La oportunidad de obtener un terreno de 250 metros cuadrados en la colonia Gómez Morín, al noroeste de Ensenada -donde es prácticamente imposible comprar un predio con esas dimensiones, con facilidades y en pesos- animó a un centenar de personas, en su mayoría mujeres, a pagar un enganche a la actual promotora del Instituto de la Mujer en Baja California (INMUJERBC), Guadalupe Castañeda Santellanes, quien enfrenta catorce demandas por el delito de fraude. Castañeda Santellanes fue también voluntaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde inicios de la administración priista de Enrique Pelayo Torres, pero fue el actual alcalde, Gilberto Hirata Chico, quien decidió disolver la relación, al estar cansado de las quejas de los ciudadanos que pedían la devolución de los anticipos. Meses después, el Gobierno del Estado contrató a la misma promotora en INMUJERBC, donde la titular, Alfa Peñaloza Valdez, conocía la situación luego de que un grupo de trabajadoras le advirtiera sobre el supuesto fraude, y por si fuera poco, en junio la compensaron con la cantidad de 60 mil pesos por concepto de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), según datos obtenidos del portal de Transparencia. Alguna que otra demanda penal Muchos se resignaron a perder el dinero, pero las demandas son varias y algunas datan de 2014, cuando los afectados pagaron cantidades desde mil 200 hasta 4 mil 800 pesos, con la promesa extra de que las madres solteras con más de tres hijos recibirían un pie de casa entregado de manos del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. “Todos saben para qué era ese dinero”, reveló la promotora al cuestionarla sobre el destino de los pagos, y al tiempo, aseguró que los abonos los depositó para apoyar a distintas campañas políticas. 
Entrevistada vía telefónica, confió en que penalmente las demandas no proceden porque puede comprobar en qué se gastó el dinero que recibió de estas personas: “Tengo recibos de que he pagado mucho dinero y voy a pagar poco a poco. Ahora yo pienso retirarme –de INMUJERBC- para aliviarme”. El subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Marco Chavarría López, se limitó a responder que son 14 denuncias que se encuentran en integración, de las cuales siete se presentaron en 2014 y el resto, el 3 de agosto del año en curso. Mencionó que las personas coinciden en sus declaraciones en que la señalada les ofreció terrenos en la colonia Gómez Morín, pero nunca les asignó una manzana. Castañeda Santellanes se ha presentado a declarar en repetidas ocasiones. El silencio de las autoridades Para conocer detalles de la contratación, ZETA solicitó una entrevista con la directora de INMUJERBC, Alfa Peñaloza, pero la petición fue rechazada por el Departamento de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Por su parte, el subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Alejo López Núñez, quien a pesar de conocer a la promotora, consideró que cada dependencia debe resolver sus problemas, los denunciantes le plantearon la situación con el fin de recibir ayuda. Durante la entrevista el funcionario estatal se expresó molesto y dijo que “hay cientos de promotoras en el Gobierno del Estado…”, y se quejó de la manera en que se abordó el tema: “Mira tu actitud, me lo dices como si la estuviera encubriendo”, contestó visiblemente enfadado mientras apuntaba en una tarjeta detalles del caso. Patricia, Silvia, Carlota… Nombres y apellidos se suman a la lista de los defraudados en Ensenada que cayeron por la necesidad de tener un patrimonio a “facilidades” con solo entregar copia de la credencial de elector. “Yo le di el anticipo, pero le recomendé a mi hijo, y él a otros, esos otros a otros, y así se hizo una bolita. Ella nos presionaba con que le entregáramos el dinero ese mismo día y decía que le hiciéramos promoción. Ahora me agacho cuando veo a las personas que animé, sobre todo a los amigos de mi hijo que confiaron en mí”, narró cohibida Silvia Mederos mientras sostiene la mirada hacia los terrenos prometidos. Platicó que en junio de 2014 dio su primer abono, y Castañeda Santellanes le aseguró que ese dinero lo depositaba en una cuenta bancaria de Mexicali, “hasta me invitó un día al banco, pero no pude ir”. En un recorrido hecho en las viviendas de algunos de los afectados, se constató la pobreza que invade a ciertas familias que creyeron en la autenticidad de la promotora que portaba consigo el logotipo del gobierno municipal. Ella, indicó un grupo de quejosas, lucró con la miseria de las mujeres maltratadas y las hizo pedir dinero prestado para cubrir el enganche. Patricia se dice indignada y quiere explicaciones válidas de las autoridades. “Yo perdí joyería que empeñé para que mi sobrina, que se salió de su casa porque su marido le pegaba muy feo, y a quien quiero como a mi hija, tuviera un lugar cerca de mi casa donde vivir”, comentó Braudia López, sentada al pie de su casa ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de donde se encuentran los supuestos terrenos en venta. A todos ellos la promotora les entregó recibos simples al parecer sin validez. La zona de Gómez Morín comenzó como un asentamiento irregular, y se ubica en la salida hacia el poblado de Ojos Negros. Ahí no hay servicios públicos, ni calles pavimentadas, pero sí una impresionante vista hacia a la Bahía de Ensenada. Aunque las casas de interés social fueron construidas con la intención de cubrir la necesidad de personas con bajos ingresos, y evitar estos problemas, los afectados descartaron la posibilidad de adquirir una vivienda de este tipo porque no tienen prestaciones. Madre soltera de 34 años de edad, con cuatro hijos menores, Carlota comparte casa con su hermano y la familia de él, quien años atrás la acogió en su predio, donde construyó una habitación de madera sin servicios básicos. Ella le paga una módica cantidad mensual como renta, a cambio de tener un techo. Con la esperanza de estar en un lugar estable, ella también cayó en la trampa de la supuesta vendedora y creyó comprar dos terrenos que serían parte del patrimonio familiar, por lo que consiguió 2 mil 400 pesos que entregó a Guadalupe para iniciar con lo que prometía ser una nueva vida. Ha pasado un año, vive en el mismo lugar, pero ahora le han pedido que en unos meses desaloje el terreno y se mude a otro espacio, no tiene dinero y con el poco sueldo que recibe semanalmente como trabajadora doméstica, alrededor de 850 pesos, teme no encontrar un lugar seguro para sus hijos. Como esta, hay decenas de historias de otras mujeres que decidieron dejar sus domicilios para huir de la agresión de sus parejas, pagaron adelantos y todavía esperan que les entreguen sus terrenos. Solamente boletinada El director de DIF Ensenada, Benjamín Eduardo Salgado López, explicó que al inicio de su gestión detectó que el personal voluntario no tenía supervisión y por eso realizó una depuración en las oficinas locales. Comentó que el caso de Guadalupe Castañeda Santellanes era particular e incómodo porque varias personas llegaron a la paramunicipal para pedir el dinero que le habían entregado como adelanto a cambio de tierras. “Encontramos personas que se atribuyen facultades, que hacían actividades u operaban actividades que no tenían nada qué ver con DIF”, señaló el funcionario. Alrededor de 35 personas voluntarias trabajan en centros comunitarios ubicados en colonias de escasos recursos económicos, con la responsabilidad de asesorar a grupos vulnerables y a mujeres que enfrentan violencia familiar, además de brindar atención a adultos mayores. “Ella (Guadalupe) estaba encargada de un centro de desarrollo comunitario, y en los primeros meses llegaron quejas acerca de que estaba negociando con algunos terrenos. Pasó un poco más de tiempo y hubo mujeres que llevaron recibos de pago, la información estaba difusa porque no había credibilidad y confianza”, recordó Salgado. Los rumores rompieron con la tranquilidad del DIF y optaron por deshacer el contrato con la promotora, no sin antes anunciar alrededor del edificio que se deslindaban de ella. “Supimos que no era en horas de trabajo, pero supimos que la identificaban como alguien que trabajaba en DIF, las personas no saben cómo está contratada, solo la ven colaborando y la asocian. Bueno, nosotros actuamos de manera responsable”, argumentó el titular de DIF Municipal. “Ahora el DIF es otro, hablando del sistema administrativo que tenemos, yo creo que el sistema ha madurado y pocos pudieran percatarse porque ven a la paramunicipal como la responsable del fraude”, finalizó. El Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tiene como objetivo contribuir a una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia con las mujeres, apoyando con proyectos anuales y acciones específicas. Opera con recursos del Gobierno Federal. La promotora Guadalupe Castañeda Santellanes pertenece a tal programa.
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