Lo que AMLO se llevará: pagos al magisterio por 13 mil mdp al año de recursos estatales en BC

Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com
 
Edición Impresa lunes, 13 mayo, 2019 01:00 PM

Del presupuesto anual de Baja California, más de 13 mil millones de pesos se destinan al pago de salarios, prestaciones laborales y pensiones a los más de 40 mil docentes activos y 7 mil jubilados en el Estado. La cifra aumenta millones cada año y, aunado al colapso del sistema de pensiones, reduce la capacidad de gasto financiero de la entidad, pero los beneficios no son para todos los maestros

Los salarios y prestaciones laborales que durante años han acumulado algunos docentes, tanto federales como estatales, así como el sistema de pensiones del magisterio en Baja California, crearon una bola de nieve en el sistema financiero estatal que representa erogaciones de 13 mil 728 millones de pesos al año.

Tal es la cifra que el Gobierno Federal deberá asumir tan solo en esta entidad si, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en un memorándum para suspender la Reforma Educativa, la Secretaría de Hacienda absorbe la nómina del sector educativo en todo el país.

La situación resulta aún más complicada si se consideran los millonarios recortes anunciados por el Gobierno Federal al sector educativo, en particular a los subsistemas de educación media superior como el Colegio de Bachilleres (Cobach) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte).

Para ilustrar, el monto de 13 mil 728 millones de pesos es casi el doble del Presupuesto de Egresos anual del Ayuntamiento de Tijuana.

Además, cada año esta cifra presenta incrementos significativos que van desde 119 millones de pesos (de 2016 a 2017) hasta 602 millones de pesos (de 2015 a 2016).

Sin embargo, esto no significa que todos los docentes en planteles públicos reciban estas compensaciones, bonos, estímulos y más, sino que estos beneficios se concentran en aquellos profesores que iniciaron su carrera en décadas anteriores, particularmente como resultado de la carrera magisterial, antes de la llamada Reforma Educativa.

En cambio, quienes han ingresado a la docencia en años recientes se enfrentan a escenarios adversos. Es el caso de 600 profesores, a quienes el gobierno estatal no les ha pagado su sueldo desde hace ocho meses en algunos casos.

 

EL CÚMULO DE PRESTACIONES LABORALES

Según cifras oficiales de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, hay 43 mil 624 docentes activos en Baja California. El 82 por ciento cuenta con una plaza, 20 mil 895 de ellos adscritos como profesores federales y 15 mil 290 como estatales.

De la cantidad global de docentes, 2 mil 664 aparecen como interinos federales y 4 mil 175 como interinos estatales. A diferencia de aquellos educadores que cuentan con una plaza, los interinos fungen como suplentes, ocupan espacios disponibles por jubilación, incapacidad u otros motivos.

Foto: Archivo.- Más de 40 mil profesores en planteles públicos de B.C.

Esto no significa que son trabajadores esporádicos, ya que algunos han laborado bajo este esquema incluso durante nueve años, tiempo durante el cual no necesariamente reciben las prestaciones de Ley ni seguridad social, como relataron algunos de ellos.

Por último, del universo total de docentes, se desprenden otros 600 profesores interinos, cuyos salarios no han sido cubiertos por el gobierno estatal.

De acuerdo a información de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el rezago histórico de pagos a profesores interinos tanto federales como estatales, asciende a mil 379 millones 801 mil 103 pesos.

En sí, para el ejercicio fiscal 2019, el gobierno de Baja California tiene contemplado aportar 10 mil 228 millones 312 mil 103 pesos y 35 centavos a la nómina magisterial.

Esto contempla pagos de salarios y prestaciones a los casi 18 mil profesores estatales -–incluidos quienes tienen plazos y los interinos-, así como las prestaciones que el Estado cubre de los más de 23 mil profesores federales.

Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, detalló que fue en 2015 se separaron los fondos federales de los estatales para el pago de la nómina educativa por disposición de la reforma impulsada por el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Antes de ello, el Gobierno Federal transfería el total de la nómina educativa al Estado para que este realizara los pagos.

“Lo que realmente nos impactó es que, al llevarse la nómina, hicieron una compulsa entre los maestros que ellos reconocían como federales y los que  teníamos clasificados como federales. Una gran cantidad de plazas no fueron reconocidas por el Gobierno Federal, alrededor de mil 200, porque los procesos de contratación locales no habían sido válidos para el Gobierno Federal, sino considerados de manera diferente a sus normas técnicas”, expuso el secretario.

Esos profesores pasaron a la nómina del gobierno estatal, pero no fue el único problema presupuestal que enfrentó.

La Federación tampoco reconoció una serie de 32 prestaciones laborales, entre bonos, compensaciones y un sobresueldo de 22% que recibían los profesores federales.

Acorde con el titular de las finanzas estatales, la administración optó por usar la bolsa de recursos extraordinarios para cubrir estos rubros.

De 2013 a 2015, al gobierno de Baja California le fueron asignados 5 mil 224 millones 626 mil pesos en recursos federales extraordinarios, pero de 2016 a 2018, la cifra descendió a 2 mil 650 millones 228 mil 690 pesos, un 56%.

A decir de Hernández Díaz, la disminución de recursos federales extraordinarios, los cuales no se determinan mediante fórmulas como el resto del presupuesto, sino en criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) basados en su disponibilidad presupuestal, ocasionó en los últimos meses de 2018, miles de profesores no recibieran sueldos ni aguinaldos.

Además, la negociación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a nivel nacional para fijar los salarios y prestaciones de 2018 superó tres veces el monto calculado por la administración estatal en su reserva de fondos para este concepto.

Entre los incrementos, destacan el 4.40% sobre el sueldo tabular; 4.40% de compensaciones directivas y laborales en zonas alejadas; y 10% para el material didáctico.

En Baja California, el SNTE tiene dos representaciones: la Sección 2 corresponde a los profesores federales y la Sección 37 a los estatales, cuyas prestaciones, particularmente las de los maestros federales, son de las más altas en el país.

Esto se remonta a la década de 1970, cuando ante la falta de docentes en BC se ofreció una serie de incentivos para quienes se trasladaran a la entidad, como el sobresueldo del 100%, cubierto por el Gobierno Federal por tratarse de una “zona cara”.

Adicionalmente,  por medio del sindicato, los maestros obtuvieron otras prestaciones como un sobresueldo que llegó al 22%, calculado a partir del sueldo y el sobresueldo del 100%. Ningún otro Estado presenta este segundo sobresueldo, y por ello, la Federación no lo admitió en la nómina que cubre de la Sección 2 del SNTE.

Otras compensaciones que reciben maestros federales que son cubiertas por el gobierno estatal porque las anteriores administraciones estatales negociaron las prestaciones con el SNTE, incluyen bonos navideños, prima de antigüedad, indemnizaciones, fondo de retiro, servicios dentales, así como apoyos para festejos del Día del Maestro, Día de la Mujer Docente y Día de las Madres.

En total, estas 32 prestaciones suman 247 millones 641 mil 485 pesos, de los cuales 200 mil millones de pesos no son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

 

PAGOS JUBILADOS SEGUIRÁN EN AUMENTO 30 AÑOS MÁS

En 2019, el Gobierno del Estado tiene presupuestado destinar 3 mil 500 millones de pesos para el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones a 7 mil 145 profesores en retiro.

El 52% (2 mil 670 pensionados) recibe entre 45 mil 120 y 89 mil 740 pesos al mes; el 32% (4 mil 19 pensionados) llega a un tope de 45 mil 120 pesos mensuales; en tanto el 16% (426 pensionados) cobra de 89 mil 740 a 193 mil 853 pesos mes tras mes.

“Los maestros jubilados de nuestro Estado son maestros muy bien pagados comparados con los demás, tienen jubilación dinámica, lo que significa que todos los beneficios conseguidos por los maestros activos, se aplican también a los jubilados”, argumentó el funcionario.

El problema con el sistema de jubilaciones magisteriales es que, durante 30 años de servicio, periodo mínimo para el retiro, los afiliados al SNTE tuvieron derecho a una carrera magisterial.

Esto significa que los docentes presentaban exámenes de conocimientos ante la SEP, los cuales determinaban su posición en un escalafón que no solo definía horas de clase, planteles, plazas directivas o de supervisores, sino que representaba aumentos salariales y en prestaciones.

Es así como algunos maestros se retiraron ganando hasta 50 mil pesos, cifra que se duplicó gracias a las prestaciones y beneficios obtenidos durante su vida laboral y después de ella gracias a las negociaciones entre el SNTE y el gobierno.

“No podemos fijarnos si reciben mucho, no es nuestro papel; nuestro papel es ver la manera de financiar un esquema que no creamos, que es complicado, muy caro, pero así está, es su derecho”, declaró el funcionario estatal.

Además, “normalmente lo que aportan los maestros para jubilarse es absolutamente insuficiente, no llega ni al 27%”, por lo que el grueso de las pensiones es cubierto con ingresos estatales.

CCE interpondrá amparo contra decreto que reestructura deuda de BC

analisis del estado

Con el fin de evitar el desvío de más de 10 mil millones de pesos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California interpondrá la próxima semana un recurso de amparo contra el Decreto 335, promovido por la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y de ese modo suspender la reestructuración y refinanciamiento de deuda a largo y corto plazos, así como la contratación de las Asociaciones Público Privadas (APP) de la desalinizadora de Rosarito y la del segundo piso Zapata-Aeropuerto.

Rodrigo Llantada, secretario técnico del organismo estatal, precisó que el monto de la deuda a largo plazo sin reestructuración y con intereses asciende a 26 mil millones de pesos, pero se eleva a 35 mil millones de pesos con la reestructuración. De modo que “no hay ninguna razón, ni beneficio tangible” para renegociarla, sentenció.

Asimismo, dijo que no es necesario refinanciar la deuda, pero después de revisar crédito por crédito, cuando mucho podrían ser susceptibles de renegociar 4 mil millones de pesos, pero no en este momento, dado que las tasas de interés están muy elevadas.

En la conferencia de prensa -ofrecida por Llantera junto con Teresa Ruiz, Carlos Ibarra y Gabriel Camarena de los CCE de Tecate, Ensenada y Tijuana, respectivamente, así como el abogado fiscalista Adolfo Solís- se explicó que el monto de la deuda de largo plazo es de 12,526,980,742.81 y está compuesto por diversos créditos, algunos próximos a concluirse, así como el del Bono Cero de Banobras (mil 500 millones de pesos).

Al reestructurar este último empréstito -como quiere Francisco Vega de Lamadrid- se afectarán las arcas estatales, ya que el gobierno tendría que pagar el monto primario que subsana actualmente la Federación, así como los intereses, que en este momento paga el Estado. 

“¿Por qué renegociar la deuda, si en este momento las tasas de interés de referencia están muy elevadas?”, cuestionó Llantada, al asegurar que el costo adicional de esa renegociación será de 300 millones de pesos como consecuencia de garantías y el servicio del despacho, cuyo nombre se desconoce.

Con relación a la deuda a corto plazo, Teresa Ruiz, coordinadora del CCE en Tecate, informó que en el Decreto 335, aprobado el 28 de marzo por el Congreso local, se plantea la adquisición de un crédito por 2,600,000,000 para cubrir las jubilaciones y pensiones a cargo del Estado en el sector educativo; sin embargo en una reunión con funcionarios, Miguel Ángel López, de la Secretaría de Finanzas comentó que esos tres rubros ya se habían cubierto.

De modo que el recurso del crédito que se pretende contratar se usará para otros proyectos, denunció la empresaria, aun cuando no existe necesidad endeudarse más.

Por otro lado, el análisis hecho por el Consejo Consultivo Financiero, establecido en diciembre de 2018, detectó que conforme al planteamiento del Gobierno del Estado, los proyectos de la desalinizadora y el Periférico Zapata-Aeropuerto son inviables financieramente, pues con la desalinizadora la tarifa de agua tendría que aumentar 30 por ciento para cubrir el pago mensual, y el Estado deberá pagar por cada vehículo que no transite por el Periférico.

Adicionalmente, el abogado fiscalista expuso que los diputados aprobaron en el Decreto 335 un monto inicial del Periférico Zapata-Aeropuerto de mil 455 millones de pesos y un costo total por 11 mil 600 millones, pese a que el costo total real de la obra es de mil 455 millones de pesos. Por lo que “están volando 10 mil 134 millones de pesos”.

“¿Negligencia, error, descuido, corrupción o viene un desvío de fondos? Y nosotros no podemos permitir eso”, afirmó Solís Farías, quien agregó, “se necesita pedirle a la Auditoría Superior de la Federación investigue este decreto, para que llegue al fondo y detecte si hay alguna omisión, si esa falla fue cometida por error, desconocimiento o un acto corrupto”.

Mientras que Rodrigo Llantada apuntó que el sector empresarial desea que se realicen los dos proyectos de infraestructura, pero licitándolos en mejores condiciones. “Existe la suspicacia de que hay un interés ilegítimo atrás de esto”, puesto que los proyectos tuvieron que plantearse con un esquema de mayor apertura para que tuvieran acceso al fondo perdido en 40% de su costo.

En cuanto al recurso extraordinario por 4 mil 200 millones de pesos que la administración de “Kiko” Vega había dicho que le debe el Gobierno Federal, Solís Farías puntualizó que el Gobierno del Estado se confió y gastó algo que no estaba presupuestado, de modo que no se tiene “capacidad financieramente para responder a las obligaciones”.

En esa línea, el representante del CCE Mexicali argumentó que  la actual, ha sido “la administración que más se endeudó, y fue la que más ingresos tuvo”, lo cual quiere decir que toda la deuda que contrajo fue para gasto corriente. Complementó que en 2018 el Gobierno del Estado recibió 55 mil millones de pesos, mientras que en el último año de José Guadalupe Osuna Millán fueron 49 mil millones de pesos.

“Fue la administración que tuvo un déficit por año de 3 mil millones de pesos”, ya que en ningún año se tomaron medidas de austeridad o recorte, con lo que se acumuló el déficit que intentó resolverse mediante deuda, remató el empresario. Julieta Aragón Domínguez

Foto: Archivo.- Bladimiro Hernández, Secretario de Finanzas.

Casi el 39% de los maestros retirados recibieron su jubilación durante la actual administración de Francisco Vega de Lamadrid, con un total de 2 mil 583 docentes, dejando atrás los mil 786 pensionados durante los gobiernos de José Guadalupe Osuna Millán (2008-2013) y Eugenio Elorduy (2001-2007), con 911 pensionados.

La razón por la que profesores no podían acceder a su retiro era por la falta de viabilidad financiera en el Estado para pagar sus pensiones. En administraciones anteriores, se realizaba un dictamen de suficiencia financiera y, si las finanzas estatales no lo superaban, entonces quedaban suspendidas las pensiones.

“Nuestra aportación fue decirles que con suficiencia financiera o no, no es posible que estén 2 mil 200 maestros ya jubilados y no les paguen con todas las consecuencias financieras, pero no podíamos hacer otra cosa, estaban en sus derechos”, reiteró Hernández Díaz.

Si bien en 2015 la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) fijó un tope salarial equivalente a 60 mil pesos mensuales y la reducción de otros beneficios. Según el secretario, la reducción en la carga financiera de esta modificación no será efectiva hasta dentro de 30 años, cuando quienes ingresaron a la docencia por este nuevo esquema se retiren.

Además del pago de pensiones, existe otro concepto que reciben los maestros en retiro, llamado diferencial de retiro, una especie de finiquito.

“Debido a los altos beneficios que otorga el Estado, cada maestro recibe alrededor de 500 mil pesos cuando el promedio nacional oscila entre 90 mil y 200 mil pesos”, añadió.

En la actual administración se destinaron 846 millones 602 mil 131 pesos a ese rubro.

Entre las prestaciones que reciben los docentes en retiro, destacan el aguinaldo, el bono de apoyo social, bono magisterial, bono de verano, bono de inicio escolar, bono del Día del Maestro, promoción educativa y prima vacacional.

Diputados buscan dar reversa a refinanciamiento; presentan recurso de inconstitucionalidad

Diez diputados de las fuerzas políticas minoritarias -y uno del PAN- firmaron el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene como objetivo dar marcha atrás a la sesión del pleno donde se votó la reestructuración de la deuda pública que pretende llevar a cabo el Poder Ejecutivo antes de culminar el periodo de mandato.

En conferencia de prensa, los diputados Bernardo Padilla, Victoria Bentley, Héctor Mares y José Antonio Casas del Real, anunciaron el recurso interpuesto el miércoles 8 de mayo ante el máximo órgano jurisdiccional del país, firmado por representantes de los partidos Morena, Transformemos, PT, PEBC, PRD, además de dos legisladores del PRI y uno del PAN, quienes denunciaron estar inconformes por el proceso legislativo del 28 de marzo, donde se aprobaron los reajustes financieros a las desaladoras, el segundo piso de Tijuana y la reestructuración de la deuda pública, lo cual generaría un mayor pago a largo plazo.

Según Bentley Duarte, en la sesión se violaron los procesos parlamentarios y la propia Constitución, además de la Ley de Disciplina Financiera, que establece buscar los mejores créditos en una banca privada.

Por su parte, Bernardo Padilla aseveró que existen precedentes en el Estado de Colima, donde la SCJN dio marcha atrás a la adquisición de una deuda del gobierno de aquella entidad.

El recurso fue firmado por los diputados Victoria Bentley, Bernardo Padilla, Héctor Mares,  Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, José Antonio Casas del Real, José Luis Bribiesca, Rocío López Gorosave, Teresa Valeriano, Miguel Osuna Millán y Nibardo Flores. (Eduardo Villa Lugo)

CON “KIKO”, LA PEOR RELACIÓN DEL MAGISTERIO CON GOBIERNO: SNTE

La Sección 37 del SNTE tiene afiliados a 16 trabajadores activos y 7 mil jubilados en Baja California. Junto con la Sección 2, la cual agrupa a profesores federales, la organización dirigida por la secretaria general María Luisa Gutiérrez Santoyo encabezó marchas, tomas de oficinas y casetas en diciembre de 2018 para exigir el pago de salarios y aguinaldos al gobierno estatal.

En entrevista, la lideresa sindical opinó sobre las declaraciones del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien en diversas ocasiones ha manifestado que la raíz de la crisis financiera en Baja California está en los recursos que el Estado destina al rubro de educación.

“Cada maestro gana lo que le corresponde, derivado que se sujetaron a los programas que el mismo gobierno ofertó y eludir la responsabilidad de esa manera no es válido”, expuso.

“Como secretaria general, considero que este ha sido el peor periodo de un gobierno en el tema magisterial, donde la situación ha estado ríspida porque hay que pelear hasta porque paguen a tiempo y ellos quieren culpar al magisterio”, agregó.

Gutiérrez Santoyo admite que algunos salarios llegaron a techos altos, pero siempre mediante las reglas establecidas por el propio Gobierno Federal para que los profesores tuvieran acceso a mejores puestos.

“La construcción de todos los bonos y las prestaciones que como maestros tenemos se ha hecho con las respuestas salariales que año tras año da el Gobierno Federal”, dijo.

Actualmente los profesores que apenas ingresan al sistema de educación pública pueden recibir salarios de 3 mil a 5 mil pesos quincenales, dependiendo del número de horas que trabajan.

Sin embargo, en el pasado, los salarios aumentaban gracias a “los programas que el Gobierno Federal ha emprendido para que los maestros pudieran participar, ya fuera en medios tiempos, tres cuartos de tiempo y uno iba teniendo acceso a ellos por medio de que cumplías con años de servicio,

desempeño profesional, el programa de carrera magisterial en el que los maestros que se apegaron a él, hicieron sus exámenes y si tenían resultados positivos, fueron avanzando”, abundó la lideresa.

Sobre este punto, el secretario de Finanzas opina: “Fueron negociaciones con los sindicatos, muchas veces secretarios de educación, gobernadores les dijeron que sí y aquí el resultado”.

 

¿PODRÁ EL GOBIERNO FEDERAL ABSORBER LA NÓMINA?

Sobre el planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Gobierno Federal pague directamente la nómina de todo el sector educativa, sin transferencias de por medio a los estados, la secretaria general de la Sección 37 del SNTE considera que si ello representa la certeza de que se les pagará a tiempo y no con los retrasos que presenta el Gobierno del Estado, los trabajadores que representa están de acuerdo con la medida.

En el tercer punto del memorándum para suspender la Reforma Educativa, emitido el 16 de abril por AMLO, se establece que “la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”.

Actualmente el Gobierno Federal aporta alrededor de 12 mil 250 millones de pesos al sector educativo en Baja California, el 49% del rubro. Antes del anuncio del memorándum, el gobierno estatal ya había propuesto a la SHCP que la aportación subiera a 17 mil 500 millones de pesos, alrededor del 70% del presupuesto total.

Con ello, la administración estatal podría liberar 5 mil 250 millones de pesos del presupuesto estatal a otras áreas.

Al respecto, Alejandro Ruiz Uribe, delegado del Gobierno Federal en Baja California, aseguró que uno de los propósitos es que los docentes reciban su pago de manera puntual.

“El problema es que los gobiernos estatales administran mal el dinero federal y entonces tienen ese tipo de problemas, gastan en otras cosas, pensando que van a sacar partidas, ha sido una muy mala administración”, considera.

Otro de los objetivos del plan de López Obrador es “poder revisar y dar de baja a los miles de aviadores que hay en esas nóminas, el Gobierno del Estado mete de todo, no es que los maestros son aviadores, sino que les han metido aviadores, pero al momento de pagar la Federación, les va a pagar a los que estén dando clase”, planteó el funcionario federal.

Sin embargo, aclaró que por parte del Gobierno Federal no se ha anunciado de manera formal cuándo iniciarán la revisión de nóminas, ni cuándo se pondrá el marcha el programa para incorporar las nóminas de docentes al gasto federal.

Comentarios

comentarios


Ir a la barra de herramientas
Tipo de Cambio