Dinero para educación en BC se usó para pagar aviadores y gastos sin comprobar

Foto: Ramón T. Blanco Villalón
 
Edición Impresa lunes, 25 marzo, 2019 01:00 PM

En dos análisis realizados a los fondos para educación por el Gobierno del Estado de Baja California en el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró 21 millones de pesos en recursos no ejercidos, más de 4 millones de pesos pagados a aviadores y determinó que las escuelas “registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento”

De la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos federales que el Gobierno del Estado de Baja California ejerció durante el año fiscal 2017, se desprenden dos informes de fondos destinados a educación pública.

Se trata del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), ambos publicados en febrero de 2019 como parte de la tercera entrega de resultados de la ASF.

Por medio del FONDE, Baja California recibió 11 mil 235 millones 707 mil pesos, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de financiamiento en el sector educativo. Mientras que para Escuelas de Tiempo Completo, fueron transferidos 285 millones 494 mil pesos.

Los hallazgos de irregularidades en ambos casos son similares. Millones de pesos destinados a salarios de personal que sólo aparece en la nómina, pero no se presenta a laborar, más de 30 millones de pesos cuya aplicación no se pudo comprobar y subejercicios, principalmente.

Estas auditorías revelan los malos manejos financieros que la administración de Francisco Vega de Lamadrid ha hecho con los fondos educativos. Apenas en diciembre de 2018, docentes y personal educativo tomaron oficinas estatales para encabezar paros laborales en exigencia del pago de sus salarios.

Uno de los principales reclamos que ha enfrentado “Kiko” Vega han sido los de los profesores.

 

MILLONES PARA AVIADORES

Con los más de 11 mil millones de pesos de recursos que el Gobierno del Estado de Baja California recibió a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se cubrió el 42.4 por ciento del total de salarios de personal educativo, así como los gastos del 47.5% de las escuelas y se atendió al 50.8% de la matrícula de estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria.

Foto: Cortesía

Del total de recursos, la ASF revisó una muestra del 96.5%, equivalente a 10 mil 842 millones 101 mil pesos.

A partir de esa muestra, el equipo de auditores determinó “recuperaciones por 51 millones 185 mil 693 pesos. En el transcurso de la revisión, se recuperaron recursos por 22 millones 884 mil 945 pesos”.

Esto significa que, en un principio, el Gobierno de Baja California no pudo comprobar la adecuada aplicación de más de 51 millones de pesos y sólo pudo solventar alrededor de 22 millones de pesos, por lo que hasta el momento sigue pendiente por aclarar un monto de 28 millones 300 mil 748 pesos, los cuales se catalogan como “recuperaciones probables” y, mientras tanto, se consideran “daño a las finanzas públicas”.

De igual forma, en el documento final, la ASF determinó: “En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias en la normativa por un importe de 28 millones 300 mil pesos…”.

En uno de los casos específicos, la Auditoría “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7 millones 187 mil 858 pesos, ya que se realizaron mil 502 pagos indebidos por cuenta y orden del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) a 327 trabajadores después de la fecha de su baja, los cuales contaron con 491 plazas y estuvieron adscritos a 241 centros de trabajo”.

El dictamen también señala un probable daño o perjuicio a la Tesorería de la Federación por 4 millones 586 mil 878 pesos, ya que el ISEP realizó mil 76 pagos a 221 trabajadores que se encuentran como personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, durante la verificación física de 232 centros de trabajo, la ASF no localizó a 128 empleados, quienes recibieron pagos por 16 millones 526 mil pesos durante 2017.

Según el documento, tal situación no pudo ser aclarada ni justificada por el ISEP en el periodo correspondiente.

Foto: Cortesía

DOCENTES ADMITEN MALAS CONDICIONES EN ESCUELAS

Por otra parte, los auditores aplicaron 150 cuestionarios a docentes de planteles educativos públicos en el Estado para conocer su opinión sobre las condiciones de los centros y la calidad de la educación, así como de la gestión escolar.

En ese aspecto, el 75.3% de los 150 docentes indicaron que “los planteles educativos no cuentan con recursos informáticos suficientes, disponibles para los alumnos, para elevar el desempeño educativo”.

Mientras que el 80.7% considera que los cursos de capacitación que reciben, no son adecuados y no están orientados a mejorar la calidad.

En resumen, la ASF halló que en Baja California “las escuelas (públicas) registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento”.

En un análisis más detallado sobre la calidad de la educación pública, un apartado del documento indica: “Se registran insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria”.

Además, “no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria registra un 85.9 por ciento”, detalla.

Sin embargo, en otros aspectos como la reprobación y el abandono escolar en los mismos niveles educativos, los porcentajes se consideran bajos, con índices del 11.3 y 4.5%, respectivamente.

MÁS RECURSOS MAL EJERCIDOS EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El programa de Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación Pública, tiene como objetivo la ampliación de la jornada escolar para que alumnos de educación básica mejoren en aprendizaje, y a la par, disminuyan los índices de deserción escolar.

Durante 2017, operaron 488 escuelas de este tipo en Baja California, el mismo número que en 2016. Los alumnos que acuden a estos planteles representan el 13% de la matrícula de educación pública en todo el Estado, con un total de 79 mil 527 alumnos, según información al momento de la realización de la auditoría.

Para financiar el programa, Baja California recibió 285 millones 494 mil pesos de recursos federales para el ejercicio fiscal 2017. De ese monto, la ASF revisó un importe de 282 millones 595 mil pesos, lo cual representó el 99%.

Al 31 de diciembre de 2017, la administración estatal no había devengado 733 mil 900 pesos de estos recursos y, al final de la auditoría, el organismo determinó recuperaciones probables por 15 millones 418 mil 445 pesos.

En el transcurso de la revisión, se recuperaron recursos por 8 millones 432 mil 095 pesos, por lo que quedaron pendientes 6 millones 986 mil 400 pesos por comprobar.

El documento refiere que “el gobierno de Baja California tampoco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de estos recursos, puesto que la información relacionada con el tercer trimestre del ejercicio 2017 no fue enviada ni publicada”.

Por otra parte, los auditores comprobaron que “del periodo de octubre a diciembre de 2017, el Estado retuvo 3 millones 11 mil pesos, de los cuales retuvo indebidamente 2 millones 846 mil pesos a trabajadores por los apoyos prestados, sin que existiera la obligación de retener y enterar el ISR, este importe se transfirió de la cuenta del fondo al a cuenta pagadora de impuestos”.

Así gastó “Kiko” 17 mmdp en un año (no pagó salarios completos a sindicalizados y maestros)

En 2017, Baja California recibió 17 mil 773 millones 217 mil pesos en participaciones federales. Este rubro se puede aplicar tanto en pago de nómina como en servicios generales, obras públicas, subsidios, servicios y compra de inmuebles. Cada administración estatal decide en qué destinar tales recursos.

Por ejemplo, este año, con un adelanto de 600 millones de pesos de participaciones federales, el Gobierno del Estado planea pagar una parte de la deuda de más de mil millones de pesos con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

A partir de una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encontró que la administración de Francisco Vega de Lamadrid distribuyó los fondos para el ejercicio fiscal 2017 de esta manera:

* Servicios personales (salarios): 9 mil 934 millones 623 mil pesos (55.9 por ciento)

* Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: 6 mil 765 millones 751 pesos (38%)

* Servicios generales: 422 millones 553 mil pesos (2.4%)

* Materiales y suministros: 206 millones 25 mil pesos (1.2%)

* Bienes muebles, inmuebles e intangibles: 0 pesos

* Inversión pública: 0 pesos.

El grueso de los recursos se destinó al pago de salarios de personal, mientras que los rubros de adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como inversión pública, quedaron sin recursos de estas participaciones.

Además, la ASF detectó que al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno de Baja California registró un subejercicio de recursos por 450 millones 869 mil pesos, producto de los rendimientos financieros de los más de 17 mil millones transferidos.

Pero no fue la única anomalía, ya que al revisar las nóminas de personal sindicalizado y de confianza, específicamente las primeras catorcenas de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017 y de los tabuladores de personal, “se determinó que se pagaron éstos por debajo de lo autorizado por 84 millones 430 mil pesos”.

En el caso de los docentes, tan sólo con una muestra de los sueldos de las nóminas pagadas al personal de magisterio de las quincenas de febrero, marzo y abril de 2017, los auditores concluyeron: “… se pagaron por debajo de lo autorizado por un millón 703 mil pesos”.

Aunado a ello, el gobierno estatal no presentó los tabuladores autorizados para estos conceptos, por lo que “no comprobó los pagos de cada uno de los conceptos de las nóminas de personal de magisterio con cargo a las participaciones 2017 por 6 mil 389 millones de pesos”, refiere el documento de la ASF.

Por otra parte, en la revisión de los conceptos de canasta básica y bono para transporte, a los cuales tienen derecho los empleados del Gobierno del Estado, “se determinaron diferencias entre lo autorizado en el tabulador y lo pagado, con 84 millones 100 mil pesos y 4 mil 665 millones, respectivamente”.

Por último, en visitas físicas a 34 escuelas de tiempo completo, los auditores no localizaron a 152 empleados que aparecen en nómina, cuyos salarios sumaron 4 millones 140 mil pesos en el año, “sin que la entidad presentara las aclaraciones o justificaciones correspondientes, por lo que la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por ese monto”.

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