Tráfico de influencias y conflicto de interés, los posibles delitos de consejero Anticorrupción

Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
 
Edición Impresa lunes, 12 agosto, 2019 01:00 PM

En próximos días se presentará una denuncia contra Jorge Topete Calvario, ex presidente y actual consejero del Sistema Estatal Anticorrupción. El caso del millonario contrato entre el Ayuntamiento de Tijuana y El Burro Loco, empresa a la que perteneció Topete Calvario y propiedad de uno de sus actuales socios, trastoca la credibilidad del recién creado organismo y ya ha provocado la exigencia de su renuncia  

Tráfico de influencias, conflicto de interés, ejercicio indebido del servicio público e incluso coalición de servidores públicos, son algunos de los presuntos delitos y faltas a la Ley de Servidores Públicos en los que Jorge Topete Calvario, consejero del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pudo incurrir debido a su relación con la empresa El Burro Loco, la cual celebró un contrato por casi 10 millones de pesos con el Ayuntamiento de Tijuana.

Así lo observó en un análisis para ZETA Ricardo Zurita, abogado especialista en Derecho Penal y también integrante del SEA, respecto a las conductas del hasta hace poco presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema.

Como se expuso en el reportaje “El Patas pagó 9.86 millones de pesos al presidente Anticorrupción (El caso de El Burro Loco)”, publicado en la edición 2366 de este Semanario, Topete Calvario aparece como representante legal de la empresa EBL -fundada bajo el nombre El Burro Loco– en archivos del Ayuntamiento de Tijuana, actualizados al 30 de abril de 2019, en los que se describen las particularidades del contrato celebrado el 1 de marzo.

Si bien el consejero exhibió una escritura notariada en la que se señala que su salida de la compañía se dio el 20 de junio de 2018, días después de haber sido seleccionado como miembro del SEA, lo cierto es que Topete Calvario es socio de Omar Ramos Sierra -quien firma el contrato con el gobierno municipal de Tijuana- en por lo menos dos firmas más.

Foto: Inés García.- Omar Ramos Sierra, dueño de El Burro Loco.

La empresa fue contratada para “consultoría en materia de organización para la revisión documental de la cuenta pública municipal del Ayuntamiento de Tijuana, así como asistencia profesional legal y cabildeo para atender y acompañar la solventación de requerimientos de los órganos o autoridades que lo requieran” del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2019, según consta en el documento.

Las acciones de “cabildeo”, establece el contrato, se realizarán ante la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), entre otros órganos.

Ya que al ser uno de los cinco consejeros honoríficos del SEA, Topete Calvario está facultado por la Ley para participar el nombramiento del titular de la Auditoría Superior y junto a sus compañeros del CPC presentó una solicitud de amparo en contra del nombramiento del auditor Carlos Montejo, el abogado Ricardo Zurita considera:

“Hay indicios jurídicos que nos dan a entender que la relación con Omar Ramos Sierra es muy estrecha a través de las sociedades que tiene con él y el despacho que comparten. Hay indicios jurídicamente de esta relación y concatenado al tema de cómo los consejeros honoríficos manejan su intervención para la selección del magistrado Anticorrupción, del auditor superior, que es el caso concreto, y en un futuro del fiscal Anticorrupción”.

LOS POSIBLES DELITOS

En específico, el consejero técnico del CPC observa “el interés de Topete de intervenir en los nombramientos civiles del magistrado Anticorrupción, el auditor superior y el fiscal Anticorrupción, si bien facultado por Ley, deja entrever algunas presuntas faltas contempladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas y posibles delitos del Código Penal como conflicto de interés, ejercicio ilícito del servicio público, colusión de servidores públicos y tráfico de influencias”, expuso Zurita.

El Artículo 294 del Código Penal de Baja California indica: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una Ley, Reglamento u otras disposiciones de carácter general”.

En el Artículo 307 del mismo Código se señala que el delito de tráfico de influencias se configura, entre otras conductas, cuando un servidor público “indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí”.

El mismo ilícito lo comete el “particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro”.

 

“QUE TOPETE RENUNCIE”: CONSEJERO RICARDO ZURITA

Por su parte, en su Artículo 57, la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California plantea que “incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.

“Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos”.

En este caso, Topete Calvario debió informar al SEA que mantiene dos sociedades mercantiles con Ramos Sierra y que fue contratado por el Ayuntamiento de Tijuana para representarlo ante la ASEBC para solventar las observaciones hechas por el organismo fiscalizador, apuntó el tesorero municipal Ricardo Chavarría.

Sin embargo, no fue hasta que ZETA dio a conocer esa relación, que el ex presidente del CPC admitió su vínculo con el

Rosario Robles dice “dar la cara”; FGR la imputa por desviar más de 5 mil mdp

Foto:-CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó el jueves 8 de agosto a María del Rosario Robles Berlanga, por supuestamente haber causado un daño a la Hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, al considerar que fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados, cuando ella fungió como titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la llamada “Estafa Maestra”.
En la audiencia de imputación, los fiscales federales revelaron que tres de sus ex subordinados en ambas dependencias le informaron verbalmente y por oficio, año con año (2014 a 2018) a Robles Berlanga, la existencia de las irregularidades consistentes en la firma de convenios fraudulentos. Sin embargo, ella no hizo nada por impedirlo, ni lo informó a su superior jerárquico, el entonces Presidente Peña Nieto.
Además, sus entonces subordinados declararon que en una reunión celebrada en junio de 2014, entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal Martínez, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, este informó a Robles de los presuntos actos de corrupción que habían detectado, y de los cuales también supuestamente fue omisa.
Los testigos que colaboraron con la FGR al haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad son: José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones; y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la Sedesol.
Los fiscales federales informaron que son 27 los convenios generales o de coordinación, los contratos particulares y apéndices que se simularon en la “Estafa Maestra” para desviar los más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.
Un día antes, 7 de agosto de 2019, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, ordenó devolver a la ex funcionaria federal los 69 mil 500 pesos que pagó para garantizar que continuara vigente la suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en su contra en los últimos días.

contratista del Ayuntamiento, quien recibió otro miembro del SEA. el millonario contrato en adjudicación directa.

La Ley del SEA obliga en su Artículo 18 a los integrantes del CPC a “hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas”. La realidad es que el Sistema no los ha puesto disponibles para consulta pública.

Francisco Fiorentini, actual presidente del CPC, comentó sobre su compañero:

“Jorge (Topete) presentó su 3de3 y su declaración de intereses. La conducta (cuestionable) es si en su declaración aparece la sociedad y si lo ocultó o no… si él fuera parte de esa empresa y no lo declara, sería un público cuestionamiento”.

El consejero presidente del SEA se comprometió a hacer llegar ambos documentos a este Semanario, de los cuales dijo no tener acceso al momento de la entrevista, pero hasta el cierre de esta edición, no se recibieron.

Ante ello, el consejero Ricardo Zurita externó: “Yo recomendaría, con mucho respeto, para que no le siga haciendo daño al SEA, que Topete renuncie como consejero honorifico del CPC y deje que la autoridad haga la investigación correspondiente”.

Foto: Cristian Torres.- Ricardo Esteban Zurita López

RELACIÓN RAMOS-TOPETE, DESDE TIEMPOS DE ELORDUY

Desde 2007, Ramos Sierra y Topete Calvario se han asociado en distintas empresas. Ese año, ambos concluyeron sus cargos públicos dentro del gobierno estatal de Eugenio Elorduy Walther (2001-2007) en las áreas de Finanzas y Contraloría.

En 2002, Topete Calvario fue nombrado procurador fiscal del Estado. En el mismo año, Ramos Sierra ocupó el cargo de subdirector de Auditoría Fiscal del Estado.

Mientras Topete continuó en el cargo hasta 2007, año en que concluyó la administración de Elorduy, Ramos Sierra fue ascendido a director de la Auditoría Fiscal del Estado en 2006.

Un mes después que concluyó el gobierno, ambos formaron parte de Acerta Consultores, empresa fundada el 3 de diciembre de 2007 por Armando Arteaga King y Carlos Alberto Cerda Arizmendi, secretario de Planeación y Finanzas y contralor de Elorduy, respectivamente.

También en 2007, Topete y Ramos fundaron el Grupo Ramos, Topete y Asociados (GRT), un despacho jurídico fiscal que continúa en funciones.

A lo largo de 12 años, los dos ex servidores públicos han participado juntos en otras empresas como CumpleMás y recientemente El Burro Loco, del cual eran socios igualitarios.

En 2010, medios de comunicación difundieron que Acerta Consultores firmó un contrato con la empresa Bestway Recycling, a la cual ofrecieron la concesión municipal en Mexicali, a 20 años, del relleno municipal. El contrato entre la consultoría y la empresa de manejo de residuos superaba los mil dólares y, según se supo después, el ofrecimiento de Acerta, firma a la que Topete pertenecía cuando esto sucedió, incluía información exclusiva de los requisitos que el Ayuntamiento estableció para la convocatoria, la cual se dio a conocer después.

 

LA SALIDA DE TOPETE

Contrario a lo que comentó en entrevista con ZETA, Topete Calvario no se separó de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Tijuana antes de someterse al proceso de selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana.

El 15 de junio de 2018, el abogado fue nombrado consejero del CPC junto a 14 ciudadanos más. Fue hasta cinco días después, según consta en documentos que entregaron Topete y su socio Ramos Sierra a esta redacción, que transfirió los 7 mil 500 pesos en acciones dentro de EBL (El Burro Loco) a Alberto Valdez Díaz.

Esta acción fue protocolizada el 20 de agosto de 2018 en la Notaría Número 9 de Mexicali, a cargo de Carlos Enrique de Rivera Castellanos.

Al respecto, el abogado y también integrante del SEA, Ricardo Zurita, observa: “Es muy raro que se dejen pasar dos meses para protocolizar un acta de asamblea ante un notario, es mucho tiempo. Es una prueba que se debería valorar para un asunto de responsabilidad, en todo caso que la tenga, presumiendo su inocencia”.

Topete explicó así su decisión de salir de la empresa, “a raíz de tratar de participar en el Comité, intenté deslindarme de todo lo demás”.

Sin embargo, no lo hizo así del despacho jurídico fiscal Grupo Ramos, Topete y Asociados (GRT), donde es socio del dueño de El Burro Loco, ya que “el perfil ya más encaminado con mis clientes, los clientes principales son en GRT”.

 

UNA OFENSA PARA LOS TIJUANENSES: MÓNICA VEGA

“El caso de El Burro Loco es una muestra más de la opacidad, los sobreprecios y los contratos a modo que distinguieron la administración de Juan Manuel Gastélum. El pago de casi 10 millones de pesos por siete meses de servicios, con un equipo reducido y por medio de un contrato carente de información no solo resulta excesivo, sino que la manera en que este gobierno ha gastado el dinero público resulta ofensiva para los tijuanenses”, consideró la regidora de Transformemos, Mónica Vega.

Para la edil de oposición, “durante casi tres años, el alcalde y su gabinete se han concentrado en saquear las arcas públicas mediante adjudicaciones directas, sin transparentar ni socializar los contratos con el Cabildo, mucho menos con los tijuanenses”.

Respecto la relación de Jorge Topete y el actual representante legal de la empresa, Vega añadió: “Viene a empañar aún más esta prestación de servicios porque un consejero es socio del representante legal de la empresa, a la cual perteneció hace poco”.

La regidora informó que su equipo trabaja en la conformación de una denuncia por las irregularidades reveladas en el reportaje de este Semanario, para presentarla ante Sindicatura.

 

AYUNTAMIENTO NO PUEDE DEFINIR ALCANCES DEL MILLONARIO CONTRATO

El viernes 1 de agosto, día en que se publicó el reportaje que revelaba el contrato entre El Burro Loco y el Ayuntamiento de Tijuana, el tesorero municipal Ricardo Chavarría citó a ZETA en su oficina para hablar del tema.

Junto a él se encontraba Omar Ramos Sierra, representante legal de El Burro Loco y socio de Topete Calvario. A pesar de que no se notificó a este medio que el empresario se encontraría presente en una entrevista organizada desde el área de Comunicación Social del Ayuntamiento, el funcionario municipal expresó que “casualmente” Sierra Ramos caminaba por el pasillo poco antes de la entrevista, por lo que lo invitó a pasar.

No obstante, el dueño de EBL tenía consigo una serie de documentos acerca de la salida del consejero Anticorrupción de su empresa, listos para entregar a la reportera, no así información sobre la empresa como los contratos que, dijo, ha firmado con otros entes públicos.

Foto: Inés García.- Ricardo Chavarría, Tesorero Municipal Tijuana / Foto: Cristian Torres.- Francisco Fiorentini

De entrada, Chavarría planteó que entre los servicios que EBL presta al Ayuntamiento está el solventar observaciones de la Auditoría Superior del Estado y que, en cuatro meses, se han solventado 125 de 139 observaciones por inconsistencias en el manejo de los recursos públicos acumuladas hasta el ejercicio 2017.

“Esta empresa nos ha ayudado a dejar una administración ordenada, contratos, inconsistencias, están siendo revisados, auditados y estamos haciendo las autocorrecciones que se requieren para cuando venga la otra administración”, expresó el tesorero.

En efecto, la firma del contrato para la prestación de servicios que durante dos años el Ayuntamiento no requirió ni contrajo con alguna otra empresa, se dio en la antesala del inicio de la campaña electoral 2019.

El tesorero tampoco pudo definir con precisión los alcances del trabajo, el número de expedientes que revisa, las áreas con las que trabaja y otros aspectos, tampoco si compartió los informes parciales que la empresa está obligada en el contrato a entregar, ya que se trata de información confidencial.

“Una cosa es lo que tenemos que sacar por encargo, que son unas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, del Órgano de Fiscalización, pero estamos con la parte vigente, 2019. Ellos están haciendo revisiones de 2017, 2018 y ampliando algunas cuestiones adicionales. Por decir, en el caso de lo que tiene que ver con Comunicación Social, es un encargo que se le está haciendo a él (Omar Ramos Sierra) para que revise todos los procedimientos de ahí”.

¿Cuál es el criterio de elegir qué departamentos se revisen al cien por ciento?

“Los periodicazos. Ellos entran al aspecto jurídico y de procedimiento. En su momento le notificamos a la dependencia las inconsistencias que se han presentado y si hay alguna anomalía, por supuesto se le va a informar a la Sindicatura Procuradora”.

A decir del funcionario municipal, la administración cuenta en su estructura con un solo empleado para dar seguimiento y subsanar observaciones de órganos fiscalizadores.

Sobre el monto del contrato, Chavarría aseguró que una serie de empleados -número que todavía no ha sido determinado- recibirá capacitaciones por parte de la empresa contratada para que en un futuro no requieran asistencia externa para solventar observaciones de la ASEBC o de la ASF.

Según el tesorero, la administración municipal recibió propuestas de 13 empresas para realizar este servicio.

En el tema de transparencia, si había estas empresas interesadas, ¿cuál fue la razón para elegir adjudicación directa y no abrir una licitación, para ver otras ofertas y comparar esta cuestión de que los precios?

“La Ley nos permite hacerlo así. El interés es una empresa que tenga resultados, por lo menos en la información que me proporcionó la empresa de los antecedentes, no vemos ninguna anomalía”.

Sobre la relación de Jorge Topete con El Burro Loco, sin necesidad de una pregunta expresa, Chavarría afirmó: “Si me hubieras preguntado de Jorge, yo no tenía esa información, sabíamos que viene él (Ramos Sierra), él es el representante legal, no nos metemos a investigar en eso”.

 

“NO ES MI ESPOSA”, LA FRASE DE TOPETE QUE SU SOCIO REPITE

Respecto a si la relación personal y de socios entre Jorge Topete Calvario y Omar Ramos Sierra, representa un conflicto de interés debido al amparo que presentó el primero en contra del titular de la Auditoría Superior del Estado, organismo con el que el segundo en mención trabaja directamente en representación del Ayuntamiento, el contratado por el gobierno municipal consideró:

“Las acciones que haga dentro de sus otras actividades, él no es mi esposa para que me esté dando información de lo que hace, como yo tampoco de lo que hacemos con esta empresa”.

La frase es la misma a la que Topete Calvario recurrió en la entrevista telefónica del jueves 1 de agosto para deslindarse de El Burro Loco.

Entre los aspectos que Ramos Sierra subrayó que llevan a su empresa a cobrar casi 10 millones de pesos por siete meses, destaca que la propuesta de trabajo de EBL al Ayuntamiento, “no se mandó por correo y se contestó, vinimos a hacer un diagnóstico, el alcance y los costos para la empresa”, así como que ofrecen especialistas jurídicos y en obra pública, pese a que el contrato especifica un equipo de trabajo integrado por siete personas. Sierra Ramos aseguró que en total son quince empleados que prestan sus servicios al Ayuntamiento.

Además, estos laboran dentro de instalaciones de Tesorería para agilizar labores, pese a que así no lo marca el contrato firmado en marzo.

De los cursos de capacitación, que tampoco se describen en el contrato, dijo que pueden “durar un día o una semana, dependiendo del área que implica”.

Acerca de su experiencia con otros gobiernos, el socio del consejero Anticorrupción afirma que en 2014 y 2015 trabajaron con el Organismo de Agua de Hermosillo y en 2017 con el gobierno estatal de Veracruz, ambos de extracción panista.

 

TOPETE SIGUE SIN VER ANOMALÍAS

Jorge Topete Calvario acudió el lunes 5 de agosto a las oficinas de ZETA para leer un documento con su postura sobre el reportaje y reiterar que se retiró de El Burro Loco desde 2018.

Aunque aseguró que lo hizo al iniciar el proceso de entrevistas ante el Comité de Selección del SEA, los documentos muestran que el acta de asamblea se celebró cinco días después de que fue nombrado.

Aun así, el consejero honorífico Anticorrupción reiteró no mantener una relación laboral con Ramos Sierra, sino “relaciones de socios”.

Usted ejerce un acto de autoridad, dentro del SEA, representando a la sociedad civil en un tema importantísimo, que es el combate a la corrupción, y al mismo tiempo, su socio está recibiendo dinero del Ayuntamiento para cabildear estas observaciones ante la Auditoría. ¿Entiende por qué levanta sospecha esta relación? Son ejercicios de influencia y poder…

“Para ejercicios de influencia y de poder, deberíamos entender cuáles son los alcances del CPC. Nosotros no firmamos, no sancionamos, no fiscalizamos.

Pero Usted sí firmó un amparo contra el nombramiento del auditor cuando su socio está haciendo una labor directamente con él en nombre del Ayuntamiento…

“El amparo lo firmamos los cinco honoríficos, no es una acción independiente o individual que pudiera generar una línea de poder o influencia sobre el auditor. El auditor, de todos modos, haya sido quien haya sido, por la cuestión que sabemos que sucedió en el Congreso, seguramente no va a quedar ahí porque todo lo que sucedió esa tarde-noche, seguramente va a ser declarado inconstitucional. No lo presenté yo solo”.

De la empresa Bienestar, Fomento y Beneficios, la cual conformó con Sierra Ramos y Félix Cabañas (quien fundó El Burro Loco en 1998) en noviembre de 2018, ya como presidente del CPC, Calvario Topete comentó: “Es una empresa que constituimos para la administración de las cajas de ahorros de los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo. Es un proyecto que traemos con otras personas que se va a desarrollar la parte informática, procesal. Es un proyecto que no se ha echado a andar, no creo que sea delito constituir cuantas sociedades consideremos”.

¿Cómo vuelve a formar una relación con ellos dos?

“Somos amigos de hace bastante tiempo. A Félix lo conocí hace más de 12 o 13 años, fue cliente de nosotros primero y luego nació la relación de amistad. Félix Cabañas me invitó a ser socio de 2014 a 2018. Decidimos formar parte para ciertos proyectos comerciales, a raíz de tratar de participar en el Comité, intenté deslindarme de todo lo demás”.

¿Por qué sale de esa empresa y no de Grupo Ramos, Topete y Asociados? ¿Cuál es la diferencia?

“El perfil ya más encaminado con mis clientes, los clientes principales son en GRT”.

Cuando dice que la decisión fue para poder formar parte del Comité, ¿en qué creía que le perjudicaba o le afectaba seguir en esa empresa?

“Para tratar de ya no tener tantos temas por cuestiones de tiempo y tantos temas que luego no me alcanzaran, ya ve todo el tiempo que me absorbió los dimes y diretes”.

Entonces ¿en noviembre siente que tiene más tiempo para dedicarle a esto y por eso forma una nueva empresa?

“En noviembre formamos Fomento, Bienestar y Beneficio porque no era un proyecto al que no me iba a dedicar directamente ni dedicar mucho tiempo, solo lo íbamos a supervisar y coordinar”.

 

FIORENTINI RESPALDA A TOPETE

Francisco Fiorentini, quien sucedió a Topete Calvario en la presidencia del CPC, manifestó respecto al caso: “El consejero Topete tiene un socio que le brinda un servicio al Ayuntamiento de Tijuana. La posición sería muy diferente y muy cuestionable si el consejero fuera socio de esa empresa.

“Venderle algo al gobierno no es en sí una conducta que deba ser sospechosa, hacerla al amparo de relaciones, no transparentarlo, es lo que da pie a conductas que deberían ser puestas bajo la lupa”.

Además, consideró, “ser proveedor de un Ayuntamiento, venderle algo al gobierno, no implica una conducta delictiva. Lo que queremos hacer es impulsar temas de transparencia y de rendición de cuentas, para eso hemos estado buscando que haya, por ejemplo, la declaración de interés”.

¿Puede ver que esa relación (Topete-Ramos) puede afectar la imagen del SEA?, se le preguntó respecto al amparo que presentaron en contra del nombramiento del auditor.

“No es que lo pueda ver o no ver, es lo que es. Hemos puesto una solicitud de amparo para que el nombramiento del auditor sea sustituido, no por otra cosa, sino porque la Comisión Especial que debió haberse considerado en el proceso, no fue tomada en cuenta, no tiene relación este tema con las relaciones y las sociedades de Jorge Topete o no”.

 

FIORENTINI Y TOPETE CAMBIAN DE VERSIÓN CONTRA AUDITOR

Tanto Topete como Fiorentini expresaron que su inconformidad con el nombramiento de Carlos Montejo como auditor superior, hecho en sesión del Congreso el 8 de julio, se debía al proceso que los diputados siguieron al no hacerlos parte de la Comisión Especial que realizaría las entrevistas a los candidatos.

“No estar de acuerdo con lo que se está dando ahorita en el proceso de auditor, no tiene otro fondo más que el de la Comisión que no debió haber sido tomada en cuenta”, expresó Fiorentini.

Pero en julio, ambos consejeros afirmaron en conferencia de prensa, horas antes de que el nombramiento ocurriera, que “Carlos Montejo tiene especial dedicatoria en este proceso” y pidieron también al Congreso no dar el cargo “al compadre, no al amigo”.

Días después, Topete calificó el nombramiento ante medios de comunicación, como un posible conflicto de interés por las relaciones entre Montejo y los diputados, así como una moneda de cambio para la ampliación de gubernatura.

Sin embargo, ni Topete ni Fiorentini consideraron que la relación del primero con El Burro Loco y su sociedad con Omar Ramos Sierra pueda incurrir en conflicto de interés, lo que sí observa

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