Residentes de las delegaciones de San Antonio de las Minas y El Porvenir, en la zona conocida como Ruta del Vino, dan cuenta de una aparente ola de delitos que van desde el robo de frascos de miel a una mujer de la tercera edad, hasta el retiro de mojoneras e invasión de hectáreas de terrenos en ranchos contiguos al Arroyo Guadalupe. Estos poblados, conocidos por estar ubicados en una de las principales zonas turísticas de Baja California, al norte de Ensenada, donde se celebran las tradicionales Fiestas de la Vendimia y se concentra la principal producción de vino a nivel nacional, se han convertido, a decir de comerciantes y residentes entrevistados por ZETA, en un nido de rateros. La poca vigilancia que aseguran, existe en las delegaciones, y las escasas denuncias formales entabladas por los afectados, quienes no confían en la burocracia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), han sido parte de los problemas que enfrentan los pobladores y que se ha reflejado en constantes robos de todo tipo. “Antes de la inauguración del único semáforo en el poblado, se robaron los cables, y cuando quisieron prenderlo no pudieron”, dijo un comerciante del lugar, a quien también le tocó que le robaran una bicicleta, localizar al ladrón, denunciarlo y ver cómo lo dejaban ir el mismo día, sin aparente castigo. “Al dueño de un rancho le robaron su cuatrimoto”; “a un vecino le robaron los borregos”; “al de la casa de allá le robaron su carro”; “al Oxxo le robaron el dinero del cajero en la madrugada y hasta tomaron café”; “le robaron también al almejero”, “al de a lado le robaron tanques con diésel”; “se quisieron meter a la panadería”, “¡es un robadero!”, son parte de las consignas de los ciudadanos. 
“¿Quieres saber un caso de robo?, yo soy uno”, dijo levantando levemente el dedo índice, una mujer de aproximadamente 80 años de edad. “Me robaron los frascos de aceite de olivo y de miel que vendo”, lamentó. Ella y otras personas que se encontraban a su lado, pobladores que tienen décadas viviendo en San Antonio de las Minas, confirmaron a ZETA que los robos estaban a la orden del día. La señora aseguró que tendría que cerrar su modesto negocio de venta de miel porque “ya no sale, y de paso lo poquito que tienes, te lo roban”. “Alrededor de 70 mil pesos en mercancía nos robaron aquí. Picos, palas, rollos de alambre, ¡toda esa pared que ves ahí la dejaron pelona!, tuve que sacar otro crédito para poder pagar la mercancía que tenía a crédito y que ya no podré vender”, explicó la señora Ana Lilia, propietaria de una ferretería de nombre Materiales Ana Lili, ubicada en la zona de Las Lomas, en la delegación San Antonio de las Minas, a un costado de la carretera. Su caso ha sido el más reciente de la larga lista de testimonios de robos. El miércoles 6 de agosto por la tarde, la señora Ana Lilia y su esposo abordaron al alcalde de Ensenada, Gilberto Antonio Hirata Chico, durante un evento que se realizaba en la colonia Morelos. Ahí le mostraron la denuncia que entablaron ante el Ministerio Público, en la delegación Francisco Zarco, y le pidieron atender de manera urgente el problema de inseguridad que vivían los residentes de San Antonio de las Minas. El tema quedó en revisión por parte del funcionario. La molestia de los dueños de la ferretería era tal, que aseguraron estar dispuestos a llevar a cabo bloqueos sobre la carretera a manera de protesta, si las autoridades no atendían su reclamo, y afirman no ser los únicos inconformes con la falta de vigilancia. Algo que molesta en particular a los residentes, y que es factor de su desinterés al momento de entablar una denuncia, es la facilidad con la que ven salir a los delincuentes, situación que califican como una burla. A mitad de semana, el miércoles 13 de agosto, el subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada, Marco Antonio Chavarría López, recorría la zona de San Antonio de las Minas. Visitó personalmente a los propietarios de la ferretería Ana Lili, asegurándoles que estaban dando seguimiento a su caso, pero sin dar más detalles. El mismo día, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Centro Estatal de Prevención hacían recorridos por diversos comercios de San Antonio de las Minas, repartiendo volantes y colgando pequeñas lonas con información sobre medidas para prevenir el robo a comercios, incluyendo la promoción del número de Emergencias, que dicen es anónimo, el 089. 
“¿Para qué queremos volantes? ¡Lo que queremos es que los agarren y nos regresen lo que nos roban!”, exclamó una propietaria de abarrotes. Por otra parte, el delegado de San Antonio de las Minas, Francisco Amano Ojeda, manifestó a ZETA que más allá del robo a la ferretería Ana Lili, no han tenido muchos problemas en la delegación. Al menos en la delegación, no han registrado un incremento en los robos. Aun así, la percepción de los residentes es de un incremento, y una reunión entre autoridades y vecinos fue programada para el jueves 14, donde hablarían específicamente del problema que aqueja a los pobladores, que son precisamente los robos. Con datos de la PGJE actualizados al 13 de agosto de 2014, las cifras en las diversas modalidades de robo reportados en la agencia del Ministerio Público ubicada en la delegación Francisco Zarco, donde confluyen los casos de San Antonio de las Minas y El Porvenir, son las siguientes: AÑO 2012 2013 2014 / 13 DE AGOSTO ROBO A LUGAR CERRADO 93 104 48 ROBO CALIFICADO DE DEPENDIENTE 3 5 1 ROBO CON VIOLENCIA 6 6 2 ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA 1 0 0 ROBO DE USO 1 0 0 ROBO DE VEHÍCULO 12 8 1 <td style=”width:166px;”> ROBO EN CASA HABITACIÓN 99 87 43 ROBO EN GRADO DE TENTATIVA 4 1 1 ROBO EQUIPARADO 4 0 2 ROBO EQUIPARADO DE VEHÍCULO DE MOTOR 1 0 0 ROBO POR QUERELLA 2 2 1 ROBO SIMPLE 40 29 18 TOTAL 266 242 117 Denuncian robo de tierras En la delegación de El Porvenir, otro problema que ya fue denunciado formalmente ante la PGJE, tiene que ver con una queja de los propietarios del Rancho Ojeda y vecinos de predios colindantes, quienes denuncian, sus terrenos están siendo invadidos deliberadamente por Guadalupe Rubio, Ramón Alberto Cortez Ríos y Guillermo Cortez Ríos, propietarios de predios localizados en la parte poniente del Arroyo Guadalupe, en lo que se conoce como Rancho Cortez. Según José Ojeda Amador, propietario del Rancho Ojeda, en varias ocasiones los presuntos invasores derribaron mojoneras y el cerco que delimitaba su predio, y se han hecho de aproximadamente tres hectáreas de sus tierras, atravesando el arroyo y colocando un nuevo cerco dentro de su propiedad, con amenazas de por medio. El conflicto se agravó en las últimas semanas, y ha involucrado a policías municipales, quienes han tenido que ir a dar fe de los cambios de cercos y alambres. ZETA no ha podido contactar a los propietarios del Rancho Cortez. 
Otros vecinos también han sido afectados por las modificaciones del cerco en esta zona de ranchos, que colindan por un lado con el Arroyo Guadalupe, y por el otro, con la carretera que une Francisco Zarco y la carretera libre Tijuana-Ensenada. Con evidencias, mapas y escrituras, Ojeda Amador dice tener pruebas suficientes de ser el legítimo propietario de un predio adquirido por su familia desde finales de la década de los cuarenta. La denuncia interpuesta por Ojeda en la PGJE es por los delitos de despojo de cosas inmuebles o de aguas. Y es que, refiere, la zona colinda con el Arroyo Guadalupe, es decir, los vecinos prácticamente se brincaron el arroyo y tomaron parte de sus terrenos, donde además de cientos de toneladas de arena, existe la posibilidad de perforar un pozo para extracción de agua. “Hace más de diez años tenían concesión para extraer arena en el cauce del Arroyo Guadalupe, su concesión hasta donde supimos era de tres metros, pero extrajeron siete, hasta que los paró el Gobierno Federal y detuvieron todo. Ahora traen el pretexto de que quieren poner una recicladora de basura en esa zona, ¿cómo es eso posible?”, cuestionó Ojeda, para concluir: “Hay mojoneras documentadas desde 1941, el 8 de julio (de 2014) quitaron el cerco del Rancho Ojeda, lo volvimos a poner el día 13 y le hablamos a la Policía para que vieran que metieron una traila, cautrimotos y un Caterpillar… usan el arroyo que es propiedad federal, como si fuera suyo”.
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