Se resuelven solo 6.7% de casos penales en BC

Foto: Archivo
 
Edición Impresa lunes, 28 octubre, 2019 01:00 PM

De cada 100 procedimientos penales iniciados ante un juez estatal en Baja California, solo 6.7 concluyeron y 4.7 terminaron en sentencia -condenatoria o absolutoria- durante 2018, señala un estudio de México Evalúa. El porcentaje no solo es bajo por sí mismo, sino que coloca a Baja California en el penúltimo lugar en todo el país en cuanto a resolución de casos frente a una media nacional de 30.5%. La excesiva carga de trabajo para los agentes del Ministerio Público, algunos con hasta mil 500 carpetas acumuladas desde 2016 y un índice de 0.5 jueces por cada 100 mil habitantes, crea cuellos de botella que dificultan la impartición de justicia en la entidad

El rezago en la resolución de causas penales en el Poder Judicial del Estado de Baja California se explica principalmente desde dos puntos en la cadena de procuración de justicia, según un estudio reciente de la organización México Evalúa. Uno se genera en la deficiente investigación criminal por parte de los agentes del Ministerio Público de la procuraduría estatal, ya sea al inicio o en la etapa intermedia del procedimiento. El otro es la saturación de procedimientos penales, particularmente en Tijuana, debido al alto número de carpetas de investigación para un reducido nivel de jueces y salas de audiencia.

En entrevista con ZETA, María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas, desmenuza el estudio “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”.

Por medio de solicitudes de información a las 32 procuradurías y fiscalías estatales, así como a otras instancias de gobierno y bases de datos, los autores ilustraron un panorama de las dificultades, tropiezos y aciertos en el andamiaje de los sistemas de justicia.

Con ello, se revelan las fallas sistemáticas o aisladas en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

En el caso de Baja California, las cifras muestran claroscuros en la procuración e impartición de justicia. Aunque la entidad es considerada una de las mejores en cuanto a la operación del NSJP, hay cifras que la colocan en uno de los puestos más bajos a nivel nacional.

Foto: Archivo.- México Evalúa: el 40% de las carpetas iniciadas en BC están en proceso de investigación.

Es el penúltimo Estado en cuanto a resolución de casos, con un porcentaje del 6.7% -solo debajo de Puebla con 4.8%-, el porcentaje restante permaneció en etapa de investigación inicial o intermedia, o bien, se desahogó por medio de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Para comparar a BC con el resto del país, la entidad con mejores resultados en este rubro es Zacatecas, con 65.3% de carpetas de investigación resueltas, mientras que la media nacional es de 30.5%

De los 6.7% de casos resueltos, solo 4.7% resultaron en sentencias tanto absolutorias como condenatorias.

 

NI EL 1% DE LOS CASOS LLEGAN A JUICIO

Si bien una parte de los casos en Baja California optaron por una salida de resolución de conflicto dentro del Sistema Estatal de Justicia Alternativa (SEJA), pues prácticamente siete de cada diez asuntos se resuelven por esta vía, tampoco hay un avance significativo en cuanto a la integración de carpetas de investigación.

Esto porque del total de denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) durante 2018, el 88.6% se encuentra en trámite.

Y aunque cuenta con uno de los índices más altos de personal en las procuradurías, con un promedio de 31.2 por cada 100 mil habitantes, tiene solo 0.5 jueces por cada 100 mil habitantes, casi la mitad de la media nacional.

El NSJP, explica Novoa, ofrece “un desahogo importante de los casos, puedes dar salida a muchos de los casos por estas otras salidas que tiene previsto el sistema. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que ni el 1% del total de casos llega a juicio. Lo que estamos viendo no solo en Baja California, sino en gran parte del país e incluso a nivel federal, es que por las bajas capacidades de investigación criminal a nivel de las fiscalías, los casos, aunque son vinculados, se quedan en la etapa intermedia o complementaria, en términos de investigación”.

La falta de avance de los casos, y por lo tanto el rezago en la integración de investigaciones y continuación de procedimientos penales, se vuelve más evidente en “aquellos casos de mayor complejidad y cuando no tienen detenidos, los casos que realmente concluyen son aquellos con detenido porque el estándar en cuanto a capacidad de investigación es bajo, y los que exigen mayor capacidad de investigación se quedan sin resolver”.

La investigadora también destaca que en el caso de BC, de las carpetas iniciadas, 40% se encuentra en proceso de investigación, incluso previo a la vinculación a proceso por parte de un juez.

 

PERO HAY OTRAS FORMAS DE JUSTICIA

La coordinadora del Programa Justicia de esta organización, explica que entre las fortalezas del sistema judicial en Baja California, está el de salidas alternas que no se aplican en otras partes de la República, como el criterio de oportunidad y mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación, conciliación y la justicia reparativa.

“El problema es que las personas tienen la percepción que si no llegan a juicio y los responsables no van a prisión, no se está haciendo justicia. La sociedad no ha estado evolucionando a esta forma distinta de cómo hacer justicia, no necesariamente todo mundo tiene que llegar a juicio ni a prisión”, detalla.

El subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez, comparte una noción similar y lo atribuye a un “chip generacional”.

En Tijuana, ciudad que concentra el mayor número de denuncias en el Estado, con un promedio de 40 mil carpetas de investigación al mes, el SEJAP recibe la mayoría de las querellas interpuestas por ciudadanos por delitos no graves, como accidentes de tránsito, lesiones menores, amenazas, daños en propiedad ajena e incluso algunas modalidades de robo.

Foto: Archivo.- Solo el 4.7% de las carpetas reciben sentencia.

Ello permite desahogar los casos que reciben las agencias de investigación criminal, detalla el funcionario.

No obstante, María Novoa, de México Evalúa considera que la percepción social de falta de justicia responde en gran medida “a aquellos casos que tienen mayor complejidad, como homicidios, que tienen también mayor impacto social, pero no hemos tenido respuesta efectiva por parte de la institución”.

 

TIJUANA, DONDE SE ATORA EL SISTEMA

Si bien el análisis en el informe de México Evalúa se concentra en entidades y no en municipios, María Novoa destaca el caso de Tijuana por ser el de mayor dificultad para la etapa de implementación del NSJP en Baja California, sobre todo al compararlo con otros municipios de la entidad como Mexicali.

“Tijuana es donde hay mayor carga, población, incidencia y se dio un problema de rezago, hay un fuerte déficit respecto a Mexicali y se ha convertido en una de las deudas institucionales para tener en pleno funcionamiento el sistema”, asegura.

La combinación entre delitos de mayor impacto como los homicidios, que en lo que va del año ya supera las mil 790 víctimas, la falta de personal en la PGJE y la escasez de jueces ha creado un fuerte rezago en las investigaciones.

Cifras de la PGJE indican que desde la implementación del NSJP, en junio de 2016, más de 73 mil carpetas se encuentran “en trámite” y no se han podido resolver o determinar a los presuntos responsables de los delitos.

La cifra no solo implica un fuerte rezago que combatir, sino un excesivo cúmulo de trabajo para los agentes, policías y otros operadores en la PGJE.

De las agencias del Ministerio Público en Tijuana -Baja California tiene un promedio de 2.2 por cada 100 mil habitantes-, la de Zona Centro concentra 20 mil carpetas de investigación pendientes.

A cada agente del MP asignado a esta agencia, tan solo en términos de rezago le corresponde un promedio de mil 500 casos individuales por resolver desde 2016. A ello hay que sumar el promedio de 40 mil denuncias interpuestas por mes.

 

BAJAS DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN

Además del déficit de personal, la coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa, observa otras dificultades en la ejecución del sistema, particularmente en el caso de homicidios.

Si bien, este delito apenas concentra el 6% del total de casos de la PGJE en Tijuana, ya que robos en sus diferentes modalidades representa el 34%, robo de vehículo el 18% y lesiones el 20%, la académica planta por qué implica una mayor complejidad al momento de resolverse:

“Se requiere activar todas las especialidades del servicio pericial, desde el mismo forense cuando levanta los cuerpos, vemos un déficit importante de tener la especialización y las competencias, habilidades y destrezas necesarias para activar procesos de investigación científica y así tener pruebas contundentes para las líneas de investigación que lleven a una conclusión”.

Aunado al déficit en la Policía de investigación o Ministerial, hay otros factores que conllevan a una baja destreza de investigación, como no establecer una “política de persecución penal donde se definan ciertas prioridades, de acuerdo al tipo de fenómeno criminal que deberían de atender”.

Novoa observa también que en México, no solo en Baja California, no se ha logrado consolidar un nivel de investigación criminal que empodere más al policía. “Todavía tenemos mucha de la responsabilidad de la ejecución de la investigación al nivel del Ministerio Público, cuando debe ser el conductor jurídico del caso, pero el que ejecuta la investigación criminal sea la Policía que se auxilie del servicio pericial”.

Aquí la conclusión de la investigadora:

“Esencialmente es lograr definir políticas criminales y de persecución penal, para de alguna manera, priorizar los fenómenos criminales donde se está teniendo mayor impacto social y que puedan tener formas de respuesta institucional; no es que tenemos que atender el 100% de los casos, sino tener una mejor distribución de los recursos en función del tipo de caso y los fenómenos criminales que entran”.

ZETA solicitó información al Poder Judicial del Estado sobre los hallazgos del estudio de México Evalúa retomados para este reportaje, pero hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

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