Empresa que recibirá 800 mdp de “Kiko”, demanda a empresarios y periodistas

Foto: Archivo
 
Edición Impresa lunes, 10 junio, 2019 01:00 PM

En lugar de responder a los señalamientos de irregularidades por sobreprecios en el equipo, la opacidad en el contrato y acusaciones de deficiencias en los servicios que ofrece en otros estados, Seguritech, que recibirá cerca de 800 millones de pesos del gobierno de Baja California para un centro de vigilancia y seguridad, demanda a empresarios que se oponen al cuestionado proyecto, así como a periodistas que redactaron notas al respecto. El abogado Adolfo Solís Farías observa un atentado a la libertad de expresión y la posibilidad de denunciar penalmente a la empresa por actos intimidatorios

La empresa Seguritech, contratada por 789 millones 280 mil 700 pesos para el diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento del C5i por el gobierno estatal, demandó por daños morales a los titulares de organismos ciudadanos y empresariales, quienes presentaron un amparo para frenar la obra, así como a periodistas que publicaron piezas periodísticas al respecto.

De inicio, la forma en la que el gobierno estatal preparó el proyecto del C5i (Sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) generó sospechas de favoritismo entre organismos empresariales y legisladores locales.

La administración de Francisco Vega de Lamadrid propuso el C5i -el cual será operado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)- como una Asociación Público Privada (APP) con la empresa Seguritech por más de 3 mil millones de pesos.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió al gobierno estatal que no podían adquirir más obligaciones de pago de este tipo, el Poder Ejecutivo optó por un contrato plurianual a 10 años.

El 28 de junio de 2017, por medio de una licitación pública, resultó ganadora la misma empresa. Con ello, iniciaron las sospechas de una licitación a modo y favoritismo para Seguritech.

Para octubre de ese año, el Congreso aprobó el contrato con los votos en contra de Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC); Catalino Zavala y Víctor Morán, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Luis Moreno, de Transformemos; Miguel Osuna Millán, del Partido Acción Nacional (PAN); y Bernardo Padilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A la inconformidad de los diputados, casi un año después se sumaron los presidentes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito; así como de los centros empresariales Coparmex en Tijuana, Ensenada y Mexicali.

En conferencia de prensa celebrada el 19 de septiembre de 2018 en Tijuana, los titulares de estos organismos informaron una serie de irregularidades en el contrato del C5i, como opacidad, cláusulas que benefician a la empresa, sobreprecios en el equipamiento y la falta de consulta a organismos especializados.

De igual forma, detallaron la presentación de un amparo para suspender la obra, la cual consideraron despertaba sospechas de corrupción por la forma en que fue otorgado el contrato que contempla pagos de trimestrales de 17 millones de pesos hasta 2028.

Como respuesta, Seguritech interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) en contra de Juan Manuel Hernández Niebla, titular del CCSP; Rodrigo Llantada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali; Genaro de la Torre, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana; así como otros firmantes del amparo.

En febrero, la FGR determinó el no ejercicio de acción penal de la denuncia interpuesta por Seguritech.

Sin embargo el 31 de mayo, Hernández Niebla fue notificado de una demanda por daño moral interpuesta en su contra en un Juzgado Civil de la Ciudad de México, en la que también aparecen como demandados el resto de los titulares de los organismos que encabezan los amparo, los periodistas de ZETA Isaí Lara y Eduardo Villa, quienes han redactado notas periodísticas respecto a la inconformidad de los organismos hacia el proyecto, entre otros comunicadores de la región que han publicado del tema.

 

DEMANDA INCLUYE A GOOGLE Y FACEBOOK, TAMBIÉN HAY NOMBRES INCORRECTOS

La demanda por daño moral fue presentada en el Juzgado 57 Civil de la Ciudad de México el 12 de noviembre de 2018, dentro del juicio ordinario civil 1135/2018 promovido por Seguritech a través de su representante legal, Emmanuel Antonio Cárdenas Rojas.

Días antes, Fernando Peña, director general de Seguritech, encabezó una conferencia de prensa cuya invitación corrió a cargo del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California con medios de comunicación en Tijuana para defender el proyecto del C5i.

La información presentada por la empresa fue reproducida incluso por una de las comunicadoras demandadas, Sonia de Anda.

Aunque de la lista de demandados solamente Juan Manuel Hernández Niebla ha sido notificado formalmente por personal del Juzgado, se supo que el escrito incluye a Genaro de la Torre Quintanar, Eduardo Castro Jiménez y Juan Aldrete Márquez, presidentes de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Tijuana, Rosarito y Tecate, respectivamente.

También a Gilberto Fimbres, ex presidente de Coparmex Tijuana; Rodrigo Llantada Ávila y Marco Navarro Steck, actuales titulares del organismo empresarial en Mexicali y Ensenada, de manera respectiva.

De igual forma se demanda a Daniel Iglesia y Sonia de Anda, nombres incorrectos de reporteros en Uniradio; los periodistas de ZETA Isaí Lara Bermúdez -cuyo nombre tampoco aparece correcto en el escrito- y Eduardo Villa Lugo; Rogelio Valera y las empresas Google México, Google Inc., Facebook México y Facebook, Inc.

En el caso de los comunicadores, sus nombres aparecen como los redactores de las notas sobre el anuncio de amparo y los señalamientos de irregularidades que hicieron los organismos ciudadanos y empresariales.

 

DEMANDA SIN FUNDAMENTO LEGAL, AFECTADOS PUEDEN DENUNCIAR PENALMENTE: EXPERTO

Para el abogado Adolfo Solís Farías, la demanda presentada por Seguritech está mal estructurada y no tiene fundamento ni soporte natural.

Fernando Peña, Director General SEGURITECH

“De forma natural, cualquier abogado puede advertir que está hecha para generar molestia o intimidación a sus destinatarios, tan es así que los nombres de algunas personas no son correctos o están incompletos, que pretende reclamar daño por haber expresado o manifestado ideas libres como Juan Manuel Hernández; pero también comunicadores que hicieron una nota y en términos técnicos. La manifestación de las ideas no puede ser materia de persecución judicial ni por órganos públicos, mucho menos por privados”, refirió.

El litigante expuso que la demanda resulta injuriosa e infundada, por lo que los demandados pueden trazar una estrategia legal que no solo les permitiría salir absueltos de las acusaciones, sino además se podría promover un incidente criminal, derivado del juicio civil por imputaciones falsas que la empresa realiza contra los demandados.

En el caso de los periodistas, Solís Farías detalló: “Si la empresa creía que algún comunicador había expuesto una nota mal, para eso la legislación establece el derecho de réplica, y naturalmente, ellos no agotaron las instancias que la Ley les da para corregir esa nota, que consideran lasciva”.

En octubre de 2018, Emmanuel Antonio Cárdenas, apoderado legal de Seguritech que presentó la demanda en cuestión, sí agotó esta instancia cuando envió una carta aclaratoria, publicada en El Financiero, en la cual refuta una nota periodística en la que se expone un estudio de la organización Causa Común, documentando fallas en los servicios que Seguritech proporcionó a instancias gubernamentales.

 

Por esta serie de factores, el experto en Derecho consideró que la demanda puede resultar “infundada y temeraria”.

Otros expertos consultados coincidieron en que la falta de bases para realizar las acusaciones de daño moral, ya que lo expuesto por los demandados y reproducido por los periodistas, se basa en documentos y hechos documentados en notas periodísticas, y podría derivar en una denuncia penal por fraude procesal por presentar datos falsos para fundamentar una demanda.

Esto significa que los demandados podrían acusar de un juicio injurioso y exigir a la autoridad judicial, la reconvención, apertura de un incidente criminal y costos del juicio.

 

UNA ESTRATEGIA INTIMIDATORIA ACOMPAÑADA DEL GOBIERNO ESTATAL: HERNÁNDEZ NIEBLA

Juan Manuel Hernández Niebla, quien a finales de 2018 ya había denunciado una campaña negra orquestada en su contra desde medios digitales con declaraciones atribuidas al vocero del gobierno estatal, Raúl Reynoso Nuño, observa en esta demanda una nueva estrategia intimidatoria hacia él y los empresarios que presentaron el amparo.

“La empresa no lo hizo sola, parece que estuvo acompañada del gobierno (estatal) porque no veo cómo una empresa puede hacer un movimiento de este tamaño, subirlo a la prensa, sin la anuencia del gobierno que la contrató”, acusa.

Además, respecto a los señalamientos hechos a medios de comunicación que constituyen el recurso de amparo, “hemos declarado con base en notas periodísticas nacionales, no es algo que estemos inventando”.

Las irregularidades detectadas

 Por medio de cotizaciones realizadas por otras empresas, del estudio técnico presentado por Seguritech y el análisis del contrato, empresarios y el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California, han precisado los siguientes aspectos como irregularidades:

* El contrato no cuenta con fecha de inicio, esta solo se aprecia en el estudio técnico

* Falta de precios unitarios

* 50 unidades de cuatro cámaras (tres fijas y una móvil) por 39 millones 741 mil pesos, cuando otras empresas ofrecen equipos con tecnología más avanzada a precios menores por 20 millones de pesos

* Nueve arcos de lectura de placas por 58 millones 722 mil 610 pesos; otras empresas ofrecen equipo con mejor tecnología por 37 millones de pesos

* 237 millones 204 mil 228 pesos por mantenimiento preventivo y actualización tecnológica

* Se garantiza la funcionalidad del 93 a 95 por ciento, mientras otras empresas ofrecen hasta el 97% de responsabilidad. El sistema se puede caer 25 días al año (equivalente al 7%) y Seguritech no se haría responsable

* En enero de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México informó que de las 500 mil alarmas vecinales proporcionadas por Seguritech por medio de un contrato por más de 2 mil millones de pesos, 200 mil son inservibles.

Por estos motivos, el presidente del CCSP señaló: “No veo dónde pueda proceder ni darse la difamación”, y reiteró su confianza en las autoridades judiciales para que desechen el caso.

En cuanto al amparo presentado, recordó que el Juzgado Cuarto de Distrito negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, pero sí fueron aceptados los fundamentos de opacidad y la poca transparencia en el contrato, los sobreprecios detectados y la tecnología de segunda generación.

Sin embargo, este aspecto no ha podido avanzar en tribunales porque Seguritech pidió que el caso fuera atraído por el Tribunal de Circuito en lo que, considera, es una estrategia de la empresa para ganar tiempo.

De los pagos que ha recibido la empresa, Hernández Niebla citó que en febrero, por medio de una solicitud de Transparencia, el CCSP obtuvo información que, asegura, Seguritech había recibido 19 millones de pesos iniciales.

“Se empezó a pagar de manera anticipada, no se tienen fechas claras de implementación y arranque. Es muy claro que se firmó un contrato que deja a los bajacalifornianos sin protección legal de ningún tipo”, finalizó.

 

“SON PATADAS DE AHOGADO”: COPARMEX

Al igual que Hernández Niebla, Rodrigo Llantada Ávila, presidente del CCE Mexicali, indicó que los señalamientos que Seguritech reclama en la demanda, es información del dominio público por denuncias presentadas en el Congreso de la Unión, por lo que no hay cabida para el daño moral.

“No creemos que vaya a prosperar, son patadas de ahogado, actos que viene a difuminar los señalamientos. El estudio técnico del contrato muestra las irregularidades de la licitación, las imprecisiones en que cayeron, el sobreprecio con que se cerró el contrato”.

Si bien, aseguró que no está preocupado por la demanda, es un asunto que atenderá oportunamente, “es la mejor manera que han encontrado para poder descalificar los sustentos que hemos manifestado, pero nosotros presentamos una denuncia, solicitamos una investigación a Contraloría del Estado y ellos pretenden descalificar o minimizar el hecho de lo que estamos haciendo”.

Para concluir, el también titular del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali asentó que la demanda no hará a los organismos desistir de los recursos que han presentado contra la obra, “por el contrario, estamos reuniendo más información para presentar una denuncia ante Contraloría Interna del Estado con más elementos. Estamos convencidos de lo que hemos detectado, sabemos que hay irregularidades ahí”.

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