Las búsquedas son desgastantes y similares para las familias integradas a todos los colectivos. Caminatas durante horas, bajo el sol o soportando el frío, en zonas de alta incidencia delictiva, en medio del polvo, impulsados por la leve esperanza que arroja una llamada anónima.
Armados de palas y varilla en mano, para enterrarla donde encuentran tierra removida, buscando topar con algún cuerpo o detectar el olor de la muerte que les conceda la amarga victoria de rescatar otra víctima enterrada.
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En Baja California, los años con más jornadas de rastreo de cuerpos y más fosas clandestinas descubiertas, han sido 2021 y 2022.
Localizaron 119 tumbas colectivas, algunas como resultado de los rastreos que a diario hacen en campo los diferentes colectivos de familiares de los desaparecidos, y las menos, fueron búsquedas individualizadas, derivadas de carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo a cifras oficiales, durante 2021, en 69 fosas encontraron 52 cadáveres y 594 restos y osamentas. En 2022, hallaron 61 fosas conteniendo 47 cuerpos y 280 restos y osamentas.
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En el presente año, en Tijuana otros seis sepulcros ilegales ya fueron reportados.
Hay áreas “favoritas” de los enterradores criminales para inhumar a las víctimas de homicidio:
* En Mexicali, la zona del Centro viejo, la periferia, el sur del Valle, Ejido Villa Zapata, Algodones, Laguna Salada
* En Tecate, en el poblado Loma Tova, Ejido Felipe Ángeles y Ejido Encinal
* En Tijuana, Natura, Arroyo Alamar, Valle de San Pedro, Palma Real, Valle San Pedro, Urbi Villas del Campo, Villa del Prado, Granjas Familiares, Maclovio Rojas, Nuevo Milenio, Cerro Colorado, Cañón del Sainz, Ejido Francisco Villa y Rojo Gómez.
Otra zona de alta incidencia en inhumaciones en esta ciudad fronteriza es la Tres de Octubre en Tijuana, de hecho, el 26 de enero rastreadores de Fundación Todos Somos Erick Carillo ubicaron un predio de dicha colonia con dos cuerpos semienterrados y uno calcinado. Antes, el 1 septiembre de 2022, en la misma zona el mismo colectivo avisó que localizaron otros cuatro cadáveres, aparentemente, tres mujeres y un hombre en estado de calcinación.
Para entonces, ya sumaban 20 cuerpos encontrados en la misma zona en el lapso del mes previo. Apenas el 10 de marzo de 2023, los padres reportaron haber desenterrado en el mismo lugar, las credenciales de cinco mujeres y tres hombres, además de ropa.
De acuerdo a un análisis de incidencia realizado por Citizen Evidence Lab-Amnistía Internacional ypublicado el 30 de junio de 2022, “… el 32% del territorio de Baja California cumple con estas características (alta accesibilidad y baja visibilidad)”, terrenos factibles para la existencia de fosas clandestinas.
En cañadas, cañones, cerros, valles, predios baldíos y bajo casas abandonadas en los siete municipios de Baja California, cadáveres completos o cuerpos desmembrados, la mayoría en avanzado estado de descomposición, son encontrados sepultados, bajo centímetros de tierra.
“Una vez que se encuentra un cuerpo, pueden pasar de tres meses, a un año, o dos años, o más para que estos restos sean identificados. Pero el hecho de que estén siendo encontrados, no garantiza que van a ser identificados y restituidos de manera digna a sus familias, y mucho menos que se va a continuar con la investigación, se va a encontrar al culpable y se le va a sancionar, debido a las altas condiciones de impunidad que prevalecen en Baja California”, manifestó Adriana Jaén Manuel, del colectivo Siguiendo tus Pasos en Ensenada.
Como el delito no es nuevo, la incidencia histórica indica que suman 281 cementerios clandestinos encontrados de 2009 a la fecha, conforme a cifras proporcionadas por la FGE a la agrupación Elementa DDHH. La misma estadística informa que en esas fosas se han localizado 199 cadáveres y mil 162 osamentas y/o restos humanos.
LAS FOSAS EN EL GOBIERNO DE MARINA
Oficialmente, del total de sepulcros clandestinos, 67 fueron localizados en los 16 meses del gobierno estatal bajo la administración de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En esas tumbas infamantes desenterraron más de 60 cuerpos y los especialistas continúan catalogando los más de 370 restos humanos recuperados durante la presente administración.
De hecho, el 65% del total de fosas se han detectado en Tijuana; Ensenada ocupa el segundo lugar, y Mexicali el tercero. Y con sólo tres años de búsquedas, con 20 puntos de inhumación clandestina localizados, San Quintín tiene ya la cuarta plaza entre siete municipios.
Sólo entre el 1 de enero y el 10 de marzo del año en curso se han localizado seis fosas, cuatro cadáveres y 37 restos u osamentas.
Pero algunos grupos de desenterradores evidencian un “subregistro”, con números diferentes a la FGE.
Por ejemplo, Fernando Ortigoza, secretario de la organización Unidos por los Desaparecidos, aseguró en enero a la prensa local que durante 2022 los colectivos habían encontrado mil 200 cuerpos. O las cifras del colectivo Todos Somos Erick Carrillo, dadas por Eddy Carrillo, reportando: “En la administración de Marina de Pilar Ávila, hemos localizado más de 80 fosas, con 11, 7, 5, y 2 cuerpos…y del año 2019 a la fecha, 615 personas localizadas sin vida y 258 con vida; periodo en el que 350 cuerpos fueron identificados y 246 entregados a sus familias”.
Sin embargo, el subregistro resulta complicado de probar, porque son muchas agrupaciones, de padres buscadores trabajando por separados, y varios de los colectivos no llevan un mapeo detallado de los resultados de su trabajo de búsqueda forense en campo.
Como muestras macabras de la actual crisis de desaparecidos, están los once cuerpos localizados el 20 de diciembre de 2022 en “un rancho” ubicado en la Privada Santo Tomás de la colonia Palma Real en Tijuana, en los límites con el municipio de Rosarito, donde pasadas las 22:00 horas un hombre habló a la Policía porque encontró el cadáver de un hombre. Al llegar los municipales hallaron otros dos, y después la FGE y Guardia Nacional, encontraron otros ocho cadáveres.
A la fecha, sólo tres cuerpos han sido identificados: Jonathan, de 22 años, nativo de Zapopan, Jalisco, vivía solo en el fraccionamiento Los Valles, sin antecedentes y consumidor de cristal; a Héctor alias “El Gato”, de 43 años, lo desmembraron, nació en Nayarit, vivía solo en Las Delicias, había estado preso por narcomenudeo y consumía cristal; y José Eulalio “El Pitocho”, nayarita de 45 años, ya estaba putrefacto, también vivía solo en el fraccionamiento Ke Casas, no tenía antecedentes y consumía droga.
En noviembre de 2022, también en las inmediaciones entre Tijuana y Rosarito, Fundación Todos Somos Erick Carillo encontró otros cinco cuerpos y un cráneo en las inmediaciones el Bulevar Tercer Ayuntamiento.
Antes, el jueves 8 de septiembre de 2022, integrantes del colectivo Madres hasta Encontrarte ubicaron tres fosas clandestinas con siete cadáveres y restos óseos en el Ejido Felipe Ángeles, zona rural de Tecate.
El 2 de julio de ese año, una joven de 26 años identificada por sus familiares fue desenterrada en un predio ubicado en la colonia Nuevo Reforma. Y siete cráneos con tiro de gracia fueron reportados en un camino vecinal rumbo al Ejido Díaz Ordaz, en San Quintín, el día 17 del mismo mes.
FGE: INVERSIÓN MILLONARIA PARA BUSCARLOS E IDENTIFICARLOS
De acuerdo a los números hechos públicos desde la Comisión de Búsqueda del Estado, más de 12 mil personas están registradas como desaparecidas en Baja California,
Denisse Hernández Chacón, fiscal titular de Unidades Especiales, habló del rezago y la desatención en el tema de desparecidos previo a la llegada de la actual administración- noviembre de 2021- y de cambios e inversiones.
Entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, del total de búsquedas en las que participó la FGE, en 31 encontraron cuerpos o hallazgos, realizaron 19 cateos buscando desaparecidos; y judicializaron ocho carpetas por este delito.
“Modificamos perfiles de los investigadores y ministerios públicos, aquí mandaban a todos los castigados y en el transcurso del año pasado los suplimos con perfiles capaces de brindar mejor atención, integrar mejores carpetas y dar resultados, e integramos el área de Análisis de Contexto”, para organizar y analizar los bancos de datos y buscar patrones en las incidencias que apoyen las investigaciones.
Con apoyo del Estado, a finales de enero recibieron picos, palas, armamento, chalecos antibalas, escudos, vehículos tácticos con sistema de inteligencia, vehículos todo terreno, drones acuáticos, drones con cisión nocturna, computadoras de uso rudo y seis binomios caninos, tres de estos entrenados para la búsqueda y localización de cadáveres y restos óseos.
Para “ser el primer Estado en México con Banco Forense propio”, adquirieron siete equipos tecnológicos para análisis de ADN: cinco que realizan análisis normales que llevan entre tres y seis días; y dos del llamado Rapid Hit, que hace el trabajo en 90 minutos, “tenemos unos que se está usando en casos especiales que ameritan urgencias, y el otro viene en camino”, detalló la fiscal Hernández.
Tenían tres ministerios públicos y les autorizaron contratar seis más. Contaban con dos plazas de auxiliares y les aprobaron otras ocho plazas. También tienen aprobado y en proceso de compra con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que probablemente lleguen hasta finales de 2023, un equipo para análisis mitocondrial “que sirve para muestras complejas en las que el ADN no funciona, este fondo iba a ser de 187 mil pesos, y nos lo aprobaron de 7 millones”, reveló la funcionaria.
De acuerdo al fiscal general Ricardo Carpio, este equipo permitirá a la FGE acabar con el rezago de pruebas genéticas que se arrastra desde 2002 en los próximos dos años y medio o tres años.
La fiscal Denisse Hernández agregó: “La forma en que se va a combatir el rezago este año en genética es con la contratación de más de 30 peritos”.
INVESTIGACIONES Y JUDICIALIZACIONES COMPLEJAS
Los colectivos reciben llamadas anónimas, les dicen en cuáles terrenos buscar a los desaparecidos, pero las familias buscadoras no pueden pedir más información. Menos, aportar datos a los investigadores, porque eso significaría poner en riesgo su seguridad y la posibilidad de seguir recibiendo pistas, para encontrar los restos de más víctimas.
“Con los cuerpos localizados en fosas el seguimiento de la investigación es más complicado, porque los elementos de prueba en el cuerpo se degradan o se pierden definitivamente, se desconoce la escena del crimen original, usualmente no hay testigos, no existen cámaras”, expuso Hernández.
“En el caso del rezago, encontramos carpetas deficientes en los que no se realizaron los actos de investigación necesarios, pero igual estamos avanzando, revisando en cuáles no se ha actuado y recabando de nuevo la información”, dijo.
A través de un comunicado, la fiscalía bajacaliforniana informó que el 1 de enero de 2023, había ejecutado una orden de aprehensión en contra de José Manuel “N” alias “El Tieso”- fue vinculado a proceso- como presunto responsable de haber estrangulado hasta la muerte a Yamile Alejandra, de 18 años, el 14 de enero de 2022. El cadáver de la joven fue encontrado inhumado en un cerro de Avenida Xicoténcatl, Colonia Camino Verde, el 11 de junio del mismo año.
El 15 de julio de 2022, se ejecutó una orden de aprehensión obtenida por la Unidad Especializada para la Investigación y persecución de Delitos de Desaparición Forzada en Mexicali en contra de Glenn Jesús “N”. La víctima, José Carlos Echegaray, desaparecido el 1 de enero de 2022, un año antes, no ha sido localizado. Pero la fiscalía tiene elementos de prueba y testimoniales para acreditar que, pistola en mano, el victimario participó en la tortura y privación de la libertad de José.
La carpeta de Echegaray la llevarán como el caso de Diana Laura Gómez Piggeonountt, preparatoriana de Tijuana desaparecida el 8 de junio de 2018, cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Su victimario -y ex pareja, casado y once años mayor que ella-, Juan Manuel Mateo, fue detenido en julio de 2022, por desaparición forzada agravada. El 25 de noviembre, cuatro años después, recibió sentencia a 56 años con seis meses prisión y deberá pagar 725 mil 400 pesos como reparación del daño.
Como parte del mismo problema, otros sujetos han sido detenidos transportando cadáveres, están siendo procesados, pero sólo enfrentan una pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, porque no fueron vinculados a los asesinatos.
“Algo diferente a partir del año pasado”, expuso Eddy Carrillo, de Fundación Todos Somos Erick Carillo, “son los cuatro o seis casos que se están llevando actualmente en juicio, es mínimo casi nada, pero antes ni esos”.
Recordó el caso de Danna Sugey, de 20 años, desparecida el 30 de marzo de 2020 torturada, asesinada y enterrada; su cuerpo fue localizado hasta el 9 de diciembre del mismo año. Uno de sus cinco victimarios, Cristian “N” alias “El Güerito” fue vinculado a proceso el 16 de marzo de 2022, por el delito de secuestro agravado.
SACARLOS DE FOSAS CLANDESTINAS PARA ENTERRARLOS EN FOSA COMÚN
La injusticia se evidencia desde la estadística oficial: en 16 meses, 67 fosas, 60 cuerpos y 370 restos humanos desenterrados y sólo ocho carpetas judicializadas.
El domingo 12 de marzo, a las 11:40 horas, el colectivo Una Nación Buscando-T encontró un cráneo humano en una casa abandonada en la colonia Granjas Familiares en Otay.
Por su parte, el colectivo Movimiento Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California informó a la prensa que calendarizaron mil jornadas de búsqueda en 2023 en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y San Quintín.
Mientras Todos Somos Erick Carrillo” concluyó esta semana de trabajo en Sonora.
Como ellos, otras agrupaciones realizan búsquedas periódicas, a veces hay hasta tres colectivos haciendo jornadas el mismo día en BC: Siguiendo tus Pasos, Colectivo Búsqueda y Justicia por Nuestros Hijos, Armadillos Rastreadores Ensenada, Madres Unidas y Fuertes, Familias Unidas en contra de la Impunidad de Baja California, Madres Buscando a sus Tesoros y Colectivo Carlos Luna.
También, la agrupación Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, Madres Buscadoras de San Quintín” Colectivo de Búsqueda San Quintín, Buscando a José Alfredo, colectivo independiente de la Señora Andrea Ávila, Buscando a Tolano, Colectivo Búsqueda y Justicia por Nuestros Hijos, Buscando a Paola y Desaparecidos Mexicali.
En medio de la crisis de desaparecidos que ha generado el surgimiento de más y más colectivos, padres, hermanos y esposos de los y las desparecidas, tienen claro que el plan al encontrar a las víctimas no es desenterrarlos en las fosas clandestinas para enterrarlos en fosas comunes, que en Baja California ya albergan más de 6 mil restos de no identificados.
“La perspectiva es que no hay este seguimiento, las carpetas desde el momento en que se encuentra un cuerpo, la carpeta pasa de la Fiscalía de Desaparecidos a Homicidios, pero no hay un seguimiento que garantice justica a las familias”, manifestó Adriana Jaén Manuel, de Siguiendo Tus Pasos en Ensenada.
“Nuestro colectivo es muy pequeño, casi no hacemos búsqueda en campo. De 10 casos que nos han tocado, cuatro se han identificados, pero no es representativo ni para el Municipio ni para el Estado. De esos cuatro encontrados e identificados, dos de 2017 y uno de 2019, no se han judicializado, y otro reciente de hace poquito, sí está judicializado, pero nuestros datos no son representativos ni para la entidad ni para el municipio”, agregó Jaén.
“La única manera de detener las desapariciones es que los responsables sean detenidos, cuando encontremos los cuerpos de nuestros hijos, tenemos que hacer marchas, plantarnos frente a la fiscalía para exigirles que se investiguen que encuentren y juzguen los homicidas, a los feminicidas y seguir haciéndolo mientras no cumplan. Porque mientras eso no sucede, los criminales siguen afuera secuestrando y matando, amenazando y representando un peligro para las familias de sus víctimas y la sociedad en general”.
En cuanto a los casos de las 600 personas localizadas sin vida por el colectivo en los últimos cuatro años, recordó que, aunque el 57% de las víctimas ya fueron identificadas, el 40% de los cuerpos entregados y el 1% de los casos haya concluido en la captura de un presunto responsable, quien aún no han sido sentenciado, al momento, ellos registran un 100% de impunidad.
