“Hay funcionarios de primer nivel en BC investigados” por Hacienda: Santiago Nieto

Foto: Jorge Dueñes
 
Edición Impresa lunes, 14 octubre, 2019 01:00 PM

Santiago Nieto, titular de la Unidad de

Inteligencia Financiera, confirma que

cuentas bancarias de funcionarios

estatales y federales de primer nivel

están bajo investigación. El exfiscal de

Delitos Electorales ha asumido una de

las posiciones de mayor poder en la

administración federal: su unidad ha

congelado más de cinco mil millones

de pesos y 50 millones de dólares en

nueve meses, cantidad muy por

encima de los 15 millones de pesos que

la UIF decomisó de 2015 a 2018. El

funcionario habló -en entrevista- de

una posible investigación a Enrique

Peña Nieto, cómo beneficia la renuncia

del exministro Eduardo Medina Mora

al combate a la corrupción y por qué

se debe investigar a funcionarios y

político de Morena, así como las

investigaciones que se llevan en

Baja California

Santiago Nieto Castillo no encaja con la imagen común de un funcionario de Hacienda. El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es carismático y de discurso ágil: no abunda en tecnicismos, pero maneja números y leyes de memoria.

Señala tanto a políticos corruptos como al Cártel de Sinaloa o al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como parte de los objetivos principales de la Unidad que encabeza.

Como otras figuras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un rostro conocido entre ciudadanos. Es común que se fotografíen con él, lo feliciten y le expresen admiración.

En sus presentaciones habla de cómo un huachicolero tenía empresas dedicadas al lavado de dinero a nombre de su esposa y de su novia -quienes además tenían casas en el mismo residencial de lujo- y también de cómo la corrupción es un “tema estructural” y no un “asunto cultural”, como en su momento lo declaró el expresidente Peña Nieto.

Y en la práctica del ejercicio público, Santiago Nieto se asemeja más a un fiscal, al asumir las funciones de la UIF como una herramienta para “golpear las estructuras financieras de los grupos criminales” y romper con “la estrategia que se implementó por los dos gobiernos anteriores de combatir a los grupos criminales exclusivamente con la violencia”.

De las críticas que ha recibido en su labor de manejar la UIF en lo público para investigar a exfuncionarios cercanos a Enrique Peña Nieto, como Rosario Robles y Emilio Lozoya, asegura: “El siguiente paso es revisar a las autoridades de esta administración que hayan violado la ley con actos de corrupción”.

El monto de dinero de procedencia ilícita sacado de circulación por la UIF también ha visto un crecimiento exponencial.

De 2015 a 2018, la Unidad decomisó 15 millones 736 mil 458 pesos como resultado de sentencias pronunciadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Del 1 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019, la UIF ha congelado cinco mil 33 millones 540 mil 702 pesos y 49 millones 353 mil 461 dólares de las cuentas bancarias de casi dos mil personas.

Nieto Castillo estuvo en Tijuana el 4 de octubre para dictar una conferencia dentro de la Tercera Jornada Anticorrupción y la firma de un convenio para compartir información con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Al término de su participación, el funcionario federal sostuvo una charla con ZETA, en la que aseguró se investigan las cuentas bancarias de “funcionarios de primer nivel estatal y federal” de Baja California.

Del poder que la UIF ha adquirido, el funcionario lo explica como “producto de la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador; él tiene muy claro que el combate a la corrupción puede permitir al Estado tener mayores ingresos, en razón de que no haya desvíos y tenga una política de austeridad”.

 

DE ROBO DE COMBUSTIBLE, TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO DE PERSONAS, POLÍTICOS CORRUPTOS Y MÁS…

El primer caso fuerte que llevó la Unidad fue el robo de hidrocarburos, en enero. “Pudimos detectar cómo los reportes del sistema financiero respecto a temas vinculados con huachicol, (que) aquellas gasolineras que vendían más de lo que le compraban a Pemex se encontraban en los municipios por donde venía el flujo de los ductos de Pemex. A partir de ahí, generamos una serie de denuncias y se hizo el bloqueo de cuentas de importantes grupos, con la finalidad de evitar que se siguiera comercializando el huachicol”, explica Nieto Castillo.

Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.com

La segunda cuestión fue el combate de trata de personas. “Vimos dos tipologías: jovencitas mexicanas de Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca que eran llevadas a Estados Unidos para prostitución forzada, enamoradas o sustraídas ilícitamente; y después mujeres del Europa del Este o jóvenes de Latinoamérica -particularmente Venezuela, Colombia y Brasil- que eran introducidas a México para temas de prostitución forzada en las principales ciudades y puntos turísticos del país. Esto nos ha permitido llevar al cumplimiento de órdenes de aprehensión en contra de tratantes y bloqueo de cuentas bancarias, a efecto de que el dinero no siga circulando en el sistema financiero”.

Como tercer eje, está el tráfico ilícito de personas. “Vimos cómo, desde Chiapas, el flujo de recursos financieros iba subiendo hacia el norte a partir de transmisores de dinero o de organizaciones sin fines de lucro; eso nos ha permitido bloquear a quienes estaban desarrollando actividades de tráfico ilícito de personas y llegando hasta Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Piedras Negras, entre otros puntos de la República por donde ingresan los migrantes”.

El cuarto tema, explica Nieto Castillo, “está relacionado con las empresas fantasma y las factureras; mientras que el quinto ha sido el combate a la corrupción, particularmente la corrupción política del sexenio anterior. Pero hemos también ya detectado casos, como el del delegado de Morena en Jalisco (Carlos Lomelí) o del rector de la Universidad de Hidalgo (Adolfo Pontigo), donde están relacionadas personas vinculadas con Morena; diputados federales inclusive, que desde nuestro punto de vista están cometiendo actos de lavado de dinero”.

Sin embargo, los casos más públicos son los de Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, todo este círculo cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto lleva a una suposición de que dentro de poco podríamos ver una investigación directa hacia él. ¿Cómo se está siguiendo el rastro del dinero que se generó de la corrupción en ese periodo?

“Estamos investigando la red de empresas fachada, las transferencias internacionales al extranjero por parte de personas políticamente expuestas y en coordinación con la Organización de las Naciones Unidades. Vamos a llegar hasta donde den las investigaciones; la política del Presidente es que no vamos a encubrir a nadie y, por lo tanto, si hubiera una responsabilidad en contra de Enrique Peña Nieto, lo llevaríamos ante los tribunales”.

También podrían verse estas acusaciones contra exfuncionarios, como el uso de la UIF como arma política, que están yendo solo contra personajes contrarios.

“Lo que se tiene que percibir es una posición de imparcialidad y la única forma es que también vayamos contra gente relacionada con Morena. Tenemos dos denuncias contra el rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (que es gente cercana a Morena), una denuncia contra Carlos Lomelí y una denuncia contra un alto funcionario del ISSTE, en virtud de que en esos tres casos hemos encontrado desvíos de recursos que no resultan justificables”.

En Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros publica la lista de personas con cuentas congeladas por delitos de corrupción y narcotráfico. ¿Se planea replicar esta medida en México?

“El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito plantea que tenemos la posibilidad de hacer la lista de personas bloqueadas; sin embargo, por disposición legal, es secreta por ser información reservada. Yo soy de la idea de que, en una sociedad democrática, debe favorecerse el derecho de acceso a la información pública respecto al derecho a la vida privada y la intimidad, porque al final del día los servidores públicos, por su voluntad propia, se pusieron en la palestra pública; y por lo tanto, su umbral de protección o a la vida privada debe ser menor.

“No se ha reformado la ley. Sí lo he propuesto, para efecto de que la lista de personas bloqueadas sea una lista pública en donde no se entere la ciudadanía vía los juicios de amparos que promueven las personas ante los tribunales, sino que se enteren directamente de qué persona está saliendo señalada por la autoridad para un caso de lavado de dinero”.

Justamente el ahora exministro Eduardo Medina Mora expresó sentirme agraviado cuando en una columna de El Universal se expusieron las transferencias en sus cuentas bancarias en el extranjero.

“Respecto a Medina Mora, la renuncia fue un acto personalísimo; él decidió renunciar a su cargo de ministro de la SJCN. La valoración personal que yo tengo es que nunca debió haber sido ministro, no tenía ni la facultad ética ni el conocimiento jurídico para ser ministro de la Suprema Corte. No puedo dar datos, pero nosotros tenemos una denuncia presentada contra el señor Medina Mora por un tema de triangulación de recursos; lo que sí he cuestionado es que cómo a partir de una jurisprudencia impulsada por él -una contradicción de criterios donde él mismo contradice el suyo de 2016 respecto al de 2019- le ha cercenado una parte de la potestad de la UIF, lo que se ha reflejado en dos mil millones de pesos, que han sido desbloqueados a presuntos tratantes, presuntos políticos corruptos y presuntos narcotraficantes”.

¿Bajo qué criterio?

“Es un criterio de mayo de este año en donde Medina Mora propone que, si la solicitud de bloqueo de cuentas viene de una instancia internacional, es constitucional; pero si viene de una instancia nacional, como la UIF, por sí sola está desarrollando la investigación y bloquea las cuentas, entonces es inconstitucional y deja la posibilidad al Juez de Distrito de conceder o no la suspensión provisional”.

“En los hechos nos hemos defendido en los juicios de amparo, defendiendo nuestros actos de bloqueo, y muchos jueces han considerado que es preferente para la sociedad, en un ejercicio de ponderación, mantener los bloqueos de cuenta respecto al beneficio que pudiera tener una persona; pero también hemos tenido muchos jueces cercanos al exministro Medina Mora que lo que hicieron fue ordenar el desbloqueo. Inmediatamente las personas, sean políticos, sean narcotraficantes, retiran el dinero de las cuentas. Por eso la salida de Medina Mora creo que va a abonar a que podamos tener un mejor sistema de combate al lavado de dinero en el país”.

En el caso del combate a los recursos del narcotráfico, ¿cuándo podríamos ver públicamente los resultados desde la UIF?

“Estoy esperando que venga una reforma legal que nos permita dar mayor información al respecto. Ya se encuentra aprobada en el Senado, está pendiente en la Cámara de Diputados; y si esto se pudiera hacer, pudiéramos hacer ya públicos los montos en los casos relacionados con narcotráfico. La primera denuncia que presentó la UIF fue contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y pues básicamente nos hemos enfocado a los dos grandes grupos supranacionales criminales de tráfico de drogas -el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa- aun cuando también hemos tenido casos que involucran a Unión Tepito, los Guerreros Unidos y a Santa Rosa de Lima, entre otros grupos. Creemos que esta es una actividad que tenemos que realizar de manera conjunta con otras autoridades -como Sedena, Marina, la Guardia Nacional- y, por otro lado, es importante congelar las cuentas con independencia de los casos judicializados. La estrategia sería denunciar, judicializar y luego extinguir el dominio; tenemos que hacer el proceso inverso, donde empecemos por el congelamiento de cuentas en aquellos asuntos que sabremos que, por las propias naturalezas de los procesos penales, tardarán varios años en resolverse, pero mientras tanto impedir que ese dinero siga siendo utilizado para poder financiar a los grupos criminales”.

¿Cuál ha sido el cambio en el manejo de la UIF de la anterior a la presente administración?

“Yo veía a la UIF muy ausente a las instituciones públicas; que más bien, cuando aparecía, era cuando se estaba utilizado políticamente para un golpeteo a alguien. De ahí salió la investigación de Elba Esther Gordilla, que la comparto, pero también salieron la de Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya, que parecieron más golpes de naturaleza política que jurídica. Creo que la posición del presidente es muy clara, utilizar la UIF y la Secretaría de la Función Pública como mecanismos para poder elevar la percepción de riesgo, y que por tanto se mande un mensaje: que el cumplimiento de la ley es en serio. En mi caso particular, vengo de una fiscalía; el enfoque jurídico-penal es relacionado en realidad con el precedente mío y el equipo de trabajo que me ha acompañado desde entonces”.

“El enfoque en la época de EPN era llevar a la gente de la UIF que sabían del sistema financiero a la PGR -pensando que se iba a poder combatir el lavado de dinero- pero lo que sucedió fue que las personas que llegaron a la PGR no tenían la experiencia penal; entonces esa curva de aprendizaje fue lenta y al final no se reflejó en los decomisos como era el objetivo prioritario”.

“Aquí, la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la inversa, gente con un enfoque o trabajo previo en fiscalía ingresa a la UIF para que los asuntos ya vayan armados desde la perspectiva jurídica-penal para ir los tribunales y buscar la extinción de dominio; necesitamos terminar la Evaluación Nacional de Riesgo y, a partir de ahí, generar una Estrategia Nacional Antilavado. En esa estrategia, hacer las prioridades que tendrán que ver con las condiciones de México (corrupción, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata y tráfico ilegal de inmigrantes) como temas centrales, además de las nuevas complejidades producto de las innovaciones tecnológicas, como activos virtuales y ciberseguridad”.

“Un tercer tema tiene que ver con la mejora a los sistemas normativos. Necesitamos la modificación a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero para efecto de poder tener una recalificación positiva en GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), y eso necesitamos hacerlo antes de que termine 2019”.

“El siguiente paso tiene que ver con empezar a revisar a las autoridades de personas de esta administración que hayan violado la ley, con actos de corrupción, y tiene que ver con el trabajo coordinado con Estados Unidos para el combate al tráfico de armas y de drogas”.

Está por concluir una de las administraciones estatales más señaladas y documentadas en cuestión de desvíos de recursos públicos: hay una deuda con la UABC de más de mil 500 millones de pesos. De las investigaciones que lleva la UIF, ¿se está investigando a funcionarios de primer nivel? o si nos pudiera comentar algún indicio de las pruebas que se están recolectando…

“Estamos llevando la investigación; sí hay funcionarios de primer nivel en varios temas -federal y local- por la vinculación con los temas de autos chocolate, de tráfico ilícito de personas y el tema de empresas fachada, que fue el mecanismo utilizado en el sexenio anterior para la corrupción política”.

Gracias.

 

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