¿Puede un tribunal ampliar el periodo de la gubernatura?

Foto: Internet/La sentencia del Tribunal Electoral padece de varios vicios jurídicos
 
Opinionez lunes, 11 marzo, 2019 12:00 PM

Colaboración invitada

 

 

 

Ignacio Ochoa Alldredge

El pasado 24 de febrero, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado dictó una sentencia que ha causado gran controversia en el mundo político y jurídico de Baja California. Con dicha resolución, el Tribunal Electoral amplía de dos a cinco años, el plazo de la próxima gubernatura que inicia en noviembre de 2019.  Los antecedentes son los siguientes:

1. En 2014 se reformó la Constitución Federal, a fin de que, en las constituciones y leyes de los estados, se garantizará que se verifique al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales. Es decir, que se “empataran” las elecciones federales y estatales, para evitar múltiples comicios en años consecutivos, optimizando de esta manera, tiempo, esfuerzo y recursos públicos.

2. Para dar cumplimiento a lo anterior, en octubre de 2014, el Congreso del Estado de Baja California modificó diversas disposiciones de la Constitución Estatal en materia político-electoral, a fin de que la próxima gubernatura tenga un mandato reducidos de dos años en lugar de seis, iniciando el 1 de noviembre de 2019 para concluir el 31 de octubre de 2021. De esta manera, se da cumplimiento al mandato legal de que por lo menos una elección estatal concurra con las elecciones federales.

3. En septiembre de 2018 inició el proceso electoral 2018-2019, mediante el cual se renovará la gubernatura. Así, en diciembre de 2018 el Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó la convocatoria a elecciones ordinarias para el periodo 2018-2019, en la cualse especifica que la próxima gubernatura será por un periodo reducido de dos años.

4. La anterior convocatoria fue impugnada por Blanca Estela Fabela Dávalos, quien pertenece al partido político Morena y quien aspira a ser candidata a gobernadora. En su recurso de inconformidad número 18/2019, argumentó que se violentan sus derechos político-electorales, pues una gubernatura de dos años, resulta ser una restricción no idónea, desproporcionada, irracional e innecesaria.

5. Al dictar sentencia, el Tribunal Electoral declaró como fundado el medio de impugnación, resolviendo que la próxima gubernatura será por un periodo de cinco años. En esencia, determina lo siguiente:

a) Que la disminución del mandato a dos años implica una restricción al derecho fundamental de ser votado, en la vertiente de acceso al cargo por un periodo determinado.

b) Que dicha disminución, no fue conforme los principios de progresividad y pro persona, puesto que debió contemplar una medida alterna que implicaba una restricción menor al derecho de ser votado y acceder al cargo por un periodo determinado.

c) Que había una medida alterna, igualmente idónea para lograr el fin pretendido por la Constitución para igualar las elecciones, pero que implica menos restricción al derecho en cuestión, esto es, que el periodo sea de cinco años, lo que conlleva a un lapso mayor a los dos años determinado por el Congreso Estatal.

Pues bien, en nuestra opinión, la sentencia del Tribunal Electoral padece de varios vicios jurídicos, lo cual vulnera al estado de derecho y a la certidumbre del proceso electoral. A continuación, hacemos una breve reseña de estos:

1. Se desconocen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales ha resuelto casos similares al que nos ocupa y en donde ha determinado que es perfectamente legal disminuir el plazo de la gubernatura a dos años, a fin de que concurran las elecciones locales con las estatales. En Veracruz también se abrevió la gubernatura a dos años, esta reforma fue impugnada por algunos partidos políticos, y Máximo Tribunal declaró dentro de la acción de inconstitucionalidad 13/2015, que dicha reducción es válida.

2. Se invaden las facultades exclusivas del Congreso de Baja California, ya que este órgano representativo de la ciudadanía es el único facultado para determinar si lo más conveniente es una gubernatura de dos o de cinco años, atendiendo a las circunstancias políticas, administrativas y económicas de la entidad. Así pues, el Tribunal Electoral prácticamente incidió en una decisión soberana del legislador, rompiendo con el principio de división de poderes y el sistema de distribución de competencias.

3. Se violenta el principio de certeza y reserva de ley, pues no obstante que ya había iniciado el proceso electoral, se cambian las reglas del mismo. Es un principio fundamental del derecho electoral, que las modificaciones a las reglas del juego democrático deben de efectuarse antes del inicio del proceso. Sin embargo, las modificaciones que hace el Tribunal Electoral constituyen de facto un acto materialmente legislativo, en el cual se modifica una regla previamente establecida y consentida por todos los actores políticos del Estado.

Ahora bien, esta sentencia no es definitiva, fue impugnada por diversos partidos políticos, por lo que tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidir en última instancia si se confirma la misma o si la revoca. Esperemos que prevalezca el estado de derecho.

 

El autor es Socio de la firma de abogados en De Hoyos y Avilés S.C. y vicepresidente de Coparmex Tijuana.  Es especialista en derecho procesal y amparo.

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