Destituyen a otro funcionario del XXV Ayuntamiento de Tijuana por intento de despojo de una concesión

­José Alberto Castellanos Parra, quien laboraba dentro del área de la presidencia del XXV Ayuntamiento de Tijuana y se ostentaba como su representante, aunque carecía de dichas facultades,  fue cesado en días pasados, debido a dos denuncias que se interpusieron en su contra ante la Sindicatura Procuradora por supuesto intento de despojo de una concesión de juegos en el parque Morelos a nombre del señor Gabino Ávila Moctezuma.

De acuerdo con información obtenida por ZETA, en la primera denuncia identificada con el número de expediente SN-820, la abogada del señor Gabino relató que el 3 de julio del presente año se introdujeron al domicilio del hombre supuestos oficiales de la Fiscalía General de la República, quienes presuntamente contaban en su poder con una orden de aprehensión, la cual nunca mostraron.

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A raíz de ello, el hijo de Gabino identificado como Noé Ramón Ávila Ortiz en varias ocasiones le llegó a comentar a su padre, que saldría una orden de aprehensión en su contra que les permitiría recuperar la concesión de los juegos mecánicos que se encuentran en el interior del parque Morelos a él y su madre, despojándolo.

El 4 de julio, día en que la abogada y el señor Gabino presentaron la denuncia ante la Sindicatura, la representante legal recibió una llamada telefónica de la licenciada Imelda, quien dijo laborar en el Departamento Jurídico del parque Morelos, para informarle que en ese momento se encontraban Esperanza Ortiz Banda, ex esposa del hombre y su hijo, para tomar posesión de la concesión y de los juegos mecánicos. Cabe destacar que la mujer estaba acompañada del representante de la presidencia municipal, José Alberto Castellanos Parra y del director del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT), Ismael Villafuerte Zamora.

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Éste último le solicitó a la abogada del señor Gabino le presentara las actas de matrimonio y divorcio entre el denunciante y la señora Esperanza Ortiz, así como la sentencia y demanda de despojo, identificada con número de expediente 0204-2025-15809, que presentó en contra de la mujer y su hijo ante la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales el 19 de mayo del presente año.

Esto dado que el director del SIMPATT pretendía darle la concesión de Gabino a su ex esposa, la señora Esperanza Ortiz, a pesar aunque que según la abogada, cuando el señor Ávila Moctezuma contrajo matrimonio con la mujer se hizo bajo el régimen de bienes separados, por lo que no existía razón para cederle la propiedad de la concesión a ella

Mientras que en la denuncia identificada con número de expediente SN-824, se denuncia al director del SIMPATT, Israel Villafuerte y a Alberto Castellanos “por conductas que constituyen presuntas faltas administrativas graves de corrupción”.

En dicho documento los concesionarios del SIMPATT denunciaron que el director de la paramunicipal en complicidad con la señora Esperanza Ortiz y el señor Noé Ramón Ávila, pretendía concederle a estos las concesiones que han sido operadas por más de 30 años por el señor Gabino Ávila Moctezuma, “bajo un esquema de tráfico de influencias y abuso de poder”.

En la misma denuncia los concesionarios refirieron temer por su integridad física y por la pérdida de su sustento, pues “nos enfrentamos a una estructura de corrupción, institucionalizada donde servidores públicos actúan como facilitadores de negocios privados”.

Es por estos señalamientos que el pasado lunes 14 de julio se le solicitó a José Alberto Castellanos Parra su renuncia, por lo que dejó de formar parte del XXV Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Ismael Burgueño Ruiz.

No obstante, según fuentes dentro del Ayuntamiento el director del SIMPATT, Israel Villafuerte, aún no ha sido destituido.

Jose Alberto Castellanos, quien es Licenciado en Derecho, inició en el servicio público auxiliar de justicia alternativa de marzo 2014 a febrero de 2017, para después ser auxiliar del ministerio público de la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE) entre febrero 2017 y agosto 2019; en octubre de 2019 pasó al Ayuntamiento de Tijuana dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) como jurídico administrativo en la Dirección de Servicios de Protección y Vigilancia Auxiliar.