deberán enfrentar el cuello de botella y la burocracia, pues a su llegada tendrán que pasar por varios filtros: primero el área de auto declaración, luego los semáforos fiscales, pasar maletas en máquinas de rayos X; para finalizar, y si no hay inconveniente por parte del agente aduanal, previa auscultación del pasaporte mexicano cuando así se requiera, podrá internarse en la ciudad. El acceso tuvo un costo de 114 millones de pesos. Los trabajos de edificación duraron de 2011 a 2014. Las cifras del Gobierno Federal dejan en claro que las instalaciones fueron creadas para fiscalizar más a los ciudadanos que ingresan al país. La Aduana de Tijuana es la tercera en número de operaciones y la treceava en recaudación a nivel nacional. A julio de 2015, se realizaron 852 mil 808 operaciones de importación y exportación. 
Tan solo en ese mes recaudó mil 79 millones de pesos por auto declaración, y por pagos de excedentes de franquicias 10.4 millones de pesos. De 2001 a 2014 transitaron 112 millones 997 mil 63 personas, un poco más del total de la población de México, según el Censo 2010, que fueron 112 millones 336 mil 538. El flujo peatonal anual es de 21.6 millones de personas. Secretarios callados Luis Videgaray Caso visitó Tijuana acompañado de Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT); el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; así como el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Ofreció un discurso de menos de 10 minutos, inauguró las instalaciones y salió corriendo con destino a La Rumorosa, donde tenía otra inauguración. El titular de Hacienda no convocaría a una rueda de prensa, pero a empellones, reporteros lo abordaron sobre tres temas, dentro de ellos la posibilidad de regresar la tasa del IVA del 16 al 11% en la frontera, a lo que respondió: “El tema no lo propondrá el Gobierno de la República. Insisto, lo que le corresponde al Gobierno de la República y que también le corresponde al Gobierno del Estado y municipal, que se benefician de estos recursos adicionales, es proveer mejores servicios de infraestructura, por lo cual estamos aquí dando inicio en Baja California”. 
De la importación de autos usados a la frontera, afirmó que como autoridad, cumplen con la Ley y se aseguran de que la importación se haga de manera legal, en primer lugar, por el bien del medio ambiente. “Sobre todo entendiendo que los automóviles que ingresan de manera ilegal al país le están costando empleos a los mexicanos que participan en la industria automotriz”, resaltó. Posteriormente ponderó que la venta de automóviles nuevos a nivel nacional ha crecido un 20 por ciento en 2015, en comparación con el año pasado. Por último, en torno al aumento de los índices de pobreza, Videgaray Caso opinó que mejoraron las estadísticas en materia de alimentación y de acceso a la seguridad social, y seguirán generando programas de combate a la pobreza como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Energía limpia de BC para EU Sin beneficios reales para los bajacalifornianos, el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, inauguraron el parque eólico Energía Sierra Juárez, ubicado la zona boscosa cercana al poblado La Rumorosa, en el municipio de Tecate. A pesar de la inversión de 80 millones de dólares provenientes de Nacional Financiera (NAFINSA) y el Banco de Desarrollo de América del Norte, los beneficios serán para California, debido a que el 100 por ciento de la electricidad generada se enviará a aquel Estado, al contar con un contrato de compraventa por 20 años con la empresa San Diego Gas & Electric. El proyecto marca el arranque -por lo menos en Baja California- de la Reforma Energética y, según los funcionarios federales, representa un hit en la modernización en la rama. El evento protocolario inició con más de una hora de retraso, a pesar de que los funcionarios se trasladaron vía aérea desde Tijuana y aterrizaron en una escuela del poblado La Rumorosa, de donde fueron transportados por tierra hasta las instalaciones de la empresa Ienova, subsidiaria dela trasnacional Sempra Energy. El chofer designado para este último tramo fue el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y según dijo a los reporteros, aprovechó para platicar de las importaciones de vehículos, depósito de dólares, casas de cambio, IVA y recursos extraordinarios sobre educación. Tanto Coldwell como Videgaray se enfocaron en los beneficios de la Reforma Energética, además de resaltar que Energía Sierra Juárez, es el primer proyecto eólico entre México y Estados Unidos, cuya energía generada se exportará a California. El titular de la Secretaría de Energía señaló que la central se interconectará con el sistema de Transmisión Suroeste de Estados Unidos mediante una nueva línea que cruzará de México a la Unión Americana, lo cual representa la posibilidad de que la energía limpia se genere en un producto de exportación. 
Coldwell anunció para Baja California un estudio de factibilidad para conectar a la entidad con el resto del país con recursos privados. Luis Videgaray habló del compromiso presidencial de traer capital privado para la generación de energía que sea compatible con el medio ambiente. “México ha asumido bajo la dirección del Presidente Enrique Peña Nieto con las energías renovables. Tenemos una meta ambiciosa, tenemos una meta de que, en menos de diez años, el 35% de la energía, tiene que ser energía renovable”, indicó en su discurso. “Tienen la oportunidad de convertirse cada vez más en la región más competitiva y más productiva del planeta, pero para que eso sea una realidad tenemos que aprovechar a plenitud nuestras oportunidades, y las oportunidades conjuntas implican, entre otras cosas, la complementariedad en materia de energía”, complementó el funcionario federal. Al final del evento, se cuestionó al gobernador de Baja California sobre los beneficios que la generación de energía por parte de la planta traería al Estado. “Es un proyecto, ya venía de tiempo atrás, es un proyecto mucho muy importante, es un proyecto punta de lanza y que nos refiere la oportunidad que tenemos de producir; los proyectos que ahora estamos trabajando como Gobierno del Estado tienen que ver en esquemas APP para traer energía limpia, alternativa que apoye a los bajacalifornianos, a la industria y al sector doméstico”, respondió Vega de Lamadrid. En cuanto al proyecto en particular pronunció: “Somos vecinos, somos buenos vecinos, tenemos que compartir”. Durante los discursos de Videgaray y Coldwell, el mandatario estatal no intercambió palabras con ellos, solo el saludo después de cada participación; tal y como lo hizo cuando vino a San Felipe el Presidente Peña Nieto, “Kiko” le mandó saludar.
Apresuran medidas para evitar alerta de género
El martes 27 de enero de este año, la directora y representante legal de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos con sede en Tijuana, Meritxell Calderón Vargas presentó oficialmente ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujer) una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de Baja California. El procedimiento está marcado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tiene que ver con la implementación de una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia feminicida en un determinado territorio. En la práctica significa la intervención del gobierno federal ante la inacción de una entidad para controlar la violencia contra las mujeres. El mecanismo inicia con una serie de movimientos burocráticos –la primera solicitud no cumplía con todos los requisitos—, por lo que fue replanteada y enviada de nuevo. De ahí se informó al gobernador de Baja California, a la par que se conformaba una comisión interinstitucional –donde participan derechos humanos, académicos, especialistas— y la primera sesión del grupo se efectuó hasta el 18 de marzo de este año. En esa misma semana tan solo en Mexicali fueron salvajemente asesinadas tres mujeres y sus cuerpos encontrados en diferentes puntos de la zona periférica de la capital. Una en el ejido Hermosillo, localizada en un solitario paraje, asfixiada, otra más en un dren cercano a la colonia Santa Isabel, estrangulada y con una bolsa de plástico en la cabeza. Cuatro días después, otra joven fue encontrada en al fondo de un dren en la parte sur de Mexicali. Estaba atada con un alambre a un cigüeñal de motor, hundida entre las aguas verdosas. A la semana siguiente el Grupo de trabajo se trasladó hasta Baja California –Tijuana y Mexicali—, donde recabaron información de organizaciones civiles, dependencias, periódicos, hospitales.
Todo eso sirvió para corroborar la información que en unas cuantas cuartillas había sido planteada por la solicitante y que resumió en un párrafo “Existe un contexto de delitos que atentan contra la vida, la libertad, la integridad de las mujeres en la entidad, en un contexto de reclamo social por la falta de interés de las autoridades…existe una violencia sistemática contra las mujeres en un ambiente de impunidad”. También consideró preocupante el incremento en los homicidios de mujeres y personas con identidad lésbico, gay, transgénero, transexual, travesti, bisexual e intersexual. “Los asesinatos son cometidos en forma extremadamente violenta y brutal, delitos de odio cometidos con saña”. De acuerdo a los datos aportados por la solicitante, tan solo entre el 2011 y el 2013 en la entidad se cometieron 225 homicidios contra mujeres las cuales fueron apuñaladas, decapitadas, incineradas y cuyos cuerpos aparecieron en los canales de la periferia de las ciudades. Aparte secuestros de mujeres en la zona del Corredor 2000 y la constante oficial en todos los casos de vincularlos con temas de narcomenudeo o pasionales. También incluyó las muertes maternas en los hospitales de la entidad, las agresiones contra mujeres indígenas en San Quintín a la par de la inexistencia de medidas de prevención adecuadas y la ausencia de coordinación entre las diversas instituciones involucradas, la falta de recursos y los que hay se utilizan inadecuadamente para financiar acciones de políticas públicas de contenidos misóginos o desayunos del “Día de la mujer”. Hostigadas La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos ya tenía varios años buscando hacer visible los feminicidios en Baja California, explica la abogada y activista tijuanense Meritxell Calderón: “En un principio empezamos a tener amenazas y acoso por parte de las fuerzas del estado, pero decidimos darle un ‘hold’ a esto por motivos de seguridad”. Menciona que el Observatorio Nacional de Feminicidios tiene una representación en Baja California –Laura Gutiérrez—, desde donde les comentaban que no habían reportado ningún feminicidio por parte de su contacto en el estado en los últimos dos años. “Hemos visto que, si bien tal vez se hayan reducido la cantidad de homicidios, han aumentado los homicidios violentos, además que los de mayor saña son contra mujeres o personas de la diversidad sexual”. Ése fue el contexto que las empujó a enviar la información y solicitar la Alerta. “Esta solicitud de alerta es la primera que se hace a nivel nacional tomando en cuenta los feminicidios de mujeres transexuales y en particular los feminicidios de mujeres lesbianas”, dice en relación a delitos que se deben tomar en cuenta y penalizar, así como se hace en infanticidios y otros delitos, situaciones que deben de ser agravadas por el nivel de saña de estos asesinatos. 
En cuanto a la sistemática respuesta oficial que vincula estos crímenes con temas de narcomenudeo o pasionales, la activista considera que con esa actitud buscan escabullirse de estos datos tan evidentes, aparte que no toman en cuenta ni mencionan las mujeres que mueren en la cama de un hospital por negligencia médica o abortos clandestinos. “El grupo de trabajo comprobó que hay pruebas de que el sistema de salud en el estado cubre, esconde esos actos para disimular las cifras”. Aun así considera que en áreas estatales, como en el caso de la procuraduría, parece que hay la intención de trabajar en los temas –pone el ejemplo de la apertura del área de derechos humanos—, además de que con la reciente reforma penal puede ser una herramienta importante. “La capacitación en derechos humanos de las mujeres es clave, hay muchas mujeres víctimas de amenazas, de hostigamiento, de acoso, que son las victimas precisamente de feminicidio y por la comisión de estas quejas los perpetradores viven en la impunidad total”. Diversa “En Baja California hablamos de que son siete de cada diez mujeres que manifiestan algún episodio de violencia en su vida, el caso extremo de violencia es precisamente el feminicidio”, expone por su parte Rebeca Maltos, del grupo Gente Diversa, explicando este último término en cuanto a que haya de por medio agravantes como el dolo, el tener una relación sentimental con el victimario, la evidencia de tortura o abuso sexual. “La alerta es un mecanismo para proteger a las mujeres, para garantiza, porque el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por cuestiones culturales la mujer no tiene esta vida cotidiana resuelta de violencia”, refiere Maltos en alusión al mecanismo generado a raíz de la aprobación de la ley publicada desde el 2007. Aunque el tema, resalta, se ha politizado: “Lo que había estado sucediendo hasta el mes pasado es que las directoras de los institutos, si la alerta de género era de una entidad que era del PRI, votaban de una forma, si era del PAN de otra”. Actualmente hay cerca de diez entidades donde se ha solicitado la Alerta de Género, pero no se ha resuelto. Entre las primeras resueltas, hace dos semanas para el Estado de México para 11 municipios, y hace una semana para Morelos. Rebeca Maltos retoma una frase de la académica y feminista Marcela Lagarde: “La Alerta de Género es un mecanismo de gobernanza, no es un tema político ni para castigar a los gobernadores”, y de su parte amplia: “La Alerta de Género es un mensaje muy claro desde el Gobierno del Estado donde le dice a la sociedad, en esta sociedad sí nos preocupamos por la seguridad de las mujeres, tanto nos preocupamos que vamos a implementar una alerta para tener mecanismos especiales para protegerlas…”. Oportunidad “El procedimiento de Alerta de Género es un tema poco conocido, suena a una emergencia, si bien es cierto eso pretende el proceso, llegar a determinarlo o no”, dice el subsecretario general de gobierno, Javier Gutiérrez Vidal, quien comenta cómo el CONAVIM (Consejo Nacional contra la Violencia hacia la Mujer) por ley debe darle entrada para analizar los señalamientos.</p> Explica que se conformó un grupo de trabajo interinstitucional que viene a la entidad y realiza una investigación de campo de la cual emiten una serie de recomendaciones que entregan a la Secretaría de Gobernación y que van dirigidas directamente el gobernador del Estado. “Nos encontramos con algunas limitantes”, refiere Gutiérrez Vidal en alusión a casos suscitados en el 2007 y donde no se tenían clasificados exactamente como fueron solicitados. “Pedían una clasificación por el tipo de delito, por las resoluciones que se han emitido, numero de consignaciones, rangos de edades de la víctima, de los agresores, era una información un tanto complicada, pero creo que es bueno porque eso nos dará la posibilidad de tener información más confiable, más documentada. El grupo de trabajo emitió finalmente 14 recomendaciones, las cuales fueron turnadas por el Gobernador Francisco Vega hacia la Secretaria General de Gobierno para atenderlas operativamente. La respuesta oficial vino el 12 de junio aceptando cumplir puntualmente las recomendaciones, con un plazo hasta el 15 de diciembre de este año. 
En caso de no cumplirlas se decreta la Alerta de Género, lo que implica que sea el gobierno federal el que implemente directamente las medidas. “Lo que menos queremos es que se decrete una alerta de Violencia de Género en nuestro estado porque eso diría que no estamos haciendo nuestra tarea. Además crea una serie de conflictos al interior del estado con inversionistas, con gente del extranjero, con turismo”, sostiene el funcionario. “Nosotros como estado queremos demostrar que no estamos haciendo las cosas mal y además ubicamos como área de oportunidad cada una de estas 14 recomendaciones para hacer las cosas mejor y demostrar que sí podemos hacerlas”. Entre las tareas a realizar Gutiérrez Vidal menciona crear el Centro de Justicia para la Mujer –instancia que ya existe en cerca de 12 estados de la República—, que incluye no solo un Ministerio Público Especializado sino además una Unidad de Atención a Víctimas, un espacio de apoyo psicológico, albergue; aunque, debido al costo, considera difícil que ese espacio esté terminado antes del 15 de diciembre. Del Banco Estatal de Datos menciona que se está elaborando la plataforma con el mismo sistema del banco federal, asegura que ya se está avanzado, y están por designar a los responsables en cada una de las instancias participantes. Calculan que para octubre ya lo tendrían listo y enlazados con el espacio nacional. Del programa de trabajo del Sistema Estatal de Prevención y Atención de la Violencia contra mujeres, dice ya está en elaboración. En la lista se encuentra el tema de impulsar la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, lo cual corresponde al Congreso del Estado aprobar, pero existe el antecedente de que ha habido dos intentos de aprobar esta ley, pero han surgido obstáculos de parte de grupos y activistas sociales. “Somos el único estado que no tenemos Ley de Igualdad, todos los demás estados ya la tienen, es una obligación que impone la ley federal. Además es un punto que Indesol le advirtió a Inmujer en el estado que si para el próximo año no hay ley de igualdad, no habrá recursos para programas de atención a la violencia contra las mujeres”. De las Órdenes de Restricción, Gutiérrez Vidal asegura que va muy avanzado y que ya se cuenta con teléfonos celulares básicos que solo marcan al número de emergencia para avisar sobre el peligro de violencia. También la creación de Ministerios Públicos Especializados y de una Casa de Tránsito para Mujeres; Inmujer tiene una casa móvil que les fue donada. Sobre la capacitación de servidores públicos, Vidal refiere van muy avanzados, por lo tanto solicitarían una visita del grupo a mediados de septiembre para revisar los rubros donde hay desarrollo, y no tener que esperar hasta mediados de diciembre. Las recomendaciones – La creación de un banco estatal de datos relativos a la violencia contra las mujeres (víctimas y agresores) alimentado con información de todas las instancias y vinculados a un banco nacional de datos – La elaboración, publicación y difusión de un Programa Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres – La creación de una Ley de igualdad entre mujeres y hombres para garantizar la igualdad sustantiva y de trato – La dotación a Inmujer de mayor infraestructura, recursos y presupuesto para desarrollar sus actividades – La creación de agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desapariciones de mujeres – La protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, mediante la instalación de albergues y la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres – La creación de protocolos especializados en la investigación de feminicidio y de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas – La capacitación al personal involucrado en cuanto al tema de Órdenes de Protección – La capacitación a servidores públicos en cuanto a la atención a mujeres víctimas de violencia – La capacitación a prestadores de servicios de salud en cuanto a la NOM 046 (para que puedan detectar posibles casos de violencia) – Capacitación permanente a policías municipales en cuanto a igualdad de género y derechos humanos – Realizar campañas de prevención en la entidad dirigidas a los grupos más vulnerables como los de la comunidad lésbico-gay-transgénero, indígenas, migrantes, jornaleras -La creación de programas de reeducación a hombres generadores de distintos tipos de violencia basados en un enfoque de derechos humanos.
Peña busca controlar deudas estatales
Enrique Peña Nieto busca que Estados y municipios no puedan seguir generando endeudamientos indiscriminados, pero poco hace para reducir la deuda federal que ya suma 6.65 billones de pesos, sumándole 1.29 billones al saldo de 5.32 billones de pesos que el país tenía cuando el priista asumió la presidencia en diciembre de 2012. El lunes 17 de agosto, el mandatario presentó en Palacio Nacional la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que establece que es responsabilidad del Estado y de los tres órdenes de gobierno, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para contribuir a la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo. Dentro de los ejes rectore, se contemplan mecanismos de medición y control en ingreso y egresos, así como nuevas obligaciones para la contratación de deuda, la cual será aprobada por los Congresos locales. Además, se generará un Registro Público Único de Deuda, un esquema de alerta para determinar los niveles de deuda de cada municipio; la novedad es que los Estados y municipios habrán de contar con aval de la Federación para contraer deuda. La diputada Carmen López Segura afirmó a ZETA que corresponderá a la próxima Legislatura la discusión, análisis y aprobación del documento, así como la generación de las Leyes Secundarias. Por su parte, el economista Jorge Fonseca observó que dicha reglamentación es muy confusa, pues por un lado, refieren que no se podrá contraer deuda, pero luego se contradice, ya que se podrá acceder a empréstitos si son para infraestructura y otros apartados.
En tanto, de acuerdo con el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial (CEESEM), Roberto Valero Berrospe, Baja California ocupa el lugar número 12 de los Estados más endrogados a nivel nacional, mientras que Tijuana es la segunda ciudad más endeudada, después de Guadalajara. Nadie cuida al Gobierno Federal Según el senador Víctor Hermosillo Celada, en la reglamentación hay ciertas restricciones que se impusieron a los Estados y municipios para evitar la hipoteca. “Como la mayoría depende del dinero de la Federación, esta Ley sí restringe mucho lo que es el endeudamiento que puedan tener los Estados y municipios”, advierte. Si bien, las cosas cambian con el tiempo y sin contar el Distrito Federal, Tijuana sigue siendo el municipio con más adeudo en México. “De los Estados, el nuestro, en relación al presupuesto que tiene, ha subido a los 15 mil o 16 mil millones de pesos, que es una deuda del gobierno y entidades descentralizadas, como la CESPT. Por otro lado, hay que recordar que Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tabasco y Veracruz, son algunos de los diez Estados más endeudados”. Más adelante, agregó que una de las cosas que contempla la legislación es que, a meses de terminar la administración, no se va a permitir pedir prestado, algo que es muy común antes de que concluyan los gobiernos. “Pero hay que aclarar una cosa: la Federación quiere controlar a las entidades y cada día hay más centralismo, pero no dice cómo ella va a apretarse el cinto, porque se está endeudando tremendamente. El año pasado fueron 600 mil millones de pesos, y el anterior, una cantidad similar”. El legislador remachó que el Gobierno Federal tiene el problema de endeudamiento sobre todo en cuanto a pensiones, y nadie las toma en cuenta, con el riesgo de que en 10, 15 años, el país tenga problemas fuertes, “así parecido a los que tiene Grecia”. Con base en el Análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2015, elaborado por el Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en los primeros tres meses de año el gasto corriente representó el 74.7 por ciento del gasto programable, y el de capital, 25.3%. “Con relación a lo presupuestado para 2015, el primero registra un avance financiero de 25.1 por ciento, en tanto que en la modalidad de capital se ha erogado el 27.2 por ciento”, se establece. Endeudamiento cotidiano </o:p> La propuesta de vigilar el endeudamiento de las entidades federativas, surge de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, de la cual la diputada Carmen López Segura forma parte. “Con esta iniciativa se van a acabar los excesos, por ejemplo, Tijuana es uno de los municipios más endeudados, junto con Guadalajara. Los ayuntamientos subsecuentes están endeudados por veinte años o más, y lo más importante es que va a exigir ser transparente la aplicación de los recursos; y en caso que no se justifiquen, el presidente municipal o el Cabildo serán responsables”, afirmó la legisladora. En torno al endeudamiento que ha tenido el Gobierno Federal, comentó que no es una justificación, pero el presupuesto se planeó en base a un país petrolizado como lo es México, que depende de las exportaciones del crudo y en el presupuesto para 2015 se pronosticó que el precio sería de 79 dólares, pero al caer, se redujo el flujo de dinero fresco para el país y se echa mano de la deuda, “que no es lo deseable, pero es un mal necesario”. Según la priista, todavía falta la legislación secundaria donde se contempla la operatividad, ahí se establecerá que cuando se sorprenda a un ayuntamiento gastando de más, o pidiendo préstamos desmesurados, se les debe investigar y castigar de acuerdo al estatuto. Corresponderá a la nueva Legislatura, a partir de septiembre próximo, la aprobación y elaboración de las leyes en cuestión. Documento dudoso En la opinión del economista Jorge Fonseca, la legislación de disciplina financiera es positiva, aunque hace falta el cómo se habrán de hacer las cosas. Destacó que con base a lo que se ha publicado hasta el momento, la ordenanza es muy ambigua, pues cuando menciona que las nuevas disposiciones solo serán aplicables para los recursos federales, se refiere al endeudamiento que requieren los Estados o los municipios que sea avalado por el Gobierno Federal; será ahí donde van a poder intervenir.
“Hasta donde entendí, los Congresos locales deberán autorizar los montos máximos, sin embargo, no podrán endeudarse más de su capacidad de pago, pero no dice cuál es la capacidad de pago. Queda ambiguo. A lo mejor queda en las Leyes Secundarias, donde pongan un tope, es como lo hacen con las personas físicas cuando van al banco y quieren sacar un carro y les niegan el crédito porque no tienen capacidad de pago”. El especialista abundó que si bien, se habla de un órgano fiscalizador, tampoco queda claro cuál será, si este será autónomo, estatal o federal. “Mezclaron de todo. Lo que esté por medio de deuda del Gobierno Federal tendrá que pasar por la Auditoría Superior de la Federación, que según entiendo, está para analizar el Presupuesto de Egresos, entonces, van a modificar la Ley para que tenga esas facultades”. Fonseca hizo hincapié en que las entidades no podrán adquirir deudas tres meses antes de terminar el mandato, con lo que quieren evitar deuda, pero eso ya se mencionó cuando se habló del presupuesto cero. “Mencionaron que no habrá endeudamiento para gasto corriente, sin embargo, lo lees en un párrafo, pero por otro lado, sí hablan que el endeudamiento se va a autorizar para que sea obra pública, y luego le ponen ‘y refinanciamiento… y reestructura’, pues entonces pueden hacer todo. Por un lado dicen que no, y por otro, lo que quieren es solventar el gasto corriente”, explicó. Como tampoco queda claro quién va a auditar y fiscalizar que los recursos realmente se ejerzan de la manera en que está estipulado en la reglamentación, algo que supuestamente deberían haber hecho desde siempre. “Habla de que los funcionarios que revelen información de las auditorías, serán sancionados, pero no dice por qué vía. Te digo porque estoy viendo el Derecho Constitucional y, cuando uno hace una Ley, tienes que ser muy claro, no lo específica”. Por otro lado, dijo que en torno a la deuda de Tijuana esta es manejable, pero está en focos amarillos, pues no soportaría una refinanciación más o una deuda nueva, sin afectar el balance que tiene hasta el momento. En su visión, la actual administración se ha caracterizado porque se ha limitado para hacer inversión en infraestructura, ya que su presupuesto no se lo permite, pues recibió una deuda que se abultó por reestructuraciones en detrimento del financiamiento mismo. “Tijuana tiene deuda importante, pero también es cierto que es grande, que puede hacer ajustes en su gasto corriente que le permitirían solventar la deuda en corto y mediano plazo”, finalizó Fonseca. La deuda estatal y las municipales Tijuana es la ciudad más empeñada en el Estado. El adeudo se arrastra desde la administración de Jesús González Reyes (2001-2004), cuando el primer edil solicitó 800 millones de pesos para obra pública. Posteriormente, Jorge Hank Rhon (2004-2007) pidió 25 millones de pesos durante su trienio, y a su llegada, Jorge Ramos (2007-2010) se endeudó con mil 717 millones de pesos para financiar el Programa Integral de Repavimentación (PIRE). La administración de Carlos Bustamante Anchondo (2010-2013) recibió un saldo de 2 mil 200 millones de pesos y lo elevó en 700 millones, para el refinanciamiento de deuda a pagar y para finalizar trabajos del PIRE. A su vez, el ex alcalde priista heredó a Jorge Astiazarán Orcí, un pasivo de 2 mil 700 millones de pesos. Asimismo, el titular del Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial, Roberto Valero Berrospe, recordó que la deuda de Baja California se sitúa en los 15 mil 988 millones de pesos. “En este año (el gobernador) Francisco Vega se endeudó con 2 mil 400 millones de pesos, más de lo que hizo Ernesto Ruffo es su mandato. Tijuana ha de traer como 2 mil 700 millones de pesos”, estimó el consultado, para concluir que Baja California ha sido un Estado muy opaco en cuanto a la comprobación de gastos de recursos.
Acorde con la Secretaría de Planeación y Finanzas, la deuda pública directa del Estado se constituye con 15 créditos bancarios o empréstitos, de los cuales 11 se encuentran contratados con la Banca Comercial y cuatro con la Banca de Desarrollo. El saldo de capital a pagar por estas 15 operaciones de crédito, es decir, el capital que se debe a los bancos, a la fecha es de poco más de 8 mil 402 millones de pesos; del total, mil 243 millones de pesos de financiamiento recibido del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) se contrataron en programas Bono Cupón Cero, por lo que técnicamente no representan un adeudo de capital, sino únicamente la obligación de pagar intereses. Aunado a lo anterior, existen cuatro operaciones bancarias en las cuales el Estado ha avalado a municipios u organismos, lo que constituye deuda pública indirecta, ya que solo en caso de que el deudor principal no pague, la autoridad estatal deberá cubrir dicho adeudo por mil 165 millones de pesos. Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas establece en el trámite de Registro de su Deuda Pública al 31 de mayo de 2015, que los cinco municipios de Baja California tienen una deuda bancaria contratada con un saldo de capital por pagar de 4 mil 839 millones de pesos, de los cuales Tijuana tiene mayor deuda (2 mil 710 millones de pesos), seguido de Mexicali (mil 400 millones), Ensenada (470 millones), Rosarito (175 millones) y Tecate (92 millones de pesos). El subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Miguel Ángel López Arroyo, comentó que la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, constituye la legislación reglamentaria prevista en la Reforma Constitucional del 26 de mayo de 2015, y desarrolla los nuevos principios y directrices federales para asegurar que el proceso de adquisición de deuda pública se realice con transparencia a la sociedad y con disciplina, como lo hace el Estado. La Reforma Constitucional, ya en vigor, establece que las operaciones de deuda pública que contraiga el Estado a partir de mayo de este año, deben cumplir con los tres siguientes condiciones principales: