Un estado en crisis; éstos son los culpables


 
Boletín relacionado lunes, 23 enero, 2017 12:04 PM

El agua en manos de empresarios, el negocio de los panistas

Indiscutiblemente el primer responsable –pero también el primer abatido– que desencadenó la aprobación de la Ley Estatal del Agua, que pretendía privatizar el servicio en el Estado, es el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Su imagen pública está acabada, su credibilidad insostenible y su ambición de negocios, al descubierto.

En ZETA se ha documentado cómo empresarios muy cercanos al mandatario y a su primer círculo están vinculados a los contratos millonarios del agua, por ejemplo, Fernando Beltrán con quien Francisco Vega mantiene una relación de amistad de conocimiento público, además de ser el concesionario de la Vía Corta Tijuana-Tecate.

Como una sola referencia la Ley le daría mayor seguridad al Acueducto Villahermosa-Mexicali que recorrerá 47.5 kilómetros desde el norte hasta el Ejido Choropo, al sur de la ciudad. La obra tiene como objetivo abastecer de 2 millones de metros cúbicos de agua al año a la empresa cervecera transnacional Constellation Brands.

Fue un proceso de licitación plagado de irregularidades, así lo denunciaron constructores de la entidad. Se entregó el contrato a la empresa Urbanización y Riego de Baja California (URBACA). Esta compañía está registrada como socia de Fernando Beltrán Rendón, a través de su filial UR Aguascalientes, y su presidente, Víctor Ismael Llamas Galván, es copropietario de un terreno de varias hectáreas en Tecate del propio Beltrán valuado en más de 12 millones de pesos.

Si bien, el valor de la obra se licitó en 474 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos 2017 para el Estado de Baja California, se incluyó un artículo transitorio que amplía esta cantidad a 550 millones de pesos, entre otros cargos.

Dos personas se identifican como los fracasados operadores y artífices de la aún ley vigente: Víctor Lujano  Sarabia, subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno, que titula Francisco Rueda y el Secretario de Desarrollo Urbano, Manuel Guevara Morales.

De ahí para abajo, Antonio Valladolid, secretario de Planeación y Finanzas, quien maneja los recursos y los contratos del Estado, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien ha sido denunciado por intervenir y despojar a usuarios del Valle de Mexicali del agua que reciben, así como  Humberto Bonfante, el secretario de Desarrollo Económico, a quien también se le ha documentado actos de corrupción y desvíos de apoyos económicos a su empresa por millones de pesos así como a empresas fantasmas.

Un antecedente a la ley recae en el Plan de Metropolización del Gobierno Estatal y que contó con el apoyo del ex delegado de CONAGUA, Eduardo Ledesma Romo y los titulares de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, quienes firmaron convenios para que se bajaran 400 millones de pesos federales para el estudio del plan que fundiría las Comisiones Estatales en una sola y que la Ley Estatal de Agua la contemplaba y la cual recaería en la cabeza de Ricardo Magaña, ex secretario de Desarrollo Social del Estado.

En el último peldaño están los diputados del PAN quienes han sido defensores, replicantes y obedientes de todo lo que ordena el gobernador. Además de los panistas, los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, Rocío López Gorosave y Job Montoya, votaron y defendieron la Ley privatizadora.

 


 

Ahora resulta que nadie votó por el gasolinazo

 

 

El aumento a la gasolina debe entenderse en varias etapas y por varios autores o cómplices. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto  junto con su gabinete, principalmente Luis Videgaray, actualmente, secretario de Relaciones Exteriores pero en la reforma energética su principal operador en el tema.

En el primer nivel de complicidad se encuentra el Partido Acción Nacional. Quienes en su momento votaron la Reforma Energética y sus leyes secundarias en la legislatura anterior, en donde estaban los dos únicos panistas por Baja California, Andrés de la Rosa y Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, quien ha salido a decir que no es su responsabilidad el gasolinazo por no ser de su competencia. Lo que no dice es que lo fue mientras fungió como diputado.

Ricardo Anaya, el dirigente nacional de los panistas, en su momento, acompañado del gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid calificó como “brillante” la reforma que elevaría los precios de los combustibles, entre otros productos. El PAN caminó junto a Peña la privatizadora reforma energética.

En 2014, antes de que entraran los actuales diputados, todos los diputados del PRI y del PAN (excepto 2) Partido Verde y PANAL, votaron a favor de la Ley de Hidrocarburos, donde se contempla la liberación de los precios de la gasolina.

La Ley de Hidrocarburos fue votada, también por todos los diputados del PRI y en la que se establecía que “a partir del 1o. de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el ejecutivo federal mediante acuerdo. Dicho acuerdo deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público”.

El segundo acto que impulsó la elevación de los precios fue la aprobación en la actual legislatura del 29 de octubre cuando se aprobó, la “Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación”, ahí se fijó el impuesto (IEPS) por cada litro de gasolina de 4.16 pesos.

Esa cuota fue avalada por todos los diputados (excepto por los 34 de MORENA, 4 del PAN, uno del PRD y dos diputados sin partido) el resto lo dio a su favor incluyendo al Jorge Ramos y Max García quienes salieron a la semana para intentar mentir y evadir su responsabilidad.

También fue a favor la diputada por Baja California, entonces del Movimiento Ciudadano –posteriormente pasó a la bancada del Partido Encuentro Social –Cinthia Gissel García Soberanes y Alfredo Ferreiro, quienes también niegan su responsabilidad.

Por último, los diputados que votaron a favor de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, donde se incluye los montos estimados, donde todos votaron en general a favor, excepto el diputado de MORENA, Roberto Carreño por Baja California, su bancada y la del PRD.

Aquí los rostros de los culpables de un estado convulsionado por el hartazgo social y el abuso y la desinformación oficial.

 

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