Los jueces en Baja California


 
lunes, 22 septiembre, 2014 03:00 PM

La Constitución local en su artículo 63 fracción IV establece que la facultad de designación, de los jueces del Poder Judicial corresponde al Pleno del Tribunal Superior, sin embargo en cuanto al abanico de posibilidades de nombramientos, éste se les restringe en virtud de que la designación se basará en las propuestas que formule el Pleno del Consejo de Judicatura (Art. 65 C.L.), quien formalmente debe proponer para los cargos a aquellos aspirantes que hayan aprobado los exámenes psicométricos, de oposición y de méritos. Si bien es cierto que la decisión final para el nombramiento de un juez corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el filtro para llegar a dichos cargos es el Consejo de la Judicatura a través de los exámenes. Este consejo se integra por cuatro elementos del Poder Judicial, dos elementos del Poder Legislativo y un elemento del Poder Ejecutivo (Art. 64  C.L.). La clase política partidista en el Poder tomó ventaja al aprobar las disposiciones a este respecto, si bien es cierto que establecieron como requisito para ser Consejeros de la Judicatura ser personas distinguidas por su capacidad profesional y administrativa y honestidad en el ejercicio de sus actividades, en el artículo 60 en su fracción VIII establece como requisito: “No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, o consejero de la judicatura durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado”. La anterior disposición constitucional es una ofensa para el poder Judicial del Estado y a nuestro propio sistema constitucional de división de poderes, ya que el artículo 11 de la Carta Magna Local establece que el ejercicio gubernamental se hace a través  de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quienes actuarán separada y libremente, y que además no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. En estas disposiciones, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo meten las manos hasta las entrañas del Poder Judicial en cuanto a seleccionar quienes pueden desarrollar la función jurisdiccional en nuestro Estado, es decir el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen voz y voto en el Poder Judicial, lo cual no sucede a contrario sensu, el Poder Legislativo no tiene integrado ningún Magistrado o Juez que opine y vote sobre sus proyectos de Ley y menos el Ejecutivo tiene a su lado a algún funcionario judicial como consejero o freno de sus posibles decisiones contrarias a derecho. Raya en el escándalo que los legisladores le hayan dejado abiertas las puertas a cualquier ex presidente de un partido político o ex diputado cuyos oficios son la “grilla” y la obtención de objetivos para sus grupos a través de acuerdos que solo benefician a los que participan en los mismos, lo que pone de manifiesto que los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen su cuota en el nombramiento de Jueces. La contaminación política partidista en el Poder Judicial trasciende en la función jurisdiccional porque, si bien el artículo 62 del ordenamiento constitucional local plasma el perfil que debe llenar un Juez: “Las designaciones de Jueces serán hechas, preferentemente entre aquellas personas que presten o hubieren prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administración de justicia, o que, sin haber laborado en el Poder Judicial, lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales”, lo cierto es que en el mundo del ejercicio de la abogacía y de la función pública existe el ambiente de que los dados se cargan por amistad, por acuerdos y compensaciones de favores. El Licenciado Ignacio Anaya Barriguete, prestigiado y honorable litigante de Tijuana, quien en diversas ocasiones ha puesto en alto el nombre de Tijuana, de Baja California y de México deportivamente, denunció una anomalía en el juzgado Décimo Primero Civil, acusando una mala administración de justicia por parte del titular, lo que implica que las autoridades superiores deben atender dicha denuncia e investigar el asunto planteado. La responsabilidad y la vocación de servicio implican actuar cuando se tiene conocimiento de un problema; esperarse a que alguien presente formalmente la queja es apatía y burocracia en su concepto más negativo que no se pueden permitir los Magistrados ni los consejeros.   El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana,  B.C. Correo: [email protected]

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