La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) anunció que podría encarcelar al menos a cinco policías municipales adscritos a la zona sur por distintos delitos. Dos órdenes de aprehensión ya fueron giradas y dos más están en manos de la juez en San Quintín. Policías municipales adscritos a la zona sur del municipio de Ensenada volvieron a ser acusados de cometer abusos en contra de los pobladores, particularmente en la delegación de Camalú, donde los señalamientos de residentes, además de la denuncia documentada por abuso sexual en contra de una joven, apuntan a extorsiones, golpes, venta de drogas, privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada y otros delitos. Personas de esta delegación entrevistadas por ZETA explicaron que los elementos no han sido denunciados formalmente ante las autoridades, ya que temen represalias. Aseguran haber sido amenazados de muerte y golpeados directamente por los agentes, quienes básicamente los obligan a vender droga que ellos mismos les proporcionan, además de encargarles objetos para robar. Según los denunciantes, la situación, incluso para quienes dijeron estar acostumbrados a malos tratos de los policías, ha sobrepasado todos los límites. Por eso decidieron denunciarlos de manera anónima. “Padilla (Rafael Antonio Padilla) se apellida, usa lentes, está pelón, chaparro y morenillo, junto con su compañero de turno Julio (Julio Plaza Damián), obligan a vender droga a diferentes gentes en Camalú. Los golpean, les dicen que los van a matar, y se meten a las casas, ni los federales se meten a las casas así”, expresó uno de los habitantes del lugar. Marihuana y cristal, son las drogas que supuestamente estos policías distribuyen a distintos jóvenes, adultos, hombres y mujeres en Camalú, para que las vendan por ellos y les paguen lo que corresponde. Incluso, refieren, esconden la droga en instalaciones de la propia comandancia, en esa misma delegación, en los patios, dentro de patrullas fuera de servicio. Y es que el comportamiento irregular de policías municipales en la zona sur, en Camalú y en San Quintín, no solo ha trascendido de manera no formal, con denuncias anónimas como éstas. De acuerdo a la PGJE, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y a Sindicatura Municipal, existen investigaciones y órdenes de aprehensión solicitadas en contra de agentes municipales adscritos a esas delegaciones. De entrada, al menos cinco podrían ser encarcelados. 
Cuestionado respecto al actuar de los policías al sur del municipio, Marco Antonio Chavarría López, subprocurador de la PGJE Zona Ensenada, expresó: “En el tema de esas investigaciones, lo que yo he referido es que en cuanto un hecho que se llevó a cabo en la delegación de Camalú, donde una persona de sexo femenino denuncia por abuso sexual a dos policías municipales (Mario Alberto Soto Villegas y Oswaldo Portillo Sánchez), ese asunto lo enviamos al Juzgado, el juez nos otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes; sin embargo, sé, porque fui informado, que los agentes de la Policía Municipal están este…”. — ¿Amparados? “Sí, cuentan con un amparo respectivo, por lo cual en su momento se van a tener que presentar ante el juez penal competente que así los requiera, según el amparo tiene que ordenarlo en ese sentido, pero por el momento ellos van a tener que comparecer ante el juez”. Esto significa que los agentes que fueron señalados por una mujer abusada semanas atrás, y que fueron descubiertos durante el abuso por la mamá de la joven y un residente de Camalú que fueron a buscarla, aún siguen en funciones. A este caso se suma el de otros dos policías municipales en la delegación de San Quintín, involucrados en el delito de cohecho que la PGJE hizo ya del conocimiento de la juez penal de esa delegación, Martha Flores Trejo, a quien solicitaron órdenes de aprehensión que a inicios de esta semana, aún no había emitido. “Tengo uno más, derivado de un robo, que es por encubrimiento. Ese que está por encubrimiento, sí lo tenemos todavía en integración, próximo a determinarse. Así lo quisiera señalar, a determinarse”, explicó Chavarría. En ese caso, también un policía municipal está involucrado. El subprocurador asegura haber ampliado el personal en la región sur, “tengo tres agentes del Ministerio Público, tengo seis secretarios, tengo 19 agentes de la Policía Ministerial, tengo un perito en criminalística y tengo un perito médico; tengo un canalizador, y aproximadamente como seis auxiliares de trámite. En atención a víctimas tengo dos psicólogas, una trabajadora social y un asesor jurídico. “En justicia para acuerdos tenemos un MP que recibe las denuncias, que es un MP orientador, y en la alternativa tenemos ahí un MP mediador”, explicó Chavarría. En las delegaciones al sur de Ensenada existe un rezago histórico en la atención por parte de la Procuraduría y temas de seguridad, que había llevado a una problemática social plagada de delitos, particularmente de robos a casa habitación y robos simples, vinculados directamente al consumo de drogas, siendo el cristal, la principal droga consumida en esa zona. “Reforzamos allá y de esta manera ahora tenemos un gran número de determinaciones. Nuestro ámbito en relación a determinar averiguaciones previas se ha duplicado”, aseguró. Para poner en contexto, dijo, en un lapso de menos de dos meses han sido cumplimentadas 28 órdenes de aprehensión y “un número considerable de investigaciones que ya turnamos al Juzgado, y que nos están librando órdenes de aprehensión, en su mayoría de robo. Es el principal problema que se tiene allá, robo a casa habitación, robo simple, es lo principal. Yo quisiera comentarte que los datos que traemos allá son de manera definitivamente a la baja en estos meses. Sigue existiendo la problemática, pero va hacia la baja”, afirmó. Mientras tanto, las denuncias de habitantes de Camalú incluyen una persecución ocurrida la semana pasada, donde policías en al menos tres patrullas de la delegación, intentaron interceptar a Raymundo Hernández, un líder comunitario que radica en esa delegación, quien dijo sentirse amenazado por los oficiales, que supuestamente intentaron detenerlo en un punto desolado de la delegación y en la noche; por lo que decidió refugiarse en su vivienda, a donde lo siguieron y se retiraron minutos después, según explicó. En otros hechos, residentes de la delegación comentaron a ZETA que el oficial Padilla y su compañero Julio, han obligado a personas de escasos recursos y jóvenes a que les vendan drogas. Aseguran, les entregan paquetes de marihuana, o cristal, y les dan plazos de pago obligados, de lo contrario, les “ponen” la droga a personas y/o familiares cercanos para que sean detenidos con ella, y les dicen: “¡Y si no me vendes, te voy a levantar!”. Estas amenazas han provocado miedo entre los pobladores, quienes mencionaron a ZETA que existen dos casos de sujetos que fueron encontrados muertos recientemente, uno en una zona conocida como “la presa” y otro en “la pila”, casos que, afirman, son usados como ejemplo en las advertencias recibidas por estos agentes, con la frase “¿o quieres terminar como…?”. — ¿El policía Padilla es de aquí de Camalú?, preguntó ZETA a uno de los denunciantes. “No, creo que viene de San Vicente, y el otro (Julio), que no sé cómo se apellida, sí es de aquí de Camalú, de la Coyotera” — Cuando llevan la droga a las personas, ¿van uniformados? “Sí, en la patrulla, ahí la mueven”. — ¿Y está enterado el delegado de lo que hacen los policías? “Yo pienso que no, porque yo no creo que esté de acuerdo en que anden haciendo eso, y golpeando a la gente. Llegan a casas, rompen puertas, se meten, levantan gente. ¡No, si andan recio!”. Los residentes pidieron un alto a la situación, la intervención de las autoridades federales y estatales, y una investigación a los oficiales que amenazan hasta a los “borrachitos” que los voltean a ver en la calle. “Nosotros tenemos un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de manera muy prioritaria con el propio Ayuntamiento, porque hay muchas situaciones que no nada más inmiscuyen a éste. El tema de seguridad está ligado también a temas administrativos, de situaciones en cuanto a algunas problemáticas que se están dando allá, que en su momento lo refirieron las propias personas que hemos estado visitando”, explicó Marco Antonio Chavarría López. Recientemente, el director de la policía de Ensenada, Enrique Villarreal Montemayor, anunció la instalación de cámaras de vigilancia en diversos puntos de la zona sur, para registrar movimientos de vehículos o incidentes que ocurren en el área. Cámaras que, según explicó el subprocurador Chavarría, son bien recibidas por la PGJE, al ser una herramienta fundamental para las investigaciones que realizan los agentes del MP, y que en Ensenada han ayudado a resolver casos como el del asesinato del regidor Arturo Castellanos, o los movimientos de los homicidas del niño Haziel Ruiz. “Armamos ya una agenda para San Quintín, es decir, en el caso de tu servidor estoy atendiendo San Quintín una vez por semana, en una atención ciudadana y también en compromisos que se llevan a cabo en las colonias. Un día a la semana estoy en San Quintín, y atendemos a la ciudadanía, a los grupos de opinión, a los grupos intermedios, a la gente que traiga una problemática”, afirmó el subprocurador de la PGJE en Ensenada, destacando una atención especial que se le está dando recientemente a la zona sur. Agregó que recientemente en San Quintín se realizaron dos cateos, y existe presencia de la unidad de narcomenudeo de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. — ¿Este índice de robos fuertes a qué se debe, es por cuestiones de personas con alguna adicción, o son bandas que existen ahí? “Definitivamente está ligado al tema de la adicción, por eso hemos trabajado de manera conjunta con el área de narcomenudeo, con la información que nosotros tenemos, más lo que la ciudadanía nos ha proporcionado en las visitas que hemos hecho. Con ese trabajo operativo se están llevando a cabo cateos para poder ubicar los centros de venta al menudeo de la droga”. — ¿Hay bandas? “Nosotros hemos llevado a cabo la detención de diversas personas que pudiéramos considerar que son una banda, porque son un grupo de personas que trabajan de manera coordinada. Se conocen, e ingresan a los domicilios. Sí hemos tenido detención por parte de ellos”. — ¿Sabe si va a haber cámaras de vigilancia en las mismas comandancias?
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