Gobierno reconoce 6, pero son 8 periodistas asesinados con AMLO

Foto: Archivo
 
Edición Impresa lunes, 25 marzo, 2019 11:00 AM

El Gobierno Federal ha reconocido el homicidio de seis periodistas durante los tres meses y medio de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Según cifras extra oficiales, han sido ocho asesinatos cometidos contra comunicadores en lo que va del sexenio

El domingo 17 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo a los periodistas que lo cuestionaron durante la clausura del Foro Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que durante la presente administración ha habido seis asesinatos de periodistas.

Esta misma cifra la repitió este lunes 25 de marzo, durante la presentación de los cambios que se implementaron al Mecanismo de Protección para las Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, mismo que en la actualidad atiende a 790 personas.

De estas, 408 son defensoras de derechos humanos y 292 periodistas de 10 entidades de la República Mexicana, entre las que destacan la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero. Sin embargo, el recuento extraoficial es de ocho periodistas o comunicadores acribillados en lo que va del Gobierno de López Obrador.

De hecho, es el inicio más sangriento contra la libertad de expresión para cualquier sexenio. La administración de AMLO apenas iniciaba cuando el 1 de diciembre de 2018 fue asesinado Jesús Alejandro Márquez Jiménez, en La Huerta, Nayarit.

El periodista, asesinado el mismo día que el político tabasqueño iniciaba su mandato, laboró en el diario Crítica por aproximadamente ocho años. Era director general del periódico Orión Informativo, medio local que fundó hace poco más de un año.

Márquez Jiménez fue encontrado con un disparo en la cabeza, en un cañaveral de la localidad de Pantanal, municipio de Xalisco, cerca del Aeropuerto de Tepic, Nayarit. El comunicador salió un día antes, de forma inesperada, de una reunión con sus familiares, a la cual ya no regresó.

Tan sólo tres días después, el martes 4 de diciembre, el periodista Diego García Corona fue asesinado cuando circulaba en su automóvil en las inmediaciones de la colonia Jardines de Morelos, municipio de Ecatepec, Estado de México.

La víctima, de 35 años de edad, viajaba en un auto marca Nissan, modelo Tiida, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en la esquina de la calle Playa de Marquelia y Avenida Jardines. Al interior del vehículo se halló una credencial que lo acreditaba como reportero del semanario local Morelos.

Luego, en 2019, Rafael Murúa Manríquez, periodista y director de la radio comunitaria Radiokashana en Mulegé, Baja California Sur, fue hallado muerto tras reportarse su desaparición.

El cuerpo del reportero de 34 años de edad fue localizado sin vida en una brecha del Kilómetro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio. Recibió disparos con arma de fuego en el tórax. Murúa Manríquez ejercía su periodismo de manera crítica ante el Gobierno local.

Después, el 9 de febrero, un grupo de hombres armados asesinó al periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, conocido como “Chuchín”, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. El locutor de radio se encontraba desayunando en el café de un hotel con unos amigos, alrededor de las 6:45 am, cuando arribaron tres sujetos y dispararon en por lo menos ocho ocasiones.

Ramos Rodríguez, quien un día después de su asesinato cumpliría 59 años de edad, era, desde hace dos décadas, conductor del noticiero “Nuestra Región Hoy”, que se transmite por el 99.9 FM de la radio local.

El 16 de febrero, Reynaldo López, locutor de radio y publicista de 42 años de edad, y quien producía junto a Carlos Cota el programa “Motores del Desierto” que se transmitía por la televisora estatal Telemax, murió acribillado alrededor de las 5:50 pm, cuando se trasladaba junto a su compañero de trabajo, el ex periodista deportivo de Televisa Sonora, Carlos Cota, quien se encuentra grave aún tras recibir 16 impactos de bala.

Aunque no es considerado periodista, el 20 de febrero fue ultimado Samir Flores Soberanes, de 35 años de edad, un campesino indígena de Amilcingo, en el municipio de Temoac y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko.

El homicidio ocurrió frente a su vivienda, alrededor de las 05:00 horas, cuando un grupo de sujetos no identificados le llamaron para que saliera, disparándole en la cabeza en un par de ocasiones.

El activista comunitario y comunicador luchaba contra un plan para la construcción de un gasoducto que atravesaría su pueblo, pero fue asesinado tres días antes de una consulta popular que realizó el Gobierno Federal sobre dicho proyecto.

Apenas el 15 de marzo, Santiago Barroso Alfaro recibió por lo menos tres impactos de bala al abrir la puerta de su casa en San Luis Río Colorado, Sonora, dejándolo gravemente herido. La Fiscalía de aquella entidad informó que el periodista fue asesinado por motivos personales y “afectivos”.

El subsecretario Encinas Rodríguez precisó que Barroso Alfaro no formaba parte del mecanismo de protección a periodistas y no se tenían antecedentes de algún registro de amenaza en su contra, y adelantó que habrá cambios “muy profundos” a dicho mecanismo.

Apenas ayer domingo por la noche, el periodista deportivo Omar Iván Camacho fue hallado muerto en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. El comunicador trabajaba en una estación de radio local y tenía una página digital de información deportiva.

Camacho formó parte de la transmisión de la serie entre los equipos de Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de Cubiri, pertenecientes a la recién inaugurada liga de beisbol Arturo Peimbert Camacho, que sucedió ayer domingo.

Según reportes de medios locales, tras la transmisión el periodista desapareció, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlo. Camacho había sido visto por última vez en el estadio de béisbol, Alberto Vega Chávez.

Alrededor de las 19:00 horas, corporaciones policiales recibieron un reporte sobre un cuerpo sin vida cerca de la autopista Benito Juárez, debajo del puente de La Escalera.

Elementos preventivos del municipio se trasladaron al lugar, quienes confirmaron el reporte y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente se confirmó que el joven periodista había sido asesinado; el cuerpo presentaba huellas de violencia (traumatismo craneoencefálico, producido por golpes).

Caballero tenía 35 años de edad y era originario de La Palma, Angostura, pero tenía su domicilio en la ciudad de Guamúchil, y, además, se dedicaba a la docencia en un colegio privado.

Por otra parte, Agustín Silva, de 21 años de edad, quien laboraba para el diario El Sol del Istmo, fue desaparecido el 21 de enero en el municipio Matías Romero, Oaxaca. A la fecha no se sabe nada sobre su paradero.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO

Encinas Rodríguez expuso que el Gobierno mexicano acataría cualquier resolución de la Corte Penal Internacional (CPI) en caso que se concrete la intención de la organización Reporteros Sin Fronteras, de presentar los casos de comunicadores asesinados en el país durante los últimos 12 años.

“Es responsabilidad del Estado otorgar las garantías y la protección a todos aquellos sujetos a este mecanismo, para lo cual se cuenta con recursos públicos suficientes y ya no estará a cargo de una empresa privada”, explicó.

Encinas Rodríguez también reconoció este lunes, que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de DD.HH. enfrenta burocracia, falta de presupuesto, deficiencias en su aplicación y la falta de enfoque en la prevención.

El funcionario federal indicó que una empresa privada es la encargada de brindar el servicio de protección de los defensores y periodistas, sin embargo, ha presentado deficiencias en operación de persona y equipo tecnológico.

Además, Encinas Rodríguez presentó la conformación de la junta de gobierno del Mecanismo, en el cual participan 9 representantes, tres del Gobierno Federal, dos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como cuatro representantes de periodistas y defensores de DD.HH.

Asimismo, el subsecretario de la Segob anunció tres medidas que implementarán: Urgentes, tecnológicas/físicas y preventiva, así como una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una evaluación externa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el reemplazo de las escoltas privadas por personal de la Policía Federal (PF).

También se buscará reforzar la cooperación entre niveles de Gobierno y se analiza involucrar a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad de las tareas de protección. Además, afirmó que este año se pidió una ampliación de 75 millones de pesos para el Mecanismo, respecto al presupuesto que se le dio el año pasado.

“Hay que asumir que, lamentablemente, el Mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, porque no se atiende la parte preventiva”, dijo, para luego abundar que se deben revisar los protocolos de riesgo y mejorar la coordinación entre las autoridades.

Como ejemplo de las fallas, refirió que, de los 792 botones de asistencia, 209 personas lo tienen apagado más de 150 días al año. “Es parte de la falta de confianza en la autoridad. El argumento que nos han dado es que no quieren que la autoridad sepa dónde se encuentran, es un asunto de fondo y no solo de falta de credibilidad”, expuso.

“Además de las fallas del sistema por parte de la empresa, también existe esta falta de confianza del no uso de una de las medidas de protección”, dijo Encinas Rodríguez, quien a pregunta expresa, aseguró que en lo que va de este Gobierno, han sido asesinados seis periodistas, de los cuales sólo uno estaba en el Mecanismo.

En el caso de los defensores de derechos humanos se tiene registro de nueve homicidios y sólo se han esclarecido dos. Sin embargo, el funcionario de Segob rechazó que la autoridad se haya resignado ante la creciente violencia a activistas y periodistas.

“Aquí no hay resignación alguna, por el contrario. Vamos a asumir plenamente nuestra responsabilidad […] Hay desde gente vinculada a los grupos delictivos e incluso autoridades de los distintos niveles de Gobierno”, respondió Encinas Rodríguez al ser cuestionado sobre quiénes son los responsables del asesinato de periodistas.

El subsecretario de la Segob sostuvo que no habrá impunidad en estos casos y que el Estado es el responsable de garantizar su seguridad, por lo que periodistas y activistas no deben protegerse de nadie. A la pregunta sobre la posibilidad de desaparecer el Mecanismo, debido a las fallas que presenta, el subsecretario lo rechazó.

“No vamos a desaparecer un mecanismo de esta naturaleza mientras exista una situación de riesgo, pero si requiere un rediseño y una reforma a la ley para fortalecer las facultades del Estado mexicano”, respondió el funcionario federal.

El 5 de febrero, el presidente López Obrador señaló que se “garantizaría” la libertad de expresión y el ejercicio periodístico durante su administración. Y de ser necesario, los periodistas contarían con guardaespaldas.

“No hay escoltas, no hay guardaespaldas para políticos, para altos funcionarios públicos, pero sí para quienes padecen de acoso y de amenazas. Los que pueden tener en riesgo su vida tienen todo nuestro apoyo”, aseguró durante una de sus conferencias de prensa matutinas.

Lo mismo ha venido afirmando Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien anunció que el Gobierno Federal fortalecerá las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, los crímenes siguen ocurriendo con total impunidad.

A principios de marzo, Reporteros Sin Fronteras precisó que de 2006 a 2018, ha registrado 116 casos de violencia contra comunicadores: 102 asesinatos y 14 desapariciones, los cuales denunciaron ante la CPI, periodo que abarca los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“El gran problema en los asesinatos y crímenes contra periodistas en México, es la pasividad de las autoridades para investigar y resolver los casos y el alto porcentaje de impunidad, que es del 99%”, informó Christophe Deloire, secretario general de la organización no gubernamental.

Según Reporteros Sin Fronteras, con estos datos México es actualmente el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. Además, está catalogado entre las naciones más peligrosas para dicha labor, al ocupar el lugar 147 de 180 en cuanto a asesinatos de periodistas; categoría similar a la que ocupan países como Afganistán, Yemen y Siria.

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