Avanza investigación por desvío millonario de Kiko; denuncia pasaría a la Fiscalía Estatal Anticorrupción: FGE


 
Destacados martes, 26 noviembre, 2019 06:22 PM

La denuncia en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y  otros ex funcionarios por el desvío de más de mil 200 millones de pesos, se encuentra integrada en la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), revisando a detalle la información obtenida para determinar la participación de los señalados y la naturaleza de una estructura financiera compuesta por 91 empresas.

“El señalamiento va en contra de varios ex funcionarios del poder ejecutivo del anterior gobierno. Nuestra responsabilidad es recibirla como la denuncia de cualquier ciudadano, la cual ya fue ratificada por el Secretario General (Amador Rodríguez Lozano)… Hay que verificar a partir de los canales oficiales, que efectivamente las personas señaladas como posibles imputados pertenecen o trabajaron o fueron servidores públicos del estado, del mismo modo tendremos que verificar que las empresas estén registradas ante la Oficialía Mayor como proveedores”, indicó Pedro Ariel Mendívil García, Fiscal Regional en Mexicali de la FGE.

Aseguró que están trabajando bajo la presunción de inocencia, porque no están buscando fabricar culpables ni inocentes, pero algunos hechos son en materia de corrupción, y una vez que se designe al Fiscal Estatal Anticorrupción, serán remitidos por no tener competencia la FGE.

Por otra parte, detalló que habrá otros delitos que sí se quedarán en la Fiscalía General, pero deberán ser analizados porque algunos de estos, podrían ser medios usados para realizar el desvío de recursos, siendo parte del hecho principal, que son los delitos de corrupción.

La instrucción que se tiene en estos momentos por parte del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, es que se solicite tanto al Auditor Superior y al Congreso del Estado, los resultados de la auditoria que se está realizando en estos momentos.

Mendívil García, indicó que se encuentran en una etapa temprana de la denuncia. “Apenas se han solicitado los medios de prueba prioritarios, que es la información documental, para determinar que los involucrados en realidad eran servidores públicos, y que, por el lado de las 91 empresas, estén constituidas como personas físicas y morales, y que hayan brindado algún servicio al poder ejecutivo”.

Posteriormente, se constatarán los domicilios fiscales para saber sí de verdad las empresas son reales, información que esperan obtener con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dado lo anterior, hasta el momento no se tiene una fecha para mandar llamar a los ex funcionarios públicos señalados a declarar, ni tampoco para tomar medidas extraordinarias en el caso de aquellos que se encuentran ostentando un cargo público, como el caso de la diputada Loreto Quintero.

Lo anterior fue declarado durante la presentación de resultados de la FGE a semanas de haber sido creada, entre lo que destacó la llegada de 200 elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, las reuniones de trabajo con Diputados del Congreso para ampliar presupuesto durante 2020.

Asimismo, la judicialización tan solo en noviembre de 794 carpetas de investigación, vinculando a proceso a 442 personas.

De igual manera, se mencionó la cumplimentación de 332 órdenes de aprehensión en el estado, y ocho por delitos cometidos en el extranjero.

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