Iniciativa para combatir defraudación fiscal vulnera a contribuyentes

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Negocioz lunes, 24 diciembre, 2018 12:00 PM

Una iniciativa para combatir el delito de defraudación fiscal, cometido mediante compra y venta de facturas falsas, operaciones simuladas de empresas fantasma y la utilización de testaferros, podría incrementar la discrecionalidad con que se conduce el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en perjuicio de los contribuyentes.

En opinión de los abogados fiscalistas Jorge Alberto Pickett Corona y Francisco Javier Sánchez Pérez, así como el contador fiscalista Héctor Amaya Estrella, las modificaciones -propuestas por el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados- permitirán una retención del 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de 8% al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además, tipificarían la defraudación fiscal como delito grave y, en caso de que estuviesen involucradas más de tres personas, como delincuencia organizada. Por lo que aquellos que incurrieran en esos ilícitos podrían ser encarcelados entre tres y nueve años, y de dos a diez años, respectivamente.

Sánchez Pérez consideró que esta iniciativa es una legislación “muy agresiva”, ya que aun cuando se está tratando de perseguir a empresas fantasma y “vende-facturas”, puede generar abusos por parte de la autoridad.

En entrevista conjunta con los especialistas, Sánchez Pérez dijo que existen empresas que el SAT encuadra como empresas fantasma sin serlo, debido a que no cuentan con personal, infraestructura y capacidad material. Se trata de algún profesional que presta sus servicios a distancia, mediante una computadora, sin que ello implique una operación ilegal.

Al ser considerado como una empresa que simula operaciones o haya vendido una sola factura, el contribuyente es clasificado en el Artículo 69, con lo que el resto de las facturas que emitió quedan sin efecto y debe enfrentar un proceso judicial.

Actualmente el SAT no notifica directamente a los contribuyentes que son clasificados en el Artículo 69, lo que muchas veces deriva en que caduque el lapso en que pudieron defenderse, y, aunque se hayan presentado pruebas, la autoridad valida conforme a un criterio discrecional.

De modo que es necesario que en la Ley se considere qué pruebas deberán acreditar si se trata de una empresa que opera lícitamente, pese a que la autoridad pueda presumir que es “fantasma”.

La iniciativa, que se prevé sea votada en San Lázaro antes de que termine diciembre y entre en vigor el 1 de enero de 2019, pretende reducir el boquete fiscal de entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto que la autoridad ha dejado de recabar por la utilización de algunos de esos esquemas de defraudación fiscal, explicó Pickett Corona.

En cuanto al costo administrativo que implica la retención del IVA y del ISR, Amaya Estrella señaló que las empresas deberán tener un mayor control y administración de recursos para que el retenido sea enterado al fisco en tiempo y forma.

Cabe destacar que las normas que se modificarían son: Ley de Impuesto al Valor Agregado (artículos 1-A, 3, y 6); Ley del Impuesto Sobre la Renta (artículos 14-A, 80, 86, 106-A, y 152); Código Fiscal de la Federación (artículos 22 y 113); Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Artículo 2); y Ley de Coordinación Fiscal (Artículo 1).

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