Gubernatura de 5 años parte al PAN


 
Zoom Político lunes, 18 marzo, 2019 01:00 PM

Si la intención de MORENA era fracturar al PAN subiendo a la agenda pública la posible modificación constitucional para ampliar de 2 a 5 años la próxima gubernatura del Estado, lo logró. Una diputada dejó el Grupo Parlamentario y otro está a punto de perder la coordinación, además del desaire de dos terceras partes de la bancada en un desayuno con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés. Para el abogado Rogelio Robles Dumas, el PAN perdió el control, y actualmente podría compararse con el Titanic después de chocar con el “iceberg”. Sin embargo, considera que aun así sería lamentable que se concretara el intento de reforma constitucional

Mencionar la posible modificación del periodo de 2 a 5 años en el Congreso del Estado es algo que causa preocupación, temor y hasta molestia entre los diputados de la XXII Legislatura, independientemente del partido que representen. Es el tema que todos tienen en la cabeza, pero que nadie se atreve a confrontar abiertamente.

El viernes 8 de marzo, la tensión en el Pleno del Congreso podía sentirse desde las gradas. La tarde anterior surgió un rumor del posible “madruguete” para dictaminar la reforma al octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, para que la próxima gubernatura dure cinco años y no dos como se estipuló desde el año 2014.

La realidad es que nunca hubo dictamen y el tema no se subió a la mesa, pero esto no quiere decir que no se intentó. Aunque el discurso de todos los diputados entrevistados es que nunca estuvo en el orden del día, la amenaza era tan real que el mismo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, voló a Mexicali para reunirse con diputados y acordar su rechazo a la propuesta.

A la reunión sólo acudieron 4 de los 12 diputados blanquiazules, según comentó la diputada –ahora independiente- Victoria Bentley Duarte, quien arremetió contra el mismo dirigente estatal, José Luis Ovando Patrón, al que responsabilizó de la fractura de la bancada del PAN, que anteriormente se conformaba por el “G8” y el “G5”, pero que no descartaría que se movieran las piezas a raíz de este incidente.

Más allá del tema político, el abogado experto en materia electoral, Rogelio Robles Dumas, comentó que una modificación de esta naturaleza es una medida desesperada por parte de Morena, a quienes no parece importarles que sea un hecho consumado.

Consideró que los diputados podrían aprobarlo sin problema, pero eso no quiere decir que pueda sostenerse, pues bastaría un interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarlo abajo.

Mientras tanto la iniciativa privada, a través del presidente de la Confederación Patronal dela República Mexicana (COPARMEX), Ernesto Elorduy, se declaró abiertamente contra la gubernatura de 5 años para el 2019, por lo que pidió a los diputados que dejen de improvisar y se limiten a respetar las leyes.

 

Los votos

El viernes 8 de marzo fue el punto de quiebre de la ya fracturada bancada panista, cuando el aviso de un supuesto intento de reforma al octavo transitorio de la Constitución volteó de cabeza al Poder Legislativo.

En la sesión extraordinaria cuyo punto principal era votar la Guardia Nacional, se especuló mucho que podría agregarse de forma sorpresiva el dictamen para modificar el periodo de la gubernatura.

Foto: Cristian Torres.- En el Congreso es tema en mente de todos pero del que nadie quiere hablar.

Según fuentes al interior del Congreso del Estado, la operación en favor de la reforma pudo ocurrir, pero se desconoce si pensaba sacarse adelante ese día, sobre todo porque los diputados Benjamín Gómez y Bernardo Padilla, no se presentarían por cuestiones personales.

Sin embargo, en el análisis se pudo establecer que la bancada del PRI tendría por lo menos tres votos a favor y uno en contra y otro posible; también Morena, Transformemos y PT, por lo que se trataría de convencer a Movimiento Ciudadano y a siete aliados panistas. Jorge Nuñez Lozano, diputado del PEBC, nunca apareció en el tema.

La diputada Victoria Bentley confirmó lo que ya se sabía. El PAN en el Congreso estaba dividido por dos grupos llamados el “G8” y el “G5”. El primero de ellos conformado por Ignacio García Dworak, Alfa Peñaloza, Sergio Tolento, José Félix Arango, Andrés de la Rosa, Raúl Castañeda Pomposo y Victoria Bentley; mientras que el segundo era por Eva María Vázquez, Triny Vaca Chacón, Iraís Vázquez, Carlos Torres y Mónica Hernández. A este último se le sumaba Rocío López Gorosave, como legisladora del PRD.

Los datos extraoficiales al interior del Congreso indican que tenían asegurados 8 votos, pero que buscarían convencer a Job Montoya de Movimiento Ciudadano, a dos priistas, y acercarse a la parte “oficial” de los panistas, encabezada por Carlos Torres Torres. Posteriormente arrancar algunas voluntades del “G8”. Sin embargo, el problema es que algunos no estuvieron de acuerdo, lo que provocó una revoltura que quedó de la siguiente manera:

A favor de la reforma serían Carlos Torres, Mónica Hernández, Iraís Vázquez, Ignacio García Dworak, Raúl Castañeda Pomposo, Victoria Bentley, y Rocío López Gorosave. En contra Andrés de la Rosa, Triny Vaca, Eva María Vázquez, Miguel Osuna Millán, Sergio Tolento y Alfa Peñaloza. José Félix Arango estaba en el aire, pero fue convencido por el secretario del Comité Directivo Estatal del PAN, Carlos Aguirre, quien lo hizo salir del Pleno para llevarlo a un rincón y plantearle las repercusiones que traería apoyar una reforma de esa naturaleza.

Bentley Duarte, denunció que a algunos legisladores los amenazaron con expulsarlos del partido y quitarles las candidaturas.

Esta hipótesis se refuerza con los asistentes a la reunión con Marko Cortés, que fueron Andrés de la Rosa, Miguel Osuna, Eva María Vázquez y Triny Vaca Chacón. Cabe señalar que Sergio Tolento y Félix Arango habitualmente votan en bloque con Andrés de la Rosa.

En entrevistas, el diputado Andrés de la Rosa y su compañera Triny Vaca, se declararon abiertamente en contra de la reforma al transitorio, mientras que su compañero Carlos Torres Torres, no se atrevió a descartarlo. En ese mismo tenor estuvo Iraís Vázquez.

Por su parte, Victoria Bentley simpatizó con la idea de efectuar la reforma, argumentando que brindaría beneficios de ahorro y estabilidad para el sector empresarial una gubernatura más larga, lo que además beneficiaría a todos los partidos.

Empresarios mexicalenses pidieron a diputados dejar de improvisar y limitarse a respetar las leyes.

Sobre los motivos por los que no se planteó esta modificación el año pasado –antes de fenecido el plazo- la legisladora afirmó que en ese entonces había temas importantes que debían sacar en calidad de urgente, por lo que no pudieron analizarlo a fondo.

El dirigente estatal del PRI, David Ruvalcaba, comentó que la instrucción de su partido era rechazar la modificación al transitorio, pero afirmó que no puede hacer nada si los legisladores hacen caso omiso al llamado.

Agregó que no descartaría una supuesta intervención de Jaime Bonilla Valdez, para convencer a diputados de votarlo a favor, pues considera que sería un acto habitual de la persona por cuya responsabilidad el municipio de Tijuana no tiene equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.

“Así como ocurrió en el Tribunal Electoral hace solo unos días, el engaño, la amenaza, la compra de voluntades que hoy se pretendió llevar a cabo para con los Diputados, muestran el rostro mafioso de Bonilla y sus secuaces, dispuestos no solo a violar la ley, sino a corromper las instituciones y cumplir sus caprichos cueste lo que cueste”, señaló Ovando Patrón en un comunicado de prensa donde claramente afirma que hubo intención de comprar voluntades.

Es tema en el Congreso

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, señaló que la posición del Poder Ejecutivo es clara al rechazar tajantemente que deba llevarse a cabo una modificación en este sentido con un proceso electoral ya iniciado y tan próximo a comenzar el periodo de campañas.

Sin embargo, esto no parece importar para los diputados, o por lo menos a Victoria Bentley, a Claudia Agatón, Carlos Torres y Job Montoya, quienes refieren que el Congreso tiene facultades e independencia para llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza, por lo que no podrían descartar esta posibilidad.

De hecho, Victoria Bentley aseveró que la diputada Patricia Ríos fue quien subió el tema, mismo que generó un debate y foros de estudio durante el mes de diciembre. Después de ello, el tema se olvidó, pero volvió a tomar forma en estos días. A este proyecto se le unió otra propuesta del diputado Víctor Morán, realizada por el Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, y en la que sólo se volvió interlocutor.

 

Reforma puede aprobarse, mas no sostenerse: Robles Dumas

El conocido abogado experto en temas electorales, Rogelio Robles Dumas, no dio muchos rodeos al señalar que el solo intento de modificación es un acto desesperado, y agregó que los canales de impugnación son claros, pero ya fenecieron.

Y es que – a su juicio-hubo dos momentos clave para poder modificar este tema. El primero fue cuando apenas salió en el año 2014, mientras que el segundo ocurrió en junio, cuando todavía era posible llevar a cabo modificaciones.

Robles Dumas, aseveró que pese a ello, los diputados tenían todo el derecho a opinar y protestar sobre cualquier tema, e incluso promover una modificación en este sentido. Sin embargo, eso no quiere decir que sea sostenible, pues un acto de inconstitucionalidad serviría para echar abajo todo el procedimiento.

Para el abogado, este tipo de cuestiones dejan muy mal parados a los organismos políticos y a las instituciones encargadas de velar por el voto de los ciudadanos, pues su decisión fue avalar un proyecto de sentencia muy forzado y débil.

Esto podría realizarlo el mismo Congreso, a través de las minorías, pues sólo requieren el 33 por ciento para someterlo a tema. También podría llegar un ciudadano e interponer un recurso ante la SCJN., lo que podría resolverse antes de concluido el proceso electoral.

Agregó que si el tema es agenda pública, deja mucho entrever, pues forzosamente necesitan los votos del PAN para sacar adelante la reforma constitucional, además de tres de los cinco Ayuntamientos.

“No se puede votar sin el PAN, ocupan los 17 votos y los tres ayuntamientos, aquí a ver el PAN no tiene ya control, estamos en el Titanic después de haber chocado con el iceberg”.

Referente a los resultados que deja para Morena y PAN, dijo que si bien el primero es el más golpeado por el tema, el segundo deja en evidencia la grave ruptura que tiene en su interior.

El rechazo de la IP

Otro frente que se formó contra la modificación fue el del sector empresarial. El día lunes, los representantes de diversas cámaras empresariales llevaron a cabo una conferencia de prensa para exigir a los diputados locales que no caigan en tentaciones y legislen de manera responsable.

Durante la atención a medios, Ernesto Elorduy, presidente de Coparmex, declaró que las personas tienen derecho en tratar de influir en las personas, pero que la verdadera responsabilidad recae en los legisladores, que son los representantes de la ciudadanía.

Pidió que estuvieran atentos a la resolución de la Sala Superior, la cual podría salir en próximos días.

Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, comentó que en el TRIFE personas afines al presidente están presionando, para que se amplíe el plazo de 2 a 5 años a través de la resolución del tribunal.

Ojalá eso no sea cierto y el presidente y su equipo no pretendan interferir en un tema de competencia exclusiva del Poder Judicial “por el bien de la división de poderes y de la democracia del país”, indicó el líder empresarial a ZOOM.

Asimismo, pidió a los actores políticos del Gobierno federal mantenerse ajenos a esa determinación y permitir que “sin presiones de ningún tipo” el TRIFE responda a las impugnaciones (que suman 12), en apego a derecho antes del 20 de marzo, fecha en que inicia el registro de candidatos, con el fin de que haya certeza en el proceso electoral.

De Hoyos Walther afirmó que Coparmex nacional respalda la postura de rechazo expresada por el organismo en Mexicali, Tijuana y Ensenada acerca de la resolución del Tribunal Electoral del Estado y del intento de modificar la Ley Electoral en el Congreso local de la semana pasada. “Estamos absolutamente en contra de que se haya pretendido reformar de forma furtiva la Constitución. Nos parece inaceptable que estando en curso el proceso electoral se pretende llevar a cabo una modificación que quita certidumbre”, agregó y calificó esta acción como “lamentable”, toda vez que se trata de modificaciones “insólitas” que violentan el Estado de derecho.

A su juicio, ningún partido debería de apoyar el intento de reelección de un diputado actual que “obrara de manera sospechosamente contraria al Estado de derecho”, tal como lo ha hecho el panista Carlos Torres Torres, a quien el líder empresarial identificó como el instigador del intento de reformar la ley. Julieta Aragón

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