Exiliados de sus tierras en el Ejido Ensenada

Fotos: Enrique Botello
 
Ezenario lunes, 10 agosto, 2020 01:00 PM

En junio los afectados recibieron información sobre el parcelamiento dentro del Ejido, pese a que existe un acuerdo que lo prohíbe mientras exista un litigio, asunto legal que tiene más de 20 años en proceso

La lotificación de terrenos en el Ejido Ensenada, dentro del Rancho El Horno, ubicado en una de las zonas con mayor plusvalía en la carretera escénica Ensenada-Tijuana, no se ha detenido a pesar del litigio por la posesión de la tierra.

Hay una superficie de más de mil 176 hectáreas de agostadero cerril y, muy cerca, el Gobierno del Estado ha hecho planes para construir una carretera alterna y la iniciativa privada tiene proyectos de desarrollos inmobiliarios.

Desde hace 20 años las tierras están en disputa entre un grupo de 30 ejidatarios, la mayor parte de los afectados, en contra integrantes de la familia Silva, quienes han colocado una barrera de acceso, a la que denominan los denunciantes la “puerta de la discordia”.

Aunque los quejosos aparecen en el Registro Nacional Agrario (RAN) como posesionarios del Ejido, siguen sin poder acceder al terreno por cuestiones legales.

El delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, confirmó la situación, pero pidió tiempo para que la actividad de la Procuraduría Agraria se restablezca ante la contingencia por coronavirus en el país.

El Ejido Ensenada se encuentra en un punto privilegiado del municipio, porque conecta ambas carreteras federales de la zona norte de Ensenada. En un recorrido hecho se ha detectado que por un lado se encuentra la autopista y por el otro la libre Ensenada-La Misión.

Son terrenos planos y montañosos -que, de acuerdo con el mercado inmobiliario, se encuentran entre los 80 y 100 dólares el metro cuadrado- y el mercado es para una mayoría de compradores norteamericanos.

Uno de los propietarios, de apellido García, ha sido el más afectado con este litigio; de los 30 propietarios ejidatarios que en un inicio recibieron una parte del terreno, al menos tres han fallecido. Esperan se resuelva el conflicto, el cual tiene más de 25 años en los tribunales, por lo que afirmaron que la paciencia “se agotó”.

Hasta junio de este año los afectados detectaron que en la zona hay más aparcelamientos, aún con la situación de contingencia por COVID-19, y pese al acuerdo agrario en que prohíbe hacer nuevas reparticiones de tierra de este ejido del 29 de noviembre del 2016 folio 4523 expediente 359/2016.

Por contingencia se detiene el juicio: Ruiz Uribe

En respuesta a las protestas hechas por los ejidatarios, el delegado federal en Baja California, Ruiz Uribe, informó que en este caso el problema está latente.

Detalló el ejemplo de Guadalupe Silva, uno de los integrantes de la familia que ha sido señalada por el resto de los ejidatarios por haber realizado invasión de tierras, y regalarlas a gente de la delegación de La Misión, en Ensenada, así como de Playas de Rosarito, entre otros lugares, para que éstos “vayan a posesionarse”, dijo.

Sin embargo, el Ejido va accionar y demandar, aunque se necesita un acuerdo de asamblea.  “Pero se ocupa del acuerdo de asamblea; y hasta en tanto no baje la contingencia, seguimos varados”, advirtió el funcionario federal.

ZETA publicó el 16 de diciembre del 2019, que en este añejo conflicto estuvieron involucrados ex funcionarios federales del gobierno de Enrique Peña Nieto en Baja California, que en medio del proceso legal comenzaron a figurar en el registro como avecindados.

Los datos fueron corroborados en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) donde aparece el ex delegado de la Procuraduría Agraria, Héctor Gelasio Cardona Benavides, y el que fuera residente de la Procuraduría Agraria en Ensenada, Mario García Peñuñuri.

 

Carta a AMLO

Las familias de los ejidatarios entregaron a ZETA los documentos del Registro Agrario Nacional (RAN) donde se encuentran los nombres de cada uno de los propietarios afectados, incluyendo ex funcionarios.

Ante la desesperación, y asegurando que han recibido amenazas por intentar ingresar a sus territorios, enviaron un reclamo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para denunciar la inactividad en el juicio agrario.

En el año 2000, Jacinto Silva, quien falleció hace algunos años, le propuso al comisariado ejidal comprar el 66 por ciento del polígono del rancho El Horno, dejando el 33 por ciento restante en propiedad de los 30 integrantes del comisariado.

Propuso un negocio inmobiliario, dado la demanda de bienes inmuebles que existe en esa área, por turismo extranjero. Conforme se vendieran los terrenos le pagaría a cada uno de los ejidatarios, más una cantidad de dinero como parte de un “entre”.

El Ejido Ensenada se conformó en 1985, y diez años más tarde dejaron de ser de uso común las tierras por medio de parcelas, con posibilidad de que los propietarios las explotaran en materia agrícola.

Posteriormente, en 1995 varios de los propietarios hicieron el acuerdo con Silva para iniciar el proceso de lotificación y venta. Y aunque otros prefirieron mantener sus tierras intactas, también resultaron afectados porque el acceso quedó cerrado para todos.

Ellos se consideran víctimas, pues les prometieron ganancias a partir de la venta de lotes, en un área de Ensenada con la más alta plusvalía y donde la mayoría de los residentes son extranjeros.

“Se quedarían con una parte de las ganancias, prometen y juran tener comprador y piden a los ejidatarios les firmen un documento para vender. Aquí nace la historia: no venden y se quedan dentro de las tierras y empiezan a promover el gran despojo”.

En actas de asamblea, donde da fe la notaría pública #5 de Ensenada, y ante la visitaduría agraria, en 2001 Silva inició un proceso legal para adjudicar los lotes que habían sido asignados por los ejidatarios para la venta.

Los ejidatarios afirmaron a este Semanario que también existen actas con firmas falsas donde se le otorga a Silva las tierras, con denuncias en trámite con número 376/2016 ante el Tribunal Agrario 45 de Ensenada; demandan la nulidad de éstas.

 

Logros y más largas al proceso

Lo que calificaron como un logro, fue que, tras no recibir una retribución por la supuesta venta, el 30 de marzo 2014 se celebró una asamblea para revertir el estatus de las tierras de común a parceladas.

El 15 de mayo del 2016 se celebró otra asamblea, donde se acordó llevar de manera efectiva al registro agrario nacional para que todos obtengan el título parcelario; sin embargo, este proceso se retrasó porque se extraviaron documentos.

“Era totalmente ilegal, ya que la tierra ya estaba repartida y estaba acordada y aceptada por el 100 por ciento de los ejidatarios, además de la Procuraduría Agraria”, indicó el representante de las familias.

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