Tortura exhibe al Estado

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Edición Impresa lunes, 25 abril, 2016 02:10 PM

Altos funcionarios buscan auto exculparse de su responsabilidad mientras la sociedad mexicana reprueba la tortura para sí o los suyos, pero no para los presuntos delincuentes, refiere el investigador Jesús Pérez Caballero

 

El caso de Elvira, la mujer detenida y torturada por militares y policías federales, es tan solo una parte de acciones extendidas entre las fuerzas de seguridad mexicanas. No se trata de actos aislados, sino de la manifestación de una cultura institucional viciada, que incentiva la comisión de esas acciones para lograr “resultados inmediatos”, acelerar la justicia o enviar mensajes para disuadir a grupos criminales, asegura el investigador español Jesús Pérez Caballero.

Doctor en Seguridad Internacional por el Instituto General Gutiérrez Mellado de Madrid, el entrevistado destaca a ZETA que los actos de tortura no son una práctica reciente, sino que enraízan en unas fuerzas y cuerpos de seguridad consolidados en una tradición antidemocrática, y que escasamente han depurado sus métodos como institución, aunque realicen cientos de controles y depuraciones a individuos.

Aunque optimista, el especialista estima que no se vislumbra a corto o mediano plazo la erradicación o disminución de los tormentos, debido a que en México faltan instituciones fiables de fiscalización, como pueden ser organismos independientes, “ya sea de expertos civiles ajenos a las instituciones de seguridad u organismos internacionales con potestades que, hoy por hoy, son exclusivas del Estado, con la coartada de la soberanía nacional”.

Tormentos como el de Elvira y algunos otros son evidenciados a través de las redes sociales, por ello ahora son visibles, pero siempre han existido. “Si se tiene en cuenta que el último caso sacado a la luz lo fue porque alguien filtró el vídeo y que llevaba ya meses en los tribunales sin que se supiera nada, es presumible que existan muchos más casos que no conocemos. Las instituciones lo tienen fácil para encubrir la tortura”.

Pérez Caballero apunta: “Estamos hablando de instituciones como las militares, caracterizadas por su secretismo y esa especie de ‘todo vale’, que es la Seguridad Nacional. O de la Policía Federal, que con la excusa de la “guerra al narcotráfico” y la evidente peligrosidad de las organizaciones criminales a las que se enfrentan, consideran que una tortura o ejecución extrajudicial puede tener justificación. Y en instancias municipales o estatales el asunto es aún más siniestro. Pero el problema va más allá de las fuerzas de seguridad”.

Y es que ese lastre no solo es institucional, sino social, a decir del académico que ahora estudia un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, que aunque la mayoría de los mexicanos estaría en contra del uso de la tortura aplicada a ellos mismos o a un conocido, probablemente la apoyan en contra de presuntos delincuentes.

“Ésa es la cuestión, las autoridades se sienten legitimadas para torturar porque no hay un clamor de la ciudadanía contra esas prácticas. Simplemente, el ciudadano ha interiorizado el paradigma contrainsurgente difundido por el gobierno y considera también a determinados individuos como sujetos que, en determinadas circunstancias, pueden ser exterminados. Ése es el principal problema, que desborda lo jurídico, para convertirse en una cuestión entre cultural, moral y filosófica”, establece el entrevistado.

Las disculpas ofrecidas a la sociedad por parte del Secretario de la Defensa Nacional y del Comisionado Nacional de Seguridad por el caso de Elvira no es un anuncio real de que cesará la tortura en México, solo se curan en salud los altos mandos. En otros países, donde el problema de las violaciones de derechos humanos es también grave, es habitual la imputación a los funcionarios de más alto nivel en una institución de los delitos cometidos por sus subordinados.

De esto no se habla en México, dice Jesús Pérez: “Sí, a veces se procesa a los superiores más inmediatos del acusado, pero no se sigue la cadena de mando hasta los máximos responsables. La inexistencia de ese marco analítico no es espontánea. Requiere una tradición jurídica que se forja desde el propio ordenamiento penal o se importa desde otros sistemas penales, para hacer habitual la mención a conceptos como las teorías de imputación más novedosas en el campo de la autoría mediata, o la responsabilidad del superior jerárquico”.

Sobre esto último, destaca que cualquier estándar internacional señalaría que las órdenes manifiestamente ilegales no deben acatarse, o que “el superior de un militar puede ser responsable si conoció de una violación de derechos humanos o si estaba obligado a conocer por su posición. En el caso de instituciones tan jerárquicas como el Ejército Mexicano, es irreal pensar que al más alto nivel se desconocen las torturas o las ejecuciones extrajudiciales. Nadie en el ejército mexicano va por libre”.

El investigador propone puntos clave, “no fórmulas mágicas” –dice– para desincentivar los suplicios y  martirios. “En primer lugar, es necesario reformar el fuero militar, tanto en aspectos penales como procesales. El control que tienen en la práctica la acusación y tribunales militares, incluso sobre actos en los que se violan derechos tan básicos como la vida o la integridad física, es un caldo de cultivo para malas prácticas y despachar todo en la oscuridad.

“En segundo lugar, debe realizarse una labor de transparencia entendida no solamente como que la ciudadanía conozca los hechos, sino que a éstos se les debe dar un giro explicativo, un matiz didáctico que los interprete y los ponga en contexto. Términos como imputación del superior jerárquico, o las diferencias entre delito, violación de derechos humanos y crimen contra la humanidad deben estar claros para la ciudadanía, e incorporarse al debate”, agregó.

Otras medidas propuestas por Jesús Pérez Caballero son: poner sobre la mesa el tema de “civilizar” las fuerzas de seguridad y que la ciudadanía tenga una auténtica reacción reprobatoria y no tibia hacia la tortura.

El entrevistado señala que “situaciones que parecían en un tiempo inviables, como la intervención de la Corte Penal Internacional, pueden darse, para sorpresa de individuos que se perciben como intocables. Tendrían que cambiar los vientos de la geopolítica, y quién sabe el tiempo que tardaría un proceso de esa magnitud, pero ya hay organismos de derechos humanos e individuos a título particular recopilando, de Baja California a Veracruz, un acervo probatorio sobre crímenes graves que, si se iniciase algún proceso en esa instancia internacional, será muy útil”.

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