Tres estallidos sociales se han registrado en el puerto de San Felipe desde el inicio de la veda de pesca en el Alto Golfo, cuyos resultados han sido negativos a todas luces. Según los mismos residentes del puerto, ha generado pobreza en varios sectores, pero de manera paralela creció la pesca furtiva, y con ello, el poder de las agrupaciones delictivas dedicadas a la pesca y tráfico de totoaba.
El último de estos enfrentamientos ocurrió la mañana del jueves 28 de marzo, cuando elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) atacaron a balazos a un grupo de pescadores, de entre los cuales resultó un herido de gravedad; se presumía que eran traficantes de totoaba, pero no lo pudieron comprobar debido a que personal militar fue “corrido” del lugar.
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La respuesta de los pescadores fue causar daños a las instalaciones de la base naval, además de los vehículos de los elementos; también incendiaron un inmueble de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), donde resguardaban las pangas decomisadas y propias.
Los conflictos son consecuencias de la falta de solución al sector pesquero del Alto Golfo, por parte del Gobierno Federal, el cual retiró la compensación para evitar que salieran a pescar.
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