Apenas en febrero,  se mencionó a Carlos Hank Rhon en una lista de clientes del banco HSBC en Suiza con capitales sospechosos de evadir impuestos. Ahora Bloomberg News señala que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga las relaciones del empresario mexicano y de sus compañías con Citigroup. Un comunicado del Grupo Financiero Interacciones negó que existan tales pesquisas. La noticia se propagó con rapidez no solo en México, sino en otras partes del mundo. En español, en inglés, portugués, alemán, francés y un sinfín de idiomas, se anunció que la autoridad norteamericana indaga al mayor de los Hank como parte de los controles de lavado de dinero del banco. Bloomberg tituló: “Empresas de multimillonario mexicano arrastradas en Estados Unidos por investigación de Citigroup”, y asegura que el Departamento de Justicia solicitó a la entidad financiera informes sobre las cuentas de inversiones relacionadas con las empresas afiliadas a los grupos Interacciones y Hermes. Fiel a su costumbre, Carlos Hank Rhon no aclaró la situación; sin embargo, Grupo Financiero Interacciones difundió que no existe investigación o acusación por parte del gobierno estadounidense contra alguna de sus empresas, ni del presidente del grupo. En relación a la información divulgada por Bloomberg, el grupo empresarial afirma que no existe algún citatorio o comunicado sobre el particular. Interacciones precisó: “Tal como lo establece la propia nota informativa de la agencia de noticias Bloomberg, no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni hacia Carlos Hank Rhon”. Para el grupo financiero, las pesquisas que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos están dirigidas a revisar los controles de lavado dinero que ejecuta Citigroup, no las compañías vinculadas con el empresario mexiquense. Según Interacciones, no es una institución financiera de carácter transaccional que atienda al público en general, por lo que son pocas las operaciones efectuadas en moneda extranjera, y las que se hacen, en la mayoría de los casos son entre clientes institucionales regulados por autoridades estadounidenses. La aclaración del asunto se conocerá en caso de que sea el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que transparente sus investigaciones a la opinión pública. Aún está sin conclusión la serie de investigaciones que supuestamente realizan Francia y otros países, derivada de una lista de clientes de la filial del banco británico HSBC en Ginebra, Suiza, que revela la presencia de capitales de más de mil mexicanos por aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares. En esa lista aparecía Carlos Hank Rhon, cuya fortuna familiar asciende a 2.1 mil millones de dólares, según la revista Forbes, que le incluye en su lista de multimillonarios. También se mencionó en el listado que sustrajo -al ser despedido en 2008- el ex empleado del banco inglés en Suiza, Hervé Falciani, al ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y ex secretario de Estado, Luis Téllez Girón; y el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, entre otros. A pesar del escándalo que invadió planas enteras con los nombres de los empresarios, y ex funcionarios de alto rango con grandes sumas de dinero depositadas al otro lado del mundo, en México no se conoce de alguna investigación formal al respecto. Ni por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mucho menos de la Procuraduría General de la República. De la parte pública de las empresas de Carlos Hank se conoce que, a través de Interacciones, el grupo obtiene de gobiernos estatales, locales y federal, 80 por ciento de sus clientes y utilidades. Por su parte, Grupo Hermes adquiere sus recursos con negocios en energía, infraestructura, transporte y turismo. El hijo de Carlos Hank Rhon, Carlos Hank González, convertido también en un prominente empresario, al grado de señalarle como el futuro Carlos Slim de México, es presidente de Banorte y vicepresidente del Consejo de Administración de Gruma, entre varios cargos más.  

De manera sorpresiva se dieron una serie de cambios en los cuadros de mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali a fines de julio de 2015, la acción fue calificada por su director, Alejandro Monreal Noriega como rutinaria. Fue relevado de su encomienda René Tanori Hernández, hasta ese entonces comandante de la zona Valle de Mexicali –a decir del fiscal y la defensa—, encargado directo de coordinar el “Operativo Carranza”, que derivó en la denuncia que involucra a 10 agentes municipales en el secuestro de unos ganaderos. Las fechas de los cambios, también coinciden con el inicio del juicio en donde –hasta el momento— se encuentran bajo medidas cautelares 6 agentes a su cargo por considerar la probable participación de los mismos en el secuestro. Además en la presentación del caso de parte de la fiscalía, se mostraron partes y oficios donde se acredita que los jefes de los uniformados conocían del operativo.     SE ENTREGAN 6, FALTAN 4 La mañana del 5 de agosto del 2015, seis agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) suspendidos, se presentaron ante el Juez de Garantías para que se les cumplimentara la orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en su modalidad exprés. Aunque la investigación involucra a 10 policías, hasta el momento solo se ha podido sostener en la investigación de la fiscalía estatal cargos contra 6 de ellos, por esa razón ese mismo día se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputaciones y la de vinculación a proceso se programó para el 10 de agosto. Derivado, se abrió la causa penal 293/2013 con Número Único de Caso 02/2015/00353 en contra de los agentes Mónica López Mendoza, Verónica López Mendoza, Sergio Herrera Alvarado, Arturo Pérez Rodríguez, Eduardo Ruiz Cisneros y Jesús Alberto Montoya García, todos ellos representados por Beatriz Adriana Robles García y Jorge Luis Barajas. La defensa pidió la comparecencia de varios testigos, lo que representó la oportunidad para los fiscales Rigoberto Zatarain y Sergio Tadeo Sosa Alegría  de solicitar a la Juez Cenaida Tafolla que la audiencia se hiciera privada para proteger la identidad de los secuestrados, al final la abogada Robles García desistió de su petición.     LA VERSIÓN DEL ACUSADOR Posteriormente se leyeron los testimonios de las víctimas. Identificándose como ganadero, Jorge Sánchez explicó que el día de los hechos, alrededor de las 9:30 de la mañana, llegaron a su rancho “El Indio”, ubicado en el ejido El Caimán de la delegación Carranza,  4 o 5 patrullas de la policía municipal de Mexicali de las que bajaron alrededor de 10 agentes.   Los uniformados vestían pasamontañas, pero algunos se quitaban la capucha de vez en cuando, por lo que los pudo identificarlos, uno de ellos le dijo que se trataba de un operativo policiaco debido a que “ahí apestaba”, por lo que en primer lugar les quitaron los teléfonos celulares y la cartera. Según su dicho, los agentes agarraron unas palas y se pusieron a escarbar en toda la propiedad, y los amenazaron, “Van a mamar si no nos das 45 mil dólares, te vamos a sembrar 6 libras de cristal”, le dijo uno de ellos. Luego de una hora lo subieron junto con su hijo y su sobrino a un pick up, mientras que a un trabajador de nombre Eduardo se lo llevó otra unidad.  Posteriormente los trasladaron al ejido Durango en la patrulla, ahí los seguía una mujer policía en la camioneta Ram de Sánchez. Fueron llevados a las inmediaciones del ejido Sonora, en donde los bajaron y les quitaron las esposas, le dieron el teléfono celular para que hablara con familiares y les consiguiera en ese entonces 35 mil dólares. Primero le habló a su esposa Rosalina, posteriormente a su hermano Luis Armando, para entonces  habían pasado casi 2 horas, después fue el mismo agente quien le marcó a Luis Armando para presionarlo, le dio un plazo hasta las 2 de la tarde, en la negociación la cantidad se fijó en 30 mil dólares. Para el cobrar del rescate, el agente municipal pidió que fuera una hija de Sánchez quien llevara el dinero a un autoservicio ubicado en la colonia La Puerta, para entonces habían pasado “15 o 16 horas”, según refirió la víctima. Después, el agente recibió una llamada que según el declarante lo puso nervioso, “tu hermano ya está llorando en la comandancia”, reclamó, ante esos hechos el resto de los uniformados dejaron el lugar, y solo se quedó uno que mandó al hijo de Sánchez y su sobrino a cobrar el rescate. Cuando se quedaron los dos, fue cuando la víctima se echó a correr hasta el ejido Michoacán de Ocampo, ahí le marcó a su hermano, quien le indicó que se fuera hasta la jefatura del ejido Carranza.   LOS TESTIGOS La fiscalía también presentó la declaración del hijo de la víctima, a quien identificaron como Jorge Luis, el testimonio coincide con el de su padre, señala que él y su primo una vez que fueron liberados para recoger el dinero se dirigieron a La Puerta, en donde estuvieron esperando por espacio de 2 horas, ahí llegó su primo “El Mayito” Sánchez, quien les avisó que su padre se había escapado. La otra declaración fue de Luis Armando, hermano de Jorge Sánchez, quien informó que las 10:30 de la mañana se encontraba en Mexicali, cuando le habló su otro hermano, Mario, para avisarle que había patrullas en el rancho, a los 15 minutos le habló el mismo Jorge para pedirle 45 mil dólares porque “Tenía un problema” y que su cuñada ya sabía lo que pasaba. En total. Luis Armando señala que recibió entre 15 y 20 llamadas de los secuestradores exigiéndole el dinero, “apúrenle, ya va a ser el cambio de turno o si no le vamos a clavar cristal”, refirió en su testimonio, fue alrededor de las 3 de la tarde que contestó la última llamada. Entonces decidió ir a la comandancia municipal –jefe de los uniformados involucrados—, donde se entrevistó con René Tanori, quien en ese entonces era el comandante de la zona Valle, le dijo que se iba a comunicar con un agente de apellido Montoya, quien era el que traía el operativo, posteriormente llegó ese agente para informar que había detenido a unas personas por espiar dentro de un domicilio, pero que los había liberado. Ante la falta de respuesta, finalmente fue al Ministerio Público a denunciar. Otro testimonio fue el de Eduardo –trabajador de Jorge—, quien señaló que desde las 6 de la mañana llevó a comer a las ovejas a unas parcelas que se encontraban a varios kilómetros, cuando llegó un compañero de trabajo de nombre Raúl para darle el lonche, y le propuso volver al rancho porque se veía movimiento extraño. Al llegar, Eduardo fue revisado y esposado por un agente municipal, lo subieron a una patrulla y lo llevaron a la comandancia del kilómetro 43, en el camino se le emparejó otra patrulla dándole instrucciones en clave, posteriormente lo encerraron sin dejarlo hacer una llamada telefónica, duro 12 horas detenido. La Fiscalía presentó un Acta de Inspección del 7 de enero en donde supuestamente se apreciaba las excavaciones realizadas por los agentes, de igual manera un oficio del subdirector de la policía municipal donde remitió los roles de servicio de las estaciones Nayarit, Delta, Cerro Prieto y Carranza.   IDENTIFICADOS Para el 17 de enero según los agentes del Ministerio Público, los policías municipales ya no fueron localizados en su domicilio, por lo que llevaron a las víctimas a realizar una prueba de identificación de los agentes mediante fotografía. Jorge Sánchez identificó a Eduardo Ruiz Cisneros como el encargado del operativo, a Sergio Herrera Alvarado al que le llamaban “El Chino” y a Verónica López como la mujer que le quitó el celular, por su parte su hijo identificó a Verónica y Mónica López Mendoza –quienes resultaron ser hermanas—, esta última como la que manejaba el pick up que les habían quitado, a Eduardo Ruiz quien era el que realizaba las llamadas y al agente Sergio Herrera quien anduvo todo el operativo sin capucha. Eduardo –el trabajador— reconoció a Jesús Alberto Montoya García, Sergio Herrera Alvarado y Arturo Pérez Rodríguez, quienes lo llevaron a la comandancia de policía. Otra de las pruebas que pesan en contra de los policías municipales fue que en el informe que rinden frente a C4 no se reportó ningún operativo ni las detenciones de Jorge, Jorge Luis, Francisco ni Eduardo.   LA DEFENSA DE LOS POLICÍAS Por su parte, los abogados de los agentes suspendidos,  presentaron los partes informativos de las unidades municipales presuntamente implicadas en el secuestro, documentos en los que se registra que las unidades y los oficiales a cargo estuvieron realizando diversas acciones desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por lo que a su parecer no pudieron estar presentes en el rancho El Indio durante las 7 horas que duraron secuestradas las víctimas. En el parte de la unidad 200 comandada por Sergio Herrera, Arturo Pérez Rodríguez, se detalla que a las 11:30 horas se trasladaron a la comandancia del ejido Kilómetro 43 con tres personas, una de ellas Eduardo (trabajador del rancho El Indio) por espiar en un domicilio. Según los reportes, de la estación Delta salió la unidad 924 comandada por Luis Enrique Sánchez Becerra, Pedro Campos y Verónica López Mendoza, en la unidad Cerro Prieto se movilizó la unidad 305 operada por Eduardo Ruiz Cisneros y Jesús Alberto Montoya García, de la estación Nayarit salió la unidad 4232 comandada por Javier Sánchez Cabrera, Alfredo Neftalí Sotelo Rodríguez y Mónica López Mendoza –todos estos agentes se encuentran suspendidos por Sindicatura Municipal. Los abogados también señalaron múltiples incongruencias en la integración de la Carpeta de Investigación, como el reporte ocular de los agentes ministeriales en donde nunca se especificó que se habían cavado hoyos en el rancho. También evidenciaron que no existe reporte de C4 a la guardia del Grupo Antisecuestro por la privación de la libertad. Y expusieron que tampoco hay registro de alguna entrevista de las víctimas del 4 de enero. Esto  pese a la existencia de un video en donde se aprecia que cuando los parientes de la víctima se encontraban en las oficinas de la PGJE aún estaban negociando su liberación. Otro de los puntos de la defensa es que no existen citatorios para los agentes municipales en la carpeta de investigación, incluso las fotografías de las viviendas que los ministeriales tomaron para comprobar que habían acudido a los domicilios fueron tomadas desde el mismo vehículo, lo que representaría que ni siquiera se bajaron para intentar localizarlos. Señaló que la Sindicatura Municipal realizó la suspensión de los agentes municipales del 15 al 21 de enero, lo que significó que aún eran localizables. Y recalcaron que los imputados se presentaron de manera voluntaria a la corte. La defensora también presentó como evidencia un reportaje del semanario ZETA en donde se exponen algunos antecedentes de las víctimas, además de que una de las unidades fotografiadas no corresponde a la marca que denunciaron, que ninguno de los policías municipales tenía armas largas como se denunció, además de que las características físicas no coinciden con la de los imputados.   LA RÉPLICA El fiscal respondió que los antecedentes de las víctimas no tienen relevancia en el caso y más aún, los hace vulnerables a este tipo de actos, además de que los partes policiacos pudieron ser modificados por los mismos agentes, incluso especificó que en ninguno de los casos se reportó el operativo preventivo en la delegación Carranza y prácticamente ninguna de las patrullas involucradas reporta actividad de las 9:30 a las 10:30, hora en que presumiblemente ingresaron al domicilio de las víctimas. Finalmente la juez Cenaida Tafolla decretó que era procedente la Vinculación a Proceso ya que existen elementos suficientes para establecer que se realizó un secuestro agravado en la modalidad exprés y se puede inferir la probable participación de los agentes municipales. En la siguiente audiencia la Fiscalía tendrá que presentar las pruebas suficientes para acreditar el delito que habrían cometido los imputados y de ser encontrados culpables, los agentes municipales podrían alcanzar una pena hasta de 100 años de prisión.

Desde las primeras horas de su muerte, el 23 de julio, el caso de Darwin Morgan Solís fue atendido en la Procuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana como una muerte accidental y causada por él mismo.   Fue incluso la Unidad Orgánica de lesiones de la dependencia, la encargada de iniciar la investigación y a la fecha es donde se continúa, actualmente la PGJE investiga y no descarta reclasificar los posibles delitos como homicidio. Pero la versión de los policías municipales que aquella noche intervenían en un operativo en la colonia Campestre Murúa, convencieron a los agentes del Ministerio Público de que arribaron horas después. Para ese entonces la versión fue la misma: el joven de 19 años corrió de la presencia de los uniformados, se cayó en la calle de terracería donde se golpeó y perdió la vida. Así quedó escrito en el expediente 1316/15/20A/AP de la PGJE. Las actas dan cuenta de que a las 23:10 horas del 23 de julio, la “central de radio” de la PGJE notificó de una persona sin vida en la vía pública. Fue entones que el titular de la Unidad de Lesiones, José Job Rivera Arellano, y la secretaria de Acuerdos, Lucía Velázquez Arce, giraron las instrucciones y las diligencias de la incipiente investigación. De hecho, en el lugar, personal de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos no se hizo presente. No lo vieron necesario frente a la explicación municipal y la de dos testigos que vieron caer a Darwin. Avanzada la investigación, hoy se puede saber que los municipales dieron versiones imprecisas y contradictorias a la PGJE, por ejemplo, que Darwin corrió, que lo perdieron de vista y “al seguir su marcha”, más tarde lo encontraron sin vida. En todo caso, y bajo esa versión, los agentes únicamente hicieron el hallazgo de un cuerpo. Sin embargo, un video de seguridad filmado por una empresa cercana acreditó que el policía nunca lo perdió de vista. El video muestra cómo a escasos metros de su muerte, Darwin es seguido con diferencia de 12 segundos por un oficial con lámpara en mano y un compañero lo esperó en la esquina de la calle. En los próximos días, la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana, a cargo de Jorge Alberto Álvarez, concluirá nuevamente peritajes para determinar cómo y qué provocó la muerte del joven originario de Guerrero.  Por su cuenta, Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, negó que la dependencia haya iniciado una indagación interna: “Nosotros no investigamos”, justificó a ZETA.   ¿Y las cámaras?   La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana ha exhibido a ciudadanos que intentan sobornar a los agentes policiacos. Grabados por diminutas cámaras, en varias ocasiones los videos son difundidos por medio de la prensa para dar crédito de cómo funcionan las cámaras corporales. El lunes 10 de agosto, Alejandro Lares lleva prisa en las instalaciones de la corporación en Otay. Anuncia el reparto de 2.8 millones de pesos en vales de despensa a sus agentes (900 pesos a cada uno) por medio del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).  El secretario se detiene un minuto para hablar con reporteros, avisa que tiene agenda apretada y tendrá que irse. Luego de la pregunta sobre el caso de Darwin, el funcionario huye. — Secretario, todos los oficiales tienen cámaras corporales, deberían existir las imágenes del momento de la muerte del joven… le persigue el reportero de ZETA. “En este caso -responde-, estos oficiales no contaban con las cámaras”. Lares explicó que las cámaras que anunciaron desde febrero de este año y que todos los agentes portarían “se están distribuyendo en distritos y en ciertas secciones”. En su último día como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla  donó -por medio de los recursos del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California o FIDEM-  la mitad de las cámaras corporales destinadas a cubrir la totalidad de los policías. “Termínanos entregando, era más de un millón de pesos. Se cubrían la totalidad de los agentes, incluyendo todos los turnos”, recuerda. Hernández Niebla asegura que incluso dio seguimiento a la donación y, hace dos semanas, la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento le confirmó que las cámaras “se entregaron a tiempo, entonces, a finales de marzo tuvieron que tener las cámaras en su totalidad”.   SSPM no investiga El certificado de necropsia practicado por doctores del Servicio Médico Forense arrojó que Darwin murió de “anoxemia por broncoaspiración (asfixiado por obstrucción de bronquios y tráquea)”, a consecuencia de un “traumatismo craneoencefálico”, un impacto en cabeza (para más detalles del caso, leer “Policías mataron a mi niño”, ZETA, edición 2158, 7 de agosto de 2015). El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares, justifica que no cuenta con una investigación interna: “No, no, eso está en manos de la Procuraduría, ellos son los que van a determinar si existe responsabilidad o no. Nosotros en la Secretaría no vamos a tolerar este tipo de actos si resultan responsables”. — ¿Hubo alguna investigación interna por parte de la secretaría? “No. Nosotros no investigamos”. Lares no emite respuesta alguna cuando se contrastan las posibles inconsistencias en los partes informativos: “Recordamos que ya está en manos de la propia Procuraduría, donde yo soy muy respetuoso de las investigaciones que de ahí van a emanar… Yo no puedo girar una investigación interna porque la propia Procuraduría ya está investigando”.   Todas las líneas de investigación   Jorge Alberto Álvarez, subprocurador de Justicia en el Estado en Tijuana, explica a ZETA: “Estamos realizando todos los peritajes necesarios que se tengan que realizar para llevar a una conclusión convincente para saber qué es lo que le ocasionó la muerte al joven Darwin”. De hecho, el viernes 7 de agosto se ordenó una segunda necropsia en el SEMEFO, con presencia de peritos de la PGJE y personal de la Comisión Estatal de los Derechos humanos. El subprocurador –dice- apostará a los elementos científicos para poder armar los hechos que arrebataron la vida al joven: “Se van a regresar los peritajes en criminalística, se va a dar fe de los videos en el lugar de los hechos, se van a tomar las comparecencias que sean necesarias, pero nos vamos a enfocar un poco más en la criminalística y necropsias para que la ciencia sea quien determine el desenlace de la muerte”. — ¿Es el homicidio una línea de investigación? “Todas las líneas de investigación están abiertas, pero está abierto el expediente por el fallecimiento de la persona y, dependiendo de las diligencias que se vayan a llevar a cabo y sobre todo lo que sea determinante del motivo y causa de la muerte, es lo que nos va a determinar si hubo un conducta de un homicidio”. Álvarez justifica por qué desde un inicio no se consideró un homicidio doloso: “Es una averiguación abierta por el delito que vaya a resultar. El Ministerio Público inicia averiguaciones por las posibles comisiones de un delito, o porque se consumó un delito, la averiguación previa es para determinar qué delito fue el que se cometió”.   Derechos Humanos y Sindicatura   Sindicatura Municipal afirmó que a partir de la publicación del reportaje en ZETA, inició un procedimiento contra los agentes municipales involucrados, la cual está en etapa de integración en la Dirección de Asuntos Internos, bajo el número de expediente 430/2015. Sin embargo, la investigación que se abrió por oficio no ha recabado la información suficiente para poder determinar la suspensión de los policías. A decir del parte policiaco con el que se acreditó la participación de agentes municipales en la muerte de Darwin,  los de nombre Fernando Pérez Morales y Omar Sarmiento Bustamante dieron reporte del cuerpo. Sin embargo, participaron en el operativo otros uniformados: Marcelino Araujo Castillo, Sergio Avilés Córdova, Saúl Villa Vázquez y Andrés Díaz Meza. La CEDH de Baja California está integrando otro expediente (623/15-1VG) contra la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana por el derecho vulnerado “a la vida”.   En cenizas   Don Orlando ha sido campesino toda su vida y hoy pena la muerte de su hijo. Debieron pasar 19 días para que el cuerpo fuera entregado. El martes 11 de agosto, en el Murúa, la familia arregló uno de los cuartos de su vivienda para velar a Darwin. Ajustado en las cuatro esquinas forradas de tela blanca y figuras religiosas ,un ataúd oscuro permitió llorar a la familia y amigos.  Dos días después, luego de cobrar 10 mil 550 pesos, más 950 por el levantamiento del cuerpo, la funeraria La Esperanza entregó las cenizas en una caja chica a don Orlando, quien consiguió un taxi para llevar los restos de su hijo a casa.