Al menos un centenar de panistas fueron contratados en el Gobierno del Estado de Baja California, a través de la partida presupuestal de Servicios Profesionales, con sueldos superiores a 100 mil pesos en muchos de los casos. Para las contrataciones, se recurrió a dependencias clave como la Secretaría de Seguridad Pública, donde aparecen decenas de coordinadores de Redes Ciudadanas y operadores telefónicos con elevados pagos, en lo que se conoce como la estrategia política del Partido Acción Nacional. Comparando cada uno de los cientos de empleados contratados por vía de Servicios Profesionales, se observan irregularidades: personas que sin inflar la nómina directamente, cobran por otras vías, sueldos superiores incluso al gobernador del Estado. Se trata de puestos clave: coordinadores de áreas relacionadas con el contacto ciudadano -parece ser la norma- que están dados de alta en el padrón del PAN, además, una decena de personas adherentes a este partido recibieron pagos por asesoría de obras por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Incluso en la Secretaría General de Gobierno se paga a los profesionistas, contratos hasta por 183 mil pesos al mes. 
Los datos corresponden a la actualización del primer trimestre de 2014, obtenidos mediante el portal de Transparencia del Gobierno del Estado, específicamente de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la Oficialía Mayor del Gobierno, por lo que todos los documentos son oficiales y, al ser comparados con el padrón de Acción Nacional en Baja California, da como resultado un centenar de miembros del PAN cobrando por la vía de “servicios profesionales”. En la información otorgada no se precisa por cuanto tiempo o las tareas que realizó cada uno de los prestadores de servicio. Los contratos de la General de Gobierno En la Secretaría de Gobierno, contrataron por “Servicios Profesionales” a los siguientes panistas (y un perredista): Bertha Alicia Sánchez Lara. Ex regidora en Mexicali, recibió en los primeros tres meses del año tres contratos, cada uno por 183 mil 720 pesos; la justificación para su contratación o su labor, solo está especificada como “análisis”. Carlos Alberto Ramos Rivera. También por “análisis”, recibió contrato por 183 mil 720 pesos, y al igual que Sánchez, es miembro del PAN. Abraham Correa Acevedo. Ex dirigente perredista y ex diputado, recibió del Gobierno de Kiko Vega, 120 mil pesos por “evaluar el impacto de programas”. Pedro Alberto Nava Malagón. Fue contratado por el gobierno en el primer trimestre del año, para hacer “análisis de incidente de ejecución” por 535 mil pesos. Los de Control y Evaluación 
En la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de 33 empleados contratados bajo Servicios Profesionales, al menos un tercio están dados de alta en el padrón del PAN, todos ellos con pagos de 100 mil pesos: * Larissa Yolanda Mariscal Crespo, en Promoción de Contraloría, con un salario de 75 mil pesos. * América Soto Villa, quien por integrar expedientes recibió 100 mil pesos. * Jennifer Jacqueline Ambriz Pagua, integración de expedientes, 100 mil pesos. * Christian Márquez Ortiz, quien por asistir y representar, ganó 100 mil pesos. * Karla Sarahí Salas Verdugo, por “promoción de Contraloría”, devengó 100 mil pesos. * Lorenza Angélica Bórquez Chávez, por interpretación de expedientes, 100 mil pesos. * Lorena Marisol Zataraín Torres, por integración de expedientes, 100 mil pesos. * Sergio Alberto Murillo Guiza, por interpretación de expedientes, 100 mil pesos. * Lesly Vannessa Villalba Reyes, cobró 85 mil pesos también por interpretación de expedientes. * Manuel Arias Sánchez, 75 mil pesos por la misma razón. * Maricruz Báez Hernández, 90 mil pesos por interpretación de expedientes. Todos panistas, los contratados por “servicios profesionales”. Otra de las dependencias donde se favoreció a miembros del PAN con contratos por “servicios profesionales”, es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Entre los beneficiados se encuentran: * Alexandro Andrei Serrano Gallegos, quien cuenta con dos contratos, cada uno por 74 mil 212 pesos. * Sergio Arturo Méndez Hinojosa, por revisar trámites, recibió 86 mil 581 pesos con 60 centavos. * Guillermina Mora Guillén cobró 86 mil 581 pesos. * Miguel Alejandro Ávila Ortiz, supervisor de obra, obtuvo 66 mil 960 pesos con 70 centavos. * Enrique Carranza Enríquez, 74 mil 212 pesos. * Rafael Sánchez González, 90 mil 594 pesos. * Juan Manuel Mercado Valdivia cobró 93 mil 399 pesos como “consultor especializado”. El caso de la SSPE La Secretaría de Seguridad Pública del Estado es la dependencia que mayor número de contrataciones realiza bajo la categoría de Servicios Profesionales. Aparte de los cinco que cobran cada uno 126 mil 345 pesos (dos de apellido Zapa), y los 17 psicólogos que en general ganan 114 mil pesos, hay casos de promotores y coordinadores de redes ciudadanas del PAN, con abultados sueldos. Entre los promotores: Abraham Gutiérrez Ayala, María de la Luz Cisneros Sánchez, Rita Arroyo López, Sophía Bertha Eleonora Ferrer Núñez, y Bárbara Lizardi Ayala, con sueldos que oscilan entre 12 mil 100 y 89 mil 910 pesos. Todos miembros del PAN. Entre los coordinadores de redes ciudadanas (inscritos a Acción Nacional), figuran Édgar Montijo Rivera, Joaquín Arciga Mora, José Luis Piña Malagón, José Guadalupe Ruiz Meza, Reyna Retes Romo, Ángel Roberto Mejía de la Peña, y Daniel Sánchez Coria, quienes reciben sueldos desde 40 mil hasta 126 mil 200 pesos. Marco Antonio Vera López es caso especial, al contar con dos contratos por “servicios profesionales”, uno por 43 mil 200, y otro por 86 mil 400 pesos. Otros panistas privilegiados por la SSPE: * Gabriel Donaciano Calleros Acosta, un analista que cobra 156 mil pesos. * José de Jesús Magallanes Medina, coordinador de Enlace Plataforma, ha ganado 126 mil pesos. * Jesús Arnulfo Carlos López recibe 21 mil 600 pesos. * Victorino Reyes Lozano, 17 mil 700 pesos. * Rogelio de Jesús Guillén Medina, capturista con contrato de 75 mil pesos. * Diana Esther Medina Contreras, auxiliar de archivo, obtiene 67 mil 880 pesos. * Francisco Jacov Ávila Rodríguez, representante suplente del PAN en el Distrito 7, percibe 154 mil 982 pesos como auxiliar administrativo. * Alejandro Romero Gaeta, quien fue vocero del PAN, gana 188 mil pesos como asesor del titular, Daniel de La Rosa Anaya. * Mario Alberto Plata Castaños cobró 173 mil 720 pesos como apoyo del titular; es miembro activo del PAN. Uno de los puestos más importantes dentro de la SSPE, es sin duda el de operador telefónico de la líneas de Emergencia, por esa tarea cobra entre 89 mil y 93 mil pesos, y también se ha contratado a personas que aparecen en el padrón del PAN, como Jorge Abraham Romero Aguilar, Ciro Castillo Hernández y Flavio Ulises Luis Flores. Al menos otros diez funcionarios inscritos como operadores telefónicos, tienen apellidos idénticos a miembros de Acción Nacional. Otras secretarías con contratos La Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Ricardo Magaña Mosqueda, es otra de las dependencias que utiliza a miembros de Acción Nacional como prestadores de servicio profesional, entre ellos Abraham Serna García, quien durante la XX Legislatura se benefició con los programas de gestoría comunitaria. Otros miembros activos del PAN con contrato de “prestación de servicios” en la SEDESOE: Alma Elisa Saldaña Rivera, Erick Damián Ozuna Flores, Esther Herrera Ávila, José Antonio Estavillo Martínez, José Antonio Gaz Martínez, José Matilde Flores Rosas, Mónica Araceli García Martínez y Miguel Antonio Loza Guinuez, aunque ninguno de ellos supera los 8 mil pesos. En la Secretaría de Desarrollo Económico se favoreció a Gustavo Alfonso Moreno Morales, quien como coadyuvante con la SEDECO, cobró 150 mil pesos; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al panista Abraham Jiménez Cirerol se le pagaron 70 mil pesos como concertador empresarial. Y en la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, los panistas Agustín Martín Marín López y Julio César Moctezuma Murillo, recibieron 49 mil 500 pesos. “No, es mi respuesta” Vega de Lamadrid A pesar de la evidencia de contratos por servicios profesionales a miembros activos del PAN inscritos en el padrón, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, negó que se pudiera tratar de una cuota partidista: “Todos hemos visto de qué manera tan responsable el gobernador a invitado a las personas que me acompañan en el gobierno, además, yo tengo un gran respeto a quienes trabajan, yo sé que quienes trabajan, requieren trabajo para la atención a sus familias”. Luego de dudar de su respuesta, Vega de Lamadrid arremetió: “No; mi respuesta es no; no ha sucedido ni va a suceder”. “El grupo de los 100” El diputado de Movimiento Ciudadano y ex miembro de Acción Nacional, Juan Manuel Molina, señaló que ésta es una práctica común entre los gobiernos, por lo que expuso la necesidad de fiscalizar los resultados que dan. “Este tema de los servicios personales o gente que es contratada por honorarios como asesores en diferentes áreas de la administración, en el Poder Ejecutivo en diversas secretarías, ha sido de manera inusitada y lo hemos visto durante muchos años, no solo con panistas en el gobierno; también con priistas, como sucedió ahora en la administración del alcalde Carlos Bustamante en Tijuana” afirmó el legislador. 
Para Molina, es deber de los diputados revisar el resultado que en realidad están dando y ver su verdadera necesidad, ya que el Poder Ejecutivo cuenta con una subsecretaría jurídica y un equipo completo de abogados. — ¿Cuál es la justificación para que puedan contratar abogados externos en otras áreas, como Secretaría de Protección al Ambiente? Lo traigo a colación por el tema de los verificentros…, planteó ZETA. “Ellos hablaron en una comparecencia en el Congreso de millones de pesos, entonces, qué tan necesario es que estos esquemas continúen, o sí ese dinero se debe redirigir. Aquí tuvimos la comparecencia de autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, específicamente de la Procuraduría, y se hablaba de la contratación también de psicólogos y psiquiatras externos al Sistema DIF”. El diputado agregó que la Secretaría invirtió millones de pesos en asesores de comunicación y jurídicos para llegar a la conclusión de concesionar los verificentros, por lo que criticó los resultados de dicho trabajo. De igual manera, Molina afirmó que los psicólogos recibirían un sueldo mayor que la propia procuradora del DIF, por lo que sugirió integrar el personal que se necesita para dar una mayor transparencia del manejo de recurso, lo cual podría dar mayor seguimiento del resultado que dan. “Conforme a la Ley ha ido estableciendo limites, habla de que los subalternos no pueden ganar más que su superior jerárquico, en este caso, por lo menos en lo que hace al esquema del Poder Ejecutivo, nadie podría bajo ningún esquema ganar más que el gobernador, pero siempre se ha hablado del ‘grupo de los 100’, de los cien mil, y generalmente han sido personas que sabemos que han estado vinculados con acciones de gobierno, con acciones de operatividad y manejo de partidos políticos”, concluyó el regidor. “Análisis de perfiles” en la General 
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, negó que los servicios profesionales sean una compensación para operadores políticos. “Esas afirmaciones son incorrectas, en el caso particular de la (Secretaría) General de Gobierno, el personal que está contratado o que se requiere para contratación bajo el esquema de honorarios, es exclusivamente personal que atiende el área de protección civil, son el personal que está asignado, que está contratado bajo ese esquema, está dedicado a esas tareas; y obviamente, como en todo gobierno central, las contrataciones se hacen bajo un procedimiento muy estricto de revisión por parte de Oficialía Mayor”. Francisco Rueda afirmó que el control del perfil y montos económicos, son a través de la dependencia estatal, basada en normas. “Los perfiles deben ser revisados cuidadosamente porque van en función de la responsabilidad que se tiene, no tiene que ver nada el tema de partidos políticos, ni si son afiliados a un partido o no, eso se cuida mucho, de que los perfiles sean cubiertos con personal que atienden las necesidades de la tarea. En el caso de los abogados, hay áreas jurídicas en todo el gobierno que requieren un perfil altamente calificado en temas jurídicos, principalmente en las tareas de defensoría de oficio, de lo contencioso, administrativo, archivo general de notarías, por ejemplo, o del propio Nuevo Sistema de Justicia Penal” indicó el segundo del gobierno estatal. “En el caso específico de las contrataciones por honorarios en la General de Gobierno, obviamente los perfiles para los cuales requerimos el personal de contrato por honorarios, es muy especializado en protección civil, gente obviamente que tiene que ser avalada por el propio director de Protección Civil, y obviamente son personal técnico que conoce muy bien el área”. — ¿Los salarios pueden ser superiores a los del gobernador del Estado? “Así como hay una normatividad para el tema de los perfiles y las contrataciones también, Oficialía Mayor maneja los tabuladores por perfiles y por tareas que están muy a la mano, muy estricta esa parte” sentenció Rueda.
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