México colabora con EU en hostigar a defensores de migrantes: AI

Fotos: Ramón T. Blanco Villalón.- Activistas protestan la criminalización de defensores de migrantes en la frontera
 
Edición Impresa lunes, 8 julio, 2019 01:00 PM

En un informe, Amnistía Internacional denuncia la colaboración del gobierno de México con la administración de Trump en el acoso a activistas, abogados y periodistas que realizan labores humanitarias a favor de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Los abusos incluyen detenciones arbitrarias, negar el acceso a México y vigilancia de sus actividades en territorio mexicano para informarlas al gobierno estadounidense

Frente a la valla que separa a México de Estados Unidos, en el cruce fronterizo de Tijuana-San Ysidro, la organización Amnistía Internacional presentó el informe “Salvar Vidas No es un Delito”, el cual documenta el hostigamiento legal que han enfrentado defensores de migrantes por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses.

En 2018, con la llegada de caravanas migrantes a esta frontera para pedir asilo a Estados Unidos, Amnistía Internacional comenzó a documentar violaciones a derechos humanos que sufrían principalmente migrantes centroamericanos, pero también encontró que los defensores enfrentaban un clima de hostigamiento por parte de las autoridades.

Así inició la investigación que derivó en el documento publicado por la organización no gubernamental, explica Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Advirtió que no se trata de una situación particular en EU, sino de una tendencia global de criminalizar la labor humanitaria.

El documento presenta los casos de 23 activistas, abogados y periodistas dedicados a trabajar con grupos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en ambos lados de la frontera que han sido sometidos a inspecciones exhaustivas, detenciones arbitrarias e interrogatorios al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

“La administración de Trump debe poner fin de inmediato a su uso indebido y políticamente motivado del sistema de justicia penal y a su abuso de poder para registrar, detener e interrogar a personas defensoras de los derechos humanos en la frontera”, señaló Guevara Rosas en conferencia de prensa realizada el martes 2 de julio.

El documenta revela que “el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria”.

Gobiernos utilizan lagunas legales para hostigar a activistas: Griffey.

Lo anterior para que dejen de “cuestionar o documentar las violaciones de derechos humanos que cometen de forma sistemática las autoridades estadounidenses contra personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Para Amnistía Internacional, estas prácticas se traducen en un acoso legal fundado en motivos políticos en contra de defensores migrantes, por lo que es una señal de autoritarismo desde los gobiernos.

“Las políticas restrictivas de la administración de Trump en contra de personas migrantes y refugiadas están generando un clima de acoso y persecución en contra de las personas que defienden los derechos de estas personas”, añadió Guevara Rosas.

El informe también detalla cómo el gobierno de México ha colaborado con la administración de Donald Trump para detener arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses en los puntos de entrada a México y hostigar a los activistas que trabajan con solicitantes de asilo en territorio mexicano.

 ACTIVISTA DETENIDA 9 HORAS JUNTO A SU HIJA DE 7 AÑOS POR INM

Uno de los casos que Amnistía Internacional retoma en su informe es el de Nora Phillips, codirectora de Al Otro Lado, organización no gubernamental que ofrece asesoría legal a migrantes que se encuentran en Tijuana en espera de solicitar de asilo en Estados Unidos.

El 1 de febrero de 2019, Phillips ingresó a México desde Estados Unidos en un avión que aterrizó en Guadalajara, Jalisco. Fue retenida en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) del aeropuerto junto a su hija de 7 años de edad.

“Tengo mucho miedo. Llevo nueve horas detenida con mi hija de siete años en un cuarto frío sin comida ni agua… Me preguntaron muchas preguntas acerca de armas de fuego y dónde he vivido, cuánto dinero en efectivo tengo conmigo, dónde me iba a quedar y si alguna vez he vivido en el extranjero y si llevo algún proceso penal en Estados Unidos”, expresó la activista a Amnistía Internacional por medio de un mensaje de texto.

A la defensora de derechos humanos se le negó la entrada a México y tuvo que retornar a la Unión Americana.

Días antes, el 29 de enero, Erika Pinheiro, la otra codirectora de Al Otro Lado, atravesó por la misma situación cuando intentó cruzar a pie a Tijuana por medio de la Garita de San Ysidro.

La abogada inició su labor como asesora legal en materia migratoria en 2010, cuando el gobierno estadounidense la contrató para informar a los migrantes en centros de detención de sus opciones legales para navegar por el sistema judicial de Estados Unidos.

Además de colaborar con el Consulado de México en Estados Unidos, Pinheiro extendió su trabajo a Tijuana, donde proporciona la misma información a deportados, migrantes y solicitantes de asilo. En esta ciudad, además, radicaba con su hijo pequeño y su esposo.

Según relató a ZETA, después del intento de cruce masivo de un grupo de migrantes en noviembre de 2018, autoridades migratorias mexicanas comenzaron a cuestionarla al intentar ingresar con México.

“El fin de semana que ocurrieron esos hechos, yo estaba visitando a mi familia en Nueva York, así que eso es solo un pretexto para no dejarme entrar”, señaló.

Ese día, pese a contar con una visa válida para internarse a México, a Pinheiro le fue negada la entrada por parte de elementos el INM, quienes le informaron que su pasaporte contaba con una alerta migratoria interpuesta por el gobierno estadounidense.

La misma justificación recibió Nora Phillips, codirectora de la organización.

“El acoso que viven activistas cuando intentan cruzar la frontera para dar esta ayuda humanitaria, lo enfrentan en interrogatorios por parte de las autoridades mexicanas que colaboran con las norteamericanas, a través de la vigilancia de sus aparatos electrónicos como computadoras y celulares y también mediante el acoso de personal de fuerzas de seguridad de lado mexicano que no les permiten hacer su labor de documentación del tratamiento a personas que están solicitando refugio”, acotó la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Además, denunció: “Las autoridades mexicanas tienen tanta responsabilidad por colaborar con el gobierno norteamericano en continuar con esta persecución y este acoso en contra de los activistas y las personas defensoras de derechos humanos”.

Por su parte, Brian Griffey, investigador para Norteamérica de Amnistía Internacional acusó a ambos gobiernos de explotar lagunas legales en materia de migración para acosar e intimidar a activistas.

INM NO CRIMINALIZA A ACTIVISTAS: RODULFO FIGUEROA

Antes de la presentación del informe, los representantes de Amnistía Internacional se reunieron con Rodulfo Figueroa, representante del INM en Baja California y anterior delegado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aunque la organización también buscó un encuentro con autoridades estadounidenses para presentarles una copia del informe, estas no respondieron a la solicitud de reunión.

El objetivo de la reunión con Figueroa fue “que conociera las recomendaciones que hacemos al gobierno mexicano de parar la colaboración que está criminalizando a estas personas defensoras”, expresó Erika Guevara Rosas.

Sin embargo, relató que se encontró con una actitud de rechazo a los hallazgos del informe.

“Escuchamos de viva voz del representante del gobierno palabras de estigmatización y criminalización donde la presunción de inocencia de las actividades que realizan estas personas defensoras ni existen”, y agregó que el funcionario acusó de “mentirosas, revoltosas y generar acciones ilegales como el acompañamiento de menores no acompañados a la frontera para que puedan solicitar asilo, le recordamos que el refugio es un derecho humano”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional reprobó que las autoridades mexicanas utilicen la “sospecha” de una actividad criminal como justificación para cometer actos ilegales como detenciones arbitrarias y la denegación de entrada al país, cuando estos activistas “lo que están haciendo es proteger y defender los derechos humanos”.

Al respecto, Rodulfo Figueroa negó las acusaciones y atribuyó las detenciones al sistema de alertas migratorias que se emiten desde el Centro Nacional de Alertas, el cual forma parte del INM y se ubica en Ciudad de México.

Entrevistado vía telefónica sobre los señalamientos de Amnistía Internacional, el funcionario federal alegó “No estamos criminalizando absolutamente a nadie”.

Argumentó que los elementos del INM tienen la obligación de someter a viajeros a una inspección minuciosa cuando existe una alerta informativa en sus documentos de viaje cuando solicitan ingresar por un puerto de entrada, “se les da libre tránsito en la mayoría de las ocasiones”.

 

MÉXICO NO SOLO ACOSA A DEFENSORES, TAMBIÉN LOS VIGILA

En uno de los apartados del informe se retoma el programa binacional denominado OASIS, mediante el cual las autoridades de México y Estados Unidos compartieron información de activistas, abogados y periodistas relacionados con los movimientos de las caravanas migrantes en 2018.

“Parece que el INM colaboró con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el programa OASIS para vigilar a defensores y restringir su libertad de tránsito, aparentemente basados en alertas de viaje emitidas por el gobierno estadounidense”, opinó Guevara Rosas.

En marzo de 2019, la cadena televisiva NBC en Estados Unidos, reveló la existencia del programa y una lista de personas cuyos cruces fronterizos eran monitoreados. Hace unas semanas, en una carta filtrada a medio de comunicación, el gobierno estadounidense reconoce la existencia de OASIS como una serie de operativos de vigilancia a defensores de derechos humanos en la frontera México-Estados Unidos.

Para Erika Guevara Rosas, el hostigamiento legal a defensores de migrantes ya sea mediante el acoso o la presentación formal de cargos delictivos es una tragedia porque este sector sociedad civil que brinda asistencia, acompañamiento y protección a migrantes frente a la indiferencia del gobierno que no asume estas obligaciones.

“No son casos aislados, son parte de una tendencia sobre todo de gobiernos autoritarios, que buscan crear un enemigo en las propias personas defensoras de derechos humanos con la intención de acallar sus voces de denuncia”, acusó.

Tras la falta de interés de los gobiernos de México y Estados Unidos por terminar con estas prácticas, Amnistía Internacional solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indagar la situación mediante una audiencia.

Comentarios

comentarios


Ir a la barra de herramientas
Tipo de Cambio