El reto de garantizar una infancia sin violencia

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Opinionez lunes, 4 marzo, 2019 12:00 PM

México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en septiembre de 1990 reconociendo que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derechos y deben recibir una protección especial por parte del Estado. Con este compromiso, nuestro país se obligó a modificar y promover un cambio de abordaje en relación a una etapa de la vida de especial vulnerabilidad, de los cero a los diecisiete años. Los niños, las niñas y adolescentes deben de dejar de ser tratados como “objetos de pertenencia” de las familias y la sociedad.

Las políticas públicas han de orientarse a la garantía del derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la salud, a la educación, a la igualdad, al juego, a la alimentación, a ser tomadas y tomados en cuenta, a un nombre, a no ser separados de sus familias, a la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias  y a vivir sin violencia; entre otros. Sin embargo en grandes pendientes existen por parte de las instituciones y la propia comunidad mundial en la tarea de generar un entorno que permita que las niñas y los niños crezcan y se desarrollen a plenitud y en un ambiente de paz.

Cuenta de los pendientes se da en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México en junio del 2015 por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU entre las que destacan la falta de recursos, de políticas y de estrategias integrales para la aplicación de las leyes general y locales en materia de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la propia Convención. Cabe señalar que en nuestro Estado prácticamente no sesiona el Sistema Estatal de Protección a Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que debiese servir de escenario para fomentar la integralidad de las decisiones y la transversalidad del principio del interés superior de la niñez.

El Comité le hace al país una serie de recomendaciones con base en los grandes problemas detectados; entre estos, el ambiente de violencia generado por la llamada “guerra contra el narco” que pone en riesgo la vida y el desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En ese sentido, se pide al gobierno mexicano que tipifique de manera explícita el reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado, que asegure que ninguna niña o ningún niño sean reclutados por grupos armados, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluyendo los grupos del crimen organizado; que asegure el acceso a la justicia y a una compensación a niñas y niños que han sido reclutados ilegalmente; revise la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia, e implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social.

Baja California es una entidad federativa que debe prestar mucha atención a estas recomendaciones, en particular Tijuana, una ciudad en la que se ha pasado de 366 personas víctimas de homicidios en el 2012 a 2,507 en el 2018 y que en lo que va del 2019 ya cuenta con 346 pérdidas. Además de que lamentablemente en un solo mes del año ya se han perdido las vidas de por lo menos tres personas menores de 12 años en hechos violentos. Lo anterior sin contar las otras formas de violencia que sufre la infancia, como las desapariciones de adolescentes y los maltratos físicos y psicológicos.

El mundo, nuestro querido país, Baja California, Tijuana: no le han cumplido a la infancia. Es urgente atender todas las Recomendaciones que se han hecho para proteger los derechos de los niños y las niñas, particularmente de quienes pertenecen a los grupos en mayor desventaja, que están en contexto de movilidad humana, que viven con discapacidad, que son hijos o hijas de personas privadas de la libertad, de personas que han desaparecido, de personas que han sido asesinadas, las que viven en comunidades o colonias indígenas o las que viven con VIH.

 

Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California

Correo: [email protected]

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