La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar todos los documentos relacionados con dos contratos celebrados con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el “servicio de monitoreo de información remota”, la cual sería la representante exclusiva de la compañía israelí NSO Group, dueña del software Pegasus, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisionada Josefina Román Vergara planteó que dicho servicio, por parte de una dependencia del Estado, “es una actividad en la que necesariamente debe mediar una orden judicial, pues la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho humano”, establecido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos -DN-10 SAIT1075/P/2019 y DN-10 SAIT-1038/P/2018- que una persona está solicitando, ya que no sólo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, indicó.
Esta resolución derivó luego de que la Sedena no localizara “expresión documental” para atender la solicitud de una persona que requirió información de ambos contratos.
Ante la negativa, el órgano autónomo ordenó en un comunicado que el sujeto obligado dé a conocer las contrataciones de servicios realizadas con recursos públicos y enfatizó que tratándose de temas vinculados con la intervención de comunicaciones no sólo deben publicar los procedimientos, sino también proporcionar la información suficiente para permitir a la ciudadanía comprender el alcance, la naturaleza y la aplicación de las leyes que permiten la vigilancia de las comunicaciones.
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Como parte del análisis, la Comisionada Román Vergara advirtió que, si bien la Sedena hizo una búsqueda de la información en el Estado Mayor, la Oficialía Mayor, así como en las Direcciones Generales de Transmisiones, de Administración, “lo cierto es que no consultó a la Oficina del Secretario General, unidad administrativa responsable de autorizar los convenios y contratos celebrados por la Secretaría”.
Lo anterior, en razón de que durante una Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones a la Sedena, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “se constató que la dependencia sí celebró un contrato con la Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019”.
En la evaluación también se localizaría un apartado de datos abiertos en el portal electrónico de la Secretaría, donde se publicó el otro contrato en cuestión, celebrado con la misma empresa bajo la modalidad de adjudicación directa, para adquirir refacciones del sistema de correo electrónico de imágenes.
Asimismo, diversas notas periodísticas revelaron indicios de dos pagos realizados por la Sedena a la Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., por un monto total de 68 millones de pesos para el “servicio de monitoreo de información remota”, y dicha información señala que la compañía sería la representante exclusiva de la compañía israelí NSO Group, dueña del software Pegasus.
Por lo que el pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó hacer una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de que entregue a la persona solicitante los documentos de su interés. ZETA/SINEMBARGO
