Este 30 de julio de 2020, el gobierno de Baja California derogó el decreto de cancelación de la caseta Playas de Tijuana, ubicada en la autopista Ensenada-Tijuana. El cual también suscitó la discrepancia entre el gobernador Jaime Bonilla Valdez con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Minutos antes de que el documento fuera publicado en el Periódico Oficial, el secretario de General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano anunciaba la promulgación sobre el decreto que deja sin efecto el del 7 de julio relativo a la caseta de Playas de Tijuana.
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Según refirió Bonilla Valdez le “pidió publicáramos un decreto sobre la revocación del anterior del 7 de julio y además establece la instrucción para que todos los secretarios de estado para que de manera pertinente, urgente y prioritariamente resolvamos de manera definitiva el tema de la caseta”.
“Este ha sido el resultado de una negociación. El gobernador a su regreso de la CDMX dará informes a la ciudadanía de los resultados de las negociaciones y los efectos positivos que esto conlleva. Por lo pronto les aviso que este decreto que deroga el anterior será publicado en unos minutos”, finalizó en un escueto mensaje transmitido por Facebook.
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El documento -fechado el 21 de julio de 2020- fue publicado este jueves y entrará en vigor mañana, un día después de su publicación.
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, previó que su administración no ganará la controversia constitucional que interpuso la Federación contra del decreto estatal para cancelar el cobro de la caseta de Playas de Tijuana. No obstante, el mandatario insistió en que se retire a los elementos de las fuerzas federales que resguardan esas instalaciones de la Autopista Federal Ensenada-Tijuana.
En la conferencia matutina del 22 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración interpuso la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y advirtió que no se puede permitir que un decreto estatal invada facultades que corresponden a la Federación.
Al señalar que no coincidía con la decisión de su “amigo” el gobernador bajacaliforniano, AMLO expuso el riesgo de que “ahora que vienen las elecciones” otros gobernadores emitan decretos para que no se cobre en las casetas de Capufe o del sistema federal, o para que no se cobre el IVA. “Eso no se puede, no es conmigo, es con la ley”, afirmó el político tabasqueño quien aseguró que será el Poder Judicial quien decida sobre este caso.
Sobre ello, Bonilla Valdez indicó: “se va a ir a los tribunales y ya sabemos que en la Suprema Corte pues no lo vamos a ganar, porque ahí yo no gano ni una, pero no le hace, la lucha se hace”, para luego asegurar que “ninguna ley debe estar sobre los derechos de los residentes o de los seres humanos”.
“Lo que queremos nosotros y dijimos nosotros desde el principio es que no se le cobre a los residentes. Tengo entendido que el presidente de México está de acuerdo en eso. Lo que dijimos nosotros es que movieran esa caseta. Tengo entendido que el presidente también nos ha expresado que está de acuerdo”.
Lo que dijimos nosotros es que retiraran las fuerzas armadas porque ahí porque no hay necesidad y tengo entendido que el presidente está de acuerdo. “Entonces para qué tanto brinco si está tan parejo el piso”, dijo Bonilla Valdez, aunque reconoció que él no ha hablado con AMLO sobre el tema.
Previamente, el 12 de julio, Rodríguez Lozano, acudió interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia por abuso de autoridad en contra del Ejército y la Guardia Nacional.
Los cuales -según el funcionario- despojaron al gobierno estatal de las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, de la carretera Escénica, a las 3 de la mañana (del 8 de julio) “sin que que mediara ninguna disposición de ningún juez” y usando “la fuerza bruta”.
Según el funcionario estatal la denuncia también sería contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banobras, ya que funcionarios de esas instituciones dieron dos concesiones a Caminos y Puentes Federales (Capufe), primero por 20 años y luego por 40, “sin tener derechos, sin tener autorización, sin que estén basados en una ley”.
“Esta última concesión la dieron en 2011 sin que nadie hubiera sabido, por 40 años, de tal manera que tendrían ellos derecho a mantener la utilización de esta carretera hasta 2051”, reconoció Rodríguez Lozano, para luego acusar “imagínense qué gran abuso a pesar de que no tenían atribuciones”.
